La Desamortización en España: Transformación de la Propiedad y Agricultura en el Siglo XIX

La Desamortización Española del Siglo XIX

La desamortización fue una de las medidas adoptadas por el régimen liberal que causó mayor impacto en la economía española del siglo XIX. Significó un cambio esencial en el sistema de propiedad de la tierra. Por desamortización entendemos la incautación estatal de bienes raíces de propiedad colectiva, bien eclesiástica o bien civil, que, tras la correspondiente nacionalización y posterior venta en subasta, pasan a formar una propiedad nueva privada. Con la desamortización, sus poseedores los pierden, pasan al Estado, bajo cuyo dominio son ‘bienes nacionales’, y el Estado los vende a particulares.

Contexto Histórico: La Propiedad de la Tierra

La Herencia del Antiguo Régimen

La propiedad de la tierra, en la España del Antiguo Régimen, estaba mayoritariamente en manos de la nobleza y de la Iglesia. La nobleza, gracias a la institución del mayorazgo, debía transmitir sus propiedades íntegras al primogénito. La Iglesia, por su parte, era propietaria de grandes extensiones de tierra como consecuencia de las numerosas donaciones recibidas a lo largo del tiempo. De esta forma, una gran cantidad de tierra quedaba inmovilizada, convertida en tierra de manos muertas. También los municipios eran propietarios de tierras: montes y baldíos, cuya utilización adoptó dos formas principales: tierras de aprovechamiento común por parte de la colectividad y tierras de propios que eran arrendadas a particulares que las cultivaban. Como resultado, la cantidad de tierra a la que se podía acceder como propietario particular había ido disminuyendo progresivamente, encareciéndose en el proceso.

Fases del Proceso Desamortizador

Precedentes y Primeros Intentos

Este fenómeno, antes de ser aplicado en toda su intensidad durante el régimen liberal, tuvo una serie de precedentes importantes:

Durante el reinado de Carlos III, los ilustrados ya criticaban la amortización de bienes raíces, considerándola una de las principales causas del atraso agrario español.
Posteriormente, con Godoy (1798-1808), la política belicista y el crecimiento brutal de la deuda pública obligaron a iniciar una primera desamortización de bienes municipales y eclesiales.
Con el rey José I Bonaparte (1808-1813), se intentaron aplicar medidas desamortizadoras, pero su alcance fue muy limitado debido a la situación de guerra (Guerra de la Independencia).
Durante las Cortes de Cádiz, se llevaron a cabo legislaciones que contemplaban la supresión de conventos y órdenes religiosas y la puesta en venta de sus propiedades. Estas medidas tuvieron corto alcance por su poca duración y por la persistencia de la guerra.
La restauración del absolutismo en 1814 significó la devolución de los bienes vendidos a los frailes. Más tarde, en el Trienio Liberal (1820-1823), volvieron a entrar en vigor las decisiones de las Cortes de Cádiz, pero en 1823 retornó el régimen absolutista, y Fernando VII obligó a restituir los bienes vendidos.

Fue tras la muerte de Fernando VII cuando los liberales, ya asentados en el poder, pusieron en venta ingentes cantidades de tierra de forma más sistemática.

La Desamortización de Mendizábal (1836)

Juan Álvarez Mendizábal impulsó la desamortización eclesiástica en 1836. Tres fueron los objetivos principales que aspiraba a alcanzar con sus leyes desamortizadoras:

Objetivo financiero: Buscar ingresos para pagar la creciente deuda pública del Estado y obtener recursos económicos para costear la guerra contra los carlistas (Primera Guerra Carlista).
Objetivo político: Ampliar la base social de apoyo al liberalismo, creando una clase de propietarios vinculados al nuevo régimen.
Objetivo social: Crear una clase media de campesinos propietarios (aunque este objetivo fue el menos logrado).

