El sistema de la Restauración toca su fin con el Golpe de Estado lanzado desde Barcelona por el general Miguel Primo de Rivera el 13 de Septiembre de 1923 estableciendo un régimen dictatorial y justificado la toma de poder como una medida necesaria para resolver los problemas de orden público, el separatismo catalán, la corrupción política y la guerra de Marruecos. La dictadura fue aprobada tanto por el rey Alfonso XIII, como por los sectores sociales conservadores (entre ellos la burguésía industrial) que deseaban la paz y aprovechar el auge económico de los años 20. También casi de forma unánime por el ejército cuya desconfianza hacia los políticos era notable. Finalmente, cuenta con el respaldo de la iglesia católica y de amplios sectores de las clases medias, pues temían la radicalización de ideologías obreras. Las clases populares por otra parte acogen con indiferencia la dictadura pues no están acostumbrados a participar en la política. Por todo ello los únicos que no presentaron resistencia inicialmente fueron los obreros y campesinos miembros de la CNT y del PCE. Cuando la dictadura comienza, Primo de Rivera no planteó la creación de un Estado nuevo, pues era un hombre de ideas simples y carecía de una ideología elaborada. Rivera nacíó en Jerez de la Frontera en el seno de una familia de tradición militar. Fue un militar de prestigio que luchó en las campañas de Filipinas, Cuba y Marruecos, alcanzando el grado de general a los 42 años. En 1922 fue nombrado capitán general de Barcelona, puesto desde el cual protagonizó dicho Golpe de Estado. Fue una dictadura autoritaria fuertemente condicionada por las circunstancias de aquel entonces y por la personalidad del dictador, que nacíó como un régimen transitorio para resolver los problemas urgentes que aquejaban el país. Pretendía recuperar la tradición de hacer del ejército intérprete de la soberanía nacional, junto al rey. El problema de esta dictadura es que no fue transitorio como se decía y la falta de confianza hacia el régimen se hizo notable. La vuelta a la normalidad no llegó hasta la caída del dictador arrastrando con él a la monarquía. En una primera etapa provisional, Primo de rivera asumíó todos los poderes al frente del directorio militar, suspendíó la Constitución de 1876, disolvíó las Cortes, prohibíó los partidos políticos y censuró la prensa. Disolvíó las diputaciones provinciales y los gobiernos civiles fueron cedidos a los militares y los alcaldes eran elegidos por el gobierno. Esta medida tenía como objetivo combatir el caciquismo al cortar la relación entre los caciques y la administración central. Para restablecer el orden social, se abolieron las libertades y se intensificaron las acciones represivas contra los sectores más radicales siendo ilegalizados la CNT y el PCE. También, se practicó una dura política contra los nacionalismos periféricos, especialmente el catalanismo, que se veía como una amenaza separatista de la unidad de España, lo que provocó una separación de estos con la dictadura. Una vez Asegurado el orden público y centralizado el poder político, Primo de Rivera hizo frente a la guerra en Marruecos con éxito para España. El final de la guerra proporciónó a la dictadura y al Ejército una gran popularidad entre el pueblo español, ya que durante años se produjeron miles de bajas de soldados españoles, sobre todo provenientes de las clases bajas, llegándose a pensar que eran los hijos de los «pobres´´ los enviados a morir a Marruecos, ya que las clases adineradas podían pagar para evitar el servicio militar. En 1925, la dictadura había solucionado los problemas que justificaron su aparición y podía abandonar el poder que había asumido provisionalmente. Sin embargo, esto no se produjo y el dictador intentó institucionalizar el régimen y desarrollar una política corporativa. Para ampliar las bases sociales de la dictadura, crea un partido leal a su persona, la Uníón Patriótica. El directorio militar se sustituye por un directorio civil y el proyecto político culmina con la convocatoria de una Asamblea Nacional Consultiva encargada de redactar una nueva constitución. La política social se caracterizó por la represión de los sindicatos más radicales, la tolerancia hacia los más moderados y por un reformismo social de carácter paternalista. El Estado creó la Organización Corporativa Nacional que integraba a obreros y patronos en comités paritarios con el fin de regular las condiciones laborales, controlar el movimiento sindical y resolver conflictos y huelgas. Como la dictadura no creó sindicatos oficiales, intentó atraerse a los existentes, especialmente la UGT. Pese a esta colaboración, algunos sectores socialistas se situaron alejados del régimen y acabaron oponiéndose a él. La política económica se basó en el intervencionismo del Estado, que orientó su política a fomentar las obras públicas (red de ferrocarriles, construcción, renovación de carreteras) y a crear grandes monopolios. Además, practicó el proteccionismo arancelario que consistía en un rechazo de los productos importados, para favorecer a los empresarios españoles. Esta política fue espectacular a corto plazo, pero a largo plazo supuso un enorme gasto público. La problemática económica del país y las tremendas dificultades para llevar a cabo su política económica provocaron el desequilibrio de hacienda. El desgaste de la dictadura se hacía patente desde antes, pero a partir de 1928, la decadencia se hizo evidente a causa de la crisis económica, la agitación social y por la continua retirada de confianza de los oficiales del ejército hacia el dictador. A esto sumamos el fracaso de la Uníón Patriótica y la incapacidad de la Asamblea Consultiva para dar una salida constitucional al régimen. En este clima de malestar, el rey Alfonso XIII, preocupado porque la opinión pública identificaba la monarquía con la dictadura, retiró su apoyo a Primo de Rivera. Finalmente, el dictador dimitíó en Enero de 1930 y se exilió a Francia donde murió meses después. Tras la dimisión, el rey encargó sucesivamente al general Berenguer y al almirante Aznar la formación de sendos gobiernos provisionales, difícilísima tarea de poner fin a la dictadura y restablecer la legalidad constitucional anterior sin provocar la caída de la monarquía. A este nuevo periodo se le conoce como dictablanda (1930-1931). Los esfuerzos resultaron inútiles, pues el apoyo proporcionado por el monarca hacia Primo de Rivera había desacreditado por completo al régimen monárquico. Por otra parte, el republicanismo experimentó un espectacular aumento y surgen nuevos partidos republicanos. Todos los partidos firman el Pacto de San Sebastián para impulsar un movimiento político revolucionario, derrocar a la monarquía e instaurar la república. Ante estos acontecimientos el gobierno de Aznar convoca elecciones municipales obteniendo un resultado bastante equilibrado y la opinión pública interpretó que el resultado era favorable para la república pues en las zonas que se obtuvieron votos hacia la monarquía eran zonas rurales dominadas por el caciquismo mientras que en las ciudades no hubo manipulación en las urnas. Por ente, la conjunción republicano-socialista tuvo su éxito en las zonas urbanas triunfando en la gran mayoría de las capitales provinciales. Esto hace que Alfonso XIII opte por el exilio, aunque sin renunciar a sus derechos sobre la corona, y el 14 de Abril de 1931 se proclama pacíficamente la Segunda República española.
