Sectores políticos q apoyaron a rosas en primer gobierno

En 1875 comenzó el reinado de Alfonso XII, hijo de Isabel II, destronada en la Revolución Gloriosa de 1868. Con él terminaba la Primera República y comenzaba la Restauración. Durante los primeros años de su reinado, todos los esfuerzos se encaminaron a la pacificación del país; el monarca ofrecíó facilidades a los carlistas para aceptar la paz pero no todos aceptaron. La guerra continuó hasta 1876, cuando el pretendiente, Carlos VII, fue derrotado definitivamente. La derrota supuso la supresión de los fueros e instituciones vascas aunque conservaron su autonomía fiscal mediante conciertos económicos. También se firmó la Paz de Zanjón (1878) con Cuba, que supuso el final de la guerra pero no del conflicto, que rebrotaría en 1895 y que terminaría con la guerra con EE.UU. Y la independencia de la isla.

El principal apoyo del nuevo rey fue Cánovas del Castillo, cuya intención era que la restauración borbónica se impusiera como resultado de un estado de opinión y no mediante un acto de fuerza. Para ello había redactado el Manifiesto de Sandhurst nombre de la localidad inglesa donde estudiaba el futuro rey–, con los ideales y los propósitos conciliadores del aspirante. Sin embargo, los militares se adelantaron y la restauración llegó por el pronunciamiento militar de Martínez Campos en Sagunto. Como hombre pragmático y moderado, Cánovas aspiraba a un sistema político estable y sólido, basado en el orden social y al servicio de la burguésía, cansada de experimentos políticos y temerosa de una radicalización social que amenazara sus propiedades y privilegios. Su fuente de inspiración fue el modelo inglés, que basaba su estabilidad en la alternancia en el gobierno de dos grandes partidos y en dos instituciones fundamentales: Monarquía y Parlamento.

Los llamados “partidos dinásticos”, uno en el poder y otro en la oposición, se turnaban en el Gobierno de forma pacífica. Cánovas lideraba el Partido Conservador, con antiguos miembros del Partido Moderado, de la Uníón Liberal y de un sector del Partido Progresista. Contó con el apoyo de la Iglesia y de los católicos no radicales. En 1880, favorecíó la formación del Partido Fusionista (Partido Liberal desde 1885), dirigido por Sagasta. En este partido se integraron sectores demócratas, radicales y republicanos moderados. Contaron con el apoyo de profesionales liberales, comerciantes, banqueros, militares y funcionarios. Quedaban fuera del sistema carlistas, republicanos, socialistas y anarquistas.

La Constitución de 1876 se caracterizó por ser flexible (su articulado poco preciso era compatible con gobiernos de distinto signo político, lo que evitó pronunciamientos militares) y moderada (basada en lo esencial en la de 1845, aunque con algunos derechos de los proclamados en la Constitución progresista de 1869, pero recortados). España se definía como un Estado unitario y centralizado, con una monarquía constitucional hereditaria como sistema de gobierno. La soberanía era compartida por las Cortes y el Rey (siguiendo la tradición moderada) ya que, según Cánovas, además de la Constitución escrita existía otra aún más importante, la “Constitución interna”, producto de la historia, que hacía que la monarquía fuese tan importante como la nacíón; esto justificaba que la soberanía no fuese nacional, sino compartida. Otras carácterísticas son:

 Aumentan las prerrogativas del rey: nombra a los ministros y tiene el mando directo del Ejército. Goza del derecho de veto en las Cortes, y las convoca, disuelve y suspende cuando considera. Por lo tanto, se limita el poder de las Cortes, que serán bicamerales. El Senado es de carácter elitista y conservador, con miembros de “derecho propio” (grandes de España y jerarquías eclesiásticas y militares); vitalicios, nombrados por el rey; y senadores elegidos por sufragio censitario entre los mayores contribuyentes.

 No se especifica el tipo de sufragio, derivando la cuestión a sucesivas leyes electorales; la de 1878, aprobada por el Partido Conservador de Cánovas, establecía el censitario, limitado a los mayores contribuyentes; con el Partido Liberal se aprobará el sufragio universal masculino en 1890.

 Amplia declaración de derechos y libertades.

 Se declara la religión católica como la oficial del Estado y, aunque se reconoce la libertad de culto, se prohíben las manifestaciones públicas de cualquier otra religión.

 El Estado se organiza de forma centralista. Los alcaldes de los ayuntamientos de más de 30.000 habitantes son nombrados por el rey.

