1. CONTEXTO INTERNACIONAL
La Dictadura de Primo de Rivera se desarrolla en el contexto internacional marcado por los acontecimientos del periodo de entreguerras en Europa: los «felices años 20» de prosperidad económica y concordia internacional, que alejan las tensiones de la posguerra (I Guerra Mundial); el desarrollo de la URSS e inicio del estalinismo; las dificultades económicas derivadas de la crisis de 1929 y, por último, el ascenso en Europa de movimientos totalitaristas (el fascismo en Italia y el nazismo en Alemania).
2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS INMEDIATOS
Los antecedentes más inmediatos que provocaron el golpe de Estado de Primo de Rivera fueron: la violencia social (sobre todo en Cataluña tras la «Ley de Fugas»), la radicalización del catalanismo, el descrédito del sistema parlamentario, la inexistencia de una oposición política eficaz, y por último, el descontento del Ejército a causa del desastre de Annual.
El 13 de septiembre de 1923, el general Miguel Primo de Rivera, capitán general de Cataluña, sacó sus tropas a la calle, ocupó los principales edificios oficiales de Barcelona e hizo público un manifiesto donde exponía los motivos e intenciones de su rebelión. Únicamente dos generales ofrecieron su apoyo de manera incondicional, mientras que el resto de jefes militares optó por permanecer a la expectativa y reiterar su completa fidelidad a las disposiciones que tomara el rey.
Alfonso XIII, (que pocos meses antes había criticado públicamente la incapacidad de los políticos y la ineficacia del sistema parlamentario liberal), conocía los preparativos del golpe. Deseaba un gobierno autoritario y estaba identificado con la mentalidad y con los propósitos de los mandos militares. Por todo ello, el rey aceptó con satisfacción los hechos y optó por entregar el poder al general Primo de Rivera. Gracias al consentimiento del monarca, la sublevación quedó legalizada y triunfó sin resistencia.
3. CAUSAS DEL GOLPE DE ESTADO
El golpe de estado se justificó con el argumento de que el régimen constitucional estaba bloqueado y desprestigiado y existía un grave peligro de revolución social. El dictador concibió su acción no como un fin, sino como un remedio indispensable, su discurso tenía pretensiones regeneracionistas e incluso moralistas, se centraba en la crítica de la «vieja política» y presentaba un claro componente populista, con el que intentaba ganarse la adhesión popular.
En su manifiesto inaugural, Primo de Rivera expuso los motivos de su acto ante la opinión pública:
- El fracaso del «obsoleto» sistema parlamentario liberal surgido en 1875 y la ineficacia de los políticos, que fueron calificados por el general como corruptos, degenerados e inmorales.
- Las derrotas de Marruecos, que habían puesto en evidencia la inoperancia de los gobernantes para resolver este problema.
- La generalización de los desórdenes públicos, la agudización de los conflictos sociales, la extensión de las protestas campesinas y la multiplicación de las huelgas obreras, cuya violencia iban en aumento (ejemplo: la huelga de transportes en Barcelona pocas semanas antes del golpe de estado y que dejó 22 muertos)
- El incremento de la inseguridad ciudadana y de los atentados terroristas anarquistas.
- Las actividades antiespañolas de grupos separatistas vascos y catalanes.
Algunos historiadores han apuntado recientemente que posiblemente Primo de Rivera no pretendía poner fin a un régimen caduco y anquilosado, sino más bien evitar que el régimen político acabara por democratizarse. En efecto, el último gobierno de concentración de García Prieto, que incluía a miembros del partido Reformista, se habían planteado como objetivos la libertad de culto, la reforma de la ley electoral mediante la representación proporcional, la reforma del Senado, una cierta participación obrera en los beneficios industriales y la implantación de un impuesto extraordinario sobre los beneficios de la guerra. Así, el golpe de estado se presentaba también como una forma de frenar esa posible reforma del sistema que podía resultar amenazadora para ciertos sectores e intereses sociales.
4. LA REORGANIZACIÓN DEL ESTADO
La dictadura tuvo dos fases claramente diferenciadas: el Directorio Militar y el Directorio Civil.
Las primeras medidas del Directorio Militar (1923-1925) mostraron su carácter dictatorial:
- Suspensión del régimen constitucional.
- Disolución del Congreso de Diputados y del Senado.
- Cese de las autoridades civiles.
