TEMA 3
3. Los Derechos y
Libertades de la esfera personalLos derechos en
La esfera personal son aquellos derechos que se aplican y refieren a la
persona
Aisladamente considerada, abstracción hecha de los demás individuos. Son los
Más básicos y elementales y coinciden con el núcleo esencial de la primera
Generación: Derecho a la
vida, Derecho a la integridad física, Derecho a la
libertad
Personal, etc. Se corresponden con el “estatus libertatis” de la persona, que
Garantizan un ámbito
de libertad y privacidad frente al Estado, existen unos
Que de forma más directa afectan a la propia persona, tanto desde identidad
Psicológica e intelectual como en un sentido físico y material. Este grupo de
Derechos están íntimamente unidos.Por el contrario, los derechos en la esfera
Privada son aquellos derechos que se refieren no a la persona aisladamente
Considerada sino en su faceta de ser social y relaciónándose con las demás
Personas: Derecho a la intimidad, Derecho al honor; Derecho a la propia imagen,
Derecho a la inviolabilidad del domicilio, Derecho a la libertad de expresión,
Derecho al matrimonio, Derecho de propiedad, etc. Algunos surgen ya en la
Primera generación de derechos y se completa el elenco en la segunda
Generación. En algunas clasificaciones, estos dos primeros grupos de derechos
Se refunden en uno solo identificado como derechos civiles, los cuales estarían
Formados por los derechos de ámbito personal y los derechos de la esfera
Privada.
3.1.- El derecho a la vida y a la integridad
Personal
Lavida, es el
Primero como presupuesto físico y ontológico de todos los derechos. Origina el
derecho a la vida, que no significa derecho a alcanzarla, sino derecho de quien
Ya la tiene a conservarla y a que le sea respetada por todos, es junto a la
Dignidad, presupuesto indispensable para el despliegue de otros derechos
Constitucionales.El derecho a la vida es el presupuesto esencial para el disfrute
Del resto de derechos constitucionales. El art. 15 de la CE, reconoce dicho
Derecho con la expresión de “todos” tienen derecho a la vida y a la integridad
Física. Este derecho afecta a todas las personas físicas. Ahora bien, si
Tenemos en cuenta el art. 30 del C.C, sólo se reputará nacido el feto que
Tuviere figura humana y viviere veinticuatro horas enteramente desprendido del
Seno materno.La expresión de “todos” sin mencionar a persona dejaba abierta que
Si el “nasciturus” podría ser sujeto titular de derecho, sin embargo una
Sentencia declaró que el término “todos”, era equivalente a “todas las
Personas”, por lo que dejaba claro de que el nasciturus no es sujeto titular
Del derecho a la vida. En
La misma Sentencia dice el Tribunal que, la vida humana es un devenir, un
Proceso que comienza con la gestación, en el curso de la cual una realidad
Biológica va tomando corpórea y sensitivamente configuración humana, y que
Termina con la muerte.La vida es el presupuesto o soporte físico de todos los derechos,
Pues sin ella, los demás derechos carecerían de sujetos y por lo tanto de
Entidad jurídica. Es un “prius lógico” y ontológico para la existencia y
Especificación de otros derechos. Podemos afirmar que la vida es algo más que
Un derecho. Los poderes públicos velan por la salvaguarda del derecho a la vida
Frente a las agresiones de los particulares tipificando en el Código Penal los
Delitos de homicidio, asesinato, inducción y cooperación al suicidio y aborto.
También tienen el deber de no lesionar la vida humana y como consecuencia la CE
Declara abolida la pena de muerte con la única excepción de lo que dispongan
«las leyes penales militares para tiempos de guerra».
