B11–1 Elabora un esquema con los grupos ideológicos y los apoyos sociales del franquismo en su etapa inicial
Los tres grandes pilares institucionales de la dictadura de Franco fueron: El Ejército. Fue el principal apoyo del régimen, auténtica espina dorsal de éste. Participó directamente en el poder, ya que buena parte de los ministros y de los gobernadores civiles eran militares de carrera. El partido único. Falange Española Tradicionalista y de las JONS se encargaba de: dotar al régimen de sus bases ideológicas, controlar los medios de comunicación, suministrar buena parte de los cargos de la administración y constituir cuatro organizaciones de masas para procurar apoyo social al régimen: – El Frente de Juventudes, dedicado a la formación y adoctrinamiento de la juventud. – La Sección Femenina, con la misión de formar a la mujer con un sentido cristiano y nacionalsindicalista. – El Sindicato Español Universitario (SEU), que pretendía ser un instrumento de control político de los universitarios. – La Central Nacional Sindicalista (CNS), que integraba a patrones y trabajadores en una misma organización. Con el paso de los años y a medida que el régimen evolucionaba, acabará convirtiéndose en un mero aparato burocrático que sólo conservará algún poder en el Consejo Nacional del Movimiento. La Iglesia Católica. Tuvo un papel destacado en la legitimación del régimen franquista, que se definía como un Estado confesional católico. A cambio de este apoyo, la Iglesia obtuvo una financiación pública muy generosa (en 1939 se reinstauró el presupuesto de culto y clero), el control del sistema educativo y el predomino de los valores y la moral católica en el conjunto de la sociedad española. Organizaciones ultra-católicas como Opus Dei o la Asociación Católica Nacional de Propagandistas obtuvieron amplios márgenes de poder en el franquismo al incluir entre sus seguidores a buena parte de los dirigentes militares y políticos. Otros apoyos: El apoyo de las élites económicas y sociales (terratenientes, empresarios, financieros, profesiones liberales…), que recuperaron el poder económico, político y social perdido durante la Segunda República. El apoyo de los pequeños y medianos propietarios agrícolas del norte de España que habían apoyado el alzamiento.
B11–2 Diferencia etapas en la evolución de España durante el franquismo, y resume los rasgos esenciales de cada una de ellas.
El franquismo tres grandes etapas: Primera etapa (1939-1953): Triunfo, asentamiento del régimen y aislamiento. Se caracteriza por el intento de establecer un Estado totalitario inspirado en el fascismo y de dotar al país de una autarquía económica.
En este sentido, la Ley Fundamental del Fuero del Trabajo (1938-1939) consideraba que España era un “Estado autoritario y corporativo”. La consolidación del régimen franquista y su evolución política estuvieron muy condicionadas por los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias más inmediatas. Aunque España no llegó a entrar en guerra, envió una unidad de voluntarios (División Azul) combatir junto a las tropas alemanas en el frente ruso. El apoyo del régimen de Franco a las potencias fascistas durante la guerra, lo dejó al final del conflicto en una situación de aislamiento internacional propugnado por las potencias vencedoras. Así, entre 1945-1947 España sufre un boicot internacional, con la condena de la ONU y la retirada de embajadores de Madrid (1946). Ante esta situación de aislamiento, se apuesta por un cambio de imagen que conlleva la marginación del falangismo, la retirada de simbología fascista y de la hegemonía del nacionalcatolicismo. Esta primera etapa estuvo marcada por el intento de autarquía económica. Con esta medida se pretendía conseguir la autosuficiencia restringiendo y regulando el comercio exterior, así como favorecer el desarrollo industrial de sectores estratégicos (creación del INI). Para ello se llevó a