Luego de la dictadura, la creciente democracia debía enfrentar una pesada herencia signada por una deuda externa de más de 40 mil millones de dólares, una estructura industrial devastada, caída en los ingresos de los trabajadores, aumento del cuentapropismo, precarización, aumento de la pobreza y concentración económica.
Dictadura Militar
Una de las medidas iniciales adoptadas por el gobierno militar fue la apertura de la economía, es decir, la apertura del mercado interno a la competencia exterior. En primer lugar, se redujeron los aranceles de importación. Esta medida se ejecutó en un marco de atraso cambiario, cuyo efecto fue el abaratamiento de las mercancías extranjeras, lo cual generó el ingreso a la Argentina de una avalancha de productos importados.
En segundo lugar, el gobierno militar implementó una reforma financiera que liberalizó el sistema bancario y el flujo de capitales. Esto trajo una gran abundancia de fondos, la cual generó una fuerte oleada especulativa. El mecanismo era simple: los bancos e inversores locales solicitaban un préstamo al exterior, los dólares recibidos eran cambiados a la moneda local en el mercado cambiario y colocados en el sistema financiero local, en el que las tasas de interés eran altas. Con las ganancias obtenidas, se solicitaban nuevos préstamos al exterior, reanudando la cadena. Esto cambió drásticamente cuando las tasas de interés internacionales se elevaron y se realizaron ajustes en el tipo de cambio. Entonces sucedieron las quiebras y estafas.
Los efectos de esta etapa económica fueron muy negativos para Argentina. El auge de la importación de todo tipo de productos devastó la estructura industrial local, llevando a la quiebra a cientos de empresas locales y destruyendo miles de puestos de trabajo. El gobierno militar dispuso la devaluación del peso del 400% al mismo tiempo que la inflación llegaba a un 100% anual.
Raúl Alfonsín
Raúl Alfonsín debió abandonar la presidencia cinco meses antes de la finalización de su mandato debido a la conflictividad política y social, caracterizada por la hiperinflación, el deterioro de los ingresos y las dificultades para el acceso a las necesidades básicas de la mayor parte de la población.
Los desafíos planteados al inicio del nuevo gobierno dejaban un saldo deficitario de desarrollo económico y mejoramiento de las condiciones de vida de la población. El gobierno subestimó la gravedad de las condiciones que heredaba y se confió en exceso en sus propias capacidades políticas para afrontar la situación.
Respecto a las libertades individuales, era necesario agregarle una propuesta económica y una gestión que diera cuenta de las profundas transformaciones que había dejado la dictadura militar.
Las políticas de promoción industrial y los subsidios otorgados de manera indirecta y directa permitieron encontrar cierta continuidad con respecto a la política de la dictadura militar. Si bien las intenciones fueron diferentes, los resultados no difirieron: no se revirtió el proceso de desindustrialización, no regresaron los capitales fugados durante la dictadura militar ni se generaron inversiones productivas de importancia.
Un informe que el gobierno remitió al Congreso Nacional ejemplifica parte de la situación descripta. Los subsidios pagados, aproximadamente la mitad, fueron destinados a los regímenes de producción industrial, que solo sirvieron para que los capitanes de la industria invirtieran con una proporción cada vez menor de fondos propios. Estos subsidios sirvieron para que algunos grupos económicos se modernizaran, pero no tuvieron grandes impactos en la economía.
Como resultado, algunos grupos económicos lograron expandir su producción para la explotación. Los subsidios estatales no fueron la única fuente de recursos, también se puede destacar la caída del costo salarial, con la consiguiente redistribución del ingreso que se produjo en estos años. Estos cambios comenzaron a gestarse en los tiempos del plan industrial: mientras el salario real decrecía, la productividad se movía en sentido opuesto.