3.1.A La
Titularidad del derecho a la vida y la despenalización del aborto
A la hora de identificar el sujeto
Titular del derecho a la vida el constituyente utiliza un término bastante
Ambiguo (“todos”). No queda claro si también el “nasciturus”, que según el
Código Civil todavía no es persona, sería titular de este derecho y por tanto
Se descartaría cualquier intento de despenalización el aborto. El Proyecto de
Una L.O planteaba la despenalización del aborto en determinados supuestos:
Aborto terapéutico, aborto eugenésico y aborto ético o criminológico, en
caso
De que el embarazo sea consecuencia de una violación. Pero dejando claro que en
El
plazo de 14 semanas la interrupción voluntaria del embarazo corresponde
Solamente y únicamente a la mujer.Es novedoso la prestación del consentimiento
De las mujeres menores de edad de entre de 16 y 17 años que quieran abortar
Deberán contar con permiso paterno. En caso de conflicto familiar grave un
juez
Decidirá a quién da la razón, si a la joven o a sus padres. El T.C. Declara que
El “nasciturus” no es un sujeto titular del derecho a la vida, pero es un
Embrión de vida humana que debe ser protegido incluso por el derecho
penal.
Sin
Embargo, el TC entiende que la vida del “nasciturus” entra en conflicto con el
Derecho a la vida e integridad física, el derecho al libre desarrollo de la
Personalidad, al honor e intimidad personal y a la dignidad de la madre por lo
Que, para salvaguardar estos derechos, se entiende justificado el aborto.L.O.
De Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo: la
Interrupción del embarazo pasa a ser una opción libremente elegida por la mujer
Dentro del plazo de 14 semanas. A partir de las 14 semanas y hasta la semana 22
De gestación, la interrupción sólo se permite en caso de que exista riesgo para
La vida o salud de la embarazada o en caso de graves anomalías en el feto. En
Los supuestos de “anomalías fetales incompatibles con la vida” la interrupción
Del embarazo no está condicionada por los plazos.Podemos concluir que ha habido
Un cambio completo de situación el aborto pasa de ser considerado una conducta
Prohibida con excepciones, a ser enfocado primordialmente como una conducta o
Decisión de la mujer en el marco de una confluencia de derechos y bienes
Protegidos que han de ser considerados y ponderados por el propio Legislador
Como por los poderes públicos y profesionales afectados en la aplicación de la
Ley.
3.1.B La disponibilidad
Sobre la propia vida: la eutanasia
En
El otro extremo de la protección constitucional de la vida y en estrecha
Relación con el derecho a la integridad física y moral, se plantea el tema de
La muerte, que presenta cuestiones delicadas y polémicas como es la eutanasia o
El derecho a una muerte digna.El derecho a la
Vida no puede ser interpretado como derecho a la propia muerte. Los seres
Humanos son libres para poner fin a su propia vida y, además, el suicidio no
Está tipificado como delito. No existe un derecho de la persona a solicitar
Ayuda para acabar con su propia vida (eutanasia activa). De hecho, el derecho
Penal tipifica el delito de inducción o cooperación al suicidio por parte de un
Tercero. Sin embargo, en supuestos de enfermedad irreversible, el paciente
Puede decidir sobre su tratamiento médico y evitar la prolongación artificial
De su vida (eutanasia pasiva). El art. 11 se prevé la validez del testamento
Vital hace posible que pueda dejar constancia de que en caso de enfermedad
Irreversible se suspendan los tratamientos para prologar la vida. En el caso de
Los pacientes que no pueden decidir por sí mismos y no han dejado constancia de
Su voluntad, la prolongación de la vida dependerá de la voluntad de sus
Familiares. También se contempla la posibilidad de prescindir del
Consentimiento en caso de riesgo para la salud pública, como es en el caso de
Epidemias. La Legislación vigente permite evitar supuestos de ensañamiento
Terapéutico como es la conexión forzada a aparatos sin que exista un
Diagnóstico o perspectiva de mejora. En el supuesto de negativa a la
Transfusión de sangre por motivos religiosos, la obligación de proteger la vida
Humana se impone en supuestos límite por encima de la libre voluntad del
Individuo y de su libertad religiosa o ideológica.
3.1.C El Derecho a la
Integridad física y moral y la prohibición de la tortura y de los tratos
Inhumanos degradantes.
