El sistema canovista: La Constitución de 1876 y el turno de partidos. La oposición al sistema.
La Restauración es la etapa de la historia de España que se inició en 1874, con el regreso al trono de los Borbones. Su artífice fue Antonio Cánovas del Castillo, que en el Sexenio Revolucionario había creado el Partido Alfonsino en defensa de los derechos del hijo de Isabel II. El fracaso del régimen republicano (golpe de Estado de Pavía, dictadura de Serrano) y la inestabilidad política llevó a buena parte de la sociedad a contemplar el restablecimiento de la monarquía. El príncipe Alfonso se dirigió al país el 1 de diciembre de 1874 en el Manifiesto de Sandhurst, redactado por Cánovas, y en el que presentaba la monarquía constitucional como único modo para solucionar los problemas de España. Con ello se esperaba una restauración por aclamación popular pero el general Martínez Campos lo proclamó nuevo rey en un pronunciamiento el 29 de diciembre. A inicios de 1875 Alfonso XII entraba en Madrid y puso a Cánovas al frente del gobierno.
Cánovas del Castillo diseñó el sistema político de la Restauración. Su objetivo era crear un régimen liberal estable, pero tradicional y no democrático, que alejase al país de procesos revolucionarios. Sus tres pilares fueron:
- El rey: se convertiría en el árbitro de la vida política y jefe del ejército (rey-soldado). Esta última medida buscaba acabar con el protagonismo de los militares en las instituciones.
- El turno pacífico: consistía en la alternancia en el poder de dos grandes partidos, según el modelo inglés. El Partido Conservador, que representaba a las clases altas, estaba liderado por Cánovas y formado por antiguos moderados y unionistas. Y el Partido Liberal, representante de las clases medias, estaba dirigido por Práxedes Mateo Sagasta y unía a antiguos progresistas, demócratas y republicanos posibilistas. La alternancia se lograba mediante el falseamiento sistemático de las elecciones. Cuando el rey nombraba nuevo gobierno, se convocaban elecciones y el ministro de la gobernación ponía en marcha el encasillado: la «fabricación» de los resultados colocando a los candidatos que debían de ganar en cada distrito. La lista se enviaba a los caciques locales que, mediante redes clientelares, compra de votos o amenazas, se imponía a los votantes de su área. Si no era suficiente, se recurría al fraude para ajustar los resultados (pucherazo, manipulación del censo o secuestro de urnas).
- La Constitución de 1876: la más duradera de la historia de España (47 años). Era conservadora pero flexible, lo que permitía a los dos partidos gobernar sin modificarla. Establecía la soberanía compartida y no tenía una clara división de poderes: el ejecutivo estaba en manos del rey (cuya figura salía reforzada con amplios poderes) y el legislativo en unas Cortes bicamerales (Congreso y Senado). Los derechos y libertades incorporaron buena parte de los avances del Sexenio. Los asuntos más polémicos como imprenta, asociación y sufragio serían ajustados en leyes posteriores. Se declaraba la confesionalidad del Estado, pero se permitía la libertad de culto a nivel privado. A nivel territorial, reforzaba el centralismo, pues dejaba a los ayuntamientos en manos del gobierno.
El régimen de la Restauración buscaba dejar fuera del juego político al resto de grupos políticos, que se convirtieron en la oposición al sistema (carlistas, republicanos, nacionalistas y socialistas):
- El carlismo, tras su derrota en 1876, se convirtió en un movimiento marginal y ultraconservador. Se dividió en dos corrientes: una que luchó dentro de la legalidad liderada por Juan Vázquez de Mella; y otra antiliberal e integrista dirigida por Ramón Nocedal.
- El republicanismo conservó cierto peso social pero estaba muy dividido. Los principales grupos eran los posibilistas de Emilio Castelar, que aceptaron el sistema e incluso se acabaron uniendo al Partido Liberal; los progresistas de Ruiz Zorrilla, partidarios de la lucha armada; los unitarios de Salmerón; y los federalistas de Pi y Margall.
- Los nacionalismos periféricos surgieron en esta etapa como reacción al centralismo del sistema canovista. Defendían su identidad lingüística, cultural e histórica y reclamaban el autogobierno o incluso la separación del Estado. El primer partido nacionalista catalán fue la Unió Catalanista (1891), fundado por Enric Prat de la Riba y de tipo conservador. Su programa quedó recogido en las Bases de Manresa, que reclamaban la autonomía política, la oficialidad del catalán y la participación en la política nacional para lograr sus reivindicaciones. En plena crisis nacional española por el «Desastre del 98», la Unió Catalanista se unió a otros grupos y formó la Liga Regionalista (1901), liderada por Prat de la Riba y Francesc Cambó, que sería la fuerza catalanista predominante hasta la Segunda República. El nacionalismo vasco fue más tardío y surgió como reacción a la abolición de los fueros en 1876 y la defensa de la identidad vasca, amenazada por la industrialización y la llegada de inmigrantes (maketos). Su mayor representante fue Sabino Arana, fundador del Partido Nacionalista Vasco (1895), una formación antiliberal, tradicionalista y ultra católica.
