La Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930)
Introducción
La instauración de la dictadura española del general Miguel Primo de Rivera (1870-1931) en 1923 coincide cronológicamente con otros regímenes autoritarios en la Europa de entreguerras, mas sus causas fueron principalmente internas. Diversos factores políticos, sociales y económicos conformaron la crisis que desencadenó en el golpe militar, tras el que la dictadura desacreditó la Monarquía y puso fin al sistema canovista. Durante el régimen, la creación de un Estado corporativista apoyado por un partido único fracasó, lo que ocasionó los mismos dilemas que existían antes del golpe. Muchos de los principios adoptados por Primo de Rivera fueron fundamentales posteriormente para Francisco Franco.
Desarrollo
Antecedentes y ascenso al poder
La descomposición del sistema político tras la crisis de 1917 fue uno de los antecedentes del pronunciamiento militar. A pesar de reformas como la de la Constitución de 1876 y las agrarias, el gobierno de Concentración Liberal atravesó tres crisis ministeriales en 1923, ello sumado a la vuelta del caciquismo y la restricción del voto. El desastre de Annual (1921) deterioró las relaciones entre militares y gobierno y evidenció la falta de criterio sobre la actuación en África; mediante el golpe también se buscaba paralizar la investigación del Expediente Picasso. Por otra parte, cabe citar como antecedente la crisis económica potenciada por la inflación y la contracción de la demanda posteriores a la Gran Guerra, unida a la conflictividad social realizada por los sindicatos libres.
El Directorio Militar (1923-1925)
Inicialmente, Primo de Rivera presidió un Directorio militar (1923-1925) con ocho generales de brigada y un almirante. Mediante la Real Orden, suspendió las garantías constitucionales, las Cortes, los partidos políticos y la prensa libre. Un aspecto destacado de su política fue el cese de la corrupción y el caciquismo, para lo que sustituyó a los gobernadores civiles provinciales por militares. Mediante el Estatuto Municipal de 1924, directamente se sustituyeron los ayuntamientos por juntas de vocales asociados. Sin embargo, al desaparecer el caciquismo desaparecieron ciertas libertades. Por otra parte, se creó el periódico La Nación y el partido Unión Patriótica, que tuvo como objetivo traspasar a manos civiles las funciones políticas, reconstruir la Administración, fortalecer las relaciones con el pueblo y crear, como parlamento, la Asamblea Nacional. Para controlar el orden público, especialmente en Barcelona, se aplicó la ley marcial y se institucionalizó el Somatén catalán. Las clases rectoras catalanas apoyaron la extensión del Somatén y la elevación de Martínez Anido a la Subsecretaría del Gobierno, pero Primo de Rivera reprimió el catalanismo y disolvió la Mancomunidad. Finalmente, el problema marroquí se acentuó tras el desastre de Annual. Primo de Rivera defendía el semiabandono y llegó a ofrecer a Abd el Krim la autonomía. Sin embargo, en 1925, el éxito franco-español en Alhucemas aumentó la influencia “africanista”.
El Directorio Civil (1925-1930)
El Directorio militar fue sustituido por un Directorio civil (1925-1930) para institucionalizar la dictadura, integrado por la Unión Patriótica. La propaganda para consolidar el régimen se centró en los logros económicos y el éxito en Marruecos. En el ámbito económico, fueron beneficiosos los “felices años veinte” y se fomentó el intervencionismo en la industria y las infraestructuras. La financiación se basó en la Deuda Pública y en reformas tributarias. Siguiendo las ideas regeneracionistas, se realizaron grandes obras públicas. Destaca el monopolio sobre el petróleo (CAMPSA) y la concesión a la norteamericana ITT del monopolio de Telefónica, acciones que causaron acusaciones de corrupción. En cuanto a la política socio-laboral, el Estado organizó a los obreros mediante el Consejo Nacional de Trabajo, Comercio e Industria y el Instituto de Reformas Sociales.
Conclusión
Ante la múltiple oposición, Primo de Rivera dimitió el 30 de enero de 1930, y se proclamó un Gobierno del general Berenguer cuyo objetivo fue restaurar la Constitución de 1876. Apenas contó con apoyo exceptuando a terratenientes, caciques, industriales y católicos, por lo que el régimen fue conocido como “Dictablanda”. Tras la crisis de 1929, la oposición firma el Pacto de San Sebastián en 1930 para derrocar el gobierno de Berenguer. Cuando monárquicos y republicanos declararon abstenerse en las elecciones generales a Cortes Constituyentes, el gobierno fue sucedido por el almirante Aznar, que convocó elecciones municipales el 12 de abril de 1931 con un resultado altamente antimonárquico.