La Constitución prohíbe de forma taxativa las torturas
Y las penas o tratos inhumanos o degradantes. Ello supones la obligación de los
Poderes públicos de velar porque reciban un trato acorde con la dignidad humana
A todas las personas, y en especial, aquellas que dependen de una manera
Ocasional o transitoria (detenido) o con ocasión de estar de una manera más
Permanente ya sean los sujetos privados de libertad por una condena, o los
Enfermos hospitalizados.El T.C. Ha señalado que la tortura y tratos humanos
Degradantes son en su significado jurídico, nociones graduadas de una misma
Escala que denotan la causación de padecimientos físicos o psíquicos ilícitos e
Infligidos de modo vejatorios para quien los sufre y con la propia intención de
Vejar y doblegar la voluntad de sujeto.El derecho a la integridad física
Protege la inviolabilidad de la persona contra toda clase de intervención que
Produzca una lesión o menoscabo sin consentimiento de su titular. Este derecho
Protege contra intervenciones no consentidas. El consentimiento del titular del
Derecho resulta imprescindible para la práctica de intervensiones. Por otra
Parte, protege frente a las agresiones psíquicas y humillaciones.El TC ha
Determinado que determinadas intervenciones corporales para el esclarecimiento
De la responsabilidad penal de una persona pueden estar justificadas, sin el
Consentimiento de la mismo, porque existe un fin constitucionalmente legítimo;
Debe existir previsión legal específica de la medida y resolución judicial
Motivada; la intervención debe ser proporcional.El TC también ha considerado
Constitucionales la práctica de determinadas intervenciones como la
Esterilización de disminuidos psíquicos, la prueba de paternidad, la prueba de
Alcoholemia, registros corporales de reclusos, etc.Una clara consecuencia del
Derecho a la integridad física y moral es la interdicción de la práctica de la
Tortura y de las penas y los tratos inhumanos y degradantes por parte de los
Poderes públicos. El C.P. tipifica
Los delitos de torturas y otros delitos contra la integridad moral ya sean cometidos
Por funcionarios públicos o particulares. Por otra parte, la Constitución
Prohíbe la pena de muerte, con la sola excepción a lo que puedan disponerlas
Leyes penales militares para tiempos de guerra. Por la Ley Orgánica 11/ 95 se
Ha abolido la pena de muerte en tiempos de guerra.
3.2.- Las libertades de
Creencia de ideológica y religiosa
La libertad ideológica y la libertad
Religiosa constituyen libertades diferenciadas, pero la C.E. Las contempla
Conjuntamente en su artículo 16, otorgándole el similar tratamiento. Ambas
Pueden considerarse manifestación de una genérica libertad de pensamiento.La
Libertad ideológica es un derecho público subjetivo individual, un derecho
Fundamental con una triple vertiente: 1) la elaboración de ideas aisladas; 2)
La sistematización de todas las que tengan una coherencia intima; 3) la
Exteriorización de aquellas ideas adaptándolas a la realidad. Por otra parte,
Además es una manifestación de la libertad ideológica en conexión con la
Libertad de expresión, reuníón y asociación, puede definirse como la libertad
Del individuo para creer en determinada religión, profesándola y difundíéndola,
Así como no creer ni practicar ninguna religión. Ambas libertades presentan una
Doble faceta, la puramente personal e interior al individuo y la proyección
Exterior.En cuanto a la proyección exterior de ambas libertades, tanto una como
Otra se solapan con otras libertades, la manifestación exterior de la libertad
De religión se relaciona con la libertad de culto y, la libertad de ideología se
Enlaza con la libertad de expresión, la de enseñanza y con la personal.El TC se
Refiere a la libertad ideológica como el instrumento que nos permite
«adoptar una determinada posición intelectual ante la vida y cuanto le
Concierne y a representar o enjuiciar la realidad según dichas
Convicciones».El derecho de libertad religiosa proclama el derecho de cada
Individuo a profesar cualquier creencia religiosa o no profesar ninguna, a
Cambiar de religión, a no ser obligado a declarar sobre sus ideas o a no ser obligado
A practicar actos de culto y a recibir enseñanza religiosa.Dichas libertades
Tienen una vertiente estrictamente personal que el derecho no puede limitar.
