Evolución política
La evolución política de la dictadura franquista durante el periodo que va del final de la guerra civil (1939) al plan de estabilización (1959), está fuertemente condicionada por la evolución de la política exterior. El apoyo recibido por las potencias del Eje durante la Guerra Civil y el inmediato estallido de la II Guerra Mundial determinó el alineamiento del régimen a favor de éstas y el modelado, bajo fórmulas fascistas, del nuevo Estado. Los avatares de la guerra llevaron a España a adoptar una posición inicial de neutralidad en el conflicto –aunque con profundas simpatías por las potencias fascistas con las que se unirá en el pacto anti-Komintern en 1939–, para pasar en 1940 a una no-beligerancia cercana a la intervención –en un modelo semejante al seguido por Italia en su entrada en la guerra–, retornando en 1943 a la neutralidad, como consecuencia de los avances militares de los Aliados. El triunfo de las potencias democráticas y de la URSS en la Guerra Mundial provocó el aislamiento internacional del régimen, cerrándose su frontera con Francia en 1946 y siendo condenado por la recién nacida ONU ese mismo año. Como consecuencia de esa condena, los embajadores extranjeros abandonaron Madrid, con la excepción de Irlanda, Suiza, Portugal, Argentina y el Vaticano. Con posterioridad, el enfrentamiento entre los antiguos aliados durante la Guerra Fría permitirá al régimen de Franco salir de su postración internacional, valorándose su decidida posición anticomunista. España firmará unos convenios de defensa con los EEUU en 1953, el mismo año en que se signará un nuevo Concordato con la Santa Sede y en el que se levantará la resolución condenatoria de la ONU, organización en la que España entrará en 1955. Todas estas circunstancias tendrán su reflejo en la organización política y legal del régimen. El conjunto de Leyes Fundamentales del franquismo no responden a una determinada concepción del poder, sino que más bien son el intento de adecuar la organización legal del Estado a las circunstancia del momento. Durante la Guerra Civil y hasta 1942, la legislación franquista va a mostrar los vínculos que unían al régimen con el fascismo. Así, El Fuero del Trabajo de 1938 definía a España como un Estado nacionalsindicalista, el ideal de Falange, regulaba las relaciones en el mundo del trabajo y creaba el Sindicato Vertical, modelo fascista de sindicación que reunía a empresarios y trabajadores en una misma organización y que fue entregado a la Falange. Junto a esta norma, el periodo comprendido entre 1939 y 1942 vio la consolidación legal de un duro sistema represivo por medio de las leyes de Responsabilidades Políticas (1939), de Represión delComunismo y la Masonería (1940) y de Seguridad del Estado (1941).La evolución de la II Guerra Mundial favorable a las posiciones aliadas, determinó el abandono de las formas fascistas y el intento de asemejar el régimen a las triunfantes democracias norteamericana y británica, sin renunciar por ello Franco a su poder personal. Así, en 1942 se aprobará la ley constitutiva de Cortes, que pretendía dar la imagen de una división de poderes y de representatividad social creando unas Cortes con más de quinientos procuradores, la mayoría de ellos nombrados directamente por el dictador.
El resultado del conflicto mundial forzó al franquismo a insistir en su intento de homologarse con las fórmulas democráticas. En 1945 se aprobará el Fuero de los Españoles, en apariencia una declaración de derechos, pero que sancionaba un régimen autoritario, de carácter confesional y derechos limitados. También se aprobará ese año la Ley de Referéndum, tratando de demostrar que en España estaba reconocido el sufragio universal. Utilizando esta ley, se sometería a referéndum la Ley de Sucesión, que declaraba a España reino, confirmando a Franco como Jefe vitalicio del Estado y otorgándole la posibilidad de designar a su sucesor a título de rey. La ley sería aprobada por más del 93% de los votantes, con apenas un 18% de abstención, en una votación donde se recurrió al «pucherazo».
Una vez superado el aislamiento, consecuencia de la cercanía del franquismo a las potencias del Eje, el franquismo recuperaba parte de la retórica falangista en la Ley de Principios del Movimiento Nacional de 1958, donde se definía a España como una «unidad de destino en lo universal», una monarquía católica, social y representativa. «La Falange había ido disolviéndose gradualmente en el Movimiento, definido no ya como un partido único, sino como una “comunión” de principios, integradora de la pluralidad del régimen », en palabras de Juan Pablo Fusi.
Evolución económica
La evolución económica de España entre 1939 y 1959 se va a desarrollar bajo el signo de la autarquía. La política autárquica llevada a cabo por el régimen, de inspiración fascista, fue un completo fracaso, sin apenas crecimiento económico durante la década de los años cuarenta. La política autárquica va a ser incapaz de recuperar el tejido productivo destruido durante la guerra civil –destrucción que afectó sobre todo al sector agrario, pero también al industrial, energético e infraestructuras– debido a sus limitaciones ideológicas –negación del mercado– y a las dificultades que el aislamiento produjo a la economía española. La inflación se disparó – reciendo hasta el 234% en 1941, tomando como referencia los precios de 1930–, la cotización de la peseta se desplomó y las divisas desaparecieron. La política autárquica era incapaz de abastecer los mercados de productos básicos, lo que estimuló la aparición de un activo mercado negro.
El régimen franquista apostó por la industrialización, creando en 1941 el Instituto Nacional de Industria (INI), cuya labor, lastrada por el intervencionismo y la burocracia, fue escasamente eficaz.
Paralelamente se nacionalizaron las comunicaciones telefónicas, el transporte aéreo y las explotaciones mineras, en unas prácticas intervencionistas que impedían cualquier recuperación. De igual modo, el estado intentó reactivar la economía mediante la aplicación de un programa de obras públicas que encontró en la construcción de pantanos su principal plasmación.
En una situación de quiebra económica, se presentó en 1959 el plan de estabilización. El plan era una operación para sanear, liberalizar y racionalizar la economía española. El plan pretendía, en un primer momento, frenar la inflación y rescatar a la peseta. Se bloqueó el gasto público y se favoreció la inversión extranjera –España había ingresado en 1958 en la Organización Europea de Cooperación Económica y en el Fondo Monetario Internacional–. Los resultados del plan no
tardaron en llegar. Tras una inicial contracción del consumo y de la inversión y un aumento del paro –en 1960 comenzaría el éxodo masivo de trabajadores hacia Europa–, la economía española se recuperó. El Estado contó con superávit ya en 1959, las reservas de divisas aumentaron rápidamente; la devaluación de la peseta favoreció el turismo –que se convertirá en el nuevo motor económico– y redujo también el déficit comercial.