LAS GUERRAS CARLISTAS
Las diferencias ideológicas entre los partidos de Carlos, los carlistas o absolutistas, y los partidarios de Isabel, los isabelinos o liberales, originaron duros enfrentamientos armados: fueron las guerras carlistas, que se produjeron en España durante el s. XIX en tres episodios diferentes; por eso se dice que hubo tres guerras carlistas.
Los antecedentes de estos conflictos armados habría que buscarlos en el alzamiento de los Agraviados que se produjo en Cataluña el año
1827 cuando diversas partidas de ultraderechistas se rebelaron al grito de “Viva el rey y muera el mal gobierno”, llevando imágenes de Fernando VII cabeza abajo. Esta insurrección también se produjo en otras zonas españolas, como el País Vasco, Andalucía y Valencia.
La primera guerra carlista (1833-1840), o Guerra de los Siete años, fue la mas larga y se inicio a la muerte de Fernando VII. Al principio, el ejército carlista, al mando del cual estaba Zumalacárregui, llego a dominar las zonas rurales, económicamente mas deprimidas, del País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña y Valencia. En las comarcas más ricas predominaba la ideología liberal y a los carlistas les era más difícil acceder a ellas, por lo que no llegaron a dominar ninguna ciudad importante. La lucha fue dura y tuvo momentos de extrema crueldad debido a las venganzas entre ambos bandos.
A partir de 1837, después de que los carlistas fracasaran en la toma de Madrid, el ejército isabelino, ya dirigido por Espartero, domina la contienda hasta que en 1839 el general carlista Maroto y el propio Espartero firmaron el Convenio de Vergara. En este tratado se acordó que parte del ejército carlista se incorporase al isabelino y que, a cambio, eran respetados los fueros vascos y navarros. En 1840 fueron derrotados los últimos núcleos de resistencia en Cataluña y Valencia, especialmente en la provincia de Castellón.
En los seis años que separan la primera y la segunda guerra carlista, los partidarios del pretendiente Carlos no abandonaron del todo las armas. Participaban activamente en las revueltas que se originaban en contra de la política del Gobierno.
La segunda guerra carlista (1846-1849) se localizo casi exclusivamente en Cataluña. Los carlistas reclamaban el trono no ya para Carlos Maria Isidro, sino para su hijo, Carlos Luis, que había de ser conocido como Carlos VI. A la causa carlista se unieron sectores de diferente ideología, que tenían como punto común la lucha contra un gobierno centralista que no solucionaba sus problemas. Las tropas gubernativas, muy superiores, derrotaron a las carlistas.
La tercera guerra carlista (1872-1876) reivindicaba el trono para Carlos Maria de los Dolores con el nombre Carlos VII. Al igual que la primera, se localizo en Navarra, País Vasco y Cataluña, pero también afecto a Castilla, León, Galicia y Andalucía. A pesar de algunas victorias y del convencimiento de que su causa aglutinaría a sectores tradicionalmente religiosos, ya que el catolicismo representaba el punto de unión de los alzados en esta tercera guerra, las fuerzas carlistas fueron sometidas finalmente en Montejurra (1876).
Las consecuencias de las guerras carlistas fueron importantes: perdida de vidas humanas, paralización de ciertas actividades económicas y culturales que no podían desarrollarse en periodos de guerra y el enfrentamiento manifiesto entre dos sectores de la población, los nostálgicos de la sociedad del Antiguo Régimen y los que estaban a favor del cambio.
PRINCIPALES FUERZAS POLITICAS DURANTE EL REINADO DE ISABEL II
Durante el reinado de Isabel II, los moderados se mantuvieron casi siempre en el Gobierno. Los progresistas solo accedieron al poder entre 1854 y 1856, a pesar de que durante la minoría de edad de Isabel II, entre 1836 y 1843, también participaron en el Gobierno. Por eso la Constitución del 1837 puede considerarse básicamente de carácter progresista.
Los moderados eran partidarios de un constitucionalismo conservador en el que no hubiese cambios radicales. Deseaban la tranquilidad y el orden manteniendo el poder de la Corona y la aristocracia. Tenían el apoyo de la monarquía y de las clases sociales más ricas, ya que temían que un giro demasiado brusco de la política liberal les pudiera privar de sus bienes y privilegios económicos. Eran partidarios del sufragio censatario, por el cual la gran mayoría de la población no tenía derecho a votar al no tener los bienes y los ingresos mínimos que hacían falta para acceder a las urnas.
Los progresistas, herederos de los exaltados de 1820, querían cambios más radicales y una mayor reducción del poder real y de la nobleza. Pretendía limitar la autoridad de la monarquía, querían la abolición de los privilegios de la nobleza y se inclinaban por la libertad de expresión, de asociación y de religión y por la soberanía nacional y el derecho a voto de una parte más amplia de la población. Esta opción progresista estaba apoyada sobre todo por intelectuales, burgueses y artesanos, que quería llevar la revolución liberal hasta las últimas consecuencias. También defendían esta postura los primeros obreros asalariados de las zonas que se iban industrializando. Estos fueron evolucionando mayoritariamente hacia el republicanismo y el federalismo y, a finales de siglo, algunos estuvieron fuertemente influenciados por las corrientes del movimiento obrero. Pero el sufragio censatario establecido por los moderados no permitió que los progresistas accedieran al poder mediante las elecciones, sino a través de pronunciamientos o alzamientos de carácter militar.
