PROCESO DE DESAMORTIZACIÓN Y CAMBIOS AGRARIOS
1. INTRODUCCIÓN
La transformación de la agricultura española a lo largo del siglo XIX fue lenta e insuficiente, hecho que explica en buena medida la marginación de España del proceso de industrialización europeo.
2. LA CONSOLIDACIÓN DE LA PROPIEDAD PRIVADA DE LA TIERRA
Los gobiernos liberales del siglo XIX, especialmente los progresistas, partía de una nueva concepción jurídica de los derechos de propiedad, que implicaba la liquidación de las formas propias del Antiguo Régimen (señorío, mayorazgo, bienes comunales, manos muertas) y la consolidación de la propiedad privada de la tierra, como elemento esencial de la nueva organización capitalista de la economía. En sus decisiones influyeron los graves problemas agrarios, la resistencia de los campesinos a continuar pagando los viejos derechos feudales y la necesidad de que sectores nuevos accediesen a la propiedad y estuvieran interesados en el progreso y la modernización agraria.
Con este fin emprendieron una reforma agraria liberal que se llevó a cabo a través de un conjunto de medidas, adoptadas tras la subida al poder de los liberales en 1836, y cuyo objetivo esencial era liberar la tierra de las trabas que ponía el Antiguo Régimen al desarrollo de la propiedad privada y de la economía de mercado. Las principales medidas fueron la abolición de los señoríos jurisdiccionales, la desvinculación de la propiedad y la desamortización de las tierras en manos de la Iglesia y los Ayuntamientos. Tras las reformas, la tierra pasó a ser una mercancía que podía ser vendida y comprada libremente.
Dentro de las desamortizaciones podemos destacar por su relevancia dos:
a) La desamortización de Mendizábal: En el año 1836 el presidente Mendizábal decretó la disolución de las órdenes religiosas (excepto las dedicadas a la enseñanza y a la asistencia hospitalaria) y estableció la incautación por parte del Estado del patrimonio de las comunidades afectadas. Los bienes desamortizados fueron puestos a la venta en pública subasta a la que podían acceder todos los particulares interesados en su compra. Las tierras podían adquirirse en metálico o a cambio de títulos de la deuda pública, Mendizábal pretendía así conseguir los recursos necesarios para financiar al ejército liberal, recuperar vales de la deuda y aminorar el grave déficit presupuestario del Estado. Al mismo tiempo, los nuevos compradores constituirían unos sólidos apoyos sociales comprometidos con el triunfo del liberalismo. Más a largo plazo, las medidas deberían fomentar el desarrollo de la agricultura, al pasar la tierra a unos propietarios más emprendedores y dispuestos a introducir mejoras en las formas de cultivo.
La desamortización de Madoz: Durante el Bienio Progresista (1854-1856), el ministro Madoz impulsó una nueva ley desamortizadora que afectó a los bienes del Estado, de la Iglesia, de las órdenes militares, de las instituciones benéficas y sobre todo de los ayuntamientos (bienes de propios y comunales). Igual que en 1837, con la eliminación de la propiedad vinculada se pretendía conseguir recursos para la Hacienda e impulsar la modernización económica de España. Una buena parte de los ingresos fueron invertidos en la red de ferrocarriles, considera la pieza clave para fomentar los intercambios y el crecimiento industrial del país.
Este marco legal se completó con otra serie de medidas encaminadas a dar libertad a los propietarios para disponer de sus tierras y del producto de éstas (leyes de cercamiento, fin del privilegio del ganado, libertad de arrendamientos, etc.).
3. LOS EFECTOS DE LA REFORMA AGRARIA
La abolición de los señoríos y de los derechos jurisdiccionales no significó la pérdida de los derechos sobre la tierra de los antiguos señores, la mayoría de los cuales pudieron transformar sus antiguos señoríos en propiedad privada. Muchos campesinos pleitearon contra estas resoluciones, aspirando a poder acceder a la propiedad de las tierras que cultivaban, pero la mayoría de los tribunales fallaron sistemáticamente a favor de la nobleza, considerada propietaria natural, y solo en el caso de que los campesinos poseyeran documentos (contratos) indiscutibles les era adjudicada la propiedad. Por tanto, los campesinos quedaron libres de rentas señoriales, pero su situación mejoró poco. Tras la reforma se convirtieron en arrendatarios o asalariados de un propietario privado, y el problema del jornalerismo o de los arriendos a corto plazo se hizo aún más grave.