En este contexto se produjo el crecimiento de la deuda externa, el estancamiento del producto bruto, la caída de la inversión y un significativo desmejoramiento de los indicadores sociales. Durante este período, el PBI per cápita cayó casi un 22% entre 1980 y 1989, y el PBI industrial por habitante cayó un 24% en el mismo período. También ha sido notable la caída de la inversión. La participación de los asalariados en el ingreso nacional se redujo durante los años 80. Al estancarse el producto bruto, se produjo una fuerte caída del producto bruto nacional por habitante. El salario real exhibió una significativa depresión. Ya en 1984, el salario real promedio de la economía se encontraba en niveles inferiores a los de 1970. Tras la puesta en marcha del Plan Austral, se logró cierta recuperación, pero tal situación resultó efímera a partir de 1987. El salario real manufacturero se deprimió tras la recuperación que había experimentado en 1984, luego de la reactivación que generó el programa de Bernardo Grinspun. En la administración pública, la caída del salario real fue notoria, tal vez la mayor en términos relativos. En las empresas estatales, la contracción salarial existió, pero tuvo un impacto en la administración pública. Se redujeron los ingresos de los trabajadores; también se produjo un fenómeno que deterioró sus condiciones de vida: el crecimiento del desempleo y el subempleo. Las cuentas del sector público evidenciaron serias dificultades. Los intentos por contener el déficit fiscal fueron de corto alcance. Durante la gestión radical, la deuda externa continuó creciendo: de los 45 mil millones de dólares heredados por los militares se pasó a un poco más de 60 mil millones en 1989. Al respecto, la carga quedó evidenciada en el peso de los servicios financieros. Hubo una gran dificultad para contener el déficit fiscal y obtener recursos, lo que condujo al incremento del saldo negativo. El marco internacional no resultó favorable para Argentina durante los años del gobierno radical. Esto afectó al comercio exterior (relación entre los precios de los productos de exportación y los de importación). La evolución de la tasa de inflación ha sido uno de los aspectos más traumáticos. Durante el primer año de gestión, la inflación llegó a trepar a valores próximos al 1000% anual. El Plan Austral alcanzó significativos éxitos en su fase inicial y la inflación se redujo notoriamente, pero a partir de 1987 reaparecieron las dificultades para contenerla. El balance del período arroja resultados negativos en materia de desarrollo económico, crecimiento y mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Se acentuaron los problemas heredados de la dictadura militar.
Menem
El cierre de la década del ochenta encuentra a la estructura económica argentina con fuertes desequilibrios macroeconómicos y financieros. El nuevo gobierno se propuso cerrar tales desequilibrios y restablecer cuanto antes relaciones normales con los acreedores externos. Para ello, imaginó una estrategia de desarrollo que se basó en estos postulados y realizaciones fundamentales:
- Asociar su proyecto de política gubernamental con sectores económicos que dieran aval y legitimidad ante la comunidad de negocios interna y el poder financiero internacional.
- Recomponer las vinculaciones con el conjunto de los acreedores y, de ese modo, asegurarse el ingreso de recursos frescos para alimentar el crecimiento económico.
- Atacar el proceso de desborde de precios de junio y julio de 1989, que superaba el 200%, con todo lo que ello implicaba para los que poseían ingresos fijos. La meta fundamental del gobierno, entonces, fue abatir el proceso hiperinflacionario y devolver a los asalariados el poder adquisitivo de sus remuneraciones.
La alianza se establece con el más poderoso grupo económico argentino, la empresa Bunge y Born, que coloca, en forma sucesiva, a dos de sus más importantes funcionarios en el cargo de ministro de Economía. La nueva administración debía decidir qué camino tomar: reivindicar una posición consecuente con la tradición del partido político triunfante, que suponía rechazar la presión internacional, o plegarse a los factores de poder a fin de reconstruir la economía argentina sobre bases y propósitos.
La tarea fundamental del gobierno de Menem consistió en reanudar las negociaciones con el FMI para regularizar los pagos de los servicios de la deuda externa, interrumpida un año antes. Para ello, comenzó a delinear una nueva política económica en total sintonía con los postulados del Consenso de Washington. En el año 1989, se realizó un encuentro en la ciudad de Washington. Promocionado por el FMI y el Banco Mundial, contó con la asistencia de funcionarios del Departamento de Estado de los EE. UU. y de los ministros de Finanzas de los países industrializados. Como resultado del encuentro, se formularon recomendaciones al FMI. Las recomendaciones expresadas en este documento, para orientar la gestión económico-social de los países endeudados, fueron tomadas al pie de la letra por la nueva administración. Pero para poner en marcha en forma integral tales medidas, habrían de pasar casi dos años, cuando se formaliza el Plan de Convertibilidad. Este plan consistió en inmovilizar todos los plazos fijos que empresas y particulares tenían en los bancos a fin de hacer frente a la creciente deuda interna, que se había tornado explosiva por su magnitud y porque vencía en el corto plazo. Hacia fines de 1990, reapareció la especulación contra el dólar, lo que desató una nueva escalada de su precio y, por ende, provocó el resurgimiento de la hiperinflación, muy intensa en los primeros meses de 1991.
El ajuste económico: El paso inicial, que contiene todos los elementos propios del modelo privatizador que se puso en marcha, lo constituyó la licitación y posterior adjudicación de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones. Coincidentemente con esta privatización, se encaró la de Aerolíneas Argentinas, poco antes de fines de 1990. La venta de estas dos empresas estatales fue constituyendo el inicio de un programa de reconstrucción y ajuste económico que se lanza en marzo de 1991, cuando el nuevo rebrote inflacionario, que había llegado al 30% de aumento de los precios al consumidor, urgía una solución de fondo que permitiera estabilizar los precios. Además, era necesario establecer una nueva relación de credibilidad con la banca acreedora, que temía que en Argentina se repitiese la cesación de pagos ocurrida en 1982 y 1988. Surge entonces un programa económico, llamado Plan de Convertibilidad, con el cual el gobierno halló una política económica mucho más estable.