Panorama del Reinado de Alfonso XIII y la Crisis de la Restauración
El sistema de la Restauración se vio alterado por la intervención del rey en política, el fallecimiento de Cánovas y Sagasta, la corriente crítica regeneracionista, los regionalismos políticos, el fortalecimiento del movimiento obrero, la inquietud del Ejército tras el Desastre del 98, la guerra de Marruecos, el cambio social provocado por el crecimiento demográfico y económico, y la estrechez del sistema ante el advenimiento de las masas.
El Regeneracionismo Político: Un Intento de Reforma
El regeneracionismo fue un intento de reforma del sistema desde dentro para adaptarlo a las nuevas demandas sociales y poner remedio a la decadencia de España. La derrota del 98 hizo surgir críticas hacia el funcionamiento del sistema político y la mentalidad derrotista y conformista del país. Los llamados “regeneracionistas” (Despensa y Escuela), como Silvela, Canalejas y Joaquín Costa, atacaron la corrupción de los partidos políticos y el sistema canovista basado en el caciquismo. Se denunciaba el atraso económico y social de España y se proponía su modernización política, social y económica buscando el bien común y no solo los intereses de las clases oligárquicas.
Los gobiernos conservadores (de 1902 a 1905 con Silvela, Fernández Villaverde, etc.) y liberales (de 1905 a 1907 con Montero Ríos, Moret, etc.) se plantearon esta reforma, pero fracasaron por sus disputas internas y la ausencia de un líder aglutinador. De este proceso salieron dos nuevos líderes: Maura (conservador) y Canalejas (liberal). Silvela, con su “verdadera revolución desde arriba”, creó dos nuevos ministerios: el de Instrucción Pública, equivalente al de Educación, que luchó para reducir el analfabetismo, y el de Agricultura. Asimismo, se aprobó una legislación social que reguló los accidentes laborales, seguridad social para los jornaleros del campo o el trabajo de mujeres y niños.
Cuestiones Clave del Período
- La conflictividad con huelgas en Barcelona, Bilbao y zonas rurales de Andalucía y crecimiento del PSOE y la UGT.
- La cuestión religiosa: se denuncia el poder de la Iglesia en la enseñanza y se pide la limitación de congregaciones religiosas y la regulación del matrimonio civil.
- El problema militar: Ejército macrocefálico (demasiados oficiales para pocas tropas). Además, se le responsabiliza del 98, sobre todo en Cataluña, motivo por el que los militares identifican nacionalismo con independencia.
- Nacionalismo: Ante el gran perjuicio económico que supuso la pérdida de las colonias, en Cataluña crece el sentimiento nacional. Se forma la Liga Regionalista (1901) de Prat de la Riba y Cambó y tendencia nacionalista.
Tras el asalto por parte del Ejército de las sedes de varias revistas satíricas catalanas como Cut-Cut, el Gobierno liberal presentó su Ley de Jurisdicciones (1906) por la que los delitos de injurias al Ejército y a la bandera serían juzgados por tribunales militares. En respuesta, las principales fuerzas nacionalistas catalanas formaron Solidaridad Catalana.
En 1906 se celebró la Conferencia internacional de Algeciras para solucionar la Primera Crisis Marroquí que enfrentaba a Francia y Alemania por establecer un protectorado propio en Marruecos, decidiéndose finalmente que se estableciese un protectorado francés al sur de Marruecos y uno español al norte, lo que obligaba a España a ejercer un protectorado en dicho territorio.
Gobierno de Maura (1907-1909)
Maura también intentó una “revolución desde arriba” con medidas de impulso económico y social desde el Estado, como fueron la Ley de Protección de la Industria Nacional, el plan de reconstrucción naval, así como en el ámbito rural la Ley de Colonización Interior o la de Sindicatos Agrarios, una reforma laboral que mejoraba algo la condición de los obreros; la creación del Instituto Nacional de Previsión (1908), futura Seguridad social; y la Ley electoral de 1907, que declaraba obligatorio el voto, pero que no acabó con el fraude y la oligarquía local rechazó su Ley de Administración Local (Ley de Mancomunidades) que otorgaba más atribuciones a los ayuntamientos en sanidad, obras públicas y orden público. Los sucesos de la Semana Trágica (1909) provocaron su dimisión.
