Resumen de Temas Clave en Derecho Administrativo Económico y Regulación
: Introducción al Derecho Administrativo Económico
El Derecho Administrativo Económico regula la intervención de las Administraciones Públicas en la economía para asegurar el correcto funcionamiento del mercado. Sus fuentes incluyen la Constitución Española, la normativa europea, las leyes nacionales, los decretos y los reglamentos. Entre sus principios destacan la primacía del Derecho Europeo y la interdicción de la arbitrariedad administrativa. El Tribunal Constitucional supervisa el reparto de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, garantizando la unidad de mercado y evitando conflictos jurisdiccionales.
La Administración interviene en la economía mediante entes instrumentales, como organismos autónomos y empresas públicas, y entes reguladores, que supervisan sectores estratégicos. Se protegen derechos fundamentales como la propiedad y la libertad de empresa, y se aplican principios como la proporcionalidad en las sanciones y la irretroactividad normativa. Instrumentos como las concesiones y las potestades sancionadoras permiten regular los servicios públicos y garantizar la transparencia y la legalidad en las actuaciones administrativas.
El Derecho Europeo Económico establece un marco jurídico supranacional que afecta a los sistemas económicos nacionales mediante instrumentos como reglamentos, directivas y decisiones. Los elementos clave incluyen la supervisión bancaria, la unión económica y monetaria, y la primacía del derecho europeo sobre el nacional. La integración económica enfrenta desafíos como la búsqueda de consensos en la gobernanza entre países con intereses divergentes.
Derecho de la Competencia
El Derecho de la Competencia regula las relaciones de mercado para garantizar una competencia leal y evitar abusos. Incluye el control de ayudas públicas y derechos especiales, la supervisión por parte de la CNMC, y sanciones contra prácticas como el abuso de posición dominante o los acuerdos colusorios. Además, protege la propiedad intelectual e industrial, equilibrando la intervención pública y privada en los mercados y promoviendo el interés general.
Derecho Energético y Sectores Regulados
El Derecho Energético busca asegurar el suministro, la sostenibilidad y la eficiencia económica en el sector energético, regulado principalmente por la CNMC. Los sectores regulados, como la energía, el transporte y las telecomunicaciones, combinan la regulación estatal y la competencia privada para garantizar servicios esenciales. La liberalización y las leyes sectoriales promueven la competencia y la mejora de la calidad, como ocurre con el transporte ferroviario y las telecomunicaciones.
Acceso a la Profesión de Abogado y Regulación
La regulación de la profesión de abogado en España garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva. El acceso exige un grado en Derecho, un máster habilitante y una evaluación profesional. La Ley 15/2021 unifica los requisitos y permite a las sociedades profesionales combinar actividades de abogacía y procura. Los colegios de abogados, como corporaciones autónomas, supervisan el ejercicio profesional y velan por la ética y los derechos de los colegiados.
Intervención Pública en el Ámbito de la Vivienda
La intervención pública en el ámbito de la vivienda es esencial para garantizar el derecho constitucional (art. 47 CE) a una vivienda digna, debido a la incapacidad del mercado para cubrir esta necesidad básica. Desde la Ley de Casas Baratas de 1911, el Estado ha promovido tanto la acción privada como la pública, destacando leyes como la de Régimen del Suelo de 1956 y las Viviendas de Protección Oficial (VPO) en los años 60 y 70, diseñadas para atender la demanda de sectores desfavorecidos. Sin embargo, problemas como el caos urbanístico en los 60 y la expansión desordenada llevaron a reformas clave, como los Pactos de la Moncloa (1977) y su posterior inclusión en la Constitución.
Actualmente, la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas (arts. 148 y 149 CE) regula la planificación y el acceso a la vivienda, incluyendo instrumentos como el Catastro y políticas fiscales para facilitar su adquisición. La vivienda, reconocida como derecho fundamental en el artículo 47 de la Constitución Española, enfrenta serios desafíos en su cumplimiento, reflejando un fracaso en el Estado social de bienestar. Aunque la normativa garantiza el acceso a una vivienda digna, la descentralización de competencias (artículos 148 y 149 CE) y la falta de políticas efectivas han agravado problemas como la escasez de vivienda protegida, la ocupación ilegal, el impacto de los pisos turísticos y la insuficiencia del parque social (2,5% frente al 9,3% en la UE). Además, las políticas públicas son limitadas y la producción de vivienda protegida ha disminuido drásticamente. La creación de empresas públicas como Visesa y la Ley 12/2023 buscan soluciones, pero enfrentan obstáculos administrativos, presupuestarios y de coordinación. Por ello, se requiere una planificación eficiente, evaluaciones rigurosas y mayor inversión en vivienda pública para garantizar este derecho.
Regulación de Alojamientos Turísticos en la Comunidad Valenciana (Decreto Ley 9/2024)
El Decreto Ley 9/2024 de la Comunidad Valenciana regula de manera exhaustiva los alojamientos turísticos, con el objetivo de garantizar una mayor transparencia y control en el sector. Entre las medidas más relevantes se encuentran:
- Período máximo de alquiler: 10 días por inquilino.
- Prohibición de alquiler de habitaciones: No se permite el alquiler de habitaciones dentro de viviendas turísticas, ajustándose al principio de regulación del uso del suelo según la Ley 4/2014.
- Informe de compatibilidad municipal: Requerido conforme al artículo 16 de la Ley 16/2016.
- Certificado de la comunidad de propietarios: Exigido conforme al artículo 14 de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH).
- Validez de las licencias turísticas: Cinco años, según el artículo 68 de la Ley 13/2011.
- Responsabilidad subsidiaria de los propietarios: Por infracciones cometidas, siguiendo el artículo 13 del Real Decreto Legislativo 1/2007.
- Certificado energético: Obligatorio, de acuerdo con el Real Decreto 235/2013.