EL SEXENIO DEMOCRÁTICO:
Los últimos años del reinado de Isabel II se caracterizaron por una gran inestabilidad política y económica. Desde 1866 se agravaron los ya tradicionales problemas financieros, derivados de la falta de rentabilidad de los ferrocarriles y de la mala gestión de las cuentas públicas. En 1867 y 1868 volvieron las malas cosechas y se produjeron motines populares por la crisis de subsistencias. Desde el punto de vista político la situación era insostenible. La reina cada vez estaba más sola y más alejada de la vida política, pues la Uníón Liberal, que había sido el más importante sostén de la monarquía, había sido expulsada del gobierno en Junio de 1866, tras la sublevación del cuartel de San Gil en Madrid.
O’Donnell abandonó España, muriendo en 1867, y el general Serrano, junto con los unionistas, se sumaron al Pacto de Ostende, firmado en 1866 por progresistas y demócratas, comprometíéndose a la sustitución de la Monarquía de Isabel II y a la convocatoria de Cortes Constituyentes para decidir la nueva forma de gobierno.
En apoyo de la reina sólo quedaba el general Narváez, pero su muerte en Abril de 1868 la dejaría en manos de González Bravo, cuya política al frente del gobierno le causaría la enemistad de los pocos liberales que todavía apoyaban a la monarquía.
La revolución de 1868:
Se produjo el 18 de Septiembre de 1868 un alzamiento militar en Cádiz encabezado por el almirante Topete, que fue acompañado por un manifiesto elaborado por Sagasta y Ruiz Zorrilla en el que se anunciaba el destronamiento de la reina y se prometía la convocatoria de unas Cortes Constituyentes y un gobierno que impusiera la moralidad y la buena administración de la Hacienda.
Al día siguiente, el general Prim llamaba a todos los españoles a defender con las armas la iniciada revolución, y con un importante apoyo ciudadano, organizado en Juntas, comenzaron a producirse una serie de pronunciamientos militares en Cataluña, Valencia y Andalucía. El general Serrano consiguió derrotar a las fuerzas monárquicas, encabezadas por el general Pavía, en la batalla de Alcolea el 28 de Septiembre.
Dos días más tarde Isabel II y la Familia Real abandonaron España con dirección a Francia
La constitución de 1869:
El general Serrano es nombrado regente y preside un gobierno provisional formado por unionistas y progresistas, que inmediatamente promulga una ley electoral estableciendo el sufragio universal masculino secreto y directo, y firma un decreto convocando a Cortes Constituyentes.
Las Cortes elegidas promulgaron en Junio de 1869 una nueva Constitución de carácter democrático, en cuyo texto se establecía el principio de soberanía popular, la declaración de la monarquía constitucional como forma de Estado, la libertad de cultos y un amplio conjunto de derechos y libertades políticas como la libertad de expresión, de ideas y de imprenta, así como los derechos de reuníón y asociación pacífica, la inviolabilidad de la correspondencia, la libertad de enseñanza y la libertad de trabajo para los extranjeros.
Esta Constitución supuso un giro radical respecto a los anteriores textos constitucionales, ya que convirtió a las Cortes, elegidas por primera vez a través de sufragio universal, en el verdadero centro del poder y relegó al monarca a un papel secundario.
Además, el establecimiento de nuevos derechos y libertades impulsó el desarrollo del sindicalismo, abríó el sistema político a nuevas corrientes ideológicas como el marxismo y el anarquismo, y abríó en España una época de extraordinario auge de la enseñanza, la ciencia y las nuevas corrientes de pensamiento.
El reinado de Amadeo I:
El problema residía en encontrar un nuevo rey, que desde luego no podía suponer la restauración de la dinastía borbónica.
Entre los candidatos que se barajaron figuraban el Duque de Montpensier, cuñado de Isabel II y apoyado por militares unionistas, Fernando de Coburgo, viudo de María Gloria de Portugal y apoyado por progresistas y demócratas que defendían una posible Uníón Ibérica entre España y Portugal, y el príncipe Leopoldo de Hohenzollern a quien, a través de negociaciones secretas, se ofrecíó la Corona española.
Este ofrecimiento disgustó profundamente a Napoleón III y enturbió hasta tal punto las relaciones entre Francia y Alemania que se convirtió en el pretexto utilizado por Guillermo I y, para desencadenar la guerra Franco-prusiana.
Fracasadas las negociaciones , el general Prim, Presidente del Gobierno, ofrecíó el trono a Amadeo de Saboyá, que aceptó el ofrecimiento y llegó a España el 30 de Diciembre de 1870, el mismo día que Prim era asesinado en Madrid.
Amadeo I, una vez proclamado rey de España, se mantuvo fiel a la Constitución de 1869.