Además, el art. 16.2 CE proclama el derecho a no declarar sobre la ideología,
Religión o creencias ante un poder público o ante terceros.El individuo tiene
El derecho a manifestar sus creencias y a compartirlas con los demás por lo que
La libertad ideológica y religiosa trascienden de la esfera estrictamente
Personal. La libertad de expresión (derecho reconocido por el art. 20 CE) es la
Proyección exterior de la libertad ideológica. La libertad de culto es la
Proyección exterior de la libertad religiosa, donde en el artículo 16, le
Asigna un estatus constitucional propio al mismo. La libertad de culto
Comprende a mantener lugares de culto y a practicarlos. La libertad religiosa y
De culto garantizada por la C.E. el
Derecho de toda persona a:a) Profesar las creencias religiosas que elija o no
Profesar ninguna; cambiar de confesión o abandonar la que tenía, manifestar sus
Propias creencias religiosas o la ausencia de las éstas.B) Practicar los actos
De culto y recibir asistencia religiosa de su confesión; conmemorar sus
Festividades; celebrar sus solemnidades matrimoniales; recibir sepultura digna
Y no ser obligado a practicar actos de culto.C)Recibir e impartir enseñanza e
Información religiosa de toda índole, ya sea oralmente o por escrito; elegir
Para sí, y para los menores no emancipados e incapacitados, la educación
Religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
3.3 Derecho a la Libertad y a la
Seguridad
La libertad
Personal es, después del derecho a la vida, el primero de los derechos y uno de
Los más preciados bienes del ser humano. Los titulares son todas las personas
Con independencia de su nacionalidad, sin perjuicio de que la regulación de los
Supuestos o el régimen de privación de libertad pueda variar según se trate de
Españoles o extranjeros al establecerse específicas medidas restrictivas de la
Libertad para los extranjeros en determinados supuestos, pero siempre bajo el
Necesario régimen de tutela legislativa y jurisdiccional.La garantía del
Derecho si bien se opone frente a los poderes públicos, podrá también argüirse
Frente a los particulares. Por tanto, para que algún ciudadano sea lícitamente
Privado de libertad es necesario que se haya producido un hecho, previamente
Recogido en una norma jurídica, que justifique la privación, pero no cualquier
Norma, es preciso que sea una Ley, con el objetivo de desterrar las arbitrariedades
Por los poderes públicos.Los supuestos en los que podrá privarse de la libertad
A una persona serán la detención preventiva, la prisión provisional y la
Prisión. No acaban ahí las posibilidades de restricción de la libertad, sino
Que entre las privaciones de libertad de corta duración hay que sumar la
Denominada ‘retención’ a efectos de identificación y entre las privaciones de
Libertad de más larga duración el internamiento en centro psiquiátrico u otro
Centro asistencial.
3.4.A Los derechos del detenido
La
ley de Enjuiciamiento Criminal
En su artículo 118, establece una serie de derechos y garantías de los
Detenidos se garantiza que toda persona a quien se atribuya un hecho punible
Podrá ejercitar el derecho de defensa, interviniendo en las actuaciones, desde
Que se le comunique su existencia, haya sido objeto de detención o de cualquier otra medida cautelar o
Se haya acordado su procesamiento, se le instruirá, de los siguientes derechos:
A) Derecho a ser informado de los hechos que se le atribuyan, así como de
Cualquier cambio relevante en el objeto de la investigación y de los hechos
Imputados. B) Derecho a examinar las actuaciones con la debida antelación para
Salvaguardar el derecho de defensa y con anterioridad a que se le tome
Declaración. C) Derecho a actuar en el proceso penal para ejercer su derecho de
Defensa de acuerdo con lo dispuesto en la ley. D) Derecho a designar libremente
Abogado. E) Derecho a solicitar asistencia jurídica gratuita, procedimiento
Para hacerlo y condiciones para obtenerla. F) Derecho a la traducción e
Interpretación gratuitas de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y
127. G) Derecho a guardar silencio y a no prestar declaración si no desea
Hacerlo, y a no contestar a alguna o algunas de las preguntas que se le
Formulen. H) Derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable.
