PRIMER GOBIERNO DE IBAÑEZ
Desde que en 1927 ocupó el Ministerio del Interior del gobierno de Emiliano Figueroa, hasta el final abrupto de su mandato presidencial en 1931, Carlos Ibáñez del Campo condujo gobiernos de carácter autoritario. Propuso crear un “Chile nuevo”, noción que expresaba su deseo de poner fin a los vicios que atribuía al período parlamentario y al predominio de los partidos políticos tradicionales. Adoptó una retórica nacionalista con el fin de enfrentar los conflictos sociales y a los grupos que consideraba una amenaza para la integración social.
IBAÑEZ HACIA LA PRESIDENCIA
En Septiembre de 1925, antes de la segunda renuncia de Alessandri, Carlos Ibáñez del Campo fue proclamado como candidato presidencial por civiles y militares que no pertenecían a los partidos políticos tradicionales. Esto motivó la preocupación de diversos parlamentarios y de la alta oficialidad de la Armada, y lo presionaron para que desistiera de su postulación. Ibáñez ofrecíó declinar su candidatura a cambio de que todos los partidos eligieran un candidato de consenso, que debía adoptar el programa del movimiento militar de 1924. Los partidos, salvo el Comunista y el Demócrata, aceptaron la propuesta y eligieron a Emiliano Figueroa, dirigente liberal de tradición parlamentaria, para el cargo en cuestión.
En las elecciones del 24 de Octubre de 1925, Figueroa obtuvo el 72 % de los votos. Su contendor fue José Santos Salas, quien, con el apoyo del Partido Demócrata y diversas agrupaciones sociales, obtuvo un 28 % de las preferencias.
La victoria obtenida por los partidos políticos, sin embargo, se circunscribíó a la elección presidencial, ya que Ibáñez mantuvo e incluso acrecentó su autoridad durante el gobierno de Figueroa. Inicialmente, como ministro de la Guerra, afianzó su liderazgo en las Fuerzas Armadas al reestructurar el alto mando de la Armada. Luego, desde Febrero de 1927, como ministro del Interior, dirigíó sin contrapeso las políticas del Estado. Cuando en Abril de ese año exigíó que el hermano de Figueroa renunciara a la presidencia de la Corte Suprema, la situación resultó intolerable para el primer mandatario, quien dimitíó. Un mes más tarde, Ibáñez, ahora líder militar indiscutido, triunfó en una elección presidencial a la que se presentó como candidato único.
LA Política REPRESIVA DE IBAÑEZ
Ibáñez consideraba que el orden público era un requisito fundamental para la realización de su plan de gobierno, el que debía ser impuesto incluso pasando a llevar el marco constitucional. Esto se tradujo en la concreción de una dictadura que impidió la expresión pública de las posturas opositoras. Por otra parte, pensaba que la violencia con que los gobiernos anteriores sofocaron las manifestaciones solo había fortalecido la posición de comunistas y anarquistas. Decidíó, por lo tanto, implementar una política represiva de carácter preventivo, que evitara las huelgas y manifestaciones. Censuró a diversos medios de comunicación, impulsó el control de la correspondencia y de la entrada y salida de extranjeros, dictó leyes que penalizaban los discursos y propaganda contra el orden público, creó subdivisiones policiales destinadas a vigilar reuniones de partidos políticos y amedrentó y deportó a personalidades políticas, especialmente dirigentes comunistas y anarquistas, pero también de otras tendencias, como Arturo Alessandri.
LA Relación DEL GOBIERNO CON LOS SINDICATOS Y PARTIDOS Políticos
El gobierno intentó controlar desde el Estado a sindicatos y partidos políticos. Para lograrlo, reprimíó las organizaciones laborales comunistas y anarquistas. Por otra parte, incentivó la creación de sindicatos controlados por el Estado, a los que reuníó en la Confederación Republicana de Acción Cívica (Crac). En materia de legislación laboral, en Mayo de 1931 fue promulgado el Código del Trabajo, con el que esperaba conseguir mayor orden en las leyes sociales y, además, apaciguar los ánimos entre patrones y trabajadores. Respecto de los partidos políticos, declaró ilegal al Partido Comunista, mientras que los demás aceptaron integrarse al gobierno, cuestión que quedó de manifiesto cuando en 1930, en las termas de Chillán, conminó a los dirigentes políticos al nombramiento directo de los congresistas, en vistas a la próxima realización de elecciones parlamentarias, lo que era posible gracias a que la ley indicaba que si en un distrito electoral se presentaba un número de candidatos igual al número de puestos a elegir, estos serían automáticamente elegidos. Los partidos aceptaron y dieron lugar al llamado “Congreso Termal”. Tanto por la represión como por los favorables resultados económicos alcanzados, parte de los sindicatos y los partidos políticos apoyaron el proyecto presidencial.