Los políticos de este periodo valoraron el “liberalismo posible” por encima de los ideales liberales originarios; el orden, antes que la libertad. De este pragmatismo político (“liberalismo doctrinario”) dependía el progreso. La “política entre amigos” y el caciquismo eran la máxima expresión del sistema. El proceso funcionaba de “arriba abajo”, es decir, de manera inversa a la de una democracia de masas auténtica, en la que primero se obtiene la mayoría en las elecciones y después se forma Gobierno. El fraude electoral permitía que la decisión adoptada por el rey de relevar al Gobierno tuviera siempre el apoyo “popular” necesario; cada partido se comprometía a esperar su turno para acceder al poder, por lo que no denunciaba las irregularidades cometidas por sus adversarios, ya que el sistema les beneficiaría a ellos posteriormente. En definitiva, los partidos Conservador y Liberal se cedían periódicamente el poder, no como consecuencia de un cambio de opinión del electorado, sino por obra de un acuerdo mutuo, pactado, o de su desgaste interno y con el acuerdo del rey. El resultado daba, invariablemente, una holgada mayoría al partido propuesto para gobernar que podía así actuar sin dificultad. Este falseamiento electoral funciónó hasta finales de siglo, cuando comenzó a resquebrajarse, con el establecimiento del sufragio universal, la difusión de la prensa y el surgimiento de partidos ajenos al “turno”.

La repentina muerte de Alfonso XII en 1885 no impidió que el sistema siguiera funcionando. Por el Pacto de El Pardo, Cánovas y Sagasta se comprometieron a respetar el turno y a ayudar a la reina regente, María Cristina, hasta que en 1902 el nuevo rey, Alfonso XIII, ocupara su cargo.

Los llamados “partidos dinásticos”, uno en el poder y otro en la oposición, se turnaban en el Gobierno de forma pacífica durante la Restauración Borbónica. Cánovas lideraba el Partido Conservador, con antiguos miembros del Partido Moderado, de la Uníón Liberal y de un sector del Partido Progresista. Contó con el apoyo de la Iglesia y de los católicos no radicales. En 1880, favorecíó la formación del Partido Fusionista (Partido Liberal desde 1885), dirigido por Sagasta. En este partido se integraron sectores demócratas, radicales y republicanos moderados. Contaron con el apoyo de profesionales liberales, comerciantes, banqueros, militares y funcionarios. Quedaban fuera del sistema carlistas, republicanos, socialistas y anarquistas. Aunque estas fuerzas de oposición eran numerosas, nunca fueron una alternativa sólida al encontrarse divididas y en algunos casos enfrentadas.

El proyecto republicano sufragio universal, laicismo, extensión de la educación,

mantuvo su influencia en sectores ilustrados de la clase media y en el mundo obrero. Sin embargo, su peso político fue limitado debido a la división entre centralistas y federalistas. En 1896 estas facciones llegaron a un acuerdo, expresado en la Uníón Republicana.

El movimiento obrero, dividido en dos tendencias: marxista y anarquista, atravesó una fase de decadencia al principio de la Restauración, del que se recuperó algo gracias a la legalización de las organizaciones obreras por la Ley de Asociaciones (1887). Durante este periodo no hubo representantes de la clase obrera en las Cortes, a causa del falseamiento electoral y el abstencionismo político del movimiento, que rechazó alianzas electorales con los republicanos, a los que consideraban reformistas burgueses. Solo el 5% de la población estaba afiliada y únicamente en las zonas más industrializadas superaba el 20%.

El socialismo se organizó a través del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), creado en 1879 por Pablo Iglesias, y del sindicato Uníón General de Trabajadores (UGT). Tras la Semana Trágica de Barcelona se vinculó al republicanismo, creándose la Conjunción Republicano Socialista (1909) con lo que Pablo Iglesias logró acceder al Parlamento en 1910. La UGT mientras tanto fue creciendo gracias al sector minero y ferroviario (de los 41.000 afiliados en 1910, pasó a 129.000 en 1912).

El anarquismo estaba dividido: la tendencia colectivista del campo andaluz y el anarcosindicalismo de la Cataluña industrial. Algunos defendían el terrorismo como vía hacia la revolución. El primer paso lo dio la Federación de Trabajadores de la Regíón Española, en 1881. En 1907 se creó Solidaridad Obrera, sindicato que defendíó la huelga como forma revolucionaria más eficaz. La Confederación Nacional del Trabajo (CNT) fue creada en 1910 para defender la acción directa (lucha obrera por medio de huelga, sabotajes industriales, ocupación de fábricas y tierras) como estrategia.