cabo un fuerte dirigismo e intervencionismo estatal. Las consecuencias de esta política económica fueron la baja productividad y el desabastecimiento, miseria y hambre, que dieron lugar al racionamiento y al mercado negro. Segunda etapa (1953-1965): Apertura y desarrollismo. En 1953 llegaría el reconocimiento internacional del régimen con la firma de acuerdos con Estados Unidos y del Concordato con la Santa Sede. A partir de entonces, España es admitida en organizaciones internacionales como la UNESCO (1953) y la ONU (1955). En 1957, tras la crisis económica del año anterior que había dado lugar a una oleada de protestas obreras y universitarias, Franco realiza una nueva remodelación del gobierno en el que cabe destacar la influencia de los tecnócratas (vinculados al Opus Dei). Esta segunda etapa está marcada por el desarrollismo e inmovilismo. Ante el fracaso de la política económica y la necesidad de reconocimiento internacional tiene lugar una liberalización de la economía y la atenuación de sus rasgos más claramente fascistas. El resultado fue un proceso de intenso crecimiento económico y de modernización social que se desarrolló a lo largo de la década de los sesenta. El desarrollo económico fue posible gracias a una rápida industrialización y al aumento de los servicios, con un destacado crecimiento del turismo. La contribución del exterior, coincidiendo con una favorable coyuntura internacional, fue crucial en ese desarrollo, ya que permitíó abastecerse de la tecnología más avanzada y de capitales para financiar las inversiones, al mismo tiempo que abría amplios mercados donde vender la producción. La España de los años sesenta experimentará profundos cambios económicos y sociales. El desarrollo y el bienestar será el eje central de la legitimación del franquismo y de su imagen exterior. En este periodo Franco trató de disfrazar su régimen autoritario con el nombre de “democracia orgánica”; concepto que, aunque había sido empleado desde 1942, cobra gran importancia durante esta etapa. Tercera etapa (1965-1975): Tecnocracia y continuismo. Desde el punto de vista político, esta etapa coincide con gobiernos tecnócratas y reformistas que van a impulsar la modernización para favorecer la estabilidad social. Esta nueva orientación del gobierno hizo necesario un impulso legislativo: Ley de Prensa (1966), Ley de Libertad Religiosa y Ley de Seguridad Social (1967). En Enero de 1967 se promulgaba la Ley Orgánica del Estado, que modificaba en parte las leyes anteriores y prevéía, además, cómo se regiría el país tras la muerte del dictador. Era un intento de acercamiento, muy maquillado, hacia un estado constitucional, que pretendía modernizar el régimen de cara a su posible ingreso en la CEE y adecuar la legislación española a los presupuestos del Concilio Vaticano II (1962-1965). Reforzaba el poder vitalicio del dictador e instauraba como sucesora del Movimiento Nacional a una monarquía, continuadora de las instituciones creadas durante el franquismo. El 22 de Julio de 1969, Juan Carlos de Borbón prestaba juramento ante las Cortes de su cargo de heredero de la Corona española. La expansión económica de la década de los sesenta estimuló el crecimiento demográfico y desencadenó los mayores movimientos migratorios de la España contemporánea. Paralelamente, asistimos a una modernización de los hábitos sociales que tienen su mejor exponente en aspectos tales como la entrada en la sociedad de consumo y la implantación de nuevos patrones culturales. En el marco internacional, el Estado franquista aparecía como una realidad caduca y anacrónica en Europa occidental, ya que era la última dictadura que pervivía tras la desaparición de las de Portugal y Grecia en 1974. En el ámbito económico, el milagro desarrollista se frenó con la crisis internacional del petróleo de 1973, que afectó a toda la economía mundial, y se inició una nueva fase de recesión económica.
