Control Parlamentario al Gobierno en el Sistema Parlamentario
En los sistemas de gobierno parlamentario, como el británico, el italiano o el español, el gobierno surge del parlamento y se disuelven conjuntamente. La legitimidad democrática de los poderes públicos recae directamente en el Parlamento, único órgano que expresa la voluntad popular. El poder ejecutivo obtiene su legitimidad a través de la confianza otorgada por el Parlamento y responde políticamente ante este en todo momento.
Gobierno de Legislatura y Legitimidad
Las Cortes otorgan su confianza al Gobierno, específicamente al Presidente del Gobierno, de manera expresa y formal al inicio de cada legislatura mediante la investidura. Así, el poder ejecutivo adquiere su legitimidad de origen, la cual se mantendrá durante toda la legislatura.
Esta legitimidad de origen debe mantenerse durante toda la legislatura (legitimidad de ejercicio). La legitimidad de ejercicio se presume para toda la legislatura una vez que el Gobierno ha sido investido, a menos que se activen mecanismos mediante los cuales el Congreso de los Diputados exija la responsabilidad política del gobierno por su gestión. Estos mecanismos incluyen la moción de censura o la negativa a apoyar una cuestión de confianza. Además de estos mecanismos, el Gobierno debe rendir cuentas de forma permanente ante el Congreso de los Diputados y el Senado, informando sobre su gestión y sometiéndose a mecanismos de control parlamentario como las interpelaciones y las preguntas.
La Administración Pública: Funciones y Organización
Los poderes del Estado requieren de medios personales y materiales para desarrollar las funciones que les atribuye la Constitución. El instrumento fundamental para incorporar estos medios y realizar dichas funciones es la Administración Pública. Se trata de una organización compleja que gestiona la acción del Estado y se somete a un régimen jurídico especial. El artículo 103 de la Constitución destaca que “la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales…”, y el Título IV, “Del Gobierno y la Administración”, establece las bases de ese régimen jurídico.
Evolución y Complejidad de la Administración Pública
El nacimiento del Estado contemporáneo implica una mayor complejidad en las funciones que debe cumplir y en sus formas de actuación. Con el Estado social, democrático y de derecho, surge una Administración más desarrollada para ejecutar las funciones encomendadas. No existe una equivalencia absoluta entre la acción de los poderes públicos y la acción de la administración, ya que el Estado puede encomendar ciertas acciones públicas a particulares mediante diversas técnicas jurídicas. Aunque la administración también puede gestionar acciones típicas de personas jurídico-privadas, la rigidez de su régimen jurídico ha llevado a la creación de elementos especiales que mezclan lo público y lo privado, a los que los poderes públicos pueden recurrir para el ejercicio de sus funciones.
Relación entre el Gobierno y la Administración Pública
El Gobierno de España es el órgano constitucional encargado de dirigir la actividad de la Administración General del Estado, pero necesita un aparato administrativo estable para llevar a cabo su programa político. Aunque la administración es dirigida políticamente por el Gobierno, su actuación debe ser imparcial y adecuarse a normas jurídicas objetivas y a los principios constitucionales de la Administración Pública, como se establece en el artículo 103 de la Constitución Española (CE). El Gobierno, a través de sus ministros, orienta, dirige y establece prioridades en la actuación de una administración que es políticamente neutral. Los ministros, como miembros del Gobierno a la cabeza de cada departamento ministerial, dirigen la acción administrativa (artículo 6 de la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, LOFAGE), siendo la conexión orgánica entre el Gobierno y la Administración.
En un segundo nivel se encuentran los Secretarios de Estado y otros cargos de libre designación, nombrados por el Gobierno.
Clasificación de la Administración Pública
La Administración Pública se clasifica en territorial y no territorial. Dentro de la territorial se encuentran la Administración General del Estado, la Administración de las Comunidades Autónomas (CCAA) y la Administración Local, destacando la actuación de los municipios como entidades territoriales básicas. Entre las no territoriales figuran las Administraciones institucionales, como organismos autónomos y entidades públicas empresariales, y las Administraciones corporativas. Además, existen otras instituciones con un régimen singular, que conforman las denominadas Administraciones independientes.