Gobierno de Canalejas (1910-1912)
Canalejas sucedió al también liberal Moret y llevó a cabo un regeneracionismo político de mayor alcance: nuevas leyes laborales (arbitraje del Estado en los conflictos laborales, reducción de jornada laboral, prohibición del trabajo nocturno, regulación del trabajo femenino, legislación sobre accidentes de trabajo, regulación sobre la huelga); eliminación del impuesto de consumos; efímera Ley del Candado (1910), que frenaba la instalación de órdenes religiosas; y Ley de Reclutamiento (1912), que impulsó el servicio militar obligatorio sin distinciones en caso de guerra (eliminación de las redenciones en metálico). Su asesinato truncó estas reformas, dividió a su partido y sumió al turnismo político en una larga agonía en la que la estabilidad del sistema peligraba.
Gobiernos Posteriores y la Primera Guerra Mundial
Gobierno conservador de Dato (1913-1915), Gobiernos liberales de Romanones y García Prieto (1915-1917), vuelta de Dato (1917) y Gobiernos de concentración nacional (1917-1923): Dato permitió la creación de la Mancomunidad de Cataluña (1914). La Primera Guerra Mundial pilló desprevenida a España, la cual declaró su neutralidad por su política aislacionista desde el s. XIX, por su debilidad diplomática, económica y militar y por la división de la sociedad española en dos bandos: aliadófilos (izquierdas) y germanófilos (derechas). La posición de no beligerancia proporcionó una oportunidad única para el desarrollo de la industria española, pero no fue aprovechada en toda su plenitud. En lo positivo, hubo un aumento de las exportaciones hacia los países beligerantes (Triple Entente), que conllevó un crecimiento industrial y supuso la recogida de beneficios que favorecieron a las clases medias y altas. En lo negativo, el conflicto trajo la repatriación de emigrantes que hizo aumentar el paro, hubo un fuerte proceso de inflación y un aumento de la las protestas promovidas por unas organizaciones obreras cada vez con mayor número de afiliados (UGT y CNT) que culminaría en la crisis de 1917. En definitiva, la Gran Guerra distanció a las clases sociales beneficiadas por el aumento de las exportaciones (productores) de las perjudicadas por el aumento de los precios (clases populares) enfrentándose y aumentando el malestar social y político. El asesinato de Dato (1921) y el fracaso de los sucesivos gobiernos para resolver la crisis hicieron que el rey aceptase la solución militar de Primo de Rivera.
La Crisis del Régimen: Hitos Fundamentales
Semana Trágica de Barcelona (1909)
Explosión de descontento popular motivada por el paro en el sector textil y la llamada de los reservistas (personas que ya tenían el servicio militar cumplido y estaban casadas con hijos) a la guerra de Marruecos, agudizada por el desastre del Barranco del Lobo, y que acabó convirtiéndose en una protesta anticlerical por la influencia política del clero, su control de la enseñanza y su talante antiliberal (quema de 63 iglesias y conventos). Hubo un centenar de muertos y el Gobierno reprimió con dureza a los amotinados, que incluían a republicanos, anarquistas y catalanistas: 1500 detenciones y 5 ejecuciones. El fusilamiento del pedagogo anarquista Ferrer Guardia, fundador de la Escuela Moderna, provocó protestas por toda Europa y América, y, ante la falta de apoyo liberal, Maura dimitió. El rey intentó impedirlo, lo que produjo el desprestigio de la Monarquía.
