Guerra de la Independencia Española y Revolución Liberal: 1808-1814
Entre 1808 y 1814, en España, hay dos procesos paralelos: la Guerra de la Independencia contra los franceses y el inicio de la revolución liberal en las Cortes de Cádiz.
El Reinado de Carlos IV y la Influencia Francesa
Alteradas las tradicionales relaciones con Francia por los sucesos revolucionarios, las medidas aislacionistas adoptadas para evitar su repercusión en España, primero por Floridablanca y después por Aranda, en los primeros años del reinado de Carlos IV, no consiguieron su propósito. El monarca encumbró a la máxima responsabilidad política a Manuel Godoy, favorito de su esposa María Luisa de Parma, en vísperas de la ejecución de Luis XVI en enero de 1793. España, llevada del curso de los acontecimientos y de la fidelidad familiar a la dinastía borbónica, decretó la guerra contra los franceses; es la denominada “Guerra de los Pirineos”, en la que participará en la coalición militar liderada por Inglaterra en contra de la Convención gala, y en la que los éxitos iniciales del general Ricardos no impidieron el triunfo francés y la ocupación de parte del norte peninsular. El conflicto concluyó con la Paz de Basilea de 1795, que supuso la entrega a Francia de la mayor parte de la isla de Santo Domingo. Aliados con la Francia del Directorio, la firma en 1796 del Primer Tratado de San Ildefonso nos llevó a una guerra naval contra Inglaterra, en la que derrotas como la de la batalla del Cabo de San Vicente le costaron el puesto al mismo Godoy en 1798, aunque apenas dos años después retornó a su perdida responsabilidad, después de que pasaran por la jefatura del gobierno Urquijo, Saavedra y Jovellanos. Con Napoleón en el poder, crece el intervencionismo francés en los asuntos españoles. En virtud del Segundo Tratado de San Ildefonso (1800), las tropas de Carlos IV se unían un año después a las francesas en una nueva acción militar, la “Guerra de las Naranjas” contra un Portugal aliado de los británicos, contienda que permitiría a España la recuperación definitiva de Olivenza y de la isla de Menorca, lo que reforzó el papel de Godoy. La efímera paz anglofrancesa firmada en Amiens en 1802 culminó en una nueva guerra al lado de los franceses, de nuevo con suerte adversa, pues el 21 de octubre de 1805 la derrota francoespañola en Trafalgar a manos del almirante Nelson acabó con el papel de potencia naval de España.
El Tratado de Fontainebleau y la Crisis de la Monarquía Española
A pesar de repercusiones tan negativas, España prosiguió su alianza diplomática con el gobierno de París sin observar que, destrozada su flota, Napoleón iba a olvidarse de cualquier relación equilibrada. Sus intenciones comenzaron a cobrar vida con la firma del Tratado de Fontainebleau (1807), en teoría un plan de invasión conjunta otra vez de un Portugal que no se sumaba al bloqueo continental contra los ingleses y que contó con el respaldo de Godoy por la promesa de convertirse en soberano de un futuro Reino de los Algarbes. En realidad, el ejército francés cruzaba los Pirineos poniendo en marcha el plan de ocupación del territorio español en un momento crítico para Carlos IV, soberano de una nación en plena crisis económica, política y social. La impopularidad de Godoy era cada vez más manifiesta, salpicando al soberano y su esposa, que lo avalaban en su gestión política, de modo que el mismo Príncipe de Asturias –el futuro Fernando VII–, participó en un complot que, al ser descubierto, acabó en el Proceso de El Escorial, saldado sin grandes condenas y con el perdón del padre a su levantisco hijo, quien, sin embargo, no cejó en sus propósitos hasta que se produjo el Motín de Aranjuez en marzo de 1808. Ante la presión popular, el rey accedió a la destitución de Godoy para finalmente abdicar en Fernando, pero ya era tarde para cualquier tipo de medidas: las tropas francesas ocupaban Madrid y Napoleón era el verdadero árbitro de la política española. El francés recurrió a la estratagema de su mediación entre padre e hijo para atraer a la familia real hasta Francia, donde en mayo de 1808 logró de ambos las abdicaciones de Bayona, tras las que de inmediato nombró a su hermano José rey de España.
El Levantamiento Popular y la Resistencia Española
El pueblo rechaza a José Bonaparte desde el principio. La reacción popular tiene como punto de partida el levantamiento de la población madrileña el 2 de mayo de 1808, con el que se inicia el conflicto bélico. A pesar de su fácil control por los soldados mandados por Murat, su ejemplo se extendió a todo el territorio nacional, si bien el sentimiento antifrancés no fue generalizado, pues nos encontraremos con grupos que colaborarán con el nuevo gobierno atraídos por sus ideas ilustradas y reformistas, los llamados «afrancesados». El burlonamente llamado “Pepe Botella” estará al frente de un gobierno siempre mediatizado por su hermano y basado en la Constitución de Bayona (6 de junio de 1808), una Carta Otorgada aprobada por una asamblea de notables españoles que, en realidad, acatarían la voluntad de Napoleón y su modo de entender las reformas que necesitaba la nación. Pero el rechazo a las autoridades galas cobraba cada vez más fuerza. El movimiento de resistencia se consolidaba y aparecían las Juntas Provinciales, coordinadas desde septiembre de 1808 por la Junta Suprema Central, presidida por Floridablanca y con sede en Aranjuez, aunque a impulsos de la expansión francesa acabó por trasladarse a Sevilla y posteriormente a Cádiz. Su misión se plasmó en dos procesos paralelos: la lucha contra los invasores y el desarrollo de un programa de reformas liberales expresas esencialmente en la labor legislativa de las Cortes gaditanas.
