Introducción: A comienzos del siglo XIX, España era un país con una sociedad y una economía eminentemente agrarias, donde la propiedad de la tierra se concentraba en manos de una élite, herencia del Antiguo Régimen. El proceso de desamortización de tierras impulsado por los liberales alteró significativamente esta estructura.
El Antiguo Régimen y la necesidad de cambio
En el Antiguo Régimen, gran parte de las tierras eran inalienables, vinculadas al ejército, la Iglesia o la Corona, y no podían venderse. La eliminación de estos obstáculos legales, heredados del antiguo régimen, era una condición esencial para liberalizar el mercado de la tierra, objetivo primordial de los liberales. A partir de 1836, se implementaron diversas iniciativas para reformar la agricultura: la eliminación de mayorazgos (1836), la supresión de los derechos señoriales (1837) y la desamortización eclesiástica. Con estas medidas, los liberales buscaban la liberalización de la agricultura para permitir la compraventa libre de tierras y eliminar los obstáculos al desarrollo del capitalismo en el sector.
El Proceso de Desamortización
La desamortización consistió en la incautación por parte del Estado, generalmente a cambio de una compensación económica, de bienes pertenecientes en su mayoría a la Iglesia y los municipios. Estos bienes incautados se vendían en subastas públicas y constituían una parte importante de los ingresos del presupuesto. Los primeros procesos de desamortización se iniciaron con Godoy en 1798, con las primeras apropiaciones de bienes de la Iglesia. También hubo un intento de desamortización con José Bonaparte. Las Cortes de Cádiz promulgaron un decreto general de desamortización en 1813, que no se aplicó debido al regreso de Fernando VII, aunque volvió a entrar en vigor durante el Trienio Liberal.
La Desamortización Eclesiástica (1835-1837)
Entre 1835 y 1837, se expropiaron las tierras y propiedades eclesiásticas amortizadas. El artífice fue el ministro de hacienda progresista Juan Álvarez Mendizábal. En 1836, se ordenó la supresión y venta de los monasterios y conventos de las órdenes religiosas del clero regular, excepto los destinados a la beneficencia y la educación. Todas las propiedades fueron subastadas. La desamortización de 1836 fue crucial en el programa de Mendizábal para financiar la guerra contra los carlistas y sanear las cuentas de la hacienda. Sus objetivos se concretaban en:
- Objetivo financiero: Obtener ingresos para pagar las deudas del Estado con los bancos extranjeros y con los ciudadanos que habían adquirido títulos de deuda pública, y costear la guerra contra los carlistas.
- Objetivo político: Ampliar el número de simpatizantes del liberalismo, ya que los compradores de bienes desamortizados perderían las tierras adquiridas en caso de una victoria carlista.
- Objetivo social: Crear una clase media agraria de campesinos propietarios.
Durante la regencia de Espartero, se vendió el equivalente a tres quintas partes de la Iglesia, aunque con la llegada al poder de los moderados se paralizó el proceso. La desamortización eclesiástica solo alivió parcialmente el déficit público y aumentó la oposición al liberalismo dentro del sector católico.
La Desamortización Municipal (1854-1856)
El otro gran proceso desamortizador del siglo XIX ocurrió durante el Bienio Progresista (1854-1856), bajo la responsabilidad del ministro de hacienda Pascual Madoz. En 1855, se promulgó un nuevo decreto que afectó a las tierras de propiedad municipal y significó la desaparición definitiva de los bienes de “manos muertas” en España. Los objetivos eran recaudar fondos para reducir el déficit estatal, obtener nuevos ingresos para financiar obras públicas, y costear la construcción de ferrocarriles.
La venta de tierras municipales arruinó a muchos ayuntamientos, no solucionó el problema de la deuda pública y perjudicó a los vecinos más pobres, que perdieron el derecho al uso de los terrenos comunales. Esto forzó a parte de la población rural a emigrar a las ciudades.
Consecuencias y Legado
Las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz tuvieron un alcance extraordinario, afectando al 20% del suelo español. El valor total aproximado de los bienes desamortizados y vendidos entre 1836 y 1875 superó los 3.000 millones de pesetas. La mayor parte de los compradores ya estaban relacionados con la tierra: terratenientes, aristócratas, arrendatarios, comerciantes e incluso clérigos. Así se consolidó la nueva oligarquía rural del siglo XIX. Los intereses nobiliarios y de los terratenientes absentistas se fusionaron con los de los nuevos grandes propietarios locales, unidos por lazos matrimoniales, constituyendo la coalición de intereses oligárquicos que sirvió de base social al Estado liberal.
Conclusión
El proceso desamortizador del siglo XIX fue resultado del objetivo de los políticos liberales de desmantelar las estructuras económicas y sociales del Antiguo Régimen. Se trataba de desvincular los bienes de “manos muertas” y ponerlos en venta para generar ingresos para la Hacienda.