A estos efectos se adaptará la información a la edad del destinatario, su grado
De madurez, discapacidad y cualquier otra circunstancia personal de la que
Pueda derivar una modificación de la capacidad para entender el alcance de la
Información que se le facilita.El derecho de defensa se ejercerá sin más
Limitaciones que las previstas en la ley desde la atribución del hecho punible
Investigado hasta la extinción de la pena. Además, comprende la asistencia
Letrada de un abogado de libre designación o de un abogado de oficio, con el
Que podrá comunicarse y entrevistarse reservadamente y que estará presente en
Todas sus declaraciones así como en las diligencias de reconocimiento, careos y
Reconstrucción de hechos.
3.4.B La detención preventiva
La protección constitucional de la
Libertad y de la seguridad incluye unos límites temporales que se contraen a
Las dos causas más habituales de privación de libertad distintas de la condena
Penal, como es la detención y la prisión preventiva. En la detención, la
Constitución señala dos límites: uno indeterminado (no podrá durar más tiempo
Del estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes
Al esclarecimiento de los hechos), y otro determinado (72 h), pasado ese
Tiempo, el detenido deberá de ser puesto en libertad o a disposición judicial.
El art. 17, Tendrá por objeto llevar a cabo las actuaciones tendentes al
Esclarecimiento de hechos de carácter delictivo. No podrá mantenerse más que el
Tiempo estrictamente necesario imponiéndose un plazo máximo de 72 h. El plazo
De 72 h ha sido juzgado elevado por la mayoría de la doctrina. Dicho límite,
Aunque superior al establecido en países de nuestro entorno, se ha considerado
Compatible con la garantía del derecho. El plazo de las 72 h es en la práctica
Una excepción por la que el legislador sólo opta en casos extremos. Así,
Encontramos tres supuestos diferenciados: 1º El plazo general es el de 24 h. 2º
La propia LECrim. Lo amplía a 72 h, cuando se trata de delitos cometidos por
Bandas armadas.3º Por último, el plazo máximo será de 24 h en el caso de que la
Persona detenida sea un menor de edad.El propio precepto constitucional se
Encarga de establecer las garantías del detenido (art. 17.3), -mirar apartado
Anterior, derechos del detenido-. El plazo de detención, fijado con carácter
General puede ser ampliado en el caso de elementos terroristas o integrantes de
Bandas armadas, de conformidad con el art. 55.2 CE, el plazo podrá prorrogarse
Por 48 h más, siempre que en las primeras 48 h de la detención se comunique al
Juez y éste así lo autorice, mediante resolución en las 24 h siguientes. En
Estos casos, podrá solicitarse la incomunicación del detenido.Tanto en estos
Supuestos como en aquellos en los que se decrete la incomunicación, el Abogado
Será designado de oficio y no podrá entrevistar de forma reservada con el
Detenido y éste no podrá comunicar su detención. Otro supuesto en el que se
Altera el régimen general es en caso de declaración del estado de excepción en
Cuyo caso de autoriza a la autoridad gubernativa para que pueda detener a
Cualquier persona por un plazo no superior a diez días, aunque debiendo
Comunicarse al juez la detención en un plazo de veinticuatro horas y
Manteniéndose las garantías del párrafo 3º del artículo 17 CE.
