Retorno al Absolutismo (1814-1820)
Tras la Guerra de la Independencia, las Cortes se trasladaron a Madrid. Según la Constitución, Fernando VII debía jurarla para ser reconocido como rey. Sin embargo, a su regreso a España en 1814, recibió en Valencia el Manifiesto de los Persas, un escrito de sesenta y nueve diputados instándole a implantar el Antiguo Régimen y la monarquía absoluta. El monarca, además, contaba con el apoyo del general Elío y sus tropas. Se preparó así un golpe de Estado y, mediante decreto del 4 de mayo de 1814 en Valencia, se restauró el poder absoluto del monarca y se abolió toda la legislación de las Cortes de Cádiz, «como si no hubiesen pasado jamás tales actos».
El retorno al absolutismo se enmarca en un contexto europeo favorable a la vuelta al Antiguo Régimen tras la caída de Napoleón. Las potencias vencedoras se reunieron en el Congreso de Viena y crearon la Santa Alianza, una unión de monarquías absolutas para suprimir cualquier brote liberal.
Tras el golpe de Estado, se produjo una fuerte represión política. Liberales y afrancesados fueron detenidos y juzgados, y muchos se exiliaron, dando lugar al primer exilio de la España contemporánea.
La situación económica era desastrosa. La Hacienda estaba en bancarrota, no se pagaban los intereses de la deuda estatal y la guerra en América consumía los pocos ingresos. El mantenimiento de las colonias americanas, fuente tradicional de recursos, era clave para la Hacienda.
A pesar de la represión, los sectores liberales conspiraron a través de logias masónicas, muy extendidas en el ejército. Los pronunciamientos o golpes militares se convirtieron en la herramienta para intentar acabar con el absolutismo, aunque inicialmente fracasaron. En 1820, el teniente coronel Riego se sublevó en Cabezas de San Juan (Sevilla) con las tropas destinadas a sofocar la rebelión en América. Riego y otros militares exigieron al rey que jurara la Constitución de 1812. Fernando VII, consciente de su debilidad, aceptó y juró la Constitución con un manifiesto que afirmaba: «Marchemos francamente, y yo el primero, por la senda constitucional».
Trienio Liberal (1820-1823)
Durante tres años, las Cortes aprobaron una legislación reformista que completaba y desarrollaba la labor de las Cortes de Cádiz, con la intención de desmantelar el Antiguo Régimen:
- Supresión de la vinculación de la tierra (mayorazgos).
- Abolición de los señoríos jurisdiccionales y territoriales, con una fórmula favorable a la nobleza titular, que pasaba de ser «señores» a «propietarios».
- Disolución de conventos y desamortización de sus bienes. Supresión de la Inquisición.
- Restablecimiento de la Milicia Nacional, fuerza cívico-militar apoyada por los liberales en los medios urbanos para defender la Constitución.
Pronto surgieron divisiones entre los liberales: por un lado, los moderados o doceañistas, que buscaban una aceptación del sistema por la Corona y reformas prudentes; por otro, los exaltados, radicales o veinteañistas, que querían reducir los poderes del rey. El régimen liberal se enfrentó a diversas dificultades: la oposición de las potencias absolutistas europeas, las reacciones antiliberales del campesinado, los problemas de la Hacienda y los enfrentamientos con la Iglesia.
En 1822, un golpe militar absolutista fue sofocado por la Milicia Nacional, lo que provocó la caída del gobierno moderado y el ascenso al poder de los exaltados. Las partidas o guerrillas realistas, organizadas por la aristocracia y el clero, intensificaron sus acciones y se hicieron fuertes en Seo de Urgel, donde establecieron una Regencia.
La intervención exterior puso fin al régimen constitucional. Las potencias de la Santa Alianza decidieron en el Congreso de Verona (1822) intervenir en España para restaurar el poder real. Francia envió un ejército, los Cien Mil Hijos de San Luis, que recorrió España sin apenas oposición y repuso a Fernando VII en su trono absoluto.
La Década Ominosa (1823-1833)
Por decreto del 1 de octubre de 1823, el rey declaró nula toda la legislación aprobada durante el Trienio Liberal. Fernando VII desató una violenta represión contra los liberales; muchos, incluido Riego, fueron ejecutados. Se depuró la Administración de empleados y profesores de tendencia liberal.
A pesar de los deseos de los absolutistas más radicales, la vuelta al absolutismo puro era inviable. Esto explica la incorporación de ministros reformistas como Luis López Ballesteros, ministro de Hacienda, que introdujo una reforma presupuestaria y fiscal. Esta vía intermedia, defendida por los absolutistas reformistas, buscaba la supervivencia del absolutismo. Sin embargo, esta vía estaba amenazada tanto por los liberales, que intentaban restablecer la Constitución mediante pronunciamientos, como por los absolutistas más intransigentes, realistas ultras o ultrarrealistas, opuestos a cualquier cambio. Estos últimos se agrupaban en torno a don Carlos María Isidro, hermano del rey y su posible sucesor. Además de reprimir las insurrecciones ultrarrealistas, se sofocaron los levantamientos liberales, como el protagonizado por Torrijos, fusilado en las costas de Málaga, y se ejecutó a Mariana Pineda.
La cuestión sucesoria dominó la parte final del reinado. En 1830, tras su cuarto matrimonio con María Cristina de Borbón, y ante la posibilidad de una descendencia femenina, el rey promulgó la Pragmática Sanción, que derogaba la Ley Sálica y privaba de sus derechos al infante don Carlos, en torno al cual se agrupaban los ultrarrealistas.
Los partidarios de don Carlos, llamados carlistas, protagonizaron en 1832 los sucesos de La Granja, una conjura que obligó a Fernando VII, gravemente enfermo, a reimplantar la Ley Sálica. Al recuperarse, el monarca volvió a derogar dicha ley. En 1833, Fernando VII falleció y se inició la regencia de María Cristina. Pocos días después, estallaron levantamientos armados a favor de don Carlos en diferentes puntos del país, dando comienzo a la Primera Guerra Carlista, que enfrentó a carlistas e isabelinos.