Según el historiador Max Gallo, 1950 marca el final simbólico de la guerra civil. El 14 de diciembre de ese año el Ministro de Asuntos Exteriores, Martín Artajo, exaltó en las Cortes “el éxito de la política exterior de este país, puesta bajo el signo heroico de la resistencia a la ingerencia extranjera”. Entre aclamaciones de los procuradores, concluyó: “Señores, esta España, que ha sido tan gravemente ofendida,… Esta España, que ama la paz cristiana y que sirve a la civilización de Occidente, en este solemne momento histórico concede su amnistía a las naciones que están prontas al entendimiento y está dispuesta a olvidar las ofensas en aras a la causa común, tan gravemente comprometida.” El ministro elogiaba al mismo tiempo a la Iglesia católica, que apoyó a la dictadura, y subrayaba la acción decisiva de Estados Unidos a favor del régimen, al confirmarse el fin del aislamiento internacional: el 4 de noviembre de 1950 la ONU anuló la resolución de 1946 que aislaba a España. En 1951 regresaban los embajadores, encabezados por los representantes de Estados Unidos y Gran Bretaña, y España entraba en la Organización Mundial de la Salud. Tras el Concordato con el Vaticano y los Pactos de Defensa y Mutua Ayuda con Estados Unidos en 1953, España fue finalmente admitida en la ONU en diciembre de 1955.
La razón de este cambio en la política internacional hacia España hay que situarla en el escenario de la “Guerra Fría”: por un lado, las potencias democráticas, ante la alternativa de soportar a un Franco inofensivo o provocar en España una desestabilización política de incierto desenlace, resolvieron aguantar su presencia como mal menor o inevitable. Además, la dictadura de Franco siempre contó con la simpatía y apoyo de amplios sectores católicos y conservadores. Luis Carrero Blanco, subsecretario de Presidencia y Jefe de la Armada, estaba convencido de que las grandes potencias occidentales no tomarían ninguna medida enérgica, militar o económica contra una España católica y anticomunista. El anticomunismo de Franco le favoreció entre los militares norteamericanos, lo que le valió una notable ayuda económica y militar, plasmada en los Pactos de 1953. Con esto, y la firma del Concordato, la dictadura no solo no peligraba sino que se consolidaba.
1. Pactos de Defensa y Mutua Ayuda con Estados Unidos
Aunque a España no se la incluyó en el Plan Marshall y, mientras la dictadura duró, nunca se la invitó a incorporarse a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), la posición de Estados Unidos fue clave para aliviar los aspectos más severos del aislamiento internacional. Las negociaciones del acuerdo comenzaron en 1951 tras el intercambio oficial de embajadores. El pacto, firmado en septiembre de 1953, cuando el republicano Dwight Eisenhower ya había sustituido a Truman, daba a España ayuda económica y militar, y la oportunidad de adquirir grandes cantidades de materias primas norteamericanas y excedentes de alimentos básicos a precios reducidos. Los acuerdos tenían diez años de duración, y durante ese tiempo la ayuda económica ascendió a 1.688 millones de dólares, que sirvieron en su mayor parte para comprar productos norteamericanos. Durante esos años los norteamericanos construyeron cuatro complejos militares en Torrejón de Ardoz (Madrid), Morón (Sevilla), Rota (Cádiz) y Zaragoza.
Esta relación bilateral, que se convirtió en la columna vertebral de la política exterior y de seguridad española durante toda la dictadura, sacó al franquismo del atolladero en que había caído tras la Segunda Guerra Mundial como consecuencia de su alineación con las potencias fascistas. Cuando unos años más tarde la economía se abrió, la inversión estadounidense contribuyó a mantener el ritmo de crecimiento acelerado. A partir de ese momento, la dictadura pudo presentarse como un valioso aliado de Estados Unidos. Aliado de la mayor potencia militar del mundo, aunque fuera de segunda fila y a cambio de ceder una parte importante de la soberanía española.
2. El Concordato con la Santa Sede
La firma del Concordato, el 25 de agosto de 1953 reafirmó la confesionalidad del Estado, proclamó oficialmente la unidad católica, y reconoció a Franco el derecho de presentación de obispos. Las negociaciones fueron largas y complicadas, porque Franco siempre se negó a ceder en el derecho del Estado a decidir los nombramientos: Franco presentaba seis nombres al Papa para cubrir las sedes vacantes, y finalmente designaba a uno entre los tres seleccionados por el Pontífice, lo cual garantizaba que la Iglesia mantuviera su fidelidad al “Caudillo por la gracia de Dios”.
De los privilegios y poderes que el Concordato otorgó a la Iglesia española, destacaba la provisión por el Estado de las necesidades económicas del clero, y la obligatoriedad de que en todos los centros de enseñanza, estatales o no, ésta se ajustase “a los principios del dogma y de la moral de la Iglesia católica”. Franco, a cambio, logró grandes beneficios políticos, legitimando su régimen tanto en el interior como en el exterior.
