España en el Siglo XIX: De Fernando VII a Isabel II
Contexto Inicial: La Sucesión de Fernando VII
Fernando VII falleció en 1833, dejando como heredera a su hija Isabel, de tan solo tres años. La controversia sucesoria se desató debido a la Ley Sálica, que impedía el acceso de las mujeres al trono. Fernando VII la había derogado mediante la Pragmática Sanción, asegurando así los derechos de su hija. Sin embargo, el infante don Carlos, hermano de Fernando VII, no reconoció esta legislación y se autoproclamó rey, contando con el apoyo de los carlistas, defensores del absolutismo y la monarquía tradicional.
La Primera Guerra Carlista (1833-1840)
Las insurrecciones carlistas se concentraron principalmente en el norte de la península (Navarra y País Vasco), el Pirineo catalán y el Maestrazgo, respaldadas por el clero, el campesinado y la nobleza agraria. Inicialmente, la causa de Isabel fue apoyada por la nobleza cortesana y los funcionarios, pero la regente María Cristina se vio obligada a pactar con los liberales para hacer frente a los carlistas.
La guerra se inclinó inicialmente del lado carlista, que extendió su dominio por el norte peninsular, aunque sin tomar ciudades importantes. La muerte de uno de sus líderes principales, Zumalacárregui, en el sitio de Bilbao, y el triunfo del general liberal Espartero en 1836, cambiaron el curso de la contienda a favor de los isabelinos. Un episodio destacado fue la Marcha Real (1837), en la que don Carlos intentó llegar a Madrid.
El conflicto finalizó con el Abrazo de Vergara (1839) entre Espartero y Maroto, debido al desgaste de las tropas carlistas y la división interna entre transaccionistas e intransigentes. El Convenio de Vergara garantizó el mantenimiento de los fueros en Navarra y el País Vasco, así como la integración de las tropas carlistas en el ejército nacional.
La Regencia de María Cristina (1833-1840)
Durante la guerra, María Cristina ejerció como regente, un periodo marcado por la inestabilidad política, la sucesión de gobiernos, el enfrentamiento entre diferentes ideologías y la creciente influencia de los militares.
Inicialmente, María Cristina se apoyó en los antiguos parlamentarios de las Cortes de Cádiz, nombrando a Cea Bermúdez como presidente del gobierno, quien implementó una política centralista e inmovilista. Javier de Burgos elaboró la División Provincial (1833) del territorio. El centralismo del gobierno disgustó a los liberales, lo que llevó a María Cristina a ceder el poder a Martínez de la Rosa, quien elaboró el Estatuto Real (1834), un conjunto de normas para la elaboración de las Cortes. Sin embargo, estas reformas fueron consideradas insuficientes por una parte del liberalismo, lo que evidenció la división entre moderados y progresistas.
Moderados y Progresistas: Dos Visiones del Liberalismo
Los moderados, de corte más conservador, contaban con el apoyo de antiguos carlistas, la alta burguesía y parte del ejército. Abogaban por reformas lentas, un centralismo administrativo y la soberanía compartida entre el rey y las Cortes, otorgando amplios poderes al monarca en el ámbito legislativo. Defendían un sufragio censitario muy restrictivo y la confesionalidad del Estado (católico, apostólico y romano). Su líder fue Narváez, y su política se caracterizó por la eliminación de elementos progresistas, como la Milicia Nacional y las libertades individuales.
Los progresistas, por su parte, eran partidarios de un avance más rápido hacia el liberalismo. Respaldados por la burguesía, las clases populares urbanas, los funcionarios y otras profesiones liberales, impulsaron reformas de gran calado, como las desamortizaciones, para desmantelar el Antiguo Régimen. Defendían la soberanía nacional, una división de poderes más completa, un sufragio menos censitario y la aconfesionalidad del Estado. Abogaban por una administración descentralizada a nivel local y legislaban a favor de las libertades individuales y la Milicia Nacional. Su líder fue Espartero.
El Gobierno de Mendizábal y la Desamortización
Las reformas de Martínez de la Rosa resultaron insuficientes, lo que provocó levantamientos populares, la creación de Juntas en las ciudades y el auge de la Milicia Nacional en 1835. Ante esta situación, María Cristina nombró a Mendizábal como jefe de gobierno. Para obtener recursos para la Guerra Carlista, Mendizábal llevó a cabo la primera desamortización, expropiando los terrenos del clero para su posterior venta en subasta pública.