- El regionalismo gallego tuvo un desarrollo más lento y menor arraigo social. En 1890 se creó la Asociación Regionalista Gallega, de corte progresista y que reclamaba la autonomía, la defensa del gallego y un mejor trato desde el Estado.
- El movimiento obrero se dividía en dos grandes corrientes ideológicas. El anarquismo fue la mayoritaria, sobre todo en el campo andaluz y ciudades catalanas. Rechazaba participar en política pero se dividió entre los partidarios de utilizar la huelga (anarcosindicalistas) o atentados contra el régimen (grupos de acción directa). El socialismo fue minoritario, pero con especial fuerza en Madrid, Asturias y País Vasco. Su representante fue el PSOE, fundado por Pablo Iglesias en 1879 y que obtuvo su primer escaño en 1910. Su sindicato fue la UGT, creado en 1888.
Las guerras de Cuba, el conflicto bélico contra Estados Unidos y la crisis de 1898
Tras la independencia de las colonias americanas durante el reinado de Fernando VII, el imperio español quedó reducido a Cuba, Puerto Rico, Filipinas y algunos archipiélagos en el Pacífico (Palaos, Carolinas y Marianas). De todos estos territorios, Cuba era el más importante y un activo esencial para la economía española. Era la principal exportadora mundial de azúcar, que se comercializaba directamente desde la isla y se pagaba en dólares. Más del 90% se dirigía a Estados Unidos. También era una importante productora de café y tabaco. Además era un mercado cautivo, obligado a comprar los textiles catalanes y el cereal castellano. Cuba estaba gobernada por un capitán general, que ejercía un poder absoluto y siempre a favor de los intereses de la élite isleña: comerciantes y grandes propietarios de las plantaciones, de origen español, que habían hecho fortuna y no deseaban cambios.
Sin embargo, en la isla había ido creciendo el malestar por el dominio político y económico colonial. La clase media criolla, formada por profesionales liberales, intelectuales y pequeños terratenientes, tenía ideas reformistas y aspiraba a acabar con el monopolio, el centralismo y la esclavitud.
Como fruto del descontento se produjeron dos guerras: la guerra Larga (1868-1878), una rebelión independentista liderada por Carlos Manuel de Céspedes, que comenzó con el Grito de Yara (1868) y terminó con la Paz de Zanjón (1878). En ella, el general Martínez Campos se comprometió a la abolición progresiva de la esclavitud y dar a la isla una cierta autonomía. El incumplimiento de estas promesas dio origen a un nuevo levantamiento, la guerra Chiquita (1879-1880).
Los gobiernos españoles no atendían las reivindicaciones cubanas por la presión de la élite colonial, la burguesía catalana y los terratenientes castellanos. Esto condujo al estallido de la guerra de Cuba (1895-1898). La insurrección fue liderada por José Martí, comenzó con el Grito de Baire y contó con el apoyo masivo de la población negra y mulata. Inicialmente, las tropas españolas fueron dirigidas por Martínez Campos, que fracasó. Fue relevado por el general Valeriano Weyler, que pese a su brutal estrategia represiva (la reconcentración) tampoco tuvo éxito. Tras el asesinato de Cánovas en 1897, Sagasta cesó a Weyler y ofreció una amplia autonomía pero fue rechazada por los rebeldes.
Casi simultáneamente estalló otra sublevación en Filipinas, un archipiélago lejano y desatendido por las autoridades españolas, que tenían dificultad para garantizar su dominio efectivo. Su respuesta fue una dura represión en la que fue fusilado uno de los principales líderes independentistas: José Rizal.
En 1898 se produjo la entrada de Estados Unidos en los conflictos cubano y filipino. Este país tenía intereses económicos y geoestratégicos en Cuba desde hacía décadas. El pretexto utilizado para declarar la guerra a España fue la voladura del acorazado norteamericano Maine, que estaba fondeado en La Habana, y del que culpó a un sabotaje español. Los estadounidenses destruyeron la flota española del Pacífico en Cavite (Filipinas) y luego la del Atlántico en Santiago de Cuba. Tras ello desembarcaron en Puerto Rico. Estas derrotas obligaron al gobierno español a firmar el Tratado de París (diciembre 1898), por el que se aceptaba la independencia de Cuba y se cedía Puerto Rico, Filipinas y la isla de Guam (en las Marianas) a Estados Unidos. La pérdida del imperio se completó en 1899, cuando el gobierno decidió vender a Alemania el resto de archipiélagos del Pacífico.