Crisis de 1917
Causas:
- El fin del turnismo y la crisis de los partidos conservador y liberal, debida a la Semana Trágica, al asesinato de Canalejas, y a su falta de liderazgo y mutuo entendimiento.
- El fortalecimiento de los marginados del sistema: republicanos (partidos Radical de Lerroux y Reformista de Melquíades Álvarez), partidos y sindicatos obreros (PSOE, UGT y CNT) y nacionalistas de derechas (Lliga Regionalista de Cambó y PNV) e izquierdas (Partido Republicano Catalán de Companys).
- La crisis económica, debida a la gran exportación de materias primas en la Primera Guerra Mundial que provocó el aumento de los precios y la conflictividad social.
Todos estos problemas se precipitaron en una crisis caracterizada por tres elementos:
- Juntas Militares de Defensa: Surgen por el descontento con el gobierno de Romanones, responsable de la pérdida del poder adquisitivo militar y del favoritismo en la concesión de destinos. Concebidas como una especie de sindicatos militares encargados de defender sus intereses económicos (aumento de salarios) y profesionales (sistema de ascensos). El Gobierno intentó disolver las Juntas y detener a sus dirigentes por rebeldía, pero estos se negaron a desaparecer y contaron con el apoyo del rey, por lo que el Gobierno tuvo que admitir sus peticiones y reconocer oficialmente el movimiento en junio de 1917. Con su Manifiesto, el Ejército recuperó su protagonismo en la política como garante de la unidad nacional, el orden público, etc.
- Asamblea de Parlamentarios: Especie de “parlamento alternativo” con diputados de toda España (catalanistas, republicanos y socialistas), formado a iniciativa de Cambó para intentar modificar definitivamente el sistema de Cánovas. Surgió en julio de 1917 tras haber decretado el Gobierno la censura de prensa y la suspensión de las garantías constitucionales y de las Cortes y originó un movimiento civil que exigió la convocatoria de Cortes constituyentes, la autonomía para Cataluña y el reconocimiento de la plurinacionalidad para España. El rechazo de estas peticiones por parte de las Juntas de Defensa, que se situaron junto al Gobierno, facilitaron la disolución de la asamblea, que, no obstante, contribuyó al fin del turnismo al constituirse el primer Gobierno de concentración nacional (conservadores, liberales y la Lliga de Cambó) presidido por García Prieto.
- Huelga General: Convocada por socialistas y anarquistas ante la pérdida de poder adquisitivo obrero, tuvo éxito en las principales capitales y centros fabriles (Asturias, País Vasco, Madrid, Barcelona), pero apenas en zonas como Andalucía (jornaleros), y el Gobierno la reprimió con el ejército. El miedo a una revolución social que provocó esta huelga frenó el reformismo de la Asamblea de Parlamentarios y acercó a las Juntas de Defensa y al rey, pero también demostró el poder de movilización que tenían los sindicatos e inculcó en el ejército el poder que tenían sus intervenciones en el mantenimiento del orden.
Crisis de 1919
En los años siguientes (1918-1923) se intensificó la crisis económica, puesto que a la inflación de los años de guerra se unió la contracción de la demanda, que junto con el cierre de empresas, el aumento del paro y rebajas salariales generalizadas provocaron un aumento del malestar generalizado y de la violencia protagonizada por campesinos y obreros (trienio bolchevique, 1918-1921). En febrero de 1919 se inició la huelga de la fábrica de electricidad La Canadiense que paralizó Barcelona y conquistó la jornada de ocho horas. Pero el movimiento huelguístico se volvió violento y político, y los empresarios replicaron al Sindicato Único (CNT) con el cierre patronal, el pistolerismo (contratación de pistoleros a sueldo) y los medios represivos del Gobierno (Ley de Fugas por la que se dispara contra el preso que intenta huir). Esto cimentó la estrecha alianza entre la burguesía catalana y el Ejército.
