El disentimiento al Franquismo y las alternativas políticas tras la muerte de Franco
1. ¿En qué consistió el disentimiento que menciona el texto?
En este texto, extraído del libro de Pere Ysàs (2004) Disidencia y subversión: la lucha del régimen franquista por su supervivencia, 1960-1975, se muestra la situación del franquismo previa a la muerte de Franco, esto es, un régimen que se empeñaba en mantenerse anclado en el pasado a pesar de la apertura económica experimentada por el país durante el desarrollismo, la modernización de la sociedad española y la búsqueda de una mayor libertad.
El disentimiento del que habla Pere Ysàs en el texto se refiere a todo el movimiento de oposición al franquismo antes y después de 1975, y que estaría conformado por:
- Partidos políticos (aún clandestinos, como PSOE, PCE, ERC, CDC, PNV, etc.) que defendían la democracia.
- El movimiento obrero, con sus conquistas laborales.
- El movimiento juvenil y estudiantil.
- El movimiento vecinal.
- La falta de respaldo de la Iglesia Católica tras el Concilio Vaticano II.
- El movimiento feminista, que luchaba por quitarse de encima los viejos estereotipos impuestos por Falange.
En definitiva, se produjo el alejamiento de buena parte de la sociedad española, tanto del régimen como del dictador en un momento en el que España quedará como la última dictadura de Europa Occidental.
2. ¿Qué alternativas políticas se proponían tras la muerte de Franco y quiénes defendían cada una de ellas?
Una vez muerto Franco era cada vez más evidente que su régimen político no podía continuar, por lo que a partir de 1975 se plantearon en España tres posibles alternativas políticas:
La primera, los inmovilistas
También denominado El Búnker, eran defensores de la continuidad del sistema político franquista (un franquismo sin Franco). Su proyecto se basaba en mantener una dictadura como la emprendida en 1939, donde el nuevo rey, Juan Carlos, asumiera el control de la Jefatura de Estado como heredero de Franco.
La segunda, los aperturistas o reformistas
Eran partidarios de cambiar el régimen, pero desde la legalidad, sin rupturas, a través de una reforma del sistema político y de las leyes franquistas hasta alcanzar una democracia plena, homologable a las europeas occidentales. A este grupo pertenecía una parte del franquismo más joven y menos vinculado a la Guerra Civil, donde destacarían el propio príncipe, luego rey, Juan Carlos I, y sus hombres de confianza: Manuel Fraga, Torcuato Fernández y Adolfo Suárez.
La tercera vía era la denominada ruptura democrática
Es decir, la disolución inmediata de las instituciones franquistas, la formación de un gobierno provisional y la convocatoria de elecciones libres. Esta era la opción defendida por los partidos políticos, tanto los que estaban en el exilio como los que se movían en el país de forma clandestina. Los partidos contrarios al franquismo se habían unido en dos grandes coaliciones, la Junta Democrática de España y la Plataforma de Convergencia Democrática, que se unirán formando la «Coordinación Democrática», también llamada «la PlataJunta».
De cualquier modo, parecía evidente que el presidente del gobierno designado por Franco a la muerte de Carrero Blanco, Carlos Arias Navarro, iba a inclinarse por el sector reformista (espíritu 12 de febrero), pero finalmente mostró que no era capaz de satisfacer las demandas de ninguno de los grupos que pedían reforma. Así, el rey Juan Carlos I era el motor imprescindible en el cambio político, puesto que las leyes franquistas le daban un poder excepcional como Jefe del Estado. La clave en el proceso es que optó por la vía reformista. Para ello, se apoyó en un reformista del régimen, Adolfo Suárez, al que nombró como Presidente del Gobierno, desde donde iniciaría una profunda reforma política a través del consenso (Pactos de la Moncloa).
Los Pactos de la Moncloa
Causas y objetivos
Tras la muerte de Franco en 1975 todo empieza a cambiar en España. Dimite Arias Navarro como presidente del Gobierno y el Jefe del Estado actual, Juan Carlos I de Borbón, apuesta por un joven Adolfo Suárez para ocupar el cargo. Será este el que, en 1977, traiga a España las primeras elecciones democráticas tras la dictadura franquista, unas elecciones que le darían el gobierno a él y a su partido (UCD), lo que le permitiría hacer frente a la frágil situación que estaba viviendo en esos momentos nuestro país.
Además de la incertidumbre política generada tras la muerte de Franco, España, al igual que todas las economías capitalistas, estaba sumida en una grave crisis económica generada por la subida del precio del petróleo (crisis del petróleo, 1973). Esta había generado un proceso de inflación superior al 20% anual, lo que se tradujo en una subida de precios, un estancamiento de sueldos, un aumento del desempleo, y un lento (casi nulo) crecimiento económico del país. El único respiro de la economía española: el turismo. Ante esta situación política y económica era fundamental un entendimiento entre el gobierno (UCD – Adolfo Suárez) y las principales fuerzas de la oposición. De hecho, se decía en esa época que «o los demócratas acababan con la crisis económica o la crisis acabaría con la democracia».
De esa manera, en 1977 se produjo en el Palacio de la Moncloa un consenso del gobierno con los principales partidos de la oposición, los sindicatos (excepto CNT) y las asociaciones empresariales, firmando así los llamados Pactos de la Moncloa, que contenían una serie de acuerdos para la reforma y saneamiento de la economía y un programa de actuación jurídica y política.