La desvinculación de la tierra y las desamortizaciones permitieron que miles de propiedades salieran al mercado y comportaron una profunda modificación de la propiedad territorial. Como resultado de todo este proceso, a finales del siglo XIX había cambiado de dueño miles de edificios y parcelas agrarias, y se habían incrementado y diversificado el número de poseedores.
Pero la esperanza del liberalismo progresista de que mediante la desamortización la mayoría de los medianos y pequeños campesinos se convirtieran en propietarios no se consiguió, ya que, a excepción de algunas zonas, compraron tierras quienes ya las tenían y quienes contaban con recursos para adquirirlas. Gran parte de los nuevos propietarios estaban más interesados en conseguir beneficios rápidos y rentas seguras que en invertir en la tierra y dedicarse profesionalmente a ella. De este modo, el hecho de que la mayoría de los compradores no fueran cultivadores directos ha llevado a considerar la desamortización como una de las grandes oportunidades perdidas para realizar una reforma en profundidad de las estructuras de la propiedad, que crease un buen número de medianos propietarios e incrementase la eficacia de la producción agraria.
Que la desamortización no cumpliera las grandes esperanzas de realizar una reforma en profundidad de la estructura de la propiedad no debe llevar a considerarla un fracaso, ya que cumplió con algunos de sus objetivos: financiar la guerra contra el carlismo, paliar la grave situación de la Hacienda Pública, fomentar la construcción del ferrocarril, y poner una considerable proporción de la tierra de cultivo en manos de individuos que, al haber invertido dinero en su compra, tenían mayor interés en aumentar la producción y comercializarla en los mercados, para obtener beneficios. Así, aunque de forma modesta, se mejoró el rendimiento, más por la expansión del cultivo que por la mejora de las técnicas.
4. LOS LÍMITES DEL CRECIMIENTO AGRARIO
La consecuencia más importante de la reforma agraria liberal fue el aumento de la roturación de tierras hasta entonces incultas: la superficie agraria pasó en los sesenta primeros años del siglo XIX de 10 a 16 millones de hectáreas, consiguiendo prescindir de las importaciones de cereales, salvo en ocasiones excepcionales, y permitiendo de esta forma un crecimiento sostenido de la población.
La mayor expansión de cultivos se produjo en los cereales, que en 1860 representaban el 80% del suelo agrícola español. El segundo gran protagonista fue la vid, que se convirtió en un producto de exportación. También se extendió el cultivo del maíz y, sobre todo, de la patata. Mientras la ganadería ovina y, con mayor intensidad, la lanar sufrieron un notable retroceso. Esta última como consecuencia del descenso de las exportaciones de lana, de la supresión de los privilegios de la Mesta y de las nuevas roturaciones. En cambio, aumentó la cabaña porcina.
Ahora bien, el aumento de la producción agrícola se consiguió gracias a un incremento de la superficie cultivada y no como resultado de la modernización de las técnicas de cultivo, que continuaron atrasadas con respecto a las innovaciones que se estaban produciendo en los países más avanzados de Europa. Eso no significa que el sector agrario español permaneciera estancado, pero los mediocres rendimientos a finales del siglo muestra la modestia de los progresos.
El lento aumento de la productividad, elemento clave del atraso agrícola español, puede atribuirse, en parte, a un marco natural (orografía, suelo y clima) poco favorable, pero sobre todo a una estructura de la propiedad que no fomentaba la mejora técnica. Es el caso de las pequeñas propiedades (minifundios) de la submeseta norte y de Galicia, cuya producción era insuficiente para alimentar a una familia, con lo cual toda la producción se destinaba al autoconsumo sin posibilidades de innovar o de vender el excedente en el mercado.
En el otro extremo, la gran propiedad (latifundio), predominante en Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía, tampoco ayudó a mejorar la productividad. La inmensa mayoría de estos grandes propietarios no estaba interesada en invertir para cultivar mejor, sino tan sólo en la obtención de fáciles beneficios. Esta situación frenó la innovación agrícola y sumió a la gran masa de campesinos sin tierra en unas condiciones cercanas a las de subsistencia. Además, estas grandes diferencias de renta provocaron una notable conflictividad campesina a lo largo de todo el siglo XIX.