Esta medida generó presiones por parte de los privilegiados y revueltas populares. El levantamiento militar conocido como la Sargentada de La Granja obligó a la reina a destituir a Mendizábal y a nombrar a Calatrava como presidente del gobierno.
El Gobierno de Calatrava y la Constitución de 1837
Calatrava, de ideología progresista, implementó una serie de reformas para acabar con el Antiguo Régimen e instaurar el liberalismo, incluyendo una reforma agraria (disolución de señoríos y mayorazgos), la abolición de la Mesta y los gremios, la liberalización de la industria y el comercio, y la promulgación de una nueva Constitución en 1837, que adaptaba la de 1812.
La Constitución de 1837, de carácter liberal progresista, establecía la soberanía nacional, una división de poderes incompleta (con el rey en el ejecutivo y con derecho de veto) y un poder legislativo dividido en dos cámaras. Definía un Estado aconfesional, aunque obligado a mantener la religión católica. Posteriormente, se promulgaron leyes complementarias, como la Ley de Imprenta, que eliminó la censura, y la Ley Electoral, que estableció un sufragio censitario.
El Giro Moderado y la Ley de Ayuntamientos
Tras la Constitución de 1837, se convocaron nuevas elecciones que fueron ganadas por los moderados, lo que se tradujo en una limitación de las medidas del gobierno anterior: se restringió la libertad de imprenta, se decretó la devolución de las tierras del clero que no habían sido vendidas y se impuso la Ley de Ayuntamientos, que otorgaba al rey la potestad de nombrar a los alcaldes de las poblaciones de más de 2000 habitantes, y al Gobernador Civil la de los municipios más pequeños.
La Regencia de Espartero (1840-1843)
En 1840, una serie de revueltas provocaron la dimisión de María Cristina, quien entregó el gobierno a Espartero. El general progresista gobernó de forma autoritaria, sin contar con las Cortes en la toma de decisiones. Una de sus medidas más relevantes fue la apertura del mercado al comercio exterior en 1842. La llegada de productos extranjeros, especialmente de Gran Bretaña, amenazó la industria textil catalana, lo que generó numerosos levantamientos. Espartero respondió bombardeando Barcelona, lo que le valió la enemistad de la burguesía catalana. La pérdida de apoyos fue aprovechada por los moderados Narváez y O’Donnell para forzar la dimisión de Espartero en 1843. Las Cortes adelantaron la mayoría de edad de Isabel II, quien fue proclamada reina.
La Década Moderada (1844-1854)
La primera etapa del reinado de Isabel II estuvo dominada por los gobiernos moderados. Bajo la consigna de «orden y autoridad», Narváez implementó una política centralista. Se promulgó la Constitución de 1845, que pretendía adaptar la de 1837 a las ideas del liberalismo doctrinario. Esta Constitución establecía la soberanía conjunta entre el rey y las Cortes, otorgando amplios poderes al monarca (derecho de veto, capacidad para nombrar senadores). El poder legislativo se dividió en dos cámaras y se estableció un sufragio muy censitario. Se suprimió la Milicia Nacional y las libertades fueron restringidas mediante leyes orgánicas posteriores. El Estado volvió a ser confesional católico, tal y como establecía el Concordato con la Santa Sede, que obligaba al Estado a mantener económicamente a la Iglesia (como compensación por la desamortización de Mendizábal) y a subordinar la educación a la religión.
La administración fue jerarquizada y centralista: a nivel local, el nombramiento de alcaldes volvió a ser regulado por el Estado; y a nivel estatal se organizaron las provincias y se elaboró la primera ley de acceso a la función pública. La necesidad de un cambio en la estructura económica se evidenció en la reforma fiscal (Ley Mon). Asimismo, se unificó el Código Penal y se elaboró un proyecto para el Código Civil. También se promulgó la primera Ley de Educación, la Ley Moyano, y se introdujo el sistema métrico decimal. Para vigilar el orden público, tras la supresión de la Milicia Nacional, se creó la Guardia Civil (por decreto).