La derrota frente a Estados Unidos y la pérdida de las colonias abrió una grave crisis nacional. Es la llamada «crisis del 98», que marcó un viraje en la vida del país y cuyas consecuencias fueron:
- Económicas: que en un principio, no fueron negativas. Los años siguientes a la derrota fueron de ligera bonanza económica, pues se repatriaron numerosos capitales que se canalizaron hacia la industria e impulsaron el sistema financiero. Sin embargo, el Estado respondió a la pérdida del mercado colonial acentuando su proteccionismo en defensa del textil catalán y el cereal castellano. Una especie de «nacionalismo económico» que se mantuvo hasta la dictadura franquista.
- Políticas: el sistema de Cánovas resistió a la derrota, pero quedó desacreditado, así como el ejército, que desde entonces se va a replegar en sí mismo y mostrar un recelo hacia la política civil, a la que culpaba del desastre. En el interior, la crisis impulsó los nacionalismos periféricos; y en el exterior, España pasó a ser una potencia irrelevante. Esta pérdida de peso internacional se intentó compensar dirigiendo la atención a África.
- Ideológicas: la crisis marcó el surgimiento del regeneracionismo, una corriente de pensamiento preocupada por los problemas que atravesaba España (la corrupción política, el atraso económico y cultural, y el aislamiento internacional). Su principal representante fue Joaquín Costa, cuyas ideas influirían en los nuevos líderes de los partidos dinásticos, Maura y Canalejas, que trataron de llevar a cabo propuestas de reforma y modernización. El regeneracionismo también tuvo su vertiente literaria con la «generación del 98» (Unamuno, Machado, Valle-Inclán, Maeztu).
La evolución de la población y de las ciudades. De la sociedad estamental a la sociedad de clases.
En España hubo un crecimiento demográfico moderado debido al proceso de industrialización tardío e incompleto. España mantuvo en el s. XIX el modelo demográfico del Antiguo Régimen (alta mortalidad y alta natalidad). En este sentido, pese a que hubo cierto crecimiento de la población, las diferencias con los países europeos industrializados fueron muy marcadas: mientras que en Inglaterra la población se cuadriplicaba a lo largo del s. XIX, España pasaba sólo de 10,5 a 18,5 millones de habitantes.
La causa de este freno demográfico es la alta mortalidad, que se explica por:
- Frecuentes crisis de subsistencia debidas a las adversidades climáticas, el atraso de la agricultura y la industria y la deficiente red de transportes.
- Epidemias periódicas (fiebre amarilla, cólera y tifus) y enfermedades endémicas (tuberculosis, viruela, sarampión) que actuaban sobre una población mal alimentada con escasez de vacunas y falta de higiene y de atención sanitaria. También afectaban (en menor medida) las guerras, los exilios y las migraciones.
Las migraciones al exterior en la segunda mitad del siglo XIX crecieron notablemente, provocadas por la complicada vida en el país y por la facilitación jurídica. A finales del siglo XIX marcharon al extranjero más de un millón de españoles: la mayor parte a América Latina (gallegos, asturianos, canarios) y también algo de migración a la Argelia francesa (andaluces y murcianos).
Las migraciones interiores fueron el trasvase de población del campo a la ciudad (éxodo rural) hacia las regiones industriales y mineras donde había más demanda laboral, especialmente Cataluña y País Vasco.
Como consecuencia hubo una redistribución territorial: la población pasó a concentrarse en la periferia costera (Cataluña, Valencia, Asturias y Vizcaya), mientras que el interior (excepto Madrid), Canarias y Andalucía crecía menos, incluso en algunas zonas comenzaba un proceso de estancamiento que se terminará convirtiendo en despoblamiento en el S. XX.
Pese a los movimientos migratorios internos, en términos generales en el siglo XIX la demografía económica se mantuvo igual que en el Antiguo Régimen, en España predominaba la población rural dedicándose al sector primario. La agricultura continuaba siendo la principal actividad económica, debido tanto a la mecanización agraria como al lento desarrollo industrial urbano. A principios del siglo XX el sector primario representaba el 68% de la población ocupada, frente al secundario (14%) y terciario (18%).
