1. Moderados y progresistas
Con el reinado de Isabel II se instauró en España la monarquía liberal, mientras se libraba la guerra carlista.
Ahora bien, con el establecimiento del Estado liberal surgieron las diferencias entre los mismos liberales, como ya empezó a comprobarse en las Cortes del Trienio Liberal. Por una parte estaban los moderados y, por otra, los progresistas. Ambos defendían el sistema político liberal, pero presentaban profundas diferencias ideológicas.
Los moderados defendían la soberanía compartida entre las Cortes y el rey, unas Cortes bicamerales con un Senado de nombramiento regio, una organización administrativa uniforme y centralizada para toda España, dividida en provincias, nombramiento de los alcaldes por el gobierno, un sufragio censitario, restringido a las clases propietarias y a las capacidades, lo que impedía el acceso de las clases populares a la política.
En cuanto a la base social, al liberalismo moderado se incorporó la antigua nobleza, que logró salvar sus propiedades agrarias, y la nueva burguésía liberal (grandes comerciantes, industriales y financieros), que también se hará terrateniente. Fuera del sistema moderado permanecerá no solo el campesinado sino también buena parte de la burguésía media y baja (artesanos) de las ciudades.
Los progresistas eran partidarios de un liberalismo más amplio. Defendían la soberanía nacional, el establecimiento de limitaciones al poder de la corona, la Milicia
Nacional, ayuntamientos electivos, un sufragio más amplio pero sin universalizarlo… Se apoyaba en las clases medias y artesanos en las ciudades, parte de la oficialidad del ejército y de los profesionales liberales.
2. La regencia de María Cristina (1833-1840)
2.1. Los comienzos moderados de la revolución liberal. El Estatuto Real de 1834
Tras la muerte de Fernando VII, María Cristina fue nombrada regente. Al frente del gobierno seguía Cea Bermúdez, cuyo programa era oponerse tanto a los carlistas como a los liberales. Pero no era el hombre adecuado. María Cristina llamó para formar gobierno a Martínez de la Rosa, antiguo doceañista, un liberal moderado. Buscó una fórmula de equilibrio entre las tendencias moderadas y el carlismo y el resultado fue la aprobación del Estatuto Real. No era una constitución sino una “carta otorgada” por la corona. No reconocía derechos individuales ni la división de poderes y sí establecía una convocatoria de Cortes con dos cámaras: el Estamento de Próceres (cámara alta) y el Estamento de Procuradores (cámara baja).
La ley electoral establecía un sufragio muy restringido (sólo podían votar unos 16.000 varones sobre una población de 12 millones). Sin embargo, en la nueva cámara volvíó a surgir la vieja división de los liberales entre moderados y exaltados. Además, en la calle, los exaltados promovían amotinamientos, quema de conventos…El resultado fue la formación de Juntas revolucionarias de signo progresista.
De este modo, Mendizábal accedíó al poder.
2.2. La fase progresista de la revolución liberal (1835-1837). La desamortización de Mendizábal. El motín de La Granja. La Constitución de 1837
El nuevo gabinete de Mendizábal se formó con una Hacienda prácticamente sin fondos, y ante una guerra de la que era necesario darle un giro a favor de los isabelinos. Así, se amplió el alistamiento de hombres para el ejército y como vía para obtener fondos se aprobó la desamortización de bienes eclesiásticos del clero regular en 1836. Con ella, en efecto, se buscaba contar con recursos para la Hacienda, eliminar o disminuir la deuda pública, hacer frente al carlismo y atraerse a las filas liberales a los compradores de bienes desamortizados. (Ver tema 10. Las transformaciones en la propiedad agraria)
En 1836 se produjo el motín de los sargentos de La Granja, que obligó a la regente a restablecer la Constitución de 1812 y un nuevo gobierno con Mendizábal como ministro de Hacienda. Es a partir de ahora cuando se consolida la división de los liberales en moderados y progresistas.
El programa de gobierno consistíó en acabar con las instituciones del Antiguo Régimen e implantar un régimen liberal con una monarquía constitucional. Con una Cortes de mayoría progresista, un conjunto de leyes permitieron la disolución del régimen señorial y el mayorazgo, la supresión de los privilegios gremiales reconocíéndose la libertad de industria y comercio, el establecimiento de la libertad de imprenta y la reanudación de la desamortización de las fincas rústicas y urbanas de las órdenes religiosas.
