El Primer Principio de Justicia de Rawls: Implicaciones y Aplicaciones
El Significado del Primer Principio
El primer principio de justicia en la teoría de John Rawls establece que: «Cada persona ha de tener un derecho igual al esquema más extenso de libertades básicas iguales que sea compatible con un esquema semejante de libertades para los demás».
Este principio busca promover un régimen de igualdad de derechos e inmunidades para todos, un fundamento esencial en las democracias liberales. Su objetivo es asegurar que la libertad de cada individuo coexista armoniosamente con la libertad de los demás. Los destinatarios y titulares de estas libertades y derechos son los individuos. Estas libertades, defendidas por la tradición contractualista, incluyen la libertad de pensamiento, la libertad de asociación y las libertades relacionadas con la salud y la integridad. Son fundamentales para los individuos en la estructura básica de la sociedad y no deben ser transgredidas. El sistema de reglas que define las prácticas de las instituciones sociales debe aplicarse de manera equitativa, sin tratos especiales.
Sin embargo, Rawls reconoce que el ejercicio efectivo de estas libertades depende de ciertas condiciones socioeconómicas. Sin una calidad de vida mínima, acceso a servicios básicos (nutrición, salud, educación) y la posesión de bienes primarios que permitan el bienestar y el autorespeto, las libertades básicas se convierten en una mera ficción. Individuos en desventaja económica y con baja estima social no pueden ejercer plenamente estas libertades. Por lo tanto, se requieren mecanismos de igualación que permitan a todos convertirse en agentes libres en la esfera legal. La igualdad de libertades y derechos exige igualdad de oportunidades en el acceso a los bienes primarios.
La Tolerancia de los Intolerantes
Rawls aborda la cuestión de la tolerancia hacia los intolerantes. Argumenta que, cuando la Constitución es segura y existen mecanismos para mantener la justicia en la sociedad, no hay razón para negar la libertad a los intolerantes. La libertad del intolerante solo debe limitarse cuando sea estrictamente necesario para preservar la igual libertad de todos. En un sistema democrático, el respeto a la pluralidad razonable de visiones es un elemento central. El sistema normativo debe respetar tanto a las mayorías como a las minorías. El principio de tolerancia es crucial para proteger a las minorías de la imposición de creencias mayoritarias. Para garantizar la estabilidad, «la concepción política de justicia debe admitir como igualmente racionales y razonables todas las concepciones que se muevan en el escenario político, moral y religioso de una sociedad que ha de considerarse democrática y moderna».
La Objeción de Conciencia
La objeción de conciencia se produce cuando una persona se niega a cumplir una norma jurídica por motivos de conciencia, es decir, porque entra en conflicto con sus obligaciones morales o religiosas. El rechazo se limita a evitar el cumplimiento de la norma, sin buscar su modificación o derogación. Rawls sustenta el derecho a la objeción de conciencia no en la autonomía individual, sino en los principios de justicia que garantizan las libertades. Una teoría de la justicia debe incluir mecanismos legales para tratar a quienes disienten. Una sociedad bien ordenada busca conservar y fortalecer las instituciones de la justicia, y la objeción de conciencia, respetuosa con las creencias, es una forma de hacerlo. Rawls señala que existen límites a ciertas libertades básicas cuando esto incrementa la libertad general. Las instituciones justas no pueden eliminar por completo ciertas limitaciones a la libertad para garantizar la libertad de todos. La clave es asegurar que los riesgos se compartan equitativamente y que no haya discriminación por color, clase o religión. La objeción de conciencia es un acto individual, privado, no violento y fiel a principios, una forma particular de libertad que no busca cambiar la ley.
La Desobediencia Civil
Rawls define la desobediencia civil como «un acto público, no violento, consciente y político, contrario a la ley, cometido habitualmente con el propósito de ocasionar un cambio en la ley o en los programas de gobierno». Este mecanismo es propio de sociedades casi justas y democráticas, pero que aún pueden cometer injusticias. La desobediencia civil es un recurso excepcional para que las minorías se defiendan de las mayorías cuando estas promulgan normas que perjudican a grupos minoritarios. Mediante la desobediencia civil, se apela al sentido de justicia de la comunidad, argumentando que se ha violado el acuerdo entre personas libres e iguales. Es un acto político porque se dirige a la mayoría que ejerce el poder y porque está justificado por principios políticos, los principios de justicia que regulan la constitución y las instituciones sociales. La desobediencia civil, al suponer una sociedad casi justa, apela a un sentido comunitario de justicia y a una concepción de justicia públicamente reconocida. Los ciudadanos reclaman el no respeto de los principios de cooperación social y pueden infringir normas consideradas injustas sin cuestionar al Estado. Aunque se transgrede la ley, la lealtad al orden constitucional se mantiene gracias al carácter público y no violento del acto, y a la disposición del ciudadano a aceptar las consecuencias legales.