El nombre de Mendizábal va unido fundamentalmente a la desamortización eclesiástica. Así, en julio de 1835 se decretó la supresión de conventos y monasterios que tuviesen menos de doce profesos, aplicándose sus bienes a la extinción de la deuda pública. El 11 de octubre de 1835, Mendizábal promulgó un decreto mediante el cual se suprimían las órdenes religiosas. Otro decreto clave, promulgado el 19 de febrero de 1836, declaraba en venta todos los bienes de las comunidades y corporaciones religiosas extinguidas, calificándolos como bienes nacionales.

El decreto fijaba la subasta pública como norma para realizar las ventas (previa tasación). Como forma de pago se admitía el dinero en efectivo o los títulos de la deuda pública. Las fincas fueron tasadas por peritos de Hacienda y subastadas después. Estas pujas fueron acaparadas en gran medida por inversores burgueses y nobles terratenientes con liquidez o títulos de deuda. Además, comprar era un excelente negocio: sólo se abonaba el 20% al contado, el resto se pagaba aplazado, y se admitían para el pago los títulos de deuda (a menudo adquiridos a bajo precio). En total, entre 1836 y 1844, se habían desamortizado aproximadamente el 62% de las propiedades de la Iglesia.

Entre las raras voces de los sectores progresistas que se opusieron al método de Mendizábal destacó la de Flórez Estrada. Este se declaraba partidario de la desamortización, pero contrario al sistema de venta propuesto por el ministro de Hacienda. Flórez Estrada conectaba con el espíritu de los ilustrados: desamortizar para reformar la estructura agraria. Su propuesta alternativa era arrendar las tierras en enfiteusis (un tipo de censo a largo plazo) por 50 años a las mismas personas que las estaban trabajando, con la posibilidad de renovación del contrato al expirar dicho plazo. Argumentaba que esta propuesta era ventajosa para el Estado, que no perdía la propiedad de los “bienes nacionales” y podía invertir el importe de las rentas en el pago de las deudas, además de beneficiar a los campesinos.

La Desamortización General de Madoz (1855)

La segunda gran desamortización fue iniciada durante el Bienio Progresista (1854-1856). Con la Ley Madoz del 1 de mayo de 1855, se hablaba de desamortización general porque afectaba no solo a los bienes de la Iglesia que aún no habían sido vendidos, sino también a los bienes del Estado, de las órdenes militares, de las cofradías, de las instituciones benéficas y, muy significativamente, a los bienes de propios y comunes de los municipios. Con esta ley se declaraban en venta todos los bienes amortizados (manos muertas) que no lo habían sido en anteriores desamortizaciones.

La finalidad de la Ley Madoz era fundamentalmente económica: obtener medios para el Estado, en particular para financiar la construcción del ferrocarril. Tampoco en esta ocasión apareció como una preocupación prioritaria por parte de los progresistas facilitar el acceso a la tierra de los desposeídos. Los bienes desamortizados pasarían a propiedad de aquellos que más pudieran pagar por ellos, utilizando también el procedimiento de la subasta pública para su venta.

No obstante, se introdujeron algunas mejoras técnicas en cuanto a la forma de pago: esta sólo podría hacerse en metálico y en un plazo de quince años, con un descuento del 5% sobre los plazos adelantados. Solo en algunos casos se admitieron títulos de Deuda. La Ley Madoz se desarrolló a gran velocidad y los ingresos obtenidos por el Estado fueron muy abultados.

Consecuencias de la Desamortización

Consecuencias Económicas

Favoreció una considerable expansión de la superficie cultivada y, en menor medida, de la producción agraria. Sin embargo, los nuevos propietarios, en general, no emprendieron mejoras técnicas significativas, sino que se limitaron a seguir cobrando las rentas o a explotar la tierra con métodos tradicionales.
Esta expansión de cultivos tuvo un efecto negativo importante: la deforestación. Se talaron árboles de manera indiscriminada en los antiguos montes comunales y eclesiásticos para obtener un beneficio inmediato con la venta de leña y madera.
No se cumplieron totalmente las expectativas económicas iniciales (especialmente las de Mendizábal) porque los fondos, tanto en metálico como en bonos de la Deuda pública, tardaron en llegar y a menudo se desvalorizaron.
La compraventa masiva de tierras inutilizó un capital que hubiera sido de vital importancia para financiar la industrialización de España, que seguía siendo incipiente.

