La Constitución de 1869
La primera constitución democrática de España, promulgada en 1869, se caracterizó por:
- Establecer un régimen de monarquía basado en la soberanía nacional.
- Recoger una declaración de derechos y libertades como el derecho de reunión, de asociación, el juicio por jurados, el sufragio universal y directo para los hombres mayores de 25 años y la libertad de culto.
- Impulsar la división de poderes y la descentralización.
- Definir las Cortes como bicamerales (Congreso y Senado), con la capacidad de aprobar leyes y ejercer la iniciativa legislativa (poder legislativo).
- Establecer un ejecutivo, de acuerdo con el principio de «rey reina pero no gobierna», desempeñado por los ministros.
- Promover la independencia y la democratización de la justicia.
Sin embargo, el mayor problema de esta etapa fue encontrar un rey, ya que ni Isabel II ni su heredero (Alfonso XII), ni la opción carlista eran opciones válidas.
La oposición al gobierno progresista
Los mayores problemas a los que se enfrentó el gobierno progresista fueron:
- El descontento de los republicanos por la trayectoria monárquica que el Gobierno provisional impuso a la revolución. Por otra parte, los carlistas también se oponían al gobierno.
- Las crisis agrarias de 1867–1868 que desataron la rebeldía del campesinado andaluz. El fracaso de la sublevación produjo el desengaño del campesinado hacia los partidos políticos. Desde 1872, con la introducción en España de la I Internacional, en su versión anarquista, apolítica y colectivista, encontró eco en ese campesinado desengañado.
- La escasez, la carestía y la protesta contra los consumos y las quintas que provocaron motines populares urbanos. Surge la huelga.
- La guerra de Cuba (1868–1878), otro problema de gran envergadura. La falta de respuesta por parte del gobierno y las ansias independentistas cubanas provocaron un movimiento secesionista dirigido por Céspedes.
Monarquía de Amadeo de Saboya (1871–1873)
La elección de Amadeo de Saboya por las Cortes Constituyentes (octubre de 1870) como nuevo Rey de España no fue unánime (191 votos a favor y 100 en contra). Era el candidato de Prim y cuando éste fue asesinado en 1870 perdió a su mayor apoyo. Amadeo I, con el rechazo aristocrático y popular, tuvo que enfrentarse a graves problemas. Prim había mantenido unida la coalición monárquico–democrática y su muerte provocó su descomposición. Los unionistas se alejaron del nuevo régimen y se acercaron a los partidarios de la solución alfonsina. En el seno del partido más sólido de la coalición, el Progresista, se produjo la ruptura: por un lado Sagasta, con la parte constitucionalista, y por otro Ruiz Zorrilla, con el sector más radical. También se oponían a él la Iglesia católica (por la cuestión de la libertad política), la nobleza (por la desamortización) y la burguesía industrial y financiera (por la cuestión de la esclavitud en Cuba). El carlismo cobró un nuevo impulso tras el destronamiento de Isabel II, iniciando una tercera guerra carlista a favor de Carlos VII (1872–1876). Amadeo I tuvo graves problemas como gobernante y se vivió una fuerte inestabilidad política (tres elecciones y seis cambios de gobierno en treinta meses). Aprovechando un problema militar en el cuerpo de artillería, abdicó en febrero de 1873.
La cuestión cubana
El mayor problema de la Monarquía Democrática fue el de Cuba. La alta burguesía española obtuvo sus grandes fortunas de Cuba; asimismo, los antiabolicionistas tuvieron un importante papel en el movimiento alfonsino, siendo el marqués de Manzanedo uno de los principales inspiradores del movimiento antiabolicionista. Los problemas, en primer lugar, derivaban del hecho de que entre la sociedad cubana y la española las diferencias eran crecientes. Los productores de azúcar y tabaco concedían cada vez más importancia a Estados Unidos como mercado natural, mientras que se agudizaban las tensiones entre criollos y peninsulares. Había también una cuestión político–administrativa: el Capitán General, autoridad suprema en Cuba, tenía unos poderes que equivalían a los de un monarca absoluto. La distancia y la inestabilidad política en la Península impedían que desde ésta se ejerciera el poder con decisión y coherencia. De hecho, el Capitán General en el momento, Francisco Lersundi, adoptó una política de dura represión que fue ya irreversible al poco tiempo. La sublevación aconteció muy poco después de la revolución, tras el llamado grito de Yara (octubre de 1868). Su foco principal se situó en el oeste de la isla y tenía como principales líderes a Maceo y Gómez. La «guerra larga», en realidad, no fue más que una interminable guerrilla que tardó diez años en ser erradicada. Una buena parte de los dirigentes republicanos y alguno de los intelectuales más conocidos formó parte de la sociedad abolicionista de la esclavitud, cuestión que estaba planteada en la política española en torno a 1872–1873.