Contexto Histórico: Fin de la Regencia de Espartero
Tras los sucesos de Torrejón de Ardoz el 23 de julio de 1843, donde el general Narváez venció a las tropas gubernamentales, Espartero renunció a la regencia y se exilió a Londres. Se formó un gobierno provisional presidido por Joaquín María López, que convocó unas Cortes en octubre. Estas Cortes adelantaron la mayoría de edad de la reina Isabel II. Tras los gobiernos de Salustiano Olózaga y González Bravo, en mayo de 1844 llegó al poder el general Narváez, líder de los moderados.
Características del Sistema Político de Narváez
El sistema político de Narváez se caracterizó por su estabilidad, primando el orden sobre la libertad. Se basaba en los principios del liberalismo doctrinario o moderado y buscaba el apoyo de la burguesía terrateniente.
La Constitución de 1845
Los gobiernos moderados promovieron la promulgación de la Constitución de 1845, que se planteó como una modificación de la de 1837. Sus principales características fueron:
- Soberanía compartida entre el rey y las Cortes.
- Cortes bicamerales:
- El Congreso perdía autonomía frente al monarca, que tenía la capacidad de disolver las Cortes y el derecho de veto.
- El Senado estaba formado por senadores nombrados por el rey entre personalidades relevantes de su confianza, con carácter vitalicio.
- Sufragio censitario restrictivo: No superaba el 1% de la población. El voto se redujo a los mayores contribuyentes de cada localidad y a un número limitado de personalidades de la cultura, las profesiones liberales, el Ejército, la Iglesia y la Administración.
La alta abstención, el control del gobierno en las elecciones mediante la manipulación de los censos y el falseamiento de los resultados electorales, suponían una escasa participación ciudadana en la política. Esto imposibilitaba a los progresistas alcanzar el poder, si no era por medio de la violencia y del pronunciamiento.
Organización Administrativa y Reformas
El sistema liberal moderado tenía un carácter eminentemente centralizador y jerarquizado. La toma de decisiones y el ejercicio de la autoridad se articulaban de forma piramidal, desde el Gobierno a los Jefes Políticos provinciales, las diputaciones, los alcaldes y los ayuntamientos.
Se introdujeron una serie de leyes y reformas:
- Ley de Organización de los Ayuntamientos de 1845: Buscaba eliminar la autonomía de Ayuntamientos y Diputaciones. Los alcaldes de las capitales de provincia y municipios de más de 2.000 habitantes serían nombrados por la Corona; en los de menor población, por el Gobernador provincial.
- Cuestión foral: Los moderados trataron de atraerse a sectores del carlismo mediante el decreto de 1844, manteniendo los Ayuntamientos forales y las Juntas Generales vascas y navarras.
- Reforma del sistema tributario (Ley Mon-Santillán, 1845): Nadie estaba exento de pagar impuestos, y cada contribuyente lo hacía en función de las rentas disponibles. Se potenciaron los impuestos indirectos, especialmente los «consumos» (aplicados a artículos básicos como comestibles, leña,…), que perjudicaban a las clases populares.
- Elaboración del Código Penal de 1848: Sustituía al de 1822.
- Concordato con la Santa Sede (1851): Se declaraba que la religión católica era la única de la nación española y se llegaba a un acuerdo respecto a la desamortización. La Iglesia aceptaba las ventas consumadas, y el Estado se comprometía a sostener a la Iglesia católica (presupuesto de culto y clero).
- Creación de la Guardia Civil (1844): Sustituyó a la Milicia Nacional por un cuerpo de policía de ámbito nacional, dependiente del Gobierno, vinculado al ejército y fuertemente jerarquizado. Su primer jefe fue el duque de Ahumada.
- Sistema nacional de instrucción pública (Ley Moyano de 1857) y adopción del sistema métrico decimal como único sistema de pesos y medidas.
Crisis del Moderantismo
Los diferentes gobiernos moderados no dieron estabilidad a la nación. La vida política se desarrollaba en torno a la influencia de camarillas que buscaban el favor real o gubernamental.
El autoritarismo se agudizó durante el gobierno de Bravo Murillo en 1852, que presentó un proyecto de revisión constitucional que transformaba el Estado en una dictadura tecnocrática. Contemplaba la posibilidad de gobernar por decreto y suspender indefinidamente las Cortes. La propuesta fracasó y provocó la dimisión de Bravo Murillo.
La descomposición interna del partido, junto a las denuncias de corrupción con motivo de la Ley de Ferrocarriles, que tras ser debatida en el Senado no fue aprobada, provocó la disolución de las Cortes. De esta forma se abría el camino para la crisis de julio de 1854 que puso fin a la Década Moderada.