Años de Estabilidad y Tensiones (1960-1969)
A partir de la apertura del régimen y durante la década de 1960 el crecimiento económico y las transformaciones sociales contrastaron con el mantenimiento de un evidente inmovilismo político. Muchos de los dirigentes franquistas eran conscientes de que la más mínima reforma podía significar una amenaza para el futuro de la dictadura: Franco siguió concentrando todos los poderes, aunque el protagonismo dentro del gobierno fue para los tecnócratas del Opus Dei, mientras perdían influencia los dirigentes del Movimiento y los falangistas históricos. Luis Carrero Blanco fue el hombre de confianza del dictador, y su opinión fue fundamental en los cambios de gobierno y en el diseño de la estrategia institucional continuista.
Los gobiernos de 1957 y 1962 significaron una notable renovación de los dirigentes del régimen, con la presencia por primera vez de ministros que no habían participado en la guerra civil. Pero es un error pensar que el impulso de la liberalización económica que promovieron, podía llevar también a una liberalización política. Eran reformistas en la medida que temían que el régimen pudiese anquilosarse si no evolucionaba. De este modo, la dictadura vivió una etapa de estabilidad hasta 1969, solo interrumpida por los episodios de represión de los conflictos laborales como consecuencia de las duras medidas del Plan de Estabilización de 1959 (decreto de cierre de todas las minas de Asturias el 24 de abril de 1962), o de la ejecución en 1963 del dirigente comunista Julián Grimau tras una parodia de juicio, y de los militantes anarquistas Francisco Granados y Julián Delgado, con repercusiones internacionales (ese mismo año se creó el Tribunal de Orden Público, especializado en delitos políticos).
Medidas Legales Relevantes
Las medidas legales de mayor relevancia aprobadas en este período fueron las relativas a dar un mayor protagonismo a los empresarios y trabajadores dentro de la Organización Sindical, la Ley de Prensa y la Ley Orgánica del Estado, de 1966:
1. Organización Sindical Española
El ministro José Solís pretendió potenciar y dinamizar la Organización Sindical Española, con la intención de contrarrestar la actuación de los políticos tecnócratas del gobierno. Se crearon Consejos de Empresarios y de Trabajadores, bajo tutela falangista. Se celebraron Congresos Sindicales, con elecciones periódicas, a fin de aumentar la representatividad y participación de los trabajadores. Solís pensaba que no había peligro alguno en esto, puesto que tenía asegurado el control político desde arriba. De este modo se infiltraron en el sindicato vertical muchos militantes obreros antifranquistas: Comisiones Obreras, organización clandestina recién constituida, venció, y aprovechó para promover movilizaciones a favor de las libertades sindicales y políticas. En 1969 Solís fue cesado, y la nueva ley sindical de 1971 modificó totalmente su proyecto, ante el miedo de los tecnócratas a la influencia de la OSE.
2. Ley de Prensa
La Ley de Prensa (1966) fue propuesta por Fraga Iribarne para flexibilizar la censura sobre las publicaciones periódicas y los libros, y aumentar la tolerancia con los espectáculos, el teatro y el cine. Fue la máxima apertura llevada a cabo durante la dictadura franquista. Debía regular la existencia de una prensa diversificada, con mayor difusión y con capacidad de crear opinión (en 1966 había en España 107 diarios, con una tirada de 2.215.000 ejemplares). Suprimía la censura previa, aunque se podía llegar al secuestro o cierre de la publicación si se vulneraba la ley.
3. Ley Orgánica del Estado
La Ley Orgánica del Estado, votada en referéndum el 14 de diciembre de 1966, pretendió superar las insuficiencias de la ley de Sucesión de 1947, y definir el funcionamiento de las máximas instituciones del régimen:
- Se trataría de una monarquía instaurada, no restaurada, y basada en los principios del Movimiento Nacional.
- Se separaban las funciones del Jefe del Estado y del Jefe del Gobierno, este último designado por el primero a partir de una terna elaborada por el Consejo del Reino.
- Se reorganizaba el Consejo Nacional del Movimiento, definido como la representación colegiada del Movimiento Nacional, con la misión de defender sus principios.
- Se modificaba la Ley de las Cortes, ampliando el número de procuradores a 564 y permitir la presencia del “tercio familiar”, elegidos por los cabezas de familia y las mujeres casadas, a razón de dos procuradores por provincia.
La oposición denunció la manipulación del referéndum, ante la falta de libertad de opinión y de garantías sobre su escrutinio, y recomendó la abstención. Las primeras elecciones de procuradores familiares tuvieron lugar el 10 de octubre de 1967, año en el que también se aprobó la Ley Orgánica del Movimiento y de su Consejo Nacional.