La Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930)
El sistema constitucional y parlamentario iniciado con la Restauración monárquica de 1874 finalizó en 1923 con un golpe de Estado militar que estableció una dictadura. El argumento para justificar el golpe era que el régimen constitucional estaba desprestigiado y que existía un grave peligro de revolución social.
La Quiebra del Régimen Constitucional
En 1923, el gobierno liberal de García Prieto pretendió reformar la Constitución y la Ley Electoral (mayor democratización del sistema, reducción de la influencia de la Iglesia, limitación de los poderes del rey, nuevo marco de relaciones laborales). Fue obstaculizado por la oposición del rey, el ejército (descontento por las responsabilidades que el Expediente Picasso exigía) y la Iglesia. Para frenar al gobierno liberal, Miguel Primo de Rivera impulsó un golpe de Estado militar el 13 de septiembre de 1923.
En un manifiesto, culpaba de desgobierno a los políticos y partidos tradicionales, y declaraba su intención de regenerar la política nacional, acabar con el caciquismo y la corrupción, recuperar el orden público, poner fin a la conflictividad obrera y garantizar la unidad nacional ante los nacionalismos.
El Directorio Militar (1923-1925)
Alfonso XIII nombró a Primo de Rivera presidente del directorio, un gobierno integrado exclusivamente por militares. Declaró el estado de guerra en todo el país (hasta 1925), suspendió la Constitución, disolvió el Parlamento e ilegalizó los partidos políticos y las organizaciones obreras. Liquidó la Mancomunidad catalana, prohibió los símbolos catalanistas y restringió el catalán al ámbito privado.
Para acabar con el caciquismo, disolvió los ayuntamientos, los reemplazó por juntas de vocales y elaboró un estatuto municipal y otro provincial. Se limitaron a sustituir a unos caciques locales por otros, que solo debían rendir cuentas a las autoridades militares.
Instauró una política de orden público muy represiva (hacia la CNT). Se prohibieron las manifestaciones y huelgas, se persiguió y encarceló a los principales dirigentes obreros. La represión redujo los conflictos laborales y finalizó la violencia social y el pistolerismo.
Para resolver la cuestión de Marruecos, en 1925 intervino militarmente en el Rif. Los ataques contra el protectorado francés propiciaron la colaboración militar entre España y Francia. Se concretó en el desembarco español en la bahía de Alhucemas (8 de septiembre de 1925), mientras las tropas francesas avanzaban por el sur. Pusieron fin a la guerra de Marruecos.
Legislación social: reguló el trabajo de la mujer, promovió la construcción de viviendas destinadas a familias obreras e impulsó una política de inversiones en obras públicas para reducir el desempleo. A finales de 1925, decidió cambiar la composición del directorio gracias a la popularidad alcanzada.
El Directorio Civil (1925-1930)
Se estableció un Directorio Civil. Se formó un nuevo gobierno presidido por Primo de Rivera, del que formaban parte José Calvo Sotelo, ministro de Hacienda, y Eduardo Aunós, ministro de Trabajo. Primo de Rivera pretendía consolidarse en el poder y contar con el apoyo de los sectores conservadores, de la banca y de la industria. El general confiaba en el aprovechamiento de la situación económica internacional de la década de 1920 para reactivar la economía, basándose en el nacionalismo económico y el dirigismo estatal.
Siguió el modelo corporativo implantado en Italia por Mussolini. En 1924, había creado una nueva formación política, la Unión Patriótica, un partido gubernamental sin ideología definida, cuya misión primordial era apoyar la dictadura. Se unieron funcionarios del régimen, integrantes de organizaciones católicas, militares y propietarios locales de las zonas rurales. Creó el Somatén, una fuerza armada ciudadana con capacidad para apoyar a la policía y al ejército en momentos de conflictos internos.
La Organización Corporativista del Estado
En 1927 se convocó una Asamblea Nacional Consultiva para diseñar la forma de gobierno del nuevo régimen. Era un organismo corporativo, compuesto por representantes de las corporaciones elegidos por sufragio indirecto, por funcionarios de la Administración y por representantes sociales escogidos desde el poder.
Su función era consultiva y actuó bajo control gubernamental. Debía encargarse de elaborar un Estatuto Fundamental de la Monarquía a modo de Constitución. Se presentó en 1929 un proyecto que establecía un régimen autoritario en el que el poder legislativo radicaría en las Cortes y en el monarca. No llegó a ser aprobado (mala acogida).
Para frenar la conflictividad laboral, en 1926 se fundó la Organización Corporativa Nacional, un sindicato de tipo vertical que incluía la representación de obreros y empresarios en los Comités paritarios. Su misión era la reglamentación de los salarios y condiciones de trabajo, y la negociación entre patronos y trabajadores. El sindicato socialista UGT colaboró al principio, pero se retiró. La CNT se negó a participar y muchos anarcosindicalistas fueron perseguidos, detenidos o tuvieron que marchar al exilio.
La Oposición a la Dictadura
Algunos de los antiguos líderes de los partidos dinásticos criticaron la excesiva duración del régimen y apoyaron conspiraciones militares como la “sanjuanada” de 1926. Fue disuelta el Arma de Artillería. Los republicanos organizaron la Alianza Republicana, que unió distintas facciones del movimiento e hicieron campaña de desprestigio del régimen (Alejandro Lerroux y Manuel Azaña).
Los intelectuales y estudiantes universitarios criticaron la dictadura y denunciaron la censura de prensa y la falta de libertad de expresión. Miguel de Unamuno fue enviado al destierro y Vicente Blasco Ibáñez tuvo que exiliarse. Agrupados en la Federación Universitaria Española (1927), promovieron huelgas y manifestaciones.
La burguesía catalana se unió a la oposición, ya que el Directorio eliminó la Mancomunidad y prohibió el uso público del catalán. Esto incrementó la influencia de grupos nacionalistas radicales (Estat Català, liderado por Francesc Macià).
La oposición obrera se centró en la CNT y en el Partido Comunista de España (PCE), que fueron perseguidos y prohibidos. Con el objetivo de incrementar la influencia anarquista de la CNT, en 1927 se constituyó la Federación Anarquista Ibérica (FAI). A partir de 1929, el PSOE entró en contacto con los republicanos que intentaban poner fin a la dictadura y sustituir la monarquía por la república.