Desamortización de Mendizábal y Constitución de 1845: Claves del Liberalismo Español


La Desamortización de Mendizábal: Contexto y Consecuencias

Clasificación

Nos encontramos ante un fragmento del Decreto de Desamortización de los Bienes del Clero, más conocido como la Desamortización de Mendizábal. Se trata de una fuente primaria de tipo legislativo, de carácter público, cuyo destinatario es la nación española. La intención del autor es justificar la necesidad de realizar una desamortización de los bienes del clero.

Análisis

La idea principal es la justificación de la desamortización de los bienes del clero. En su justificación subyacen varias ideas secundarias que conviene tratar:

  • Una de las ideas es la necesidad de vender las tierras del clero para poder hacer frente al pago de la deuda pública. El Estado se había endeudado recientemente con la Guerra Carlista, con la emisión de letras, bonos y obligaciones que amenazaban con la bancarrota del Estado.
  • Otra idea a destacar es la necesidad de poner a la venta las tierras que se encontraban vinculadas y amortizadas por la Iglesia en el conocido como «régimen de manos muertas», que impedía su venta. La salida a venta de estas tierras sería clave para una redistribución de la tierra y un cambio en la estructura de la propiedad agraria. Además, estas tierras tributarían en adelante al Estado.
  • Por otro lado, al pasar a manos de campesinos, las explotarían incrementando así el Producto Interior Bruto del país, y se espera que también la productividad agraria.
  • Además, los nuevos propietarios consolidarían en el trono a la futura Isabel II y crearían una masa de población afín al liberalismo y contraria al Carlismo.

Contexto Histórico

Para hablar del contexto histórico de este texto tenemos que remontarnos a 1833, con la muerte de Fernando VII. Su hija, la futura Isabel II, se convierte en heredera al trono. Sin embargo, se encuentra con la oposición del bando carlista, un grupo que no admite la Pragmática Sancción, que derogaba la Ley Sálica, y proclama como heredero legítimo al trono a Carlos María Isidro, hermano de Fernando VII. María Cristina, la madre de Isabel, es proclamada regente debido a la minoría de edad de la Reina. Ante la oposición carlista, no encuentra otra salida que la alianza con los liberales, hasta entonces denostados y represaliados en la llamada Década Ominosa. Esta alianza supone el fin del Antiguo Régimen en España. A partir de 1834, el régimen liberal comenzará a dictar leyes que terminen con el Antiguo Régimen y consoliden el liberalismo en España. De las más importantes de este periodo serán la Constitución de 1837 y la conocida como Desamortización de Mendizábal.

Resultados y Consecuencias

A pesar de los buenos propósitos de esta ley, sus resultados fueron bastante mediocres. Por ejemplo, no se consiguió recaudar con la venta de estos bienes mucho dinero, puesto que se aceptaron vales de deuda, los conocidos como «Vales Reales» endosables, y que habían sido emitidos por Carlos IV. Así que las arcas del Estado siguieron siendo exiguas.

También se pretendía un incremento de la producción, así como de la productividad. Y aunque es cierto que se consiguió aumentar el volumen de producción debido al aumento de tierra cultivable, en lo que se refiere a productividad, los rendimientos bajaron notablemente, ya que las tierras que se explotaron no eran tan ricas ni fértiles, y no eran capaces de dar grandes cosechas, por lo que disminuyó la productividad por hectárea.

Tampoco se consiguió cambiar la estructura de la propiedad de la tierra, ni redistribuir la riqueza, ya que la venta se realizó en pública subasta y no existió ningún tipo de limitación. Así que las nuevas tierras fueron a parar a la alta burguesía y a la nobleza latifundista. Así fue una oportunidad perdida para llevar a cabo una auténtica reforma agraria.

Podemos decir que la Desamortización de Mendizábal fracasa en sus objetivos sociales. Sin embargo, es cierto que consigue aumentar la producción agraria nacional, lo que conllevará un aumento demográfico, y conseguirá en cierto modo paliar la deuda pública contraída con la guerra. También conseguirá introducir la agricultura en el sistema capitalista liberal, que se basa en la libertad de propiedad, explotación y comercio.

La Constitución de 1845: Un Pilar del Liberalismo Moderado

Clasificación

El presente documento tiene un claro carácter histórico, cuyo valor es principalmente legal, puesto que se trata de una Constitución, aunque también tiene unas fuertes referencias políticas. El fragmento corresponde a la Constitución de 1845, aprobada siendo jefe de gobierno Narváez, líder moderado, que fue el hombre fuerte del gobierno de Isabel II hasta 1851 (salvo breves paréntesis de tiempo); siendo de nuevo, entre 1856 y 1858; y entre 1866 y 1868, jefe de gabinete, pero ya sin el peso específico de la Década Moderada (1844-1854).

Idea Principal

La Constitución de 1845 supone la instauración de un régimen político basado en los principios del liberalismo doctrinario o moderado: establece un régimen de monarquía liberal de tendencia conservadora, basado en la participación política exclusiva de una oligarquía económica, garantizada por un sufragio censitario muy restringido.

