La Constitución de 1869: Un Nuevo Marco Liberal
La principal tarea de las Cortes fue la aprobación de la Constitución de 1869, la más liberal de todas las redactadas hasta entonces y que recogía por primera vez el ideario democrático progresista. Una comisión parlamentaria fue la encargada de redactarla y fue aprobada el 1 de junio de 1869.
La Constitución de 1869 estableció un amplio régimen de derechos y libertades: manifestación, reunión y asociación, libertad de enseñanza, igualdad para obtener empleo, libertad de culto, aunque el Estado se obligaba a mantener el culto católico. La Constitución proclamaba la soberanía nacional y una estricta división de poderes:
- Legislativo: ejercido por las Cámaras
- Ejecutivo: correspondía al monarca, aunque lo ejercía a través del gobierno
- Judicial: en los jueces y tribunales de justicia
El nuevo Estado se definía como una monarquía democrática y tendrían derecho a voto todos los varones mayores de 25 años. Las Cortes eran bicamerales y el Senado era elegido mediante emisarios o representantes. Ambas cámaras debían reunirse al mismo tiempo.
Las Cortes establecieron una regencia que recayó en el general Serrano, mientras Prim era designado jefe del gobierno. Su tarea no era fácil: los republicanos mostraban su descontento con la nueva situación, los carlistas volvían a la actividad insurreccional, la situación económica era grave y, además, había que encontrar un monarca para la corona española. El nuevo gobierno fue recibido con simpatía por gran parte de los países europeos.
La Primera República y el Federalismo
La Proclamación de la República Federal
Las Cortes proclamaron la República Democrática Federal el 7 de junio de 1873. La presidencia quedó en manos de Estanislao Figueras, quien puso en marcha las primeras medidas reformistas: suprimió los impuestos de consumos y quintas, pero la falta de recursos del Estado y la desorganización del ejército provocaron su dimisión y el gobierno pasó a manos de Francisco Pi y Margall.
El Proyecto de Constitución Federal de 1873
En julio se presentó en las Cortes el proyecto de la nueva Constitución, pero no fue aprobado. La Constitución Republicana Federal de 1873 seguía la línea de la Constitución de 1869. La República tendría un presidente y en las Cortes se mantendrían las dos cámaras. Asimismo, se declaraba la libertad de culto y la separación Iglesia y Estado; se ratificaba la abolición de la esclavitud en las colonias, la supresión de las quintas y la reforma de los impuestos. El aspecto más novedoso era la estructura del Estado. Se establecía que la nación española estaba compuesta por diecisiete estados, y declaraba que el poder emanaba de tres niveles: municipios, estados regionales y Estado federal. Los estados regionales tendrían autonomía económica, administrativa y política compatible con la existencia de la nación. Se planteaba de esta manera y por primera vez un Estado no centralista.
La Tercera Guerra Carlista
La Primera República tuvo que enfrentarse a graves problemas que paralizaron la acción del gobierno. Uno de ellos fue la insurrección carlista. El nacimiento de la República había acelerado y animado el conflicto. En el mes de julio la insurrección se extendió por Cataluña, provincias vascas y el Maestrazgo. Algunos éxitos militares impidieron la extensión del conflicto a las ciudades, pero fueron incapaces de acabar con él y perduró hasta 1876.
El Conflicto Cubano
También continuó la Guerra de Cuba que, iniciada en 1868, continuaba extendiéndose. La Guerra de los Diez Años, también conocida como Guerra del 68 fue la primera guerra de independencia cubana contra las fuerzas reales españolas. La guerra comenzó con el Grito de Yara, lanzado por el líder independentista Carlos Manuel de Céspedes. El manifiesto alentaba a la guerra contra la metrópoli y tuvo un carácter antiesclavista, anticolonialista y de liberación nacional.
La Sublevación Cantonal
La sublevación cantonal fue el conflicto más grave durante la etapa republicana. El cantonalismo fue un fenómeno complejo que mezclaba aspiraciones autonomistas con la revolución social. La proclamación de cantones independientes, con sus gobiernos autónomos y su propia legislación, fue la consecuencia inmediata de aplicar la estructura federal, reconocida en la Constitución de 1873, un derecho que posibilitaba la independencia de municipios y regiones.
A lo largo del mes de julio se proclamaron cantones independientes en Cartagena, Murcia y otros puntos del levante y Andalucía. Los protagonistas eran un conglomerado social compuesto por artesanos, comerciantes y asalariados, dirigidos por federales intransigentes, dispuestos a cambiar el rumbo de la nueva República.
En julio de 1873, el presidente Francisco Pi y Margall se opuso a sofocar las revueltas por las armas y dimitió. Fue sustituido por Nicolás Salmerón, quien dio por acabada la política de negociación con los cantones e inició la acción militar. Excepto en Cartagena, la intervención militar sofocó rápidamente la insurrección, pero dio un inmenso poder a los generales y al ejército, que se postuló como la única garantía de orden y barrera contra la revolución social.
Salmerón dimitió a principios de septiembre, al sentirse moralmente incapaz de firmar las penas de muerte impuestas por la autoridad militar contra los principales activistas del cantonalismo. La presidencia recayó en manos de Emilio Castelar, máximo dirigente del republicanismo unitario y conservador. Sus actuaciones se apoyaron en su lema de orden, autoridad y gobierno y practicó una política en sentido unitario y de orientación autoritaria. Castelar consiguió plenos poderes de las Cortes, reorganizó el ejército y gobernó con el parlamento cerrado hasta el día 2 de enero de 1874.