El plan de estabilización de las finanzas estatales
Para Ibáñez y Ramírez, el equilibrio del presupuesto fiscal era una condición básica del correcto funcionamiento del Estado. Según él, dos obstáculos le impedían conseguir este objetivo: la desorganización con que se recaudaban las entradas fiscales y los gastos innecesarios en que incurría el Estado
Ibáñez consideraba que los ingresos que recibía el Estado eran inferiores a la cantidad que correspondía. Esto se debía a que la forma en que se recaudaban los impuestos carecía de rigurosidad, lo que facilitaba la evasión tributaria. Para poner fin a esta situación, unificó todas las tesorerías fiscales en la Tesorería General de la República y reorganizó la Dirección General de Impuestos Internos y la Superintendencia de Aduanas.
En cuanto a los excesivos gastos fiscales, Ibáñez pensaba que se debían al creciente número de funcionarios públicos que habían obtenido sus cargos gracias al cuoteo político, a la dispersión en la organización de los organismos estatales y a la precaria fiscalización sobre las instituciones públicas. Para contrastar este diagnóstico, reemplazó a una importante proporción de funcionarios por profesionales jóvenes, reestructuró la administración pública a través de la fusión y centralización de diversos organismos y creó la Contraloría General de la República.
Súperávit fiscal: Mayores ingresos que gastos o egresos en el erario público durante un tiempo determinado.
las medidas resultaron exitosas y dieron bases de: asumir el fomento de la economía nacional como la principal tarea de su gobierno. Si bien los excedentes obtenidos tras el reordenamiento del aparato fiscal no fueron suficientes para financiar un plan de fomento de largo alcance, permitieron aumentar el prestigio financiero del país en el exterior. Esto posibilitó la obtención de créditos internacionales, que se adquirieron con la intención de realizar una alta inversión inicial, cuyo pago se efectuaría a largo plazo. Con los recursos obtenidos de este endeudamiento se ejecutó un plan de Obras Públicas de gran alcance, destinado a la construcción y reparación de infraestructura, desde alcantarillado hasta puertos. En este ocupó un lugar fundamental la construcción de caminos destinados a permitir la movilización de la gran cantidad de vehículos motorizados que comenzaba a llegar al país. Estas rutas fueron trazadas con el fin de unir el campo y otros centros de producción con ciudades y estaciones de ferrocarriles. Por otra parte, el Estado subsidió a diversos sectores de la economía nacional a través de la instauración o potenciamiento de diversas Cajas de Crédito y Cajas de Fomento. Ellas tenían por objetivo la entrega de créditos asequibles y subsidios a privados con el fin de incentivar la producción. Algunas de estas cajas fueron la Caja de Crédito Agrario, la Caja de Crédito Minero, el Instituto de Crédito Industrial y la Caja de Fomento Salitrero. Asimismo, en 1931, se creó la Compañía de Salitres de Chile (Cosach), con el objeto de recuperar los ingresos fiscales sobre la exportación salitrera a través de una fuerte participación estatal sobre la compra y reactivación de salitreras, introducción de tecnología y nacionalización de la fuerza de trabajo. Finalmente, se establecíó una nueva ley sobre arancel aduanero destinada a proteger la industria nacional mediante el encarecimiento de los productos importados. Esta ley facultaba al presidente de la república a incrementar los aranceles aduaneros hasta en 50 %. También le permitía disminuir en 25 % el arancel sobre productos de consumo de primera necesidad. Tal como el plan de estabilización, el plan de fomento obtuvo resultados inmediatos, lo que permitíó aumentar la legitimidad de Ibáñez frente a la ciudadanía.