1930
Dimisión, exilio en París y muerte de Primo de Rivera. Gobierno Berenguer. Pacto republicano de San Sebastián. Sublevación de Jaca.
1931
Elecciones municipales. Proclamación de la Segunda República. Gobierno provisional. Elecciones generales. Cortes Constituyentes. Constitución republicana de 1931. Gobierno republicano socialista, presidido por Azaña. Proclamación de la República Catalana de Francesc Macià.
1932
Proyecto de Ley de Reforma Agraria. Intento de sublevación del general Sanjurjo. Aprobación del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Triunfo de Esquerra Republicana en las primeras elecciones al Parlamento de Cataluña. Francesc Macià, presidente de la Generalitat.
1933
Alzamiento Anarquista. Fundación de la Falange Española. Aprobación del Estatuto Vasco. Triunfo del centro derecha en las elecciones de noviembre. Gobierno de Lerroux con el apoyo de la CEDA. Ley de Congregaciones Religiosas.
1934
Insurrección de octubre. Ruptura institucional con la Generalitat de Cataluña. Represión en Asturias dirigida por el general Franco.
1935
Salvador Dalí pinta Premonición de la guerra civil.
1936
Gobierno de Frente Popular tras las elecciones de febrero. Atentado contra José Calvo Sotelo. El 17 de julio comienza la sublevación militar en Marruecos y la Guerra Civil. Las potencias europeas suscriben el Pacto de No Intervención. Aprobación del Estatuto de Autonomía Vasco. José Antonio Aguirre, lehendakari del País Vasco.
1937
Batallas del Jarama, Brunete, Belchite. Alemania e Italia reconocen al régimen de Franco mientras llegan las primeras Brigadas Internacionales en apoyo del gobierno republicano. Picasso expone su Guernica en la Exposición Universal de París. Decreto de unificación de Falange Española Tradicionalista con las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (FET y de las JONS).
1938
Batalla de Teruel. Batalla del Ebro. Comienzo de la ofensiva sobre Cataluña.
1939
Finaliza la guerra el 1 de abril. Comienza el exilio hacia el exterior y la represión en el interior. Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos reconocen el gobierno de Franco. Ley de Responsabilidades Políticas.
El Bienio Reformista-Azañista (diciembre de 1931–noviembre de 1933)
La formación del gobierno de Azaña
Una vez aprobada la Constitución, al día siguiente las Cortes eligieron como presidente de la República a Alcalá Zamora, quien encargó a Manuel Azaña la formación del primer gobierno constitucional sobre la misma base de partidos que venía actuando el anterior. Sin embargo, Lerroux, al frente del Partido Radical, prefirió pasar a la oposición al negarse a entrar en un gobierno donde continuaran los socialistas. Azaña, en efecto, optó por los socialistas y a mediados de diciembre formaba gobierno, con el objetivo de seguir con el programa de reformas, ya iniciadas por el gobierno provisional.
La oposición y la conflictividad social
El gobierno, no obstante, contó desde el principio con una fuerte oposición, tanto desde la derecha como desde la izquierda. En la derecha, la oposición estuvo encabezada por el Partido Radical de Lerroux; en la izquierda, la CNT, la FAI y el PCE se enfrentaban al gobierno, tachado de “reformista y burgués” y alejado de la línea social revolucionaria por ellos defendida. La UGT, en cambio, estaba con el gobierno, al igual que su organización campesina, la Federación Española de Trabajadores de la Tierra (FETT). Por tanto, la presencia de socialistas en el gobierno, más el respaldo de la UGT, no garantizaba la paz social. Los conflictos sociales no paraban, eran continuos. El gobierno Azaña se encontró ante una fuerte conflictividad social, con enfrentamientos entre las masas obreras y campesinas y las fuerzas del orden público (Guardia Civil y Guardia de Asalto).
El 31 de diciembre de 1931 tenía lugar un episodio sangriento en Castilblanco (Badajoz) y el 6 de enero de 1932 otro en Arnedo (La Rioja) donde los enfrentamientos con la Guardia Civil finalizaron en un reguero de sangre. Días después, el 21 de enero de 1932 se producía, bajo la dirección de la CNT y la FAI, el primer intento revolucionario protagonizado por los mineros del Alto Llobregat, para proclamar el comunismo libertario en varias de sus poblaciones (Berga, Figols, Sallent y Suria). El balance fue sangriento: una decena de muertos y la orden de deportación a Guinea de 104 anarquistas.
La reforma agraria, la autonomía de Cataluña y el intento de golpe de Estado
En las Cortes, se discutían dos proyectos de Ley en los que el gobierno se jugaba su credibilidad: la Ley de Reforma Agraria y el Estatuto de Autonomía de Cataluña. La reforma agraria, que venía coleando desde el siglo XVIII, creó grandes expectativas entre los jornaleros del campo para los que la República no podía fallarles. Pero solucionar el problema de la tierra no era fácil. En la estructura de la propiedad predominaban los valores extremos (latifundios y minifundios) y los grandes propietarios ya no eran la Iglesia y los municipios, sino la nobleza y los propietarios burgueses que no estaban dispuestos a perder sus tierras, aunque se les indemnizara.
Sobre el Estatuto de Cataluña, la República tenía otro compromiso y la Constitución establecía la vía para su logro. El regionalismo/nacionalismo catalán, que había sido uno de los problemas más graves de España desde comienzos del siglo XX, necesitaba una solución. Pero también había sus dificultades, como la oposición de fuerzas de derecha, la reticencia de algunos socialistas y la desaprobación de intelectuales de relieve, como Unamuno y Ortega y Gasset.
Sin embargo, todo cambió a raíz del fracaso del golpe de Estado encabezado por el general Sanjurjo el 10 de agosto de 1932. Azaña y su gobierno salieron fortalecidos, entre los diputados hubo una reacción en defensa de la República y el 9 de septiembre se aprobaban la Ley de Reforma Agraria y el Estatuto de Autonomía de Cataluña. El Estatuto proclamaba a Cataluña “región autónoma dentro del Estado español”. El 20 de noviembre de 1932 se celebraron las primeras elecciones a la Generalitat y dieron su triunfo a Esquerra Republicana de Catalunya, en consecuencia, Francesc Macià se convirtió en el primer Presidente de Cataluña. Mientras tanto, en el País Vasco, los nacionalistas del PNV seguían tramitando su Estatuto de Autonomía que, por fin, para su definitiva aprobación, entró en las Cortes a finales de 1933, aunque no lo fue hasta el 1 de octubre de 1936, ya iniciada la guerra civil.
Con la Ley de Reforma Agraria se pretendía acabar con el latifundismo y redistribuir la propiedad mediante el asentamiento de campesinos en las tierras expropiadas. Afectaba a Andalucía, es decir, en zonas de latifundio, que serían objeto de expropiación indemnizándose a sus propietarios, salvo los de la nobleza cuyas propiedades eran expropiadas sin indemnización. Para la aplicación de la Ley se creó el Instituto de Reforma Agraria (IRA) con un presupuesto de 50 millones de pesetas. La cantidad asignada para financiar la reforma era baja, además, el proceso era complejo. Había que inventariar las propiedades, el IRA las confiscaba y las pasaba a las Juntas Provinciales y éstas a los campesinos, que previamente habían decidido sobre su explotación individual o colectiva. Su aplicación, en definitiva, fue muy lenta y ello exasperaba a los jornaleros, mientras que los propietarios estaban dispuestos a defender sus intereses.