Regionalismo y nacionalismo surgieron como oposiciones nuevas al sistema de la Restauración, alcanzando un gran desarrollo en los años finales del Siglo XIX. Como han señalado historiadores como Álvarez Junco o Fusi, las demandas regionalistas (la reivindicación de la cultura y la lengua propia de una regíón) pasaron a ser nacionalistas (la convicción de que esa cultura configuraba una nacíón que puede aspirar a la formación de su propio Estado) especialmente tras el Desastre del 98. En ambos casos se pretendía un modelo de Estado descentralizado, opuesto al centralista del sistema canovista. Por ello, sus objetivos fueron la creación de instituciones propias, la autonomía administrativa y, en algunos casos, la independencia. 

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Nacionalismo catalán

En los años treinta se había iniciado el movimiento literario y cultural (Renaixença). Pero el catalanismo político se inicia en la Restauración con el republicano federal Almirall, que fundó el Centre Catalá (1882) demandando una mayor autonomía. Entre 1891 y 1892 se crea la Uníó Catalanista que promovíó las Bases de Manresa, que recogían el primer programa del catalanismo e incluía un proyecto de Estatuto de Autonomía. En 1901 se formó el primer gran partido catalanista, la Lliga Regionalista, liderada por Prat de la Riba y Cambó. Se trataba de un partido conservador que aspiraba a una autonomía de Cataluña, apoyado por sectores de las clases medias y altas y vinculado a la industria local. Durante las dos primeras décadas del Siglo XX fue el principal partido catalán. La clase obrera se organizó alrededor del Centre Nacionalista Republicà, partido nacionalista de izquierda.

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Nacionalismo vasco

No tuvo su origen en movimientos culturales. Nacíó más tarde que el catalán pero evoluciónó rápidamente. Reivindicó los fueros perdidos; criticó la industrialización, el capitalismo y la inmigración, porque fracturaban la sociedad tradicional vasca; dentro de una línea de pensamiento católica y antiliberal. En 1895 Sabino Arana fundó el Partido Nacionalista Vasco (PNV), con escaso apoyo, por su radicalismo antiespañol e independentista. Tras la muerte de Sabino Arana, sufre un enfrentamiento interno entre el sector radical independentista, defensor de las ideas puras de Arana, y otro más moderado, que apuesta por la autonomía manteniendo los principios de Arana. Este último grupo logró atraerse a la burguésía industrial, con lo que se convirtió en la fuerza mayoritaria.

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Regionalismo gallego

Nacíó a partir del movimiento cultural Rexurdimento, con un tímido planteamiento político. Manuel Murguía fundó la Asociación Regionalista Gallega. Pero el regionalismo gallego tuvo menor implantación social y un desarrollo más lento que el catalán y el vasco. 
Otros regionalismos, como el andaluz (en torno al Ateneo de Sevilla y a la figura de Blas Infante) y el valenciano (Renaixença y Teodor Llorente), inician su andadura más tarde y con un menor peso político y social.

Tras la independencia de la mayor parte de las colonias españolas de América a inicios del Siglo XIX, sólo las islas antillanas de Cuba y Puerto Rico, y el archipiélago de las Filipinas en el sudeste asíático continuaron formando parte del Imperio español. Cuba y Puerto Rico basaban su economía en la agricultura de exportación, esencialmente basada en el azúcar de caña y el tabaco, en la que trabajaba mano de obra negra esclava. Eran muy lucrativas para la metrópoli (España); Cuba, por ejemplo, era la primera productora de azúcar del mundo. Las duras leyes arancelarias y las políticas proteccionistas impuestas por el gobierno de Madrid durante el Siglo XIX convirtieron Cuba y Puerto Rico en un «mercado cautivo» de los textiles catalanes o las harinas castellanas, lo que perjudicaba la economía local, que podía encontrar productos mejores y más baratos en los vecinos Estados Unidos. Los intereses de una reducida oligarquía esclavista peninsular eran evidentes. El caso filipino era bien diferente; allí la población española era escasa y había pocos capitales invertidos. El dominio español se sustentaba en una pequeña presencia militar y, sobre todo, en el poder de las órdenes religiosas. En Cuba, la Guerra Larga (1868-1878), iniciada con el Grito de Yara, liderada por Céspedes, y finalizada tras la actuación de Martínez Campos que culmina con la Paz de Zanjón (1878), había sido un primer aviso serio de las aspiraciones independentistas cubanas. La ausencia de reformas facilitó el desarrollo del anticolonialismo, pese a la represión del gobierno de la Restauración. Rizal en Filipinas y Martí y Maceo en Cuba, se configuraron con figuras claves del nacionalismo independentista. En 1895 estallaron nuevas insurrecciones independentistas. Estalló una dura y cruel guerra (el gobierno español envió 200.000 soldados al mando del general Weyler, que empleó una dura represión: las reconcentraciones). Las víctimas procedían de las clases sociales más humildes: jóvenes pobres de origen rural que asistían a la guerra sin formación y sin los medios adecuados. La gran novedad de esta segunda guerra colonial va a ser la ayuda estadounidense a los rebeldes cubanos, esencialmente por dos razones: 1) intereses económicos mineros y agrícolas; y 2) interés geoestratégicos (el naciente imperialismo norteamericano buscaba el dominio del Caribe y Centroamérica). En realidad, el enfrentamiento mostraba la pugna entre un imperialismo moribundo, el español, y uno que estaba naciendo y que marcaría las futuras relaciones internacionales, el norteamericano.