El único territorio español que entró en el ciclo demográfico moderno fue Cataluña donde el desarrollo industrial fue mayor y la población creció a un ritmo similar al europeo debido a la recepción de emigrantes de otras zonas del país y a la menor mortalidad (mejores condiciones de vida y generalización de vacunas como la de la viruela).
En la segunda mitad del siglo XIX la población urbana creció con mayor rapidez debido al desarrollo industrial y la inmigración rural, haciéndose necesarios proyectos y reformas urbanas.
El mayor crecimiento urbano se concentró en ciudades con cierto desarrollo industrial y que contaban con puerto de mar: Bilbao y Santander en el Cantábrico; La Coruña, Vigo y Cádiz en el Atlántico; y Málaga, Valencia y Barcelona en el Mediterráneo. La única ciudad no costera que ganó población de forma notable fue Madrid, por ser la capital de España y por tanto centro administrativo.
A la vez que las ciudades crecían, también fueron mejorando sus infraestructuras básicas con la pavimentación, la iluminación pública, el abastecimiento de agua potable y el alcantarillado, que ayudaron a reducir la mortalidad. También la implantación de sistemas de transporte colectivo como el tranvía, favoreció la expansión territorial de la ciudad. Esta expansión generó graves problemas de organización urbana cuya solución va a ser un gran reto para los arquitectos y urbanistas. Se necesita dotar de nuevos espacios adecuados a las nuevas condiciones sociales de vida. Para enfrentar el reto muchas veces los trazados urbanos antiguos son un estorbo, empieza el debate sobre el patrimonio histórico y si hay que derribar o reformar. Acompañando este proceso surge el urbanismo como ciencia, teorías generales del urbanismo, etc. En España los proyectos urbanísticos más relevantes fueron el Ensanche de Barcelona de Ildefonso Cerdá, el Ensanche de Madrid de Carlos María de Castro y la Ciudad Lineal de Madrid de Arturo Soria.
Durante el siglo XIX el difícil triunfo del liberalismo en España implicó cambios políticos, pero también cambios económicos respecto a la estructura económica del Antiguo Régimen. Se aprobaron leyes que liquidaron el régimen económico de privilegios feudales y liberaron la propiedad de la tierra, el comercio y la mano de obra. Así se quería generar un clima económico de competitividad que pretendía generar progreso y modernización de las fuerzas productivas (industrias). Sin embargo, las políticas y leyes liberales, debido al poco desarrollo industrial del país, en varias ocasiones fracasaron y generaron crisis económicas.
Pese a todo, gracias a estas leyes y avances los estamentos sociales fueron siendo suprimidos y emergió la sociedad dividida en clases sociales, donde hay mayor movilidad social y la relación productiva más extendida es el salario.
En este contexto de crecimiento de la relación salarial, crecieron las organizaciones del movimiento obrero, como los sindicatos, destinados a proteger y mejorar las condiciones laborales y de vida de la clase trabajadora. En el siglo XIX en España predominó el anarquismo como ideología del movimiento obrero (especialmente en la FRE-AIT), aunque también surgieron importantes partidos y sindicatos de tendencia socialdemócrata (PSOE y UGT).
Las desamortizaciones. La España rural del siglo XIX. Industrialización, comercio y comunicaciones.
Durante el siglo XIX España continuó siendo fundamentalmente un país rural con poco desarrollo de las tecnologías productivas, por lo que la mayoría de la población era campesina con duras condiciones de vida. Por ello hay un difícil y lento avance de la industrialización y el liberalismo en España. Hubo una emergencia de las ciudades y la industria en algunas zonas que generaron una demanda laboral lo que llevó al éxodo rural. Esto dio lugar a que la cultura popular estuviese muy apegada a valores conservadores.
Durante el siglo XIX diferentes gobiernos liberales trataron de potenciar el proceso de industrialización y eliminar la sociedad del Antiguo Régimen. Entre sus iniciativas destacaron las desamortizaciones que consisten en confiscar por parte del Estado las tierras de la Iglesia y de los ayuntamientos y su posterior venta en grandes lotes en subasta pública, sus objetivos eran:
- El aumento de las rentas del Estado (gastos extraordinarios).
- Vincular a los propietarios con el régimen liberal.
- Modernizar la agricultura y la economía en general (se pensaba que los nuevos propietarios incrementarían la productividad de la tierra innovando).
La desamortización se hizo por fases (Godoy, Espartero, Mendizábal, Madoz…) El proceso afectó al 40% de la tierra cultivable.
Las consecuencias del proceso de modernización no fueron las esperadas.
