El Reinado de Isabel II: Conflictos y Cambios Políticos


El Reinado de Isabel II (1833-1868)

La Primera Guerra Carlista. Evolución política, partidos y conflictos. El Estatuto Real de 1834 y las constituciones de 1837 y 1845.

La Primera Guerra Carlista

La proclamación de Isabel II como reina de España tras ser aprobada la Pragmática Sanción dejaba fuera del trono a Carlos María Isidro, persona en la que los absolutistas confiaban para volver al Antiguo Régimen. Así se inició la Primera Guerra Carlista (1833-1840).

El carlismo fue una ideología tradicionalista y antiliberal bajo el lema “Dios, Patria y Fueros”. Sus apoyos fueron el clero, la pequeña nobleza y una amplia base social campesina, cobrando fuerza sobre todo en el País Vasco y Navarra, y parte de Cataluña, Aragón y Valencia.

A favor de Isabel estaban la alta nobleza y los altos funcionarios. Para ganar adeptos, la regente se vio obligada a buscar apoyos entre los liberales, aceptando ciertas de sus demandas.

El conflicto armado pasó por dos etapas diferenciadas:

En la primera (1833-1835), se caracterizó por las victorias carlistas en el País Vasco y Navarra, donde Carlos creó una monarquía alternativa, con su corte, su gobierno y su ejército. Zumalacárregui consiguió formar un verdadero ejército haciéndose con Tolosa, Durango, Vergara y Eibar, pero fracasó en la toma de Bilbao, donde murió.

En Cataluña, segundo escenario importante, y en el Levante, estaban más desorganizados, operando con escasa conexión entre las diferentes partidas.

En la segunda fase (1836-1840), la guerra se decantó del lado liberal a partir de la victoria de Espartero en Luchana en 1836, que puso fin al sitio de Bilbao. Los carlistas, con falta de recursos y conscientes de que sin ampliar su territorio iban a perder la guerra, comenzaron a hacer expediciones a otras regiones. La más importante fue la expedición real de 1837 que llegó a Madrid con la intención de tomar la capital, pero fracasó.

La debilidad del carlismo dividió sus fuerzas entre transaccionistas, partidarios de alcanzar un acuerdo, e intransigentes, defensores de continuar la guerra. Finalmente, el jefe de los transaccionistas, el general Maroto, acordó la firma del Convenio de Vergara o abrazo de Vergara con Espartero. El acuerdo establecía el mantenimiento de los fueros en las provincias vascas y navarras, así como la integración de la oficialidad carlista en el ejército real. Solo las partidas de Cabrera continuaron resistiendo en la zona del Maestrazgo hasta 1840.

Minoría de Edad de Isabel II (1833-1843)

Regencia de María Cristina (1833-1840)

El testamento de Fernando VII estableció la creación de un consejo para asesorar a la regente María Cristina, presidido por Cea Bermúdez y compuesto por absolutistas moderados que quisieron llegar a un acuerdo con los carlistas. El inmovilismo de Bermúdez no iba a ningún sitio y, ante esto, la reina nombró a Martínez de la Rosa, que llevó a cabo el Estatuto Real de 1834, una carta otorgada.

El estatuto establecía dos cámaras: una con altos nobles, obispos y notables, y otra con diputados con una alta renta elegidos en un sufragio muy censitario. El rey tenía capacidad de disolver la cámara baja si convocaba elecciones antes de un año. Para hacer una proposición de ley, tenían que aprobarlas ambas cámaras, pero solo tenía validez si el rey quería, y podía negarse tantas veces como quisiera.

La fórmula del estatuto real fue demasiado tímida para complacer a los liberales. La necesidad de conseguir apoyos sociales firmes y recursos financieros contra el carlismo forzó a la monarquía a aceptar un gobierno progresista que iniciase las reformas.

En 1835, María Cristina llamó a gobierno a Mendizábal, destacando su decreto de desamortización que provocó su destitución. Sin embargo, las revueltas populares y el levantamiento de los sargentos de la Granja provocaron que en 1836 María Cristina entregase de nuevo el poder a un progresista. Calatrava restableció la constitución de Cádiz. A partir de estos momentos, se puede considerar consolidada la división entre moderados y progresistas.