Consecuencias Sociales

No consiguió crear una amplia clase media agraria de pequeños y medianos propietarios, uno de los objetivos teóricos.
Los principales beneficiarios no fueron los antiguos trabajadores de la tierra (arrendatarios, jornaleros). Los campesinos, en su mayoría, no pudieron comprar tierras por falta de recursos, viéndose a menudo perjudicados al perder el acceso a los bienes comunales.
Se acentuó el latifundismo en Andalucía y Extremadura, y el minifundismo en otras zonas, consolidando una estructura de la propiedad muy desigual.
Se asentaron campesinos empobrecidos en tierras marginales, a menudo no aptas para el cultivo en propiedad individual, y se empobrecieron muchos ayuntamientos al perder los ingresos de sus bienes de propios y la utilidad de los comunes.

En resumen: los principales beneficiados fueron la nobleza terrateniente que amplió sus posesiones y, sobre todo, la burguesía urbana y agraria con capacidad de inversión. Los perjudicados fueron la Iglesia (que perdió gran parte de su patrimonio), los municipios, los campesinos pobres y los jornaleros.

Consecuencias Políticas y Culturales

La causa liberal ganó el apoyo de los nuevos propietarios, pero también provocó una escalada de tensiones entre la Iglesia Católica y el Estado liberal, que marcaría gran parte de la historia contemporánea de España.
La desamortización produjo una gran pérdida y expolio del patrimonio histórico-artístico proveniente de los antiguos monasterios y conventos. Muchas obras arquitectónicas se arruinaron por abandono o fueron demolidas, y numerosos bienes muebles (libros, pinturas, esculturas, objetos litúrgicos) fueron vendidos a precios irrisorios, destruidos o salieron hacia otros países.
Tuvo consecuencias en el terreno urbanístico. En las ciudades, la desamortización de conventos y edificios religiosos permitió ensanches y nuevas construcciones, pero la alta burguesía acaparó los mejores edificios y solares, excluyendo a las clases medias y populares del acceso a estas nuevas oportunidades urbanas.

Valoración del Proceso Desamortizador

En definitiva, no se aprovechó la ocasión para llevar a cabo una verdadera reforma agraria que creara una clase media rural estable, factor que hubiera podido ser de equilibrio en la nueva sociedad liberal. La desamortización, tal como se ejecutó, consolidó una oligarquía agraria (formada por la vieja aristocracia y la nueva burguesía terrateniente) llamada a ejercer por largo tiempo el poder político y económico en España. En regiones como Andalucía, donde más influencia tuvo el proceso desamortizador, la mala situación de los campesinos se agravó al perder los aprovechamientos comunales y tener que aceptar las condiciones impuestas por los nuevos propietarios. La desamortización fue, en muchos sentidos, una oportunidad perdida para modernizar de forma equilibrada la estructura social y económica del campo español.

Los Cambios en la Agricultura del Siglo XIX

El Atraso Agrario

Al iniciarse el siglo XIX, la agricultura española estaba muy atrasada. Se caracterizaba por ser una agricultura de subsistencia, basada predominantemente en el cultivo de cereales (trilogía mediterránea: trigo, vid y olivo), usando técnicas agrícolas arcaicas fundamentadas en la rotación trienal con barbecho, el uso generalizado del arado romano y un desconocimiento o escaso uso de los abonos modernos. El campo español estaba relativamente despoblado en comparación con otros países europeos, y las condiciones de vida de los campesinos eran duras, con exceso de trabajo, escasa remuneración y falta de reservas alimenticias para afrontar las malas cosechas. La agricultura necesitaba profundas y urgentes reformas que la sacaran de su situación de postración.