Guerra de Marruecos (1909-1927)
En la Conferencia de Algeciras (1906) España obtuvo el Rif, cuya conquista fue vista por Maura y el Ejército como una cuestión de honor y prestigio nacional. Sin embargo, la fuerte resistencia de los rifeños de Abd-el-Krim dividió a los políticos sobre la conveniencia de la guerra, y acentuó el descontento popular por el mantenimiento de los soldados de cuota. Los militares también se dividieron en africanistas (ascendidos por méritos de guerra en Marruecos) y juntistas (en la Península y sometidos al ascenso por escalafón). El clímax fue el Desastre de Annual (1921) que ocasionó 10.000 bajas y del que se responsabilizó al Ejército, al Gobierno (intereses en la minas de hierro del Rif) y a la Monarquía (el rey era uno de los más firmes partidarios de la expansión militar en Marruecos por intereses económicos e intervencionismo real). La incapacidad de los Gobiernos de concentración nacional para resolver esta crisis, asegurar el orden y la estabilidad, el temor por los terratenientes, la burguesía y gran parte de la clase media española a la radicalización social y a una posible revolución comunista junto con el desprestigio de los militares, fueron los argumentos que utilizó el general Miguel Primo de Rivera para dar un golpe de Estado contra la legalidad constitucional en septiembre de 1923. El rey Alfonso XIII, saltándose la Constitución y el Parlamento, le nombró presidente del Gobierno.
La Segunda República Española
La Segunda República llegó en un contexto internacional desfavorable: crisis económica mundial tras la crisis de 1929 y la posterior depresión económica que conllevó la caída de las exportaciones españolas, falta de inversión extranjera, evasión de capitales, devaluación de la peseta y crecimiento del paro. En el plano político hubo una radicalización política con el desarrollo de los totalitarismos: comunismo y fascismo.
Gobierno Provisional (1931)
Compuesto entre otros por Alcalá-Zamora -presidente- y Maura (Derecha Liberal Republicana), Largo Caballero y Prieto (PSOE), Azaña (Acción Republicana), Lerroux y Martínez Barrio (Partido Radical) y Casares Quiroga (Organización Republicana Gallega Autónoma), inició una intensa labor legislativa (se pasó a la reserva a los militares que no jurasen lealtad a la República, se crearon escuelas públicas, se estableció la jornada laboral de ocho horas, etc.) y tuvo que enfrentarse a la proclamación de la República Catalana dentro de la Federación Ibérica por Francesc Macià (Esquerra Republicana de Catalunya), a las huelgas convocadas por la CNT y a la agitación anticlerical en respuesta a la pastoral del cardenal Segura oponiéndose a la República. Tras la creación de un Gobierno provisional para Cataluña llamado Generalitat, el Gobierno central se comprometía a patrocinar la elaboración y aceptación de un Estatuto de Autonomía. El nuevo Gobierno no reprimió la quema de edificios religiosos, lo que alejó a parte de los católicos españoles del nuevo régimen. Para evitar mayor tensión se expulsó al cardenal Segura de España en mayo de 1931. En este contexto se convocaron Cortes Constituyentes. La mayoría de izquierdas resultante aprobó sin consenso una Constitución (9 de diciembre) que definía a España como una república democrática de trabajadores de toda clase, un Estado integral compatible con la autonomía de los municipios y de las regiones (se sentaban las bases de los futuros estatutos de autonomía), y establecía la soberanía popular y la separación de poderes (el legislativo residente en unas Cortes unicamerales -Congreso- elegidas cada 4 años con amplia capacidad legislativa, control político del Gobierno y que nombraba al presidente de la República; el ejecutivo en un presidente de la República -el primero fue Alcalá-Zamora-, de elección indirecta, que podía disolver como máximo dos veces las Cortes y nombrar y destituir a un presidente de Gobierno, y este a los ministros que eran ratificados por las Cortes; el poder judicial recuperó la institución del jurado y se creó un Tribunal de Garantías Constitucionales encargado de resolver los recursos de inconstitucionalidad que se interpusiesen a las leyes que se aprobasen en el futuro), derecho al voto de la mujer (mayores de 23 años), amplios derechos sociales e individuales (matrimonio civil, divorcio, equiparación de los derechos de los hijos legítimos e ilegítimos, derecho a una educación primaria y gratuita, etc.), y separación Iglesia-Estado, con la eliminación de la financiación estatal de la Iglesia, la aconfesionalidad del Estado, libertad de cultos y enseñanza laica. Se prohibió a las congregaciones religiosas ejercer la enseñanza, el comercio y la industria. Se disolvió la Compañía de Jesús, cuyos bienes fueron nacionalizados. Estos artículos de tipo religioso fueron atacados por la Iglesia y los partidos de derechas y ello supuso la sustitución de Alcalá Zamora como jefe de Gobierno por Manuel Azaña. Se reconocía el derecho a la propiedad privada, pero quedaba subordinada a los intereses de la economía nacional, pudiendo recurrir a la nacionalización y explotación “en razón de su utilidad social”.