- Prohibición de las actividades de los partidos políticos y de los sindicatos, etc.
Todo ello fue acompañado de la militarización del orden público y de una represión del obrerismo más radical (cenetistas y comunistas).
La regeneración política era uno de los objetivos primordiales del discurso del dictador. Con el objetivo de liquidar el caciquismo, elaboró un Estatuto Municipal y otro Provincial. También se disolvieron los Ayuntamientos y fueron sustituidos por juntas de vocales asociados, integradas por los mayores contribuyentes de cada localidad y nombradas a través de los gobernadores civiles. La regeneración prometida quedó en una gran farsa, ya que se suspendieron todos los mecanismos electorales y la renovación política se limitó a sustituir unos caciques por otros.
El régimen propugnaba una nueva forma de hacer política y para esa tarea se creó un nuevo partido, la Unión Patriótica. Se trataba de un partido gubernamental, sin un programa ideológico definido y cuya misión primordial era proporcionar apoyo social a la Dictadura y seguir las directrices de la superioridad. Los afiliados al nuevo partido procedían básicamente de las filas del catolicismo, de los funcionarios de las administraciones y de los caciques rurales.
Durante la primera etapa de la Dictadura, el conflicto con Marruecos centró el interés de Primo de Rivera, que sumió personalmente el Alto Comisionado de Marruecos desde 1924. A partir de 1925, se inició una política de colaboración con Francia que incluyó una acción militar coordinada. Fruto de esa colaboración fue el desembarco de Alhucemas (1925), que se saldó con un gran éxito. Tras varias derrotas, Abd-el-Krim se rindió, entregándose a las tropas francesas al año siguiente. A partir de 1927, las tropas españolas dieron por concluida la ocupación efectiva de todo el Protectorado.
Durante el Directorio Civil (1925-1930) Primo de Rivera intentó institucionalizar su régimen con la creación de una Asamblea Nacional Constituyente (1927), y con la realización de un plebiscito que sometió a votación su política interior y exterior. La Asamblea tuvo un carácter corporativo y autoritario; estaba compuesta por representantes de las corporaciones elegidos por sufragio indirecto, por funcionarios de la Administración y por representantes sociales escogidos desde el poder. Así, el sufragio universal quedó totalmente relegado al olvido.
5. LA POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL
La Dictadura se benefició de la buena coyuntura económica internacional («felices años 20»). Fueron años de política nacionalista y de dirigismo estatal que combinaron elementos intervencionistas (acentuación del proteccionismo) con un impulso al desarrollo industrial de los sectores de bienes de inversión.
El Estado tuvo un protagonismo económico notable gracias al fomento de las obras públicas (ferrocarriles, carreteras, planes hidroeléctricos…) y se aprobó el Decreto de Protección de la Industria Nacional que preveía la concesión de ayudas estatales a las empresas que no podían competir con el exterior. También se concedieron grandes monopolios como el de teléfonos a la Compañía Telefónica Nacional de España y se otorgó la exclusividad en la importación, refinado, distribución y venta de petróleo a la compañía arrendataria CAMPSA. Toda esta política comportó un notorio crecimiento del déficit presupuestario y provocó un acusado endeudamiento del Estado que, en 1929, era siete veces superior al de 1924 aunque estaba disfrazado por la contabilidad oficial.
La Dictadura puso en marcha un modelo de regulación del trabajo que pretendía eliminar los conflictos sociales mediante la intervención del Estado, la integración de los sectores más moderados del movimiento obrero y la represión de las organizaciones más radicales. A este fin se creó la Organización Corporativa Nacional, que articulaba las relaciones laborales sobre la base de las profesiones, creando los comités paritarios que estaban formados en igual número por patronos y obreros. Su misión era la reglamentación de los salarios y de las condiciones de trabajo, así como la mediación y arbitraje en caso de conflictos laborales, estos comités encontraron el apoyo de la UGT, mientras la CNT era prohibida y se potenciaba, en cambio, a los Sindicatos Libres.
6. LA OPOSICIÓN A LA DICTADURA
La oposición a la Dictadura estuvo integrada por buena parte de los líderes de los viejos partidos del turno, los republicanos, los comunistas y anarquistas, determinados sectores del Ejército y la casi totalidad de los intelectuales.