La Guerra de la Independencia: Guerrillas y Sitios
Las características propias de la guerra se derivan de la desigualdad entre los poderosos ejércitos franceses y unas tropas españolas que procuraban evitar el enfrentamiento directo a campo abierto. De ahí la importancia de dos tipos concretos de lucha: la guerrilla y los sitios. La primera es una forma espontánea y popular de resistencia en la que partidas integradas por hombres de toda condición aprovechaban su conocimiento del terreno y el apoyo de la población para hostigar continuamente al enemigo. Los segundos pretendían demorar el avance de los invasores con resistencias heroicas hasta su caída de ciudades como Zaragoza –con la actuación de personajes como el general Palafox o Agustina de Aragón– o Gerona –bajo la dirección del general Álvarez de Castro–. Otro aspecto a destacar de nuestra Guerra de la Independencia fue su carácter de guerra nacional, pues con la excepción de los “afrancesados”, la mayoría de los españoles formaron un frente “patriótico” de manera que, aunque con miras e intereses diferentes según los grupos sociales, todos se unieron al esfuerzo común por liberar a España del invasor francés.
Etapas de la Guerra de la Independencia
Tres etapas bien definidas:
1. Ocupación y Levantamiento (hasta noviembre de 1808)
El plan francés de ocupación es frenado por la resistencia popular. Cuando el general Castaños detiene a las tropas que avanzan hacia Andalucía en la batalla de Bailén (19 de julio de 1808), el desconcierto cunde en el gobierno francés, que veía como ninguno de sus cuerpos de ejército en España conseguía sus objetivos, lo que se aprovecha por los españoles para coordinarse en la Junta Suprema Central. Pero la situación dará un giro cuando el propio Napoleón acuda personalmente a España.
2. Predominio Francés (de noviembre de 1808 a julio de 1812)
El emperador entra en suelo español al frente de la Grande Armée y, aunque con algún pequeño revés como la derrota en Talavera, sus éxitos se suceden con rapidez, si bien a comienzos de 1809 Napoleón regresa a París: victorias en Somosierra, Ocaña y Uclés, capitulaciones de Zaragoza y Gerona, retirada de las tropas del inglés Moore en Galicia, etc. En 1810 la práctica totalidad de España, salvo algunos puntos de Galicia y Cádiz, quedaba en manos francesas, al igual que Portugal, con la excepción de la zona de Lisboa. Esto intensifica una lucha de resistencia abanderada por las guerrillas, en las que destacan las partidas comandadas por Espoz y Mina, Juan Martín Díaz «El Empecinado» o el Cura Merino.
3. Ofensiva Hispano-Inglesa (julio de 1812 a diciembre de 1813)
La última etapa de la guerra finalizará con la victoria de las tropas españolas, que cuentan con la decisiva ayuda de los contingentes ingleses al mando del duque de Wellington, quien consigue la importante victoria de Los Arapiles (Salamanca, julio de 1812). Desde este momento, la guerra da un giro contrario a los intereses galos, coincidente con los problemas de Napoleón en su campaña de invasión de Rusia. La evacuación francesa de Andalucía y la toma de Madrid preceden a la gran ofensiva sobre unas tropas en retirada que sufrían, ya en 1813, las derrotas de Vitoria y San Marcial. La capitulación se hacía efectiva en abril de 1814, firmando Napoleón el Tratado de Valençay que ponía fin a la guerra y devolvía la corona de España a Fernando VII.
Consecuencias de la Guerra
Destacan las siguientes consecuencias de la guerra:
- Las pérdidas demográficas (medio millón de fallecidos, más un importante número de heridos).
- Las graves alteraciones económico-sociales: desmantelamiento de las principales zonas industriales, importantes destrozos en numerosas ciudades, ruina del medio rural, etc.
- El hundimiento definitivo de la Hacienda que afectaría no sólo a todo el reinado de Fernando VII, siempre al borde de la quiebra, sino también a décadas posteriores.
- El exilio de los afrancesados.
- El incremento de la importancia del estamento militar, que comenzará a participar muy activamente en la vida política inaugurando una tendencia muy arraigada a lo largo del siglo XIX.
- Las repercusiones que llegan a América y que contribuirán decididamente a la emancipación colonial, pues los grupos criollos aprovecharon las circunstancias bélicas para organizar sus propias Juntas, muchas de ellas tendentes a un independentismo que, si bien inicialmente se frenó en la mayoría de los casos, supondría el punto de partida del proceso emancipador.