3.4.C
Retención
La L.O. De
Protección de la Seguridad Ciudadana permite que las Fuerzas de seguridad
Puedan requerir a las personas que no pudieran identificarse a acompañarles a
Dependencias próximas a los solos efectos de permitir su identificación y “por
El tiempo imprescindible” para lograr tal finalidad que no podrá sobrepasar de
Las 6 h.El T.C. Admitíó la constitucionalidad de la figura siempre que no se
Utilice para otra finalidad que la expresamente prevista, sin que en ningún
Caso pueda superar el plazo establecido. Si las condiciones de la privación
Cambiaran, es decir si pasara a la condición de detenido, deberá comunicarse al
Afectado de manera inmediata y se dispondrá entonces de las garantías
Pertinentes y ante la autoridad judicial. El precepto prevé la existencia de un
Libro-Registro en las dependencias de las fuerzas de seguridad en el que se
Darán cuenta de todos los pormenores de este tipo de retenciones con la
Finalidad de llevar un control de estas actividades. De no respetarse las
Limitaciones establecidas podrá instarse un procedimiento de habeas corpus.
3.4.D
Prisión provisional
La
Finalidad de esta medida será la de garantizar la presencia en el juicio del
Imputado. La Constitución señala que los plazos máximos de prisión provisional
Estarán establecidos mediante ley, lo que se ha desarrollado en la LECrim.Los
Criterios seguidos consisten en la fijación del tiempo máximo de prisión
Provisional de acuerdo con las penas previstas para el delito que se imputa,
Así como el carácter de dicho delito y la alarma social que provoque. Se ha de
Conjugar ciertos riesgos que son relevantes en el proceso y para la ejecución
Del fallo, como es, la posible sustracción del reo; la obstrucción de la
Instrucción del proceso; y la reiteración delictiva. Pero nunca la prisión
Provisional no pude tener como fin la anticipación de la pena o la impulsión de
La instrucción penal. La prisión habrá de ser dictada por el Juez de forma
Motivada y deberá ser acorde con los fines de la medida, además de ponderar las
Circunstancias personales del procesado; sin que baste, la alarma social o el
Carácter del delito para decretar la prisión debiendo optar por otro tipo de
Medidas menos restrictivas cuando de ese modo se garantice la presencia en el
Juicio del encausado, pues no hay que olvidar que la prisión provisional es una
Medida de carácter cautelar. Se admitirá prórroga de la prisión provisional
Sólo de autorizarse mediante resolución judicial motivada, siempre que no
Supere el plazo máximo fijado. En caso de acumulación de sumarios, el tiempo de
Prisión provisional no podrá estipularse por cada delito por separado. En la
Imposición de este tipo de medidas se aplicará la ley más favorable al preso,
Cuando una disposición posterior imponga un plazo de prisión provisional más
Elevado que una anterior.
3.4.E La orden de
Prisión
La prisión sólo podrá decretarse mediante
Sentencia de acuerdo con lo establecido en las leyes, en particular en el C.P.
Hay que destacar que, conforme expresa la C.E. (art. 25), la prisión no
Conlleva la pérdida de más derechos que aquellos inherentes a la propia
Privación de libertad o aquellos que se establezcan como pena accesoria, como
Pueda ser la privación del derecho de sufragio. Por las condiciones propias de
La privación de libertad, unido a la disciplina inherente a los centros
Penitenciarios algunos derechos, como al secreto de comunicaciones, pueden
Sufrir algunas limitaciones o cortapisas, de conformidad con lo establecido en
La regulación penitenciaria. La orden de ingreso en prisión se establece
Mediante una resolución judicial conocida por el nombre de “auto”.La fijación
Del tiempo de prisión no sólo necesitará contar con el requisito de su
Determinación legal, sino que será necesaria la proporcionalidad entre la pena
Y el bien protegido y sino que, por otra parte, no resultara admisible una
Duración de aquélla incierta, ilimitada o indefinida. Las garantías normativas
Están estrechamente vinculadas con el derecho de legalidad penal del artículo
25 de la Constitución.Fuera del ámbito penal nos encontramos con otros
Supuestos de afectación a la libertad de las personas, en particular, los
Internamientos en centro psiquiátricos se llevarán a cabo de acuerdo con la
Legislación civil, conforme al cual el internamiento necesitará contar con la
Correspondiente resolución judicial, necesaria también para la modificación o
Terminación del dicho internamiento.El internamiento en un centro de acogida de
Menores no se considera afectación al “status libertatis” del menor sino
Decisión por quien tiene la titularidad de su guardia y custodia del lugar de
Residencia.
