El Ministerio Fiscal: Funciones y Marco Legal
Fundamento Constitucional y Estatuto Orgánico
El Ministerio Fiscal se rige por el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (Ley 50/1981, de 30 de diciembre). El artículo 124 de la Constitución Española recoge la figura del Ministerio Fiscal, y el artículo 1 del Estatuto establece su función principal. Esta función desborda el proceso penal, aunque es en este ámbito donde juega su papel más relevante. El Ministerio Fiscal defiende la legalidad, los derechos de los ciudadanos y el interés público. No necesita que las partes le insten a actuar.
Otras finalidades de la actuación del Ministerio Fiscal incluyen velar por la independencia de los tribunales. Aunque no forma parte del Poder Judicial, se integra en él con autonomía funcional.
Formas de Actuación ante los Tribunales
El Ministerio Fiscal tiene dos formas principales de actuar ante los tribunales:
- Como parte pública: En el proceso penal, actúa como órgano oficial.
- Como órgano dictaminador: Puede solicitar informes, correcciones oportunas a los jueces, visitar establecimientos penitenciarios e informar a la opinión pública.
Como autoridad, puede ordenar detenciones, pero no puede decretar medidas cautelares, que son competencia exclusiva del juez. La función básica del Ministerio Fiscal está prevista en el artículo 105 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRim), que le obliga a ejercitar todas las acciones penales que considere procedentes.
Su intervención en el proceso penal es crucial. Como parte, puede proponer pruebas y recurrir decisiones judiciales. Los artículos 319, 362, 483 y 568 de la LECRim mencionan peticiones del Ministerio Fiscal. Existe un supuesto en el que la petición del fiscal es vinculante para el juez: el párrafo segundo del artículo 632 de la LECrim.
La Acción Penal y el Ministerio Fiscal
En el ordenamiento jurídico español, la acción penal es pública; pueden ejercerla todos los ciudadanos, además del Ministerio Fiscal. Existen dos figuras relevantes:
- Acción Popular: Cualquier ciudadano español puede ejercerla, aunque no haya sido perjudicado por el delito.
- Acusador Particular: El ciudadano perjudicado por el delito (incluidos extranjeros en las mismas circunstancias).
En procesos por delitos graves, el fiscal y las partes acusadoras solo pueden acusar a personas previamente imputadas por un tribunal en la fase de instrucción.
Principios Rectores de la Actuación del Ministerio Fiscal
La actuación del Ministerio Fiscal se inspira en los siguientes principios:
- Principio de Legalidad: El fiscal debe actuar conforme al ordenamiento jurídico, la Constitución y las leyes.
- Principio de Imparcialidad: El fiscal actúa con plena objetividad e independencia en defensa de los intereses que tiene encomendados.
- Principio de Unidad: Hay un solo fiscal en España (el Fiscal General del Estado); los demás actúan por delegación.
- Principio de Dependencia Jerárquica: Los fiscales dependen de sus superiores, lo que garantiza la unidad de actuación. El Ministerio Fiscal tiene una estructura jerárquica. El Fiscal General del Estado puede intervenir en cualquier momento.
La Intervención de Comunicaciones Postales, Telegráficas y Telefónicas
Registro y Recogida de Documentos
El registro puede dar lugar a la recogida de objetos y documentos, que deben ser sellados y firmados por todos los presentes. Si se encuentran documentos no relacionados con la causa, se respetan, siguiendo el principio de mínima intervención.
Intervención de Correspondencia
Cuando hay indicios de que la correspondencia es relevante para la causa, el juez puede ordenar su intervención, tanto la recibida como la enviada. Los empleados de correos, ante la orden judicial, deben apartar dicha correspondencia. Si se encuentra algún objeto relacionado con un delito distinto, se debe solicitar una nueva orden judicial para evitar viciar la prueba.
Escucha y Grabación de Llamadas Telefónicas
Estas medidas solo deben adoptarse en casos de extrema necesidad, con autorización judicial y mediante auto motivado. Se requiere:
- Especialidad y concreción.
- Indicios delictivos.
- Causas que justifiquen la necesidad de la medida.
- Autorización judicial.
El Tribunal Supremo exige un doble control judicial: el juez debe supervisar la intervención y no delegarla completamente en la policía. Las grabaciones deben entregarse íntegras y originales. El juez decide qué partes son relevantes y cuáles afectan a la intimidad del imputado y de terceros.
Para mantener el secreto de la medida, se puede:
- Adoptar la medida antes del proceso.
- Declarar el secreto del sumario durante el proceso.
Una vez levantado el secreto, el imputado debe tener acceso a toda la información, incluyendo las grabaciones y transcripciones. Puede discrepar de la interpretación del juez y proponer pruebas para contrarrestar la intervención.
La observación de comunicaciones, sin autorización judicial y sin relación con la prueba inicial, puede generar ilicitud probatoria.