Organismos Autónomos y sus Funciones
El Tribunal Constitucional
El Tribunal Constitucional es el órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad en Perú. Es autónomo e independiente. Se compone de siete miembros elegidos por el Congreso de la República para un período de cinco años, sin reelección inmediata. Gozan de inmunidad.
Funciones principales:
- Conocer, en última y definitiva instancia, las resoluciones denegatorias de hábeas corpus, amparo, hábeas data y acción de cumplimiento.
- Conocer, en instancia única, la acción de inconstitucionalidad.
- Conocer los conflictos de competencia, o de atribuciones asignadas por la Constitución, conforme a ley.
Organismos Autónomos de Carácter Electoral
Jurado Nacional de Elecciones (JNE)
Su máxima autoridad es el Pleno, integrado por cinco miembros. El presidente es elegido por la Corte Suprema. Los otros miembros son elegidos de la siguiente manera:
- Uno por la Junta de Fiscales Supremos.
- Uno por el Colegio de Abogados de Lima.
- Uno por los decanos de las Facultades de Derecho de las Universidades Públicas.
- Uno por los decanos de las Facultades de Derecho de las Universidades Privadas.
Funciones principales:
- Fiscalizar la legalidad del ejercicio del sufragio y de la realización de procesos electorales.
- Encargarse de la elaboración de los padrones electorales.
- Administrar justicia en materia electoral.
- Proclamar a los candidatos elegidos.
- Impartir educación electoral.
- Mantener el registro de las organizaciones políticas.
- Entregar las credenciales a las autoridades elegidas en los procesos electorales.
Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE)
Es la autoridad encargada de organizar y ejecutar los procesos electorales, referéndums y otros tipos de consulta popular. El jefe de la ONPE es nombrado por el Consejo Nacional de la Magistratura por un período de cuatro años, mediante concurso público.
Funciones:
- Organizar y ejecutar todos los procesos electorales y de consulta popular.
- Elaborar y diseñar la cédula de sufragio.
- Brindar información permanente sobre el cómputo desde el inicio del escrutinio de las mesas de sufragio.
- Verificar las firmas de adherentes de los partidos políticos en proceso de inscripción.
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC)
Organismo autónomo encargado de la identificación de los peruanos. El jefe del RENIEC es nombrado por el Consejo Nacional de la Magistratura por un período de cuatro años.
Funciones:
- Inscribir los nacimientos, matrimonios, divorcios, defunciones y otros actos que modifican el estado civil.
- Otorgar el Documento Nacional de Identidad (DNI).
- Preparar y mantener actualizado el padrón electoral.
- Proporcionar al JNE y a la ONPE la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones en procesos electorales.
La ONPE, el JNE y el RENIEC conforman el Sistema Electoral Peruano, según lo establecido en el artículo 177º de la Constitución Política del Perú. Mantienen relaciones de coordinación permanentes, de acuerdo con sus atribuciones.
Centralización, Descentralización y Niveles de Gobierno
El centralismo es un problema histórico en Perú, presente desde los inicios de la República. Se manifiesta en la relación Lima-regiones y entre las capitales regionales y sus provincias y distritos. Lima concentra las principales actividades económicas, financieras, el poder político y administrativo.
La descentralización es el proceso de transferir, dentro del Estado, autoridad, capacidad de decisión, recursos, poder y funciones del gobierno central hacia los gobiernos regionales y locales (gobiernos subnacionales).
El proceso de regionalización ha sido truncado. En 2005, un referéndum para la integración de regiones en macrorregiones políticas fracasó. Aún existen intentos de reorganización, pero sin resultados satisfactorios.
Niveles de Organización del Poder
- Nivel nacional: Compuesto por el Poder Legislativo (Congreso de la República), el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y los organismos autónomos con funciones especializadas (SBS, TC, BCR, JNE, etc.).
- Nivel regional: Existente desde 2003. Los 25 gobiernos regionales se establecieron en los departamentos y la provincia constitucional del Callao.
- Nivel local: Conformado por los gobiernos locales o municipales (provinciales, distritales y centros poblados).
Gobiernos Regionales
Poseen autonomía política, económica y administrativa. Su función principal es fomentar el desarrollo integral sostenible en su jurisdicción, coordinando con el gobierno central. El presidente regional es elegido por sufragio directo por un período de 4 años.
Atribuciones principales:
- Aprobar su organización interna y su presupuesto.
- Elaborar y aprobar el plan de desarrollo regional concertado con municipios y sociedad civil.
- Administrar sus bienes y rentas, promover y regular actividades económicas.
- Impulsar la competitividad, las inversiones y el financiamiento para proyectos de desarrollo e infraestructura de alcance regional.
Gobiernos Locales o Municipales
Son la forma básica de organización territorial del Estado y canales de participación vecinal. Sus autoridades (alcalde y regidores) son elegidos por sufragio directo por 4 años.
Atribuciones:
- Administrar sus bienes y rentas.
- Crear, modificar y suprimir contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos municipales, conforme a la ley.
- Aprobar el plan de desarrollo y presupuesto participativo.
- Promover, apoyar y reglamentar la participación vecinal.
- Aprobar el sistema ambiental local.
- Organizar, reglamentar y administrar los servicios públicos locales.
- Brindar servicios de seguridad ciudadana, con cooperación de la Policía Nacional del Perú.
- Aprobar, modificar o derogar ordenanzas y dejar sin efecto acuerdos.
Reforma del Estado y Ética Pública
Reforma del Estado
Es un proceso en el que un Estado busca reestructurarse política, administrativa y económicamente para ser más eficiente y adaptarse a nuevas coyunturas. Entre sus causas están el avance de la globalización económica, la crisis de la gobernabilidad y los procesos democráticos.
Ética Pública
Es la ética aplicada a los servidores públicos (gobernantes, funcionarios y todos los que prestan servicios en instituciones públicas). La ética pública contribuye a la lucha contra la corrupción y busca contar con buenos gobiernos que afronten la injusticia, pobreza, desconfianza e insatisfacción ciudadana.