Ideas Secundarias

  • El preámbulo recoge la soberanía compartida entre la Corona y la Nación, presentando la reforma de la Constitución de 1837 como un acto conjunto de la reina Isabel II y las Cortes.
  • El artículo 4 establece la unidad de códigos para todos los territorios de la monarquía, lo que supone la igualdad jurídica de todos los españoles ante los juicios comunes, civiles y criminales, en una clara oposición al fuerismo carlista.
  • El artículo 6 recoge las obligaciones de todos los españoles de defender la Patria (servicio militar obligatorio) y de pagar los correspondientes impuestos para sufragar los gastos del Estado (igualdad ante el pago de impuestos).
  • El artículo 11 establece un Estado confesional católico, rescatándose la fórmula de la Constitución de Cádiz que había sido suprimida en la Constitución de 1837. Este mismo artículo mantiene el presupuesto de culto y clero, quedando el Estado obligado al mantenimiento del clero católico. De facto, el catolicismo se convierte en religión de Estado.

Contexto Histórico

Durante el reinado de Isabel II triunfa en España la revolución liberal; con ella se abandonaba la monarquía absoluta y se establecía un Estado Liberal. Cuando fallece Fernando VII, la regente, María Cristina, no tiene más remedio que abrir el régimen a los liberales y buscar su apoyo dado que, en el país, acababa de estallar la guerra carlista, enfrentamiento dinástico entre partidarios de Carlos María Isidro y de María Cristina y la princesa Isabel, e ideológico entre absolutistas, que están con el primero, y liberales, que estarán con la segunda. Paralelamente a la guerra, España va a modificar su régimen político desde el absolutismo al liberalismo. El primer paso vino con el Estatuto Real de 1834, una fórmula intermedia entre el absolutismo y el liberalismo, que contó con muy pocos apoyos. Las nuevas generaciones de liberales (los exaltados, que empiezan ahora a denominarse progresistas) exigían un régimen constitucional. Pero la regente sólo aceptaba gobiernos liberales moderados, con lo que los progresistas tenían que hacer uso de la fuerza, de revueltas urbanas que desembocaban en la formación de juntas revolucionarias. En el verano de 1836, éstas se constituyeron en muchas ciudades, y como colofón, los sargentos de la guarnición de La Granja, donde se encontraba la regente, se sublevaron también obligándole a restablecer la Constitución de 1812 mientras nombraba un gobierno progresista. A continuación, se convocaron elecciones a Cortes que elaboraron la Constitución de 1837, inspirada en la del 12, pero dando a la corona mayores atribuciones, con objeto de hacerla aceptable a los liberales moderados. Sin embargo, no fue así. La Constitución de 1837 se mantuvo durante las regencias de María Cristina y de Espartero. En 1843 un levantamiento acaba con la regencia de Espartero y permitió el acceso al poder a los moderados, pocos meses después de iniciar Isabel II su reinado. Se abría en España una etapa larga de gobiernos moderados, conocida por la Década Moderada, donde destaca como líder Narváez. En su primer gobierno se tomaron iniciativas legislativas para hacer de España un modelo de liberalismo moderado o doctrinario, cuyo mejor ejemplo es la Constitución de 1845.

La Constitución: Características y Consecuencias

Era de corte moderado, estaba basada en el liberalismo doctrinario o conservador y establecía un sistema político caracterizado por su estabilidad, pero oligárquico, pues primaba el orden sobre la libertad (soberanía compartida, restricción de los derechos individuales y sufragio censitario muy restringido). Además, suprimió la Milicia Nacional. Se trata, por tanto, de una constitución partidista de signo moderado.

Consecuencias

Tras la aprobación de la Constitución de 1845, Narváez tuvo que enfrentarse no solo a progresistas y demócratas, sino a rebeliones militares, motines urbanos (1848), una guerra carlista (1846-1849) y a las intrigas palaciegas de la camarilla de la reina y de su propio partido. Tras la caída de Narváez, Juan Bravo Murillo presidió un gobierno que firmó un concordato con la Santa Sede que resolvió el problema suscitado por la desamortización de los bienes del clero (1851). Incluso hubo un intento de reforma constitucional en 1852 en sentido autoritario. Tras el fracaso de esta reforma se abrió un periodo de inestabilidad (tres gobiernos moderados) caracterizado por los escándalos de corrupción, sobre todo en el ferrocarril. En este clima político se fue urdiendo la trama de la sublevación de 1854 (“Vivalvarada”), que con el pretexto de la inestabilidad política y de las continuas disputas entre los moderados dio paso al Bienio Progresista, un nuevo periodo en el que los progresistas intentaron terminar con la obra legislativa de los moderados. El carácter partidista de la constitución de 1845 estuvo en la base del enésimo levantamiento violento de la España del XIX. A pesar de todo, estuvo vigente hasta la proclamación de la constitución española de 1869, aunque hubo varios intentos para sustituirla en 1852.

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