Las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812
En paralelo a la guerra se darán los primeros pasos en España de la revolución liberal o burguesa. La Junta Suprema Central estuvo integrada por miembros de distintas tendencias. Se adoptaron medidas tanto para la organización de la resistencia como para la reorganización política. La Junta decidió la convocatoria de Cortes; se decidió que debían ser constituyentes y compuestas por diputados elegidos por votación, aunque aparecieron disputas en cuestiones como la unicameralidad o bicameralidad. Estas posiciones contrarias son fruto de la existencia de dos corrientes: los absolutistas, más conservadores, y los liberales, de talante más progresista.
En 1810 la Junta Suprema Central se autodisolvió, entregando el gobierno a un Consejo de Regencia que procedería a convocar las elecciones a Cortes en junio de aquel año. Los diputados electos se encaminaron a Cádiz, aunque las circunstancias bélicas impidieron el traslado a la ciudad de un buen número de representantes provinciales. En la sesión inaugural (24 de septiembre de 1810), Muñoz Torrero proclamaba ya el gran objetivo de estas Cortes: la construcción de un nuevo orden político, cuyo pilar básico sería la elaboración de una Constitución. En las sesiones se distinguirán tres tendencias fundamentales: los absolutistas y liberales que acabamos de citar, más una corriente intermedia entre ellas, la de los jovellanistas, quienes, aun abogando por la necesidad de reformas, ponían límite a las ansias revolucionarias con su respeto a muchos de los elementos del Antiguo Régimen. A pesar de sus discrepancias, se respetaron instituciones tradicionales, como la Iglesia o la Corona, acuerdo del que derivan algunas de las contradicciones que los estudiosos observarán en la futura Constitución, que se aprobó el 19 de marzo de 1812, conocida popularmente como “La Pepa”. La más extensa de nuestra historia. La informan tres principios esenciales: soberanía nacional, división de poderes y un nuevo concepto de representación, pues desaparecía la representación estamental de las Cortes del Antiguo Régimen.
Principales Instituciones y Derechos en la Constitución de 1812
Corona, Ministerios y Cortes son las tres principales instituciones reconocidas en el texto gaditano:
- El Rey. Se reconocía su inviolabilidad y se le concedía de modo exclusivo el poder ejecutivo, aunque cualquier Orden real debía llevar la firma del ministro correspondiente. Tenía además la potestad de promulgar, sancionar y ejercer de modo limitado el veto suspensivo.
- Los ministros. Nombrados y cesados libremente por el monarca, el cargo era incompatible con el de diputado.
- Las Cortes. Unicamerales, con diputados elegidos por un complicado sistema indirecto articulado en cuatro fases, en la que sólo en la primera se aprecia el sufragio universal masculino. Estaban obligadas a una reunión anual con una duración mínima de tres meses, funcionando una Diputación permanente para atender los asuntos de urgencia. Tenían competencias que se irán repitiendo en textos constitucionales posteriores: ejercer la función legislativa, controlar las finanzas y gastos públicos, la enseñanza y la administración, vigilar el respeto a la propia Constitución, nombrar en su caso la Regencia y tomar juramento al rey, etc.
También contiene el articulado una declaración de derechos que aparecen repartidos a lo largo del texto: propiedad, libertad civil, libertad de imprenta, igualdad ante la ley, derecho de petición, etc. En el caso de la cuestión religiosa no supuso una ruptura con el catolicismo tradicional, como se observa en su artículo 12: “la religión de la Nación española es y será perpetuamente la católica (…)”. En suma, la Constitución de Cádiz no sólo supuso una reforma política, sino también un cambio social basado en los principios de libertad, igualdad y propiedad, colocando, en oposición a la estamental del Antiguo Régimen, los cimientos de la sociedad de clases.
Labor Legislativa de las Cortes y Abolición del Régimen Señorial
Las Cortes realizaron también una notable tarea legislativa, de amplia repercusión en aspectos económicos y sociales tales como la extinción de las aduanas interiores y de los gremios, la desamortización de bienes de propios y baldíos, la desaparición de los privilegios de la Mesta, la eliminación del mayorazgo, la abolición de la Inquisición y la continuación de la desamortización eclesiástica. Medida muy importante fue el Decreto de 6 de agosto de 1811 por el que se aboliría el régimen jurisdiccional de los señoríos, acuerdo que no atentó en demasía contra el poder económico de la nobleza, aunque la privó del ejercicio de la administración de justicia y de la percepción de las rentas derivadas de esta potestad jurisdiccional.
El Regreso de Fernando VII y el Fin del Proceso Revolucionario
Con el fin de la contienda, las Cortes se trasladaron a Madrid esperando el regreso de “El Deseado”, pero cuando éste retornó acabó, al menos temporalmente, con el proceso revolucionario iniciado en Cádiz. Con un ambiente internacional favorable a esta vuelta al Antiguo Régimen, propio de los aires restauracionistas que dominaron el Congreso de Viena, y el aliento proporcionado por el “Manifiesto de los Persas”, el monarca promulgó en mayo de 1814 los Decretos de Valencia que derogaron toda la obra legislativa de las Cortes gaditanas. Comenzaba así el Sexenio Absolutista.