Bienio Reformista (1931-1933)
Con Alcalá Zamora como presidente de la República, Azaña presidió un Gobierno con republicanos de izquierda, socialistas, ERC y la ORGA, que planteó un programa reformista demasiado ambicioso para la realidad del país en ese momento:
Cuestión Religiosa
La Iglesia católica era vista por parte de la sociedad como un lastre para el desarrollo y la modernización, por lo que el Gobierno adoptó una serie de medidas que, sin embargo, dividieron más a la sociedad: disolvió la Compañía de Jesús y confiscó sus bienes, control estatal de las congregaciones religiosas, prohibió al clero ejercer la enseñanza, suprimió la retribución del clero, implantó el divorcio y secularizó los cementerios que pasaron a control de los municipios. Se desarrollaron la Ley del Divorcio de 1932 y la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas de 1933, por la que el Estado dejaba de realizar aportaciones a la Iglesia y ordenaba el cierre de los centros docentes religiosos con la idea de eliminar al clero del sistema educativo, lo que desencadenó una nueva ofensiva del clero y de la prensa católica.
Problema Militar
Azaña continuó, no sin polémica, las medidas para modernizar y democratizar el Ejército, que seguía muy ligado a la Monarquía y veía con recelo la autonomía regional: anuló la Ley de jurisdicciones de 1906, suprimió las capitanías generales, redujo el número de Divisiones, cerró la Academia Militar de Zaragoza (considerado centro africanista y antirrepublicano) y creó la Guardia de Asalto, una policía afecta a la República, no atreviéndose a disolver la Guardia Civil. Para combatir la macrocefalia, aprobó la Ley de retiro de la oficialidad que ofrecía la jubilación anticipada con el sueldo íntegro a un buen número de oficiales o su cese posterior sin indemnización. Parte de la oficialidad, a pesar de su juramento de fidelidad a la República, emprendieron una dura campaña contra el nuevo régimen. Los sectores políticos conservadores acusaron a Azaña de triturar al Ejército.
Problema Regional
Ejército y partidos conservadores lo veían como un peligro para la unidad de España. Tras el fracaso del pronunciamiento del general Sanjurjo (Sanjurjada), se aprobó el Estatuto de Cataluña (1932), por el que Cataluña se convertía en una región autónoma con gobierno (Generalitat) y parlamento propios (presididos por Macià y Companys, respectivamente), reservándose el gobierno central el orden público, la defensa nacional y las relaciones exteriores. La aprobación de un estatuto para el territorio vascuence no prosperó por su rechazo en Navarra, el insuficiente apoyo en Álava y el cambio de Gobierno en 1933. Otras regiones iniciaron los trámites, pero no llegaron a realizarse por el estallido de la guerra (Galicia, Aragón, Valencia).