Una de las primeras medidas que tomó fue la formación de un gobierno que integrara a unionistas, progresistas y demócratas, tarea que le encomendó a Serrano como Presidente del Gobierno.
Además, Amadeo I tuvo que hacer frente enseguida a los graves problemas de la vida política española, centrados en el recrudecimiento de los movimientos independentistas en Cuba, el auge de las luchas obreras y el comienzo de la tercera guerra carlista en Abril de 1872, que tuvo especial virulencia en el norte de España y en Cataluña.
El rey, solo y sin el apoyo del parlamento y con la animadversión del pueblo, la aristocracia, la Iglesia y los sectores más reaccionarios, decidíó abandonar el país en Febrero de 1873.
La Primera República
Ante el vacío de poder tras la abdicación de Amadeo I, el Parlamento proclamó la República el 11 de Febrero de 1873 y eligió como primer Presidente a Estanislao Figueras.
A pesar de ello, los problemas comenzaron a los pocos días cuando las Diputaciones catalanas acordaron constituirse en Estado Catalán y por todo el país comenzaron a crearse Juntas Revolucionarias que destituyeron a los Ayuntamientos, proclamando el Estado Federal. El gobierno ordenó de inmediato la disolución de las juntas.
Era necesario, además, elaborar una nueva Constitución que refrendara la República como forma de gobierno, pues la constitución de 1869, todavía en vigor, establecía la monarquía parlamentaria. Para llevar esto a cabo, se convocaron elecciones generales en Mayo de 1873 y el 1 de Junio se abrieron las sesiones de la Asamblea Constituyente con el objeto de redactar un nuevo texto constitucional. Al mismo tiempo, como resultado de estas elecciones, Francisco Pi y Margall fue elegido segundo Presidente de la República.
El nuevo presidente intentó aplicar un programa de gobierno que no solo aspiraba a consolidar la república federal sino también a desarrollar un conjunto de medidas sociales de signo muy avanzado para la época. Se establecíó un ambicioso plan de reforma agraria, que regulaba un nuevo sistema de propiedad de la tierra, prevíéndose la expropiación de las fincas sin cultivar, y se propusieron un conjunto de medidas sociales, como la reducción de la jornada laboral a 9 horas, el establecimiento por primera vez en España de un salario mínimo.
La prohibición trabajo de los niños en edad escolar, la protección de las mujeres en los trabajos industriales y la formación de jurados mixtos para resolución de los conflictos laborales.
la política desarrollada por Pi y Margall encontró la fuerte oposición de los terratenientes y las clases acomodadas, así como de los los monárquicos alfonsinos y por los carlistas que lograban importantes avances militares en Cataluña y el Maestrazgo.
A mediados de Junio comenzaron una serie de levantamientos en distintas ciudades y comarcas, como Loja, Sevilla, Málaga, Tarifa, Cádiz, y sobre todo Cartagena, que se constituyeron en gobiernos autónomos, poniendo en tela de juicio la legalidad de un gobierno ratificado por el Parlamento. Al mismo tiempo se produjeron conflictos sociales importantes que afectaron sobre todo a Barcelona, Andalucía y Valencia, siendo el acontecimiento más relevante el que tuvo lugar en Alcoy, donde los obreros huelguistas se adueñaron de la ciudad hasta que fue asaltada por el ejército.
El 18 de Julio, la mayoría del parlamento destituye a Pi y nombra a Nícolás Salmerón tercer presidente de la República, que quiere restablecer la disciplina en el ejército y organizar distintas expediciones militares para someter al movimiento cantonalista, lo que consigue excepto en Cartagena donde los sublevados resisten el cerco de las tropas comandadas por el general López Domínguez hasta Enero de 1874.
Poco duró Salmerón al frente del gobierno, pues a principios de Septiembre dimitía por negarse a firmar dos condenas de muerte, propuestas por la autoridad militar, y era sustituido por Emilio Castelar como cuarto presidente de la República, que implantó un gobierno de signo autoritario, suspendiendo las Cortes, gobernando por decreto, implantando la censura de prensa y asumiendo plenos poderes para tratar de acabar con la guerra carlista y con el recrudecimiento de la guerra en Cuba.
Esta política provocó una división tan profunda entre los distintos grupos republicanos que fue casi imposible recomponer la unidad entre quienes habían hecho posible la experiencia republicana.
En Enero de 1874, Manuel Pavía, capitán general de Madrid, entró en el Congreso y disolvíó por la fuerza las Cortes Constituyentes, entregando el poder al general Serrano. Su primer acto de gobierno fue la suspensión de las garantías constitucionales, y dirigiendo su acción de gobierno esencialmente a combatir la guerra carlista consiguiendo levantar el cerco a la ciudad de Bilbao.