Los moderados provenían de terratenientes, comerciantes, junto a restos de la antigua nobleza, el alto clero y los altos mandos militares. Eran favorables a la soberanía compartida y querían reducir al máximo la participación popular y los derechos individuales.

Los progresistas tenían sus apoyos entre la media y pequeña burguesía, la oficialidad media del ejército y también entre las clases populares urbanas. Defendían la soberanía nacional y un sufragio censitario más amplio.

La mayor diferencia entre ambos partidos estaba en el apoyo de los progresistas a elecciones populares de los alcaldes y a la Milicia Nacional.

Entre 1836 y 1837, los progresistas asumieron la tarea de eliminar completamente el Antiguo Régimen e implantar el sistema liberal. El gobierno progresista aprobó una nueva constitución en 1837, dejando muchas cuestiones aparte que se regularían mediante leyes orgánicas con el objetivo de lograr un texto estable.

La constitución establecía la soberanía nacional, una declaración de derechos y la aconfesionalidad del estado (financiaba al culto católico). Habría dos cámaras:

  • Congreso
  • Senado, esta última designada por el rey.

Las provincias de ultramar quedaban excluidas. Dio amplios poderes a la corona (veto de leyes, disolución del Parlamento…). El poder ejecutivo está en manos de un gobierno nombrado por el soberano y el judicial en manos de los jueces.

Otras leyes que culminaron la Constitución fueron la Ley de Imprenta, que hizo desaparecer la censura previa, y la Ley Electoral, que establecía un sufragio censitario muy restringido.

Una vez aprobada la constitución, se convocaron nuevas elecciones que ganaron los moderados. Sin salirse del marco constitucional, intentaron eliminar los elementos más progresistas. La Ley de Ayuntamientos dio a la corona la facultad de nombrar a los alcaldes en las capitales de provincias. Hecho que enfrentó a progresistas y moderados y comenzó un amplio movimiento insurreccional ante el que María Cristina dimitió de su cargo, dando la regencia al general Espartero en 1840.

Regencia de Espartero (1840-1843)

El regente, inclinado a gobernar sin más colaboración que la de sus amigos personales, se fue aislando cada vez más del entorno del progresismo y gobernó de manera autoritaria, sin cooperar con las cortes, con ayuda de una camarilla de militares (ayacuchos).

Las conversaciones de Espartero con Inglaterra para quitar los impuestos a los tejidos ingleses provocaron un levantamiento en Barcelona. Espartero mandó bombardear la ciudad hasta conseguir su sumisión, colocando a Cataluña y a buena parte de sus antiguos partidarios en su contra.

El descontento hizo crear nuevas Juntas Revolucionarias y un nuevo movimiento que mandó a Espartero al exilio y proclamó a Isabel II reina con 13 años.

Mayoría de Edad (1843-1868)

La Década Moderada (1844-1854)

El nuevo jefe de gobierno moderado, González Bravo, ejerció durante cinco meses una auténtica dictadura que le permitió imponer las medidas represivas que convenían para asentar en el poder al partido moderado. Una represión frecuente en los siguientes gobiernos.

Tras hacer los cambios necesarios, subió por primera vez al gobierno Narváez, que, con un paréntesis en 1846, gobernó hasta 1851.

Los moderados realizaron una nueva constitución en 1845 que establecía:

  • Una soberanía compartida (cortes y reyes).
  • Poder ejecutivo en la corona y los ministros.
  • Poder legislativo en un senado formado por senadores vitalicios nombrados por el rey y un congreso elegido por sufragio censitario.
  • Los ayuntamientos quedaron sometidos a la Administración Central y se suprimió la Milicia Nacional.
  • Se otorgó exclusividad a la religión católica, que fue declarada la oficial del Estado y se acordó el mantenimiento del culto y el clero.
  • Los derechos eran parecidos a los de 1837, pero leyes posteriores los limitarían.

La nueva Ley Electoral reducía aún más el número de votantes, lo que provocó fácilmente su falseamiento, facilitando que para alcanzar el poder, como se pudo ver en la sucesión de pronunciamientos.