El proceso culminó con la promulgación de la Constitución de 1837. Fue aprobada con la idea de fijar un texto estable que pudiera ser aceptado por progresistas y moderados. El nuevo texto reconocía la soberanía nacional y los derechos individuales; establecía unas Cortes bicamerales, con un Congreso de los Diputados elegido por sufragio censitario y un Senado que designaba el rey a partir de listas elegidas. La implantación del bicameralismo junto al fortalecimiento de la corona (a la que se reconoce el derecho de veto y la disolución de las Cortes) fueron las grandes concesiones de los progresistas al liberalismo moderado. El sufragio seguía siendo censitario pero más amplio comparado con el defendido por los moderados.
2.3. El problema carlista y la primera guerra
A la muerte de Fernando VII, en distintos puntos de España hubo levantamientos a favor de don Carlos, pero, poco a poco, la guerra que se desataba no era solo una guerra dinástica sino un enfrentamiento entre los partidarios del Antiguo Régimen y los que querían convertir a España en un Estado liberal. La regente Mª Cristina buscó el apoyo de los liberales, única fuerza capaz de defender los derechos al trono de Isabel II.
En el plano ideológico, los carlistas eran partidarios del absolutismo monárquico, la defensa de la religión y de los fueros que se identificaban con el Antiguo Régimen. Esta defensa foral arrastrará a las provincias vascas y Navarra a la causa carlista. Desde el punto de vista social dentro del carlismo se encontraban miembros del ejército, la mayor parte del clero regular y del bajo clero secular, para quienes el liberalismo representaba la expropiación y venta de sus bienes; parte de la nobleza y del campesinado, que veían empeorar sus condiciones de vida. Se extendíó por el País Vasco y Navarra, el Pirineo catalán y el Maestrazgo, especialmente.
En el bando isabelino (o cristino) la reina regente contó con el apoyo de parte de la nobleza, del funcionariado y altas jerarquías de la Iglesia, altos mandos del ejército, burguésía y profesiones liberales (abogados, médicos…) y clases populares urbanas.
En resumen, el carlismo triunfó, sobre todo, en las zonas rurales y, especialmente, en el norte, al considerarse amenazadas por el liberalismo uniformista y centralizador, pero tuvo escaso arraigo entre las masas urbanas que rechazaban el absolutismo.
2.4. El desarrollo bélico
En una primera fase, destacan los triunfos carlistas pero su buena suerte se truncó cuando Zumalacárregui murió en el sitio de Bilbao, la única gran ciudad que estuvo a punto de caer en sus manos, ya que su dominio se basaba, sobre todo, en el medio rural. También hubo partidas carlistas en Cataluña, el Maestrazgo y el Bajo Aragón.
La segunda etapa se caracteriza por las grandes expediciones carlistas para enlazar y estimular las partidas dispersas por el país. Destacó la que llegó hasta las puertas de Madrid, pero fracasó.
La tercera etapa se caracteriza por el agotamiento de los contendientes, interesados en alcanzar la paz. Al fin, el general carlista Maroto firmó el Convenio de Vergara (1839) con Espartero. Los carlistas reconocían la derrota pero conservaban sus grados militares y el gobierno se comprometía a tratar en las Cortes el tema de los fueros en el País Vasco y Navarra.
Las consecuencias más importantes fueron varias. En lo político la monarquía, necesitada de apoyos, se inclínó de manera definitiva por el liberalismo. En ese mismo campo, los militares van a cobrar un gran protagonismo en la vida política y protagonizarán frecuentes pronunciamientos. Por último, los gastos de la guerra, forzaron la desamortización de tierras de la Iglesia.
3. La regencia de Espartero (1840-1843)
Un conflicto con la Ley de Ayuntamientos que enfrentó a moderados y progresistas dio lugar a insurrecciones que acabaron con la renuncia al trono por parte de Mª Cristina. Ante esta situación, las Cortes proclamaron regente a Espartero.
Desde el primer momento, los moderados llevaron a cabo pronunciamientos para expulsarlo. Con todo, los problemas para Espartero vinieron de su forma de gobernar, muy personalista y en ocasiones autoritaria, apoyándose en una camarilla de militares, amigos personales, alejándose del sector progresista de las Cortes. Este enfrentamiento entre ambos grupos progresistas facilitó la tarea a los moderados para volver al poder.
Los sucesos de Barcelona fueron el detonante para la caída final de Espartero. Los industriales catalanes se negaban al proyecto librecambista del gobierno y éste bombardeó la ciudad. Sucesivos pronunciamientos de progresistas y moderados le obligaron definitivamente a abandonar el poder.
Para evitar disputas por la regencia, las Cortes adelantaron la mayoría de edad de Isabel y la proclamaron reina. Al poco tiempo, Narváez fue nombrado jefe de gobierno.