- Económicas: aunque disminuyó la deuda del Estado, los pocos ingresos y las guerras quitaron recursos, entonces no hubo desarrollo de estructuras económicas (dependencia de inversión e intereses extranjeros).
- Sociales: hubo más distancia entre ricos y pobres (los grandes lotes provocaron latifundios), el campesinado perdió el derecho de acceso a bienes comunes de subsistencia, más jornaleros que trabajan a destajo en malas condiciones, lo que provocó el rechazo al proyecto liberal.
- Agrarias: no hubo modernización agraria.
Esta situación generó un atraso en el desarrollo industrial de España donde a principios del siglo XX la población ocupada en la agricultura era todavía superior al 60%. Buscaron modernizar el sistema productivo español transformando la estructura económica agraria en otra basada en la industria y el comercio pero la industrialización fue tardía, incompleta y limitada a escasas regiones debido a cuestiones como:
- La complicada geografía del país (comunicación).
- Inestabilidad política (guerras…).
- Frecuentes cambios de modelo económico (moderados el proteccionismo y progresistas el librecambismo).
- Falta de fuentes de energía (por precios…).
- Mercado interior débil.
- Pérdida de las colonias americanas (privación del régimen de monopolio y materias primas baratas).
- Escasez de capital (deudas…).
- Estancamiento de la agricultura.
- Deficiente red de comunicaciones.
- Dependencia: técnica, financiera y energética del exterior.
- Factores socioculturales (falta de mentalidad empresarial y analfabetismo).
La industrialización provocó profundos desequilibrios territoriales al concentrarse casi en exclusiva en las áreas costeras como Barcelona (textil), Asturias (carbón) y Vizcaya (minería…).
Hasta la llegada del petróleo refinado a finales del siglo XIX, el carbón mineral fue la más importante fuente de energía de la Revolución Industrial. Había importantes minas de carbón de calidad menor en el sureste de Asturias.
Los yacimientos de carbón mineral de Asturias produjeron una importante actividad económica (industrias de extracción de carbón, fundición de hierro y medios de comunicación como el ferrocarril Langreo-Gijón de 1852, 3º en España dedicado a transportar el carbón…).
En 1832 se crea en Barcelona la primera fábrica de hilaturas que incluye la máquina de vapor en su proceso fabril. Termina cuando la red ferroviaria asegura la llegada de los productos textiles a otros territorios. En la industria textil catalana trabajaban mayoritariamente mujeres (primeras prendas de lana).
Las principales industrias de siderurgia de Vizcaya están en los montes de Triano (buenos yacimientos de hierro no fosfórico), que provoca un intenso comercio de «doble flete» con Inglaterra y a finales del siglo XIX el desarrollo en los Altos Hornos de Vizcaya. Es la industria siderúrgica más importante del país, tiene industrias asociadas (ferrocarriles, minas, etc.) y es uno de los polos de modernización y migración interna más importantes de la época.
Durante el siglo XIX se alternaron dos grandes tipos de políticas económicas comerciales:
- El proteccionismo: promovido por los conservadores y los liberales moderados, defendió los intereses de la industria textil catalana y la siderurgia vasca mediante impuestos y aranceles.
- El librecambismo: promovido por los liberales progresistas, los comerciantes y consumidores.
Otros aspectos destacables son:
- Apertura de la Bolsa de Comercio de Madrid (1831).
- Fundación de las primeras cajas de ahorros.
- Aprobación de la Ley de Sociedades Bancarias y Crediticias (1856).
- Creación de la peseta (1868).
- Facilitación de la repatriación de capitales de las colonias americanas.
Hubo una mejoría del sistema de comunicaciones que permitiese articular territorialmente el país para promover el mercado interno y se hicieron inversiones en red de carreteras, transportes marítimos y ferrocarril.
Se aprobó de la Ley General de Ferrocarriles (1855) cuyo objeto fue planificar la construcción de la red ferroviaria y encontrar inversores. Para conseguir este objetivo la ley Creó condiciones para la inversión extranjera, Fijo un modelo radial, Aprobó un ancho de vía superior al europeo. Para financiar estos grandes proyectos de comunicaciones se aprobó la Ley de Sociedades Bancarias y Crediticias (1856) (entrada a la banca extranjera). El ferrocarril se convirtió en la inversión público-privada española más importante del s. XIX (aumento la red) Como consecuencias el ferrocarril favoreció la modernización económica del país (facilito el comercio, impulso la creación de un mercado nacional…) el proceso de implantación no desempeñó el papel de impulsor de la industrialización esperado debido a: Importación del material ferroviario y absorción de buena parte del capital disponible.