Lo que no pudo evitar
Serrano fueron las conspiraciones de los militares monárquicos que se vieron refrendadas por el Manifiesto de Sandhurst, firmado por el príncipe Alfonso de Borbón y elaborado por el político conservador Antonio Cánovas del Castillo.
El 29 de Diciembre el general Martínez Campos se sublevó en Sagunto, proclamando a Alfonso XII rey de España.
Esta insurrección militar en realidad no tuvo éxito por la amplitud del movimiento conspirativo, sino más bien por la aceptación pasiva de la mayoría de los mandos militares.
Solo el general Serrano, que entonces se encontraba al frente del Ejercito del Norte tratando de someter a los carlistas, trató de resistir, mientras que el apoyo a los sublevados por parte del general Jovellar, jefe del Ejército del Centro, resultó decisivo.
LA RESTAURACIÓN
Tras el pronunciamiento militar del general Martínez Campos a favor de Alfonso XII, Cánovas preside el primer gabinete de la restauración y se convierte en el auténtico artífice del nuevo régimen, en el ideólogo de la Constitución de 1876 y el forjador de un partido conservador que logra unir a los moderados históricos y a la Uníón Católica, constituida esencialmente por antiguos carlistas.
La tarea más urgente del nuevo gobierno era sin duda la pacificación militar y esto supónía poner fin a la guerra carlista y terminar con el conflicto en Cuba.
A comienzos de 1875, las fuerzas carlistas daban síntomas de extrema debilidad, fruto sin duda de un conflicto tan prolongado, pues desde 1872 las acciones militares no cesaron en ningún momento.
Cánovas emprendíó un gran esfuerzo militar que comenzó a dar sus resultados con el éxito de la campaña en Cataluña, dirigida por el general Martínez Campos, que culminó con la toma de La Seo de Urgel en Agosto de 1875.
La pacificación definitiva llegó con la victoria del general Primo de Rivera en Estella en Febrero de 1876, que supuso la liquidación del ejército carlista y la huida de Don Carlos a Francia.
La Constitución de 1876
Supónía la continuación del liberalismo moderado que había dominado la vida política española durante la mayor parte del Siglo XIX. La soberanía compartida entre el Rey y las Cortes, que se encontraba tanto en el Estatuto Real de 1834 corno en la Constitución de 1845, era también un elemento esencial de la nueva Constitución de 1876. La estructura bicarmeral de las Cortes, compuestas por el Senado y el Congreso de los Diputados .
El rey, que era quien nombraba a un porcentaje importante de los senadores.
Establecía también la Constitución de 1876 la confesionalidad del Estado, proclamando a la religión católica como oficial, al tiempo que reconocía la libertad de cultos, aunque manteniéndolos en el ámbito privado.
Además, la nueva ley electoral de 1878 que reimplantaba el sistema electoral de carácter censatario, derogando el sufragio universal conseguido en 1868.
Alfonso XII sistema político Restauración
En el sistema diseñado por Cánovas y de acuerdo con las atribuciones que le cónfería la Constitución de 1876, el rey desempeñaba un papel esencial en la vida política española.
A través de la llamada «prerrogativa regia» el monarca ejercía corno árbitro en el sistema de partidos, pues poseía la facultad de designar al Presidente del gobierno y posteriormente disolver las Cortes y entregar al nuevo gobierno el decreto de convocatoria de elecciones.
De esta manera, el monarca decidía los cambios gubernamentales, evitaba el monopolio del poder por un solo partido y posibilitaba el «turno pacífico» entre las dos grandes formaciones políticas de la Restauración: el partido conservador, dirigido por Cánovas, y el partido liberal, encabezado por Sagasta.
este procedimiento alejaba al ejército de la vida política y evitaba los continuos pronunciamientos militares que durante el Siglo XIX habían sido el instrumento para quitar y poner gobiernos. Sin embargo, el sistema político, que estaba concebido para buscar la estabilidad gubernamental.
La organización del proceso electoral se llevaba a cabo mediante un complejo sistema que se conocía con el nombre de «encasillado» y que estaba basado en el acuerdo y la negociación entre los distintos jefes liberales y conservadores para repartirse los distintos distritos y circunscripciones electorales y así garantizar para el partido gobernante la mayoría de diputados en el Congreso. Otra figura fundamental para lograr el control del sistema electoral era la del cacique, personaje que era quien garantizaba los votos necesarios para que los acuerdos entre liberales y conservadores se cumplieran. Además, cuando el resultado electoral era incierto se acudía directamente al fraude, a través del «pucherazo», la violencia, la falsificación de las actas, etc.
Tras seis años de gobierno en manos del partido conservador, dirigido por Cánovas, Alfonso XII en Febrero de 1881 impuso el turnismo por primera vez ofreciendo el gobierno a los liberales de Sagasta.