Durante todo el s. XIX, progresistas y moderados se fueron alternando en la dirección del poder. Cada grupo, cuando llegaba al poder, elaboraba su propia Constitución según su ideario político, de ahí que el s. XIX español se caracterice por una extraordinaria inestabilidad y tenga tantas constituciones.
Al final del reinado de Isabel II gobernó un partido de centro, la Unión Liberal, que aglutinaba sectores procedentes del liberalismo moderado y del progresista. Fundado en 1854, defendía los siguientes principios: soberanía nacional, monarquía constitucional, milicia nacional, reforma presupuestaria y reorganización del ejército y la armada. Fue impulsado decididamente por O’Donnell.
A la derecha de los grupos liberales se situaban los absolutistas, que defendían los derechos a la Corona de Carlos Maria Isidro, hermano de Fernando VII, y de sus sucesores. La reacción de este grupo dio lugar a las guerras carlistas, en las que los partidarios del hermano del rey se levantaron contra el poder y originaron la cruenta guerra civil del s. XIX.
A la izquierda de progresistas y moderados, surgiría, mas adelante, el Parido Demócrata, que defendía el sufragio universal y libertades más amplias que las que pedían los progresistas. A partir de los años cuarenta también empezaron a aparecer grupos partidarios de soluciones en las que no se contaba con la monarquía: eran los republicanos. Pero la primera experiencia republicana en España no se produciría hasta el año 1873.
REGENCIA DE MARIA CRISTINA: LA DESAMORTIZACION DE MENDIZABAL
Para frenar el movimiento revolucionario, la reina regente recurrió a los liberales progresistas para formar el gobierno y Juan Álvarez Mendizábal ocupo la presidencia (1836). El nuevo jefe de Gobierno intento mejorar la difícil situación económica del Estado, que había empeorado con la guerra carlista, y promulgo algunas medidas políticas de carácter más liberal. Sin embargo, Mendizábal perdió pronto el apoyo de la Regente y de las fuerzas más progresistas y tuvo que presentar la dimisión. Su sucesor se enfrento al pronunciamiento de los sargentos de la guarnición del palacio de La Granja (Segovia), donde veraneaba la Corte, que, apoyados por las masas populares, obligaron a Maria Cristina a proclamar la Constitución de 1812, que fue moderadamente reformada y dio lugar a la Constitución de 1837.
Mendizábal fue nombrado nuevamente ministro y promulgo medidas políticas y económicas de carácter claramente progresista. Reorganizo el ejército para acabar con la guerra carlista, suprimió las pruebas de nobleza que se exigían para entrar en ciertas entidades científicas o militares y puso en práctica la desamortización de los bienes de las comunidades religiosas, que habrían de solucionar parte del problema financiero que motivaban las guerras carlistas. La venta de las fincas desamortizadas no produjo el efecto deseado. Tampoco esta situación mejoro la vida del campesinado, que no pudo comprar tierras y se vio obligado, en muchas ocasiones, a emigrar alas ciudades. Además, muchos burgueses que tenían deuda pública que el Estado no había podido amortizar a causa de su grave situación económica, adquirieron tierras pagándolas con estos títulos, de manera que el Estado no recibía el dinero que había previsto.
Por otro lado, este proceso desviaba hacia la compra de tierras el poco dinero que circulaba en el país y no era invertido en la industrialización y modernización de España.
Años más tarde, con el acceso al gobierno de los moderados (1844-1854), se interrumpió el proceso desamortizador.
BIOGRAFIA DE MENDIZÁBAL
Fue un político y financiero nacido en Cádiz el año 1790. Después del Trienio Constitucional se exilio en Londres, desde donde organizo una expedición para derribar la monarquía absoluta de Portugal, volvió en 1835 y fue nombrado ministro de Hacienda y después jefe de Gobierno. Promulgo diversas reformas y volvió a ser ministro de Hacienda. En 1844, cuando los moderados ocuparon el poder, emigro al extranjero, pero volvió al cabo de tres años. Murió en Madrid en el año 1853.
LA CONSTITUCION DE 1845
La nueva constitución duro veintitrés años, todo un record en la vida política española del s. XIX, en el que las constituciones habían tenido vigencia de muy poco tiempo.
El nuevo Gobierno estableció una serie de medidas que tendían a moderar las reformas anteriores:
- Se restringió el sufragio censatario (solo podía votar el 1% de la población) y se limitaba la soberanía nacional, ya que se daba mas poder a la corona.
- Se implantaron disposiciones de carácter centralista, reorganizando las Diputaciones y los Ayuntamientos, de tal manera que la Corona era quien designaba directamente a los alcaldes de las poblaciones de mas de 2000 habitantes y a los presidentes de las Diputaciones que, a la vez, eran los que nombraban a los alcaldes de las poblaciones de menos de 2000 habitantes.
- Se unifico la contribución de impuestos, acabando con los que tradicionalmente tenia muchas regiones.
- Se creo un cuerpo armado, la Guardia Civil, para garantizar el orden y la seguridad publica y luchar contra el bandolerismo y las revueltas.
- Se firmo un acuerdo con la Iglesia, el Concordato de 1851, mediante el cual se declaraba a la religión católica como la única oficial en España. Se suspendía la venta de los bienes desamortizados, se devolvían a la Iglesia los que no había sido transferidos y el Estado se comprometía a cubrir las necesidades del clero.