Evolución de la Agricultura

En el persistente atraso agrario tuvo una influencia muy destacada la estructura de la propiedad de la tierra, consolidada tras la desamortización. Los propietarios de los grandes latifundios de Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía tenían, en general, una mentalidad rentista, con gran aversión al riesgo y muy escaso interés por invertir en la mejora y el cultivo eficiente de sus tierras. La población campesina vivía a menudo en estado de subsistencia. Las enormes diferencias entre propietarios y campesinos sin tierra provocaron frecuentes movilizaciones y conflictos sociales en el campo, en defensa de una reforma agraria que les permitiese el acceso a la propiedad de la tierra.

En la Submeseta norte y en Galicia, predominaban los minifundios, lo que, unido a la mala calidad de muchas tierras y a la presión demográfica, obligó a emigrar a muchos campesinos, primero dentro de España y luego hacia América.

Hasta bien entrado el siglo XX, el cereal, que contó con una fuerte protección arancelaria frente a la competencia exterior, fue el principal cultivo del campo español (representando más del 40% del producto agrario total). Esta protección encareció los alimentos básicos, obligando a la creciente población urbana a consumir alimentos a precios mucho mayores que los del mercado internacional. Como consecuencia, la renta disponible de las familias para demandar productos manufacturados fue menor, dificultando el desarrollo industrial.

Otros cultivos, entre los que destacan la vid, el olivar y los cítricos, tuvieron una trayectoria más dinámica orientada a la exportación. La expansión de la viticultura durante el último tercio del siglo XIX fue importante (hasta la crisis de la filoxera), y mejoró la venta del aceite de oliva andaluz en los mercados internacionales. También aumentó significativamente la superficie de cultivo de la naranja, especialmente en la Comunidad Valenciana.

Participación de la Agricultura en el Crecimiento Económico

El sector agrícola podía haber representado un papel mucho más importante en la modernización económica de España, cosa que no ocurrió durante el siglo XIX. En 1900, la población activa seguía siendo mayoritariamente rural (en torno al 65-70%), persistían déficits alimentarios crónicos en años de mala cosecha, las exportaciones agrarias (salvo productos específicos) eran limitadas y el nivel de consumo interno era muy bajo debido a la pobreza del campesinado. No hubo un trasvase significativo de capitales acumulados en la agricultura hacia otros sectores como la industria. Tampoco hubo una transferencia masiva de mano de obra del campo a la ciudad (el gran éxodo rural se produciría más tarde, ya en el siglo XX), lo que mantuvo bajos los salarios industriales pero también limitó el crecimiento del mercado interior. Hasta finales del siglo XIX se mantiene en España el Régimen Demográfico Antiguo, caracterizado por altas tasas de natalidad y mortalidad (especialmente infantil), elevado analfabetismo, una dieta pobre y escasa para gran parte de la población, y un relativo desinterés de los gobiernos por abordar una modernización agraria integral.

Conclusión

La desamortización constituyó la medida económica y social más revolucionaria entre las adoptadas por los gobiernos liberales españoles del siglo XIX. Transformó radicalmente la propiedad de la tierra, movilizando enormes cantidades de fincas rústicas y urbanas. Sin embargo, sus resultados fueron ambivalentes. No fue suficiente para modernizar la agricultura española, que siguió muy atrasada en comparación con otros países europeos y no actuó como motor para provocar una verdadera revolución industrial en nuestro país.

Al atraso secular en las técnicas agrarias y a la lenta evolución de la producción durante el siglo XIX, se vino a unir una oportunidad desaprovechada con la desamortización. La tierra pasó de manos muertas (eclesiásticas y municipales) a manos laicas y privadas, pero sin llegar a crear una verdadera clase media agraria, consolidando en cambio el poder de una oligarquía terrateniente y aumentando las diferencias sociales entre una burguesía enriquecida y un campesinado cada vez más pobre y proletarizado.