Este primer gobierno del partido liberal comenzó aplicando una política de signo claramente progresista. Decretó una amplia amnistía que afectó sobre todo a los periodistas que habían sido procesados por delitos de prensa y derogó los decretos conservadores que obligaban a ajustar los programas de enseñanza a las rígidas normas impuestas por la jerarquía eclesiástica, siendo reintegrados en sus cátedras de Enseñanza, como Emilio Castelar, Eugenio Montero Ríos, Segismundo Moret, Nícolás Salmerón, Gumersindo Azcárate y Fernando Giner de los Ríos, que no habían aceptado la censura católica. Pero también desagradó profundamente a la Iglesia Católica, cuya influencia política y social era muy importante
. Cánovas, que volvíó al gobierno en Enero de 1884, supo adaptarse a los cambios que se habían producido de la mano de los liberales y demostró su interés en afianzar el turnismo, y consolidar la monarquía parlamentaria en un momento muy difícil para la Corona derivado de la prematura muerte del rey en Noviembre de 1885.
La regencia de María Cristina
El joven Alfonso XII había conseguido en pocos años despertar las simpatías de una gran parte de la población y el respeto de las fuerzas políticas más relevantes, pues en él residía buena parte de la estabilidad del nuevo régimen.
Su fallecimiento podía poner en peligro el porvenir de la monarquía, pues su mujer la regente María Cristina de Habsburgo no tenía la experiencia política suficiente para hacerse cargo del poder. Era necesario, por lo tanto, reforzar el acuerdo entre liberales y conservadores para estabilizar el sistema y ayudar lo más posible a la regente. Ante esta situación, Cánovas se entrevistó con Sagasta para establecer las normas sobre el futuro funcionamiento del sistema político (este acuerdo fue conocido como el Pacto del Pardo)
Y al mismo tiempo presentó su dimisión, proponiendo a la regente que encargara el gobierno a los liberales.
El nuevo gobierno presidido por Sagasta, que abarcó de 1885 a 1890, impulsó un conjunto de reformas que iban a democratizar el sistema político y a cambiar el carácter moderado y doctrinario de la Constitución de 1876. Las reformas mas trascendentes fueron: la ley del jurado (Mayo 1888), la ley de asociaciones (Junio 1887), la ley electoral que restablecía el sufragio universal masculino para mayores de 25 años (1890) y la redacción de un nuevo Código Civil (1889).
Estas reformas del gobierno Sagasta supusieron además el reconocimiento de los derechos sociales frente al individualismo jurídico, propio.
Sin embargo este avance democrático apenas modificó el rígido sistema político que corrompíó la vida parlamentaria y el sistema electoral, dejando fuera a quienes no se sometieron al «turnismo» establecido.
Por la derecha, carlistas, integristas y nacionalistas vascos y catalanes, y por la izquierda, republicanos, socialistas y anarquistas se vieron marginados del juego político, optando algunos por la vía insurrecciona! O por la violencia política.
Los grupos republicanos, acaudillados por Ruiz Zorrilla, organizaron desde el exilio en París una conspiración militar a principios de Agosto de 1883, que tras testimoniales sublevaciones en Badajoz, Santo Domingo de la Calzada y La Seo de Urgel, fue rápidamente sofocada.
Los grupos anarquistas habían tenido un importante desarrollo durante el primer gobierno de Sagasta, pues pudieron actuar en la legalidad y celebrar un congreso en Barcelona en 1881 en el que adoptaron el nombre de Federación de Trabajadores de la Regíón Española (FTRE)
. Pero este desarrollo organizativo muy pronto se truncó, pues en 1883 tuvieron lugar una serie de asesinatos en Andalucía que las autoridades atribuyeron a una organización anarquista llamada La Mano Negra, que sin embargo desencadenaron una brutal represión sobre el conjunto del movimiento anarquista. Desde 1884, la violencia anarquista, en forma de atentados, bombas, secuestros, etc.
Los sucesos de Jerez en 1892, el atentado contra el general Martínez Campos en 1893, la bomba en el Teatro del Liceo en Barcelona en 1893 y el atentado de Cambios Nuevos, también en Barcelona, en 1896, crearon una espiral de violencia y de represión gubernamental que culminó en el llamado proceso de Montjuich,
Consejo de Guerra que procesó a la mayoría anarcaquistas sometíéndoles en muchos casos a graves torturas, y que terminó con la ejecución de 5 de ellos y 20 condenados a penas de prisión que oscilaban entre 10 y 20 años.
La reacción anarquista no se hizo esperar y el 8 de Agosto de 1897 era asesinado Cánovas del Castillo por el anarquista italiano Michelle Angiolillo.