El moderantismo pretendió consolidar la estructura del nuevo estado liberal bajo los principios del centralismo.

De todas las medidas que van a tener lugar, destaca la de la hacienda de Mon, el arreglo de la deuda (Bravo Murillo en 1851), la unificación de Códigos (Código Penal de 1848 o el proyecto del Código Civil) o la creación de la Guardia Civil en 1844.

Los moderados intentaron mejorar las relaciones con la Iglesia y en 1851 se firmó un Concordato con la Santa Sede, en el que se establecía la suspensión de la venta de los bienes eclesiásticos y el retorno de los no vendidos. A cambio de que la Santa Sede aceptaba a Isabel II y las desamortizaciones, el Estado sostenía la iglesia española y le daba un mayor peso en educación.

Respecto a sus gobiernos, señalar la crisis de 1846, por la dimisión de Narváez, por el descontento con el matrimonio de Isabel con su primo Francisco de Asís, ya que prefería casarla con el pretendiente carlista. El problema de la boda real provocó la Segunda Guerra Carlista (1846-1849) en Cataluña.

La crisis supuso la vuelta de Narváez para controlar la situación. Un gobierno que, al igual que los siguientes, actuaron de forma arbitraria. Un autoritarismo que se agudizó con Bravo Murillo, favorable a gobernar por decretos y disolver las cortes, propuestas que fracasaron por los propios moderados.

Bienio Progresista (1854-1856)

El autoritarismo provocó el levantamiento progresista, demócratas y de algunos sectores moderados que acabó con el pronunciamiento de Vicálvaro, liderado por O’Donnell.

Los sublevados realizaron el manifiesto de Manzanares, demandando la constitución de 1845, una reforma electoral, reducción de impuestos y la restauración de la milicia nacional.

La presidencia cayó en Espartero y se convocaron elecciones según la ley de 1837, dando la mayoría a los progresistas y apareciendo por primera vez los diputados demócratas.

El nuevo gobierno intentó restaurar los principios del progresismo (Milicia Nacional y la Ley Municipal) y preparó una nueva constitución que no fue promulgada, con libertad de culto y un senado elegido por elección.

Las medidas más importantes fueron la desamortización de Madoz y la Ley de Ferrocarriles, o la fundación del Banco de España.

Sin embargo, las medidas del bienio no remediaron la crisis de subsistencias, que movilizó al pueblo en las revueltas de 1854, generando un clima grave de descontento social que se unió a las discrepancias del gobierno progresista.

Espartero dimitió y el propio O’Donnell, en 1856, ayudó a derribar al gobierno que ayudó a subir al poder.

La Unión Liberal (1858-1863)

Entre 1856 y 1858 se volvió a la situación de la década moderada, hasta que en 1858 sube la Unión Liberal. La Unión Liberal tenía elementos de los moderados, pero con propuestas progresistas como la limitación de poder de la corona y la aceptación de la desamortización civil. Fue una de las épocas más estables.

Una de sus actuaciones más relevantes fue su política exterior activa para recuperar prestigio internacional en Indochina, México y Marruecos.

Pero en 1863 se evidenció la descomposición interna de la coalición y la estabilidad de años anteriores dio lugar a una rápida sucesión de gobiernos. El unionismo fue incapaz de afrontar la oposición de los moderados y la corona, y O’Donnell entregó el poder a los moderados.

La Crisis del Sistema (1863-1868)

Volvió Narváez y, con él, los principios moderados; sin embargo, la falta de apoyos y la debilidad de los diferentes gobiernos que se van a suceder va a hacer muy difícil la situación. Ante la marginación, los progresistas y otras tendencias pasaron de nuevo a la insurrección.

Se produce así el acercamiento de progresistas, demócratas y republicanos (a los que después se unirá la Unión Liberal, dirigida por Serrano), que ya no conspiran para cambiar la tendencia del gobierno, sino para derrocar a Isabel II, firmando el Pacto de Ostende (1866), que dará lugar a La Gloriosa de 1868, que supondrá la caída de Isabel II.

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