La explosión en el navío norteamericano Maine en el puerto de La Habana (15 de Febrero de 1898), explosión que costó la vida a más de 250 marinos estadounidenses, propició una furibunda campaña periodística (Pulitzer y Hearst). El Gobierno norteamericano del presidente McKinley, alentado por una opinión pública cada vez más belicista, declaró la guerra a España.

 El conflicto fue, como afirman historiadores como Balfour, un “paseo militar” para Estados Unidos, que conquistó Cuba, Puerto Rico y Filipinas. En el archipiélago asíático, el ejército norteamericano derrotó al español en la batalla de Cavité y ocupó Manila. En Cuba, la flota del almirante Cervera, tras permanecer sitiada en Santiago, fue derrotada. Ante esta situación, España pidió un armisticio y renunció a la soberanía de sus colonias. España firmó la Paz de París en Diciembre de 1898. Por este acuerdo, España cedíó a EE.UU. La isla de Puerto Rico, que hoy sigue siendo un estado asociado de EE.UU., Filipinas y la Isla de Guam en el Pacífico. Todo a cambio de 20 millones de dólares. Cuba alcanzaba la independencia bajo la “protección” estadounidense (Enmienda Platt y base militar de Guantánamo). Ya en 1899, el gobierno español, ante la imposibilidad de mantener los últimos reductos del Imperio colonial, firmó el Tratado hispano-alemán, que supónía la cesión de las islas Marianas (salvo Guam), las Carolinas y las Palaos, a cambio de 15 millones de dólares. A diferencia de lo que supuso las independencias latinoamericanas durante el reinado de Fernando VII (1814-1833), la pérdida de las últimas colonias provocó una honda crisis nacional, como ha señalado el historiador Álvarez Junco (Mater Dolorosa). Las consecuencias fueron numerosas y de distinto tipo:  Demográficas. Se calcula que las guerras de 1895-1898 provocaron 120.000 muertos, la mitad de ellos soldados españoles. La mayoría de las muertes se produjeron por enfermedades infecciosas como la fiebre amarilla, la tisis, la disentería, etc.

Sociales

La mayoría de los muertos y los heridos procedían de las clases bajas, de aquellos sectores de la población que no habían podido pagar el dinero necesario (unas2.000 pesetas) . 

Económicas

No fueron importantes a corto plazo, salvo la fuerte subida de los precios de los alimentos en 1898. La pérdida de las colonias supuso una importante repatriación de capitales que fueron invertidos en la economía peninsular. El fin de la guerra permitíó al ministro Fernández Villaverde abordar algunas reformas necesarias en el sistema de impuestos y en la emisión de deuda, lo que supuso un saneamiento de la situación de la Hacienda. Por primera vez en mucho tiempo, el estado español tuvo súperávit a principios del Siglo XX. 

Políticas

El desastre provocó el desgaste de los partidos turnantes., se produjo la pérdida de autoridad y el final de la carrera de los políticos que habían dirigido la primera etapa de la Restauración, apareciendo nuevos líderes como Silvela y Maura en el Partido Conservador, y Canalejas y Montero Ríos en el Partido Liberal. 

Militares

El desastre provocó un fuerte desprestigio del Ejército que, pese a las impopulares quintas, a los recursos materiales y a los sacrificios humanos, no estaba preparado para un conflicto como el ocurrido.

Psicológicas

En el plano de la psicología colectiva, el pueblo vivíó la derrota como un trauma nacional, extendíéndose los sentimientos de inferioridad, desmoralización e impotencia. 

Internacionales

España deja de ser una potencia mundial, con territorios distribuidos por todo el mundo, y se convierte en una potencia de segundo orden.