Reforma Educativa
La reforma educativa, basada en las ideas del regeneracionismo para superar el atraso español mediante un buen sistema educativo. La base era hacer de la educación gratuita y laica un derecho universal. Se construyeron nuevas escuelas y se duplicó el número de maestros, se implantó la coeducación y se alentaron novedades pedagógicas como las actividades al aire libre, clases de música, educación física, y el abandono de castigos físicos y humillantes en el aula. Se extendió la cultura popular, se multiplicó la red de bibliotecas en las escuelas primarias y se crearon las Misiones Pedagógicas, destinadas a la extensión de la cultura en las áreas rurales.
Reforma Laboral
Iniciada desde el Ministerio del Trabajo por el socialista Largo Caballero, aprobó la Ley de Contratos de Trabajo, cuyo aspecto fundamental era la regulación de los convenios colectivos, con normas sobre salarios, 7 días de vacaciones pagadas, jornadas de 40 horas semanales o reconocimiento del derecho a la huelga. Muchas de ellas encontraron la cerrada oposición de los empresarios y los partidos más conservadores.
Reforma Agraria
Su objetivo: acabar con el latifundismo creando una clase de pequeños propietarios afines a la República mediante la expropiación con indemnización de las grandes propiedades y las tierras que eran arrendadas sistemáticamente. Se aprobaron los llamados “Decretos Agrarios”: decreto de jornada laboral (8 horas de trabajo), de salarios mínimos, de utilizar a los jornaleros del término municipal o protección de los contratos de arrendamiento,… En 1932 se aprobó la Ley de Bases para la Reforma Agraria y se creó el Instituto de Reforma Agraria para llevarla a cabo, pero no llegó a materializarse por la lentitud de los asentamientos campesinos y la falta de presupuesto. Esta lentitud, el paro, y la frustración de los jornaleros del campo derivaron en insurrecciones anarquistas.
Caída del Gobierno de Izquierdas
Sus reformas encontraron la oposición del Ejército, la Iglesia y los terratenientes (fracaso de la sublevación del general Sanjurjo en 1932), pero también de los sectores más a la izquierda por su “lentitud”. La dureza con que se reprimió la violenta proclamación del comunismo libertario en Casas Viejas (Cádiz) -la Guardia Civil sitió y mató a un grupo de campesinos anarquistas- provocó la dimisión de Azaña. Alcalá-Zamora encargó gobierno a Martínez Barrio, que preparó elecciones para noviembre de 1933, las primeras en las que votaron las mujeres.
Bienio Radical-Cedista (1933-1936)
La victoria la obtuvo la coalición de derechas no republicanas Unión de Derechas y Agrarios, con la Confederación Española de Derechas Autónomas de Gil Robles como partido hegemónico. El segundo partido más votado fue el Partido Radical de Lerroux, de centro. La izquierda se había presentado dividida; los anarquistas habían pedido la abstención. Alcalá-Zamora, receloso, nombró a Lerroux presidente del nuevo Gobierno de centro-derecha sin ministros de la CEDA. Se sucedieron cuatro presidentes y nueve gobiernos, que frenaron o revirtieron las reformas del bienio anterior y se concedió la amnistía a los sublevados en 1932, se paralizó por completo la reforma agraria, se detuvo la secularización de la enseñanza y se paralizó la construcción de nuevas escuelas, se frenó el proyecto de Estatuto de Autonomía vasco, presentado por el PNV y hubo enfrentamientos con la Generalitat catalana presidida por Companys.
En el contexto internacional, crisis económica con triunfo de Hitler en 1933 y consolidación de la dictadura de Stalin, reflejado en España en una radicalización de la lucha política con la polarización entre “derechas” e “izquierdas”.