3.4.F Habeas corpus
La
C.E. Ha recogido en el apartado 4 del art. 17 la garantía de larga tradición,
Procedente del derecho anglosajón: el habeas corpus, a la cual en un primer
Momento, el T.C. Configuró como un auténtico derecho, susceptible de recurso de
Amparo, mientras que después la ha calificado, con mayor propiedad, como
Garantía institucional.El habeas corpus constituye una garantía frente a
Cualquier privación de libertad ilegítima. El habeas corpus se configura como
Un proceso constitucional, ágil, sencillo y cognición limitada, para el control
Judicial a posterior de la legalidad de una situación de libertad no acordada
Judicialmente. La garantía en que el habeas corpus consiste fue regulada
Mediante la L.O. Reguladora del Procedimiento de Habeas Corpus.La ilicitud de
La privación de libertad puede tener diferentes causas: a) detención sin que
Concurran los presupuestos legales; b) privación de libertad ilícita; c)
Transcurso del tiempo legalmente establecido para la detención, prisión
Provisional o prisión; d) falta o deficiente motivación de la prisión
Provisional; e) vulneración de los derechos sustanciales o procesales del
Privado de libertad. El procedimiento es muy simple para así facilitar su
Interposición, a la vez que su rápida resolución. Se iniciará mediante escrito
O comparecencia sin necesidad de intervención de abogado o procurador se
Deberán hacer constar os datos personales del solicitante y de la persona para
La que se solicita el amparo, lugar y circunstancias relevantes de la privación
De libertad y motivo concreto por el que se insta el habeas corpus; teniendo la
Persona que tenga en custodia la privado de libertad la obligación de ponerlo
En conocimiento del juez inmediatamente, incurriendo en responsabilidad en caso
Contrario.El Juez que conocerá la solicitud será el del lugar donde se
Encuentre el privado de libertad, o de no constar el del lugar de la detención
O del último lugar donde se tuvieran noticias del ahora privado de libertad,
Excepto en los casos vinculados con delitos de terrorismo que lo será el Juez
Central de instrucción o el juez Togado Militar.El Juez examinará si concurren
Los requisitos necesarios, realizando lo que se conoce como juicio de
Admisibilidad y el juez se limita a admitir o inadmitir la solicitud de habeas
Corpus, comprobando solamente si se cumplen o no los requisitos formales. Para
Que la inadmisión sea válida, el T.C, exige que se haya desarrollado una
Actividad judicial efectiva de control. Admitida la solicitud de habeas corpus,
El juez, mediante Auto, incoará la apertura del procedimiento.Una vez puesto el
Privado de libertad en presencia del Juez, le dará audiencia o, en su caso, a
Su Abogado o representante legal, así como al Ministerio Fiscal y a quienes
Hubieren ordenado o practicado la detención y aquél bajo cuya custodia se
Encontrase el primero. El Juez si lo estimare conveniente, examinará las
Pruebas aportadas. Si el Juez considere que concurre alguna circunstancia que
Hace la privación de libertad ilegal, podrá acordar: a) la puesta en libertad;
B) continuación de la situación de privación de libertad pero de acuerdo con
Las disposiciones legales aplicables al caso; c) la puesta a disposición
Judicial si hubiera transcurrido el plazo de detención. El T.C. Se ha mostrado
Muy garantista en torno a este procedimiento, destacando la obligación del juez
De incoarlo en cuanto exista un indicio de ilegalidad en la privación de
Libertad, sea cual sea el carácter de ésta. Ante la vulneración del derecho de
Libertad personal cabe la posibilidad de presentar recurso de amparo ante el
T.C.