Acuerdo para la reforma y saneamiento de la economía
Cuyo objetivo principal era la reducción de la inflación y la creación de una serie de medidas para hacer frente a la crisis: se reconoce una subida de salarios de acuerdo a la inflación; se extiende el seguro por desempleo, se aumentan las pensiones de jubilación, se reforma la Seguridad Social y se crea el INEM (Instituto Nacional de Empleo). También se llevaría a cabo una reforma tributaria, con la creación, en ese mismo año (1977), del Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio y al año siguiente el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). De esta manera, y con un retraso de casi un siglo, España se incorpora a la estructura tributaria típica de los países desarrollados.
Acuerdo sobre el programa de actuación jurídica y política
A través del cual se garantizan una serie de libertades que posteriormente serán plasmadas en la Constitución de 1978, como la libertad de expresión y de prensa (quedando prohibida la censura previa), se aprueban los derechos de reunión y de asociación política y sindical.
Además, se creó el delito de tortura y se reconoció la asistencia letrada a los detenidos, entre otras medidas. Importante será también la reforma del código penal en relación a los derechos de la mujer: se despenaliza el adulterio y el amancebamiento, se despenaliza y se regula la venta de anticonceptivos, etc.
Todas estas medidas, con sus aciertos y sus errores, se convirtieron en ejemplo de convivencia democrática entre todas las fuerzas políticas y territoriales (incluidos los nacionalistas vascos y catalanes), y permitieron a España estabilizar el sistema político, tan alterado los últimos años, a través del consenso, e iniciar el camino de la modernización que la llevaría a España a integrarse más adelante en la Unión Europea.
La reforma política de Adolfo Suárez
Tras la muerte de Franco en 1975 se presentaron tres posibles alternativas políticas a seguir: la inmovilista (el búnker), partidarios de la continuidad del régimen; la denominada ruptura democrática, defensora de la disolución inmediata del régimen a través de la ruptura, y los reformistas, defensores de un cambio llevado a cabo desde la legalidad, sin rupturas. En este contexto, el rey Juan Carlos I, decide emprender esta última, la vía reformista.
Así, apoyándose en la legalidad que otorgaban las Cortes heredadas del franquismo, fuerza la dimisión del Presidente del Gobierno Arias Navarro en julio de 1976, nombrando como sucesor a Adolfo Suárez. Este comenzó la democratización del país a un ritmo acelerado: diálogo con la oposición (consenso), amnistía para los presos políticos, reforma de las leyes franquistas y promesa de celebrar elecciones democráticas.
Ley para la Reforma Política de 1976
En septiembre de 1976, Suárez presentó el proyecto de Ley para la Reforma Política (LRP), que suponía la desaparición de las Cortes franquistas y la constitución de unas nuevas formadas por dos cámaras: el Congreso de los Diputados y el Senado. A pesar de que esta Ley suponía la desaparición de las estructuras franquistas y de sus Cortes, serían estas mismas las que la aprobaron por amplísima mayoría en noviembre de 1976, coincidiendo con el aniversario de la muerte de Franco. A partir de estos momentos, era posible desmantelar el franquismo desde dentro del propio régimen.
Siguiendo al pie de la letra la legislación franquista (ya que se optó por la reforma sin ruptura), para que la Ley entrara en vigor era preciso que fuese aprobada por el pueblo en referéndum. La oposición pidió la abstención y los conservadores franquistas solicitaron el voto en contra. Por su parte, el pueblo, sin hacer caso a unos ni a otros, en el referéndum celebrado el 15 de diciembre de 1976, la aprobó por abrumadora mayoría. Esta Ley de Reforma Política obligaba al gobierno a convocar elecciones generales, ya que las antiguas Cortes franquistas fueron disueltas por ésta.
Legalización de partidos políticos y elecciones generales de 1977
Pero antes de convocarlas, era preciso la legalización de los partidos políticos. Así, en febrero de 1977 se publicó un Decreto-ley a través del cual se produjo la legalización de más de 150 partidos políticos, donde no se encontraba el Partido Comunista Español, que será finalmente legalizado el Sábado Santo de ese mismo año (9 abril 1977).
Finalmente, el 15 de abril se convocarían las elecciones generales, que habrían de celebrarse dos meses después, es decir, el 15 de junio. En ese intervalo de tiempo el gobierno de Suárez llevaría a cabo una serie de medidas fundamentales, como la supresión de los tribunales especiales, como el de Orden Público; se autorizó el uso de la «ikurriña»; se legalizaron las centrales sindicales; se concedió una segunda amnistía para los presos políticos sin delitos de sangre, y se reestablecieron con carácter provisional algunas instituciones autonómicas como la Generalitat catalana o las Juntas Generales de Vizcaya y Guipúzcoa. Finalmente, la victoria en estas elecciones sería para UCD, liderada por Adolfo Suárez, seguido del PSOE. Todo esto generó una situación difícil y delicada. Las tensiones en la calle irían en aumento, tanto por parte de la extrema derecha, donde destaca atentados como el asesinato de cinco abogados del PCE, como de la extrema izquierda, con los continuos atentados de ETA. A esta situación habría que sumarle las manifestaciones que se estaban originando a causa de la crisis económica que sufría el país.