29. La caída de la monarquía y proclamación de la república
Tras la dimisión de Primo de Rivera, el rey confió el gobierno a Berenguer, pero no tuvo éxito. Los partidos dinásticos estaban rotos, el monarca era impopular y se crearon partidos republicanos organizados en el Pacto de San Sebastián, por lo que el nuevo gobierno no tuvo éxito. En consecuencia hubo intentos de derrocar la monarquía como un pronunciamiento en Jaca. Berenguer no pudo convocar elecciones por el rechazo a participar de los partidos políticos y dimitíó, y el rey otorgó el gobierno a Aznar, que convocó elecciones municipales. En votos totales, las candidaturas monárquicas ganaron (caciquismo), pero los vencedores fueron los republicanos por su victoria en 41 de 50 capitales de provincia, por lo que el 14 de Abril de 1931 se proclamó la república.
En Madrid, los firmantes del Pacto de San Sebastián, constituyeron un gobierno provisional presidido por Niceto Alcalá, y Alfonso XIII se exilió. El gobierno tomó varias medidas urgentes como la amnistía general de algunos presos políticos, y se convocaron elecciones a Cortes Constituyentes, que dieron la mayoría a los reuplicano-socialistas, por lo que las Cortes tenían una mayoría de izquierda, dividida en moderada y radical.
En 1931 se puso en marcha la elaboración de una nueva constitución, en la que la derecha hizo algunas protestas no atendidas de carácter religioso. Fue avanzada, democrática y progresista, pero faltó consenso entre izquierda y derecha, lo que condiciónó la política de la época.
El poder legislativo residía en unas cortes unicamerales, el ejecutivo en el Jefe de gobierno y Consejo de Ministros, y el judicial en el Tribunal de Garantías Constitucionales.
Se introdujeron medidas laicistas como la aprobación de la libertad religiosa o el divorcio, y se establecíó una larga lista de derechos y libertades, pero también el derecho de expropiación de bienes por parte del Estado. Se contempló el derecho a constituir autonomías.
En resumen, la Constitución de 1931 recogía valores laicos e izquierdistas que generaba gran discrepancia con la derecha, en especial con las cuestiones autonómicas y religiosas.
30. El Bienio Reformista
Tras la aprobación de la constitución, Alcalá pasó a ser presidente de la república, formándose un gobierno de coalición entre izquierda y socialistas, que impulsó reformas para democratizar y modernizar España, reformas que afectaron a la derecha contra sus intereses.
La primera, la cuestión religiosa, que quería poner fin a la influencia de la Iglesia y secularizar la sociedad. Para ello se suprimieron algunos derechos de la Iglesia como cobro de presupuestos y se aprobó la “Ley de Congregaciones Religiosas”. Además, hubo incidentes anticlericales variados durante esta etapa como el incendio de edificios religiosos. La Iglesia respondíó mostrando su antagonismo por medio del cardenal Segura, y movilizó a sus fieles y el gobierno expulsó a Segura y al Obispo de Vitoria. En definitiva, la cuestión religiosa alejó a la república de las derechas, cuyas clases conservadoras eran religiosas.
La segunda, el ejército, que quería crear un ejército profesional y democrático. Para ello, se aprobó la “Ley de Retiro de la Oficialidad”, que permitía pasar a la reserva a algunos militares con sueldo íntegro, aunque también podía el gobierno exigir retirarse a algunos militares si cumplían determinadas condiciones. Se les exigíó jurar fidelidad a la República, descontentando al sector conservador del ejército. Además, se remodelaron las regiones militares y se creó la Guardia de Asalto y el cuerpo de suboficiales. Los africanistas tomaron la reforma como traición militar, y el material no se modernizó por falta de presupuesto.
La tercera, la agraria, que pretendía poner fin al latifundismo y dar acceso a los campesinos a la propiedad de la tierra, mejorando sus condiciones de vida. Se aprobó la Ley de Reforma Agraria que expropió tierras y las repartíó entre campesinos, aunque la ejecución fue decepcionante por varios factores como la complejidad de la ley, por lo que los campesinos se vieron defraudados por el incumplimiento de sus expectativas y aumentó la tensión social llevando actitudes más radicales. Los propietarios se volvieron en contra de la república oponiéndose a la medida.
La cuarta, la autonómica, en la que el gobierno intentó dar salida a las aspiraciones de autogobierno de las regiones donde había movimientos nacionalistas. Se prevíó la aprobación de Estatutos de autonomía y en Cataluña se formó un gobierno provisional no independentista y se aprobó el Estatuto de Nuria en referéndum. Posteriormente se aprobaría en las Cortes españolas. Establecía un gobierno y parlamento propio con amplias competencias. En el País Vasco fue mas lento por la desconfianza a la república. Se rechazaron gubernamentalmente propuestas como la aprobada en Estella en 1931, y Navarra acabó desvinculándose del proyecto.
El Estatuto Vasco se acabó aprobando en 1936. En Galicia el sentimiento nacionalista no llegó a culminarse por la Guerra Civil.
La quinta, la educativa, pues se quiso promover una educación liberal y laica. Se incrementó el presupuesto educativo y se crearon escuelas y plazas de maestros. Se adoptó un modelo de enseñanza mixta, laica, gratuita y obligatoria. Para mejorar el nivel cultural de la población se promocionaron las Misiones Pedagógicas, campañas culturales gubernamentales.
Por último, la laboral, impulsada por Largo Caballero para mejorar las condiciones laborales. Se aprobó la “Ley de Contratos de Trabajo” que regulaba la negociación colectiva y la “Ley de Jurados Mixtos” que actuaba en los desacuerdos entre patronos y obreros. Se establecíó jornada semanal de 40 horas y se crearon seguros sociales, y se reforzó el papel de los sindicatos en la contratación para tareas agrícolas. Las medidas provocaron la oposición de las organizaciones patronales.
En esta etapa, hubo muchos problemas. Coincidíó con una depresión mundial que condiciónó el crecimiento económico. Por otro lado, las medidas desgastaron al gobierno y decepcionaron a la población por su lentitud de implantación, dando lugar a la radicalización, lo que aumentó la conflictividad social. Además, el programa de gobierno disgustó a las élites, y la clase media veía los cambios como muy radicales. Ante esta situación, la derecha se reorganizó e incluso intentó un Golpe de Estado fallido en 1932. En 1933 la investigación de los hechos de Casas Viejas dió lugar a la dimisión de Azaña, la ruptura de gobierno y convocación de elecciones.