En plena República y tras las elecciones de Noviembre de 1933, el gobierno había dado un giro a la derecha, que desembocó en una huelga general revolucionaria que iba a tener como símbolo la cuenca minera asturiana, único lugar donde los trabajadores estaban unidos y preparados para la lucha armada. La Revolución de 1934 abría una gran brecha entre la derecha y la izquierda y cerraba el camino del entendimiento. Franco, entonces un gran desconocido, fue uno de los protagonistas de la represión feroz de este movimiento y sería apodado como “el carnicero de Asturias”.
El golpe de Estado y la guerra civil
Durante el Gobierno del Frente Popular, la Falange (extrema derecha fascista), los carlistas y los generales José Sanjurjo, Emilio Mola y Francisco Franco prepararon un golpe de Estado que llevó a que el 17 de julio de 1936 se produjera una sublevación militar apoyada por algunos civiles. Ante el fracaso del levantamiento en las principales ciudades españolas, el enfrentamiento entre las fuerzas sublevadas y las fuerzas leales al gobierno derivó en una guerra civil. De esta manera los partidarios de la república quedan fuera de la ley (art. 2) y además “sufrirán la pérdida absoluta” de derechos y bienes (art. 3).
Las sanciones del franquismo
Los Tribunales de Responsabilidades Políticas del franquismo impondrán con esta Ley tres tipos de sanciones a las personas que colaboraron con la República: inhabilitación profesional, restricciones a la libertad de residencia (especialmente destierros) y multas económicas que iban desde la pérdida total de los bienes, incautación de bienes, pago de multas, etc.
Como fórmula para solucionar ese ingente quebranto se imponía adherirse, como mal menor, al Movimiento. Incluso en los casos en los que el expedientado había sido fusilado o había fallecido, la pena alcanzaba a la herencia de los mismos. Muchos profesores, intelectuales, funcionarios, etc., fueron depurados, apartados de sus trabajos y, a veces, fusilados. De forma arbitraria unos fueron condenados y otros ejecutados. La rehabilitación de los sospechosos fue difícil, pues tenían que demostrar su inocencia a través de testigos cualificados, esto es, adeptos del Régimen. En definitiva, caer bajo el peso de esta Ley significaba, en realidad, la ‘muerte civil’.
La represión continua
A la Ley de Responsabilidades Políticas siguió en 1940 la Ley de la Represión de la Masonería y el Comunismo que centraba su acción en estos dos colectivos, identificados por Franco como los principales enemigos de España y en 1941 la Ley de Seguridad del Estado. Con esta base jurídico-represiva, el régimen contaba con armas suficientes para controlar la situación. Su objetivo era dar una dimensión de legalidad a las acciones represivas contra el ámbito republicano, ‘depurar y purificar’ el nuevo Estado. Y lo hizo a través de una amplia represión que obligó a muchos republicanos a exiliarse. De ellos regresaron bastantes, pues al empezar la Segunda Guerra Mundial el gobierno decretó un indulto muy limitado. Pero otros muchos quedaron fuera de España y sufrieron suertes diversas.
El fin de la Ley de Responsabilidades Políticas
El colapso burocrático que generó la persecución civil y económica de los republicanos obligó a modificar la Ley de Responsabilidades Políticas en 1942, con el fin de agilizar los procedimientos. A partir de ese momento se empezaron a archivar parte de las causas, hasta que en 1945 fue derogada la norma, aunque numerosos procedimientos, a consecuencia de la propia inercia administrativa, se mantuvieron vivos hasta 1966. La Ley de Responsabilidades Políticas promulgada en los últimos días de la Guerra Civil, es un claro reflejo de la naturaleza dictatorial y represiva del nuevo régimen político, de su espíritu revanchista. Asimismo, una de las más completas herramientas legales establecidas por el franquismo para depurar y exterminar a sus oponentes políticos. Cuando Franco tiene el triunfo casi definitivo en sus manos, ‘es normal’ que se acuerde de las personas tanto jurídicas como físicas contrarias a su ideología.
La represión y la pervivencia del régimen
La legitimidad del régimen es inexistente, por lo que se hace necesario conseguir justificar su existencia. Parte de esa legitimidad radicará en la eliminación y depuración del adversario, evitando así tener voces discordantes en su seno y la publicación de esta ley contribuye a ello. El régimen era un Estado policial que perseguía sin cuartel cualquier forma de disidencia, sobre todo a aquellos que apoyaron la legitimidad de la Segunda República. La represión, la marginación social de los vencidos… fue un elemento consustancial a la dictadura franquista y consiguió evitar que el descontento diese lugar al surgimiento de una oposición fuerte y organizada. Los medios de comunicación, la Falange y la Iglesia Católica desempeñaron también una importante función de manipulación y silenciamiento, para conseguir la sumisión de la población. Esa despolitización forzosa contribuyó a la pervivencia del régimen.