El Bienio Progresista (1854-1856)
Revuelta de 1854 y Nuevo Gobierno Progresista
El autoritarismo desembocó, en junio de 1854, en el pronunciamiento de Vicálvaro, liderado por el general moderado descontento O’Donnell, junto con el general Dulce. O’Donnell fundó la Unión Liberal, un partido entre moderados y progresistas. Los sublevados elaboraron el Manifiesto de Manzanares, demandando el cumplimiento de la Constitución de 1845, la reforma de la ley electoral, la reducción de impuestos, la restauración de la Milicia Nacional y el fin de la camarilla.
Este manifiesto fue apoyado por jefes militares y grupos civiles, que protagonizaron levantamientos en varias ciudades. Tras una serie de altercados en julio, se creó una junta de salvación presidida por Evaristo San Miguel. Al calmarse la situación, se entregó el gobierno a Espartero, y O’Donnell fue nombrado ministro de guerra. Se convocaron elecciones según la Constitución de 1837, obteniendo la mayoría los progresistas, y apareciendo por primera vez en el Parlamento los demócratas.
El nuevo gobierno restauró los principios del progresismo, la milicia nacional y la ley municipal que permitía la elección directa de los alcaldes. Prepararon una nueva Constitución, la de 1856, conocida como la “non nata”. La actuación más importante fue el plan de reformas económicas para impulsar el desarrollo económico y la industrialización.
Legislación Económica
- Nueva Ley de Desamortización (1855): Desamortización de Madoz (Pascual Madoz): Afectó a los bienes del Estado, la Iglesia, las órdenes militares y, sobre todo, a los bienes de los ayuntamientos (bienes de propios y comunales). El objetivo era conseguir recursos para la Hacienda e impulsar la modernización económica. Buena parte de los beneficios se destinaron a la creación del ferrocarril.
- Ferrocarril (1855) Ley General de Ferrocarriles: Regulaba la construcción del ferrocarril y daba incentivos a las empresas participantes, beneficiando principalmente a capitales extranjeros.
Hubo una gran preocupación por mejorar la economía, reflejada en leyes de reforestación, la puesta en marcha del telégrafo, la ampliación de la red de carreteras, el fomento de las sociedades de acciones y de la banca, y el desarrollo de la minería. Esto propició una etapa de expansión económica hasta 1866.
La Crisis del Bienio Progresista
Las medidas no solucionaron la crisis de subsistencia, lo que llevó a un aumento de la conflictividad social. En Cataluña hubo huelgas obreras en 1855, que pedían:
- Reducción de impuestos al consumo.
- Abolición de las quintas (reclutamiento forzoso).
- Mejora de los salarios.
- Reducción de la jornada laboral.
También hubo levantamientos campesinos en Castilla y motines populares en muchas ciudades, así como asaltos a fábricas. El movimiento obrero irrumpió, asustando a las clases conservadoras. El gobierno presentó una ley de trabajo que introducía algunas mejoras, como permitir las asociaciones obreras. Aumentaron las diferencias entre las coaliciones gubernamentales, entre el progresismo moderado y el radical, y dentro del partido demócrata. Espartero dimitió, y la reina pidió a O’Donnell que formara gobierno, disolviendo el Parlamento y reprimiendo cualquier protesta.
Descomposición del Sistema Isabelino (1856-1868)
Este periodo estuvo dominado por:
- Alternancia en el poder de unionistas y moderados.
- Favoritismo de la reina hacia dos moderados.
- Marginación de progresistas y demócratas.
Gobiernos Unionistas (1856-1863)
Liderados por O’Donnell, defendían un liberalismo restringido y sufragio censitario. O’Donnell intentó un equilibrio entre el proyecto moderado y algunas propuestas progresistas, como limitar el poder de la corona y la aceptación de la desamortización civil. Restauró la Constitución de 1845 con modificaciones, dando más protagonismo al Parlamento y disminuyendo la influencia de la camarilla.
Quería revitalizar el Parlamento y ejercer una política más tolerante con la oposición, aunque la manipulación electoral siguió existiendo. O’Donnell fijó una minoría para la oposición para evitar insurrecciones. El gobierno priorizó la economía, multiplicando las inversiones y los créditos, aumentando la especulación en Bolsa de las acciones ferroviarias, y promulgando la ley hipotecaria y la ley de minas. Esto llevó a la expansión de la industria, aunque localizada en Asturias, País Vasco, Cataluña y algunas zonas de Andalucía. En esta época se impulsó la Ley Moyano (ley de instrucción pública) y obras públicas como el Canal de Isabel II. La política exterior fue muy activa, buscando recuperar el prestigio internacional, con campañas en Marruecos, América e Indochina.