3.5.A El principio de legalidad penal
La
Legalidad es un principio jurídico esencial de todo Estado de Derecho en virtud
Del cual, se afirma el sometimiento del poder ejecutivo, de la Administración,
A la ley. Sometimiento verificable por los jueces y tribunales que pueden
Declarar la nulidad del acto administrativo ilegal. Sometimiento que significa
Vinculación positiva, es decir, la Administración no sólo no debe actuar contra
La ley (vinculación negativa), solo puede realizar lo que la ley
Permite.Podemos calificar a la legalidad penal como un límite a la potestad
Punitiva del Estado, sólo pueden castigarse las conductas expresamente
Descritas como delitos en una ley anterior a la comisión del delito. La propia
CE, reconoce el principio de legalidad como exigencia previa de toda condena o
Sanción que pueda imponerse por parte de los poderes públicos.Los elementos que
Integran el principio de legalidad: 1º La legalidad en sentido formal: implica
La reserva absoluta y sustancial de ley, es decir, en materia penal solo se
Puede regular delitos y penas mediante una ley , no se pueden dejar a otras
Disposiciones normativas esta regulación, ni por la costumbre, ni por el poder
Ejecutivo ni por el poder judicial pueden crearse normas penales tan solo por
El poder legislativo y por medio de leyes que han de ser Orgánicas; 2º La
Legalidad en sentido material: implica una serie de exigencias, una de ellas es
La taxatividad de la ley: las leyes han de ser precisas, ésta exigencia
Comporta cuatro consecuencias: 1º La prohibición de la retroactividad de las
Leyes penales. 2º La prohibición de que el poder ejecutivo o la administración
Dicten normas penales; 3º La prohibición de la analogía en materia penal, es
Decir, generar razonamientos y conductas basándose en la existencia de
Semejanza con otra situación parecida; 4º Reserva legal, los delitos y sus penas
Deben ser creados por ley y solo puedan ser creados por esta, descartándose
Otros medios de formación de legislación penal.
3.5.B La potestad
Sancionadora de la Administración
La
Potestad sancionadora de la Administración constituye una de las técnicas más
Potentes de intervención en la esfera jurídica de los particulares, por lo que
En su atribución y ejercicio se deben adoptar las medidas que permitan
Justificar su existencia y respetar los derechos de los particulares que les
Reconoce nuestra C.E. Y la legislación administrativa general. La potestad
Sancionadora es la facultad que tiene la Administración de castigar a las
Personas físicas o jurídicas que resulten responsables de hechos tipificados en
Una Ley como infracción Administrativa.La ausencia de una regulación general de
Las sanciones administrativas no ha impedido que la doctrina y la
Jurisprudencia nacional hayan ido forjando un conjunto de principios generales
Que tienen por finalidad orientar su ejercicio dentro de pautas racionales y
Justas.Es muy importante entender que las sanciones administrativas se integran
Con las sanciones penales en el marco de una política represiva que se comienza
Diseñar por el propio legislador, sujeto a las limitaciones que impone el
Principio de proporcionalidad y la intervención necesaria del poder judicial,
Tal como lo ha señalado el T.C.Sin embargo, la función del legislador no se
Agota en esta delimitación, sino que exige un resguardo estricto al principio
De reserva legal, más cuando se trata de adoptar medidas que afectan los
Derechos de las personas con una finalidad represiva. Esto no significa que la
Descripción de las conductas sancionadas se encuentren descritas en la ley,
Pero su núcleo esencial y las pautas que se deberán tener presentes al momento
De dictar las normas reglamentarias que las complementen.Resulta de capital
Importancia el reconocimiento del principio de culpabilidad porque del mismo es
Posible derivar otros principios que son muy relevantes, como la
Proporcionalidad de las sanciones y el carácter personal de la responsabilidad
Administrativa. Por lo demás, la vigencia efectiva de estos principios sólo se
Puede alcanzar en un procedimiento administrativo racional y justo.En la
Actualidad ha sido un avance notable respecto de la configuración de los
Principios a los cuales se debe someter el ejercicio de los poderes punitivos
De la Administración. Esto demuestra que el Derecho es producto de la prudencia
Y el buen criterio de los operadores jurídicos.