Entre las derechas, la CEDA agrupaba a las clases medias y populares católicas con sus JAP (Juventudes de Acción Popular) de rasgos fascistas. También estaba Renovación Española, dirigida por Calvo Sotelo, que agrupaba a los monárquicos era cada vez más extremista y antidemocrática. En febrero de 1934 se fundó Falange Española de las JONS, dirigida por José Antonio Primo de Rivera, al fusionarse las dos asociaciones fascistas existentes, Falange Española y las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, de Ledesma.
Por parte de las izquierdas, estaba Izquierda Republicana de Manuel Azaña (centro-izquierda) que había optado por una política de reformas y de alianzas con el movimiento obrero. El PSOE, dirigido por un grupo de líderes a menudo enfrentados, como Indalecio Prieto (moderado) y Largo Caballero (radical), se fue radicalizando cada vez más. El PCE buscaba una alianza de la izquierda contra el fascismo (Frentes Populares). La CNT seguía ligada a la acción revolucionaria de sus afiliados.
En octubre de 1934, la entrada en el Gobierno de tres ministros de la CEDA, llevó a Largo Caballero (PSOE y UGT) a cumplir su amenaza si esto se producía y convocar un movimiento huelguístico revolucionario.
Revolución de Octubre de 1934
Tuvo desigual eco. En Asturias actuaron unidos socialistas, comunistas y anarquistas, controlando las cuencas mineras y ciudades como Avilés y Gijón. En Cataluña, Companys, presidente de la Generalitat, proclamó el Estado Catalán dentro de la República Federal Española. Los generales Franco y Batet, respectivamente, dominaron la situación, el primero con una dura represión. La reacción del gobierno de derechas fue el endurecimiento de su política: La autonomía catalana fue suspendida, se redactó una nueva Ley de Reforma Agraria, que en la práctica era una verdadera contrarreforma y se nombró a militares claramente contrarios a la república y a la democracia para puestos clave en la estructura del Ejército (Franco como Jefe del Estado Mayor Central del Ejército). En diciembre de 1934 Calvo Sotelo fundó el Bloque Nacional (coalición de derecha monárquica).
Caída del Gobierno de Centro-Derecha
Ante el descrédito del Partido Radical por el escándalo del estraperlo y el reforzamiento del papel de la CEDA tras la Revolución de 1934, Alcalá-Zamora nombró al centrista Portela presidente del Gobierno para que preparase las elecciones de febrero de 1936.
Frente Popular (1936)
Frente a la división del centro-derecha (Partido Radical, Bloque Nacional, CEDA, Renovación Española, PNV y Falange Española), los republicanos de izquierda, socialistas y comunistas acudieron a las elecciones como el Frente Popular (Izquierda Republicana, Unión Republicana, ERC, PSOE, PCE y Partido Obrero de Unificación Marxista) y obtuvieron, con el voto anarco-sindicalista, la mayoría absoluta en escaños -los votos estuvieron muy igualados entre izquierda y derecha-. Azaña presidió el nuevo Gobierno hasta que fue nombrado presidente de la República, sustituyéndole Casares Quiroga en su anterior cargo. Se amnistió a los revolucionarios de 1934, se restableció la autonomía catalana, se alejó de Madrid a los generales sospechosos de conspiración (Franco a Canarias, Goded a Baleares y Mola a Pamplona) y se puso de nuevo en marcha la reforma agraria, pero los jornaleros se lanzaron a la ocupación de fincas sin esperar los repartos de tierras.
Antecedentes de la Guerra Civil
La izquierda creó un ambiente revolucionario que no daba tregua al Gobierno, por lo que la derecha apeló a detener el “avance del marxismo”. Se sucedieron las huelgas incontroladas, la incautación ilegal de tierras y los asesinatos de militantes de ambas tendencias. El del diputado y líder del Bloque Nacional Calvo Sotelo, en represalia por el del teniente Castillo, de la Guardia de Asalto, aceleró la intervención militar y el 17 de julio las tropas de la Comandancia de Melilla se sublevaron.