Los antiguos partidos del turno criticaron la excesiva duración del régimen y algunos dirigentes monárquicos participaron en conspiraciones militares como el complot conocido como “la sanjuanada” de junio de 1926. Un carácter semejante tuvo la intentona dirigida por el político conservador José Sánchez Guerra, en enero de 1929, que también contaba con un cierto apoyo militar.
Los republicanos organizaron la llamada Alianza Republicana, que logró unir a las diversas facciones del movimiento republicano y desarrollar una amplia campaña propagandística en el exterior.
El enfrentamiento de los intelectuales con la Dictadura estuvo protagonizado por figuras como Unamuno, Ortega y Gasset, Blasco Ibáñez y Menéndez Pidal, muy críticos con el régimen y que, en 1924, suscribieron un manifiesto con más de 100 firmas en contra de su política cultural. La oposición del mundo universitario se materializó en la revuelta estudiantil y en el apoyo conseguido por la Federación Universitaria Española.
La CNT se mostró contraria al régimen, pero en su interior se agravó el enfrentamiento entre quienes defendían una actitud más radical y partidaria de la violencia y aquellos que defendían posturas más posibilistas, entre los cuales se encontraba Ángel Pestaña. Los primero, en julio de 1927 crearon la FAI (Federación Anarquista Ibérica), que en su mayoría era partidaria de la insurrección popular. También el PSOE cambió su posición hacia 1929 cuando rechazó abiertamente los intentos continuistas del régimen y se pronunció a favor de la república.
La cuestión catalana se convirtió en un conflicto. Las medidas políticas y administrativas tomadas por Primo de Rivera como la liquidación de la Mancomunidad en 1925, la prohibición del uso público del catalán y el baile de la sardana, o la clausura del F.C. Barcelona, hicieron que el régimen fuese visto en Cataluña como profundamente anticatalanista.
7. LA CAÍDA DEL DICTADOR
El relativo consenso inicial que había tenido el golpe de estado entre las clases conservadoras fue resquebrajándose al mostrarse incapaz de conciliar las distintas facciones monárquicas, civiles y militares, y de encontrar una salida al régimen que garantizase la transición hacia un régimen constitucional.
Alfonso XIII temeroso de que el desprestigio creciente de la Dictadura afectase a la imagen pública de la Monarquía, optó por retirar la confianza al dictador, que dimitió en enero de 1930. El general Berenguer fue el encargado de sustituirle, pero el prometido retorno a la normalidad constitucional se llevaba a cabo tan lentamente, que la oposición y la opinión pública mostraron su descontento hacia lo que irónicamente se denominaba “dictablanda”.
La oposición comenzó a organizarse y los republicanos, catalanistas de izquierda y el mismo PSOE acordaron la firma conjunta del Pacto de San Sebastián (agosto de 1930) por el que se comprometían a proporcionar una alternativa a la monarquía, constituyendo un comité revolucionario que debería convertirse en el gobierno provisional de la futura República. En diciembre de ese mismo año se produjo un intento insurreccional militar de proclamar la República en Jaca protagonizado por los capitanes Galán y García Hernández, quienes fueron fusilados.
8. CONCLUSIÓN Y PROYECCIÓN FUTURA
La dictadura de Primo de Rivera tuvo siete años de vida en las que se sucedieron dos formas de gobierno: el Directorio Militar y el Directorio Civil, así denominados por la procedencia de sus miembros. El Directorio Militar se presentaba como un régimen provisional con la pretensión de resolver los problemas pendientes; el Directorio Civil pretendía la institucionalización del régimen.
La caída del dictador en 1930 iba a arrastrar a la propia Corona dado el apoyo manifiesto del rey Alfonso XIII a Primo de Rivera. En febrero de 1931 se constituyó el último gobierno de la Monarquía presidido por el almirante Aznar, que sumió el compromiso de convocar elecciones, empezando por las municipales, y de dar a las nuevas Cortes un carácter constituyente. Se intentaba volver a la normalidad, pero Alfonso XIII se había comprometido excesivamente con la Dictadura y las elecciones municipales, fijadas el 12 de abril, se presentaron como un plebiscito a favor o en contra de la Monarquía. A pesar del fraude electoral, las candidaturas republicano-socialistas triunfaron en 41 de las 50 capitales de provincia y en las ciudades más importantes de las regiones industriales. Ante los resultados electorales, Alfonso XIII optó por el exilio y el 14 de abril de 1931 se proclamó la República en varias ciudades españolas.