B11–3 Explica la organización política del Estado franquista
Estructuras de organización política del Estado: La organización política del Estado franquista no surgíó de una sola vez, como resultado de una Constitución o ley de rango similar, sino que se fue configurando a lo largo de la vida del régimen, en un proceso continuo de adaptación a las circunstancias exteriores e interiores. Como rasgos esenciales, se podrían señalar: El totalitarismo, ya que el franquismo nacíó como una dictadura inspirada en el modelo fascista italiano y alemán. Se suprimíó la Constitución de 1931, se clausuró el Parlamento y se prohibieron todos los partidos políticos y sindicatos, con la única excepción del partido único (FET y de las JONS) y un único sindicato oficial. El caudillismo; aunque se definía a España como una «monarquía católica, social y representativa», la jefatura del Estado no recaía en un monarca, sino en la figura de Franco, investido con el título de Caudillo de España, que la ejercía con carácter vitalicio y se atribuía también la prerrogativa de nombrar a su sucesor. En su persona se concentraban todos los poderes fundamentales: jefe del Estado, del gobierno, del partido y Generalísimo de los tres ejércitos. Presidía el Consejo Nacional y nombraba al secretario del Movimiento (forma de denominar al único partido permitido, la FET de las JONS), a la vez que gozaba de poderes excepcionales para promulgar leyes en casos de urgencia. La concepción unitaria y centralista del Estado, abolíéndose los estatutos de autonomía. Esto incluía la prohibición del empleo de cualquier otra lengua que no fuera la castellana, así como las manifestaciones culturales que no estuviesen controladas directamente por los estamentos del poder franquista. El máximo órgano de representación nacional eran las Cortes españolas, de carácter corporativo y consultivo. Estas Cortes carecían, en la práctica, de poder legislativo, ya que el gobierno decidía qué proyectos de ley podían pasar a las Cortes y cuáles eran directamente aprobados por él a través de decretos-ley. Estaban integradas por procuradores de tres tipos: los designados por el jefe del Estado, los titulares de ciertos cargos de especial relevancia y los elegidos cada cuatro años en representación de los «órganos naturales de asociación» (la familia, donde se nace; el municipio, donde se vive; y el sindicato, donde se trabaja). Por este motivo se definía el sistema político como «democracia orgánica». El segundo órgano de representación nacional, en este caso en el mundo del trabajo, era la Organización Sindical Española (OSE), controlada por el Estado a través del Movimiento Nacional, en la que estaban encuadrados de forma obligatoria empresarios, técnicos y obreros, agrupados por ramas o sectores de producción (de ahí la denominación de «sindicatos verticales», para diferenciarlos de los sindicatos de clase). En ausencia de una Constitución democrática, existían las denominadas Leyes Fundamentales, leyes de máximo rango, siete en total, que se fueron promulgando desde 1938 (en plena Guerra Civil) hasta 1967. Cada una de ellas establecía, por separado, algunos de los aspectos que en un régimen democrático suelen formar parte de una Constitución: declaración de principios ideológicos, derechos y deberes fundamentales, funciones y funcionamiento de las instituciones del Estado, etc. Sin embargo, la similitud de todas ellas en conjunto con una Constitución era solo aparente, tanto en la forma de su aprobación como en su contenido: definían un Estado autoritario y personalista, en el que se penalizaba, incluso con la cárcel, el ejercicio de los más elementales derechos y libertades, como los de huelga, opinión, expresión y asociación (los partidos políticos y los sindicatos de clase estaban prohibidos). En el plano territorial, el poder del gobierno se transmitía mediante la vieja institución de los gobernadores civiles de cada provincia, instituyéndose también en cada provincia aun gobernador militar. También se restablecíó la estructura militar de las Capitánías Generales que había suprimida durante la Segunda República. En los ayuntamientos, el poder lo detentaban los alcaldes, que eran elegidos directamente por el gobernador civil. Estructura legal: La dictadura franquista pretendíó dar una imagen de legalidad con la promulgación de una serie de Leyes Fundamentales que ocupaban el lugar de una Constitución inexistente. Estas leyes fueron: el Fuero del Trabajo (1938), la Ley Constitutiva de las Cortes (1942), el Fuero de los Españoles (1945), la Ley del Referéndum Nacional (1945), la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado (1947), la Ley de Principios del Movimiento Nacional (1958) y la Ley Orgánica del Estado (1967).
B11–5 Relaciona la evolución política del régimen con los cambios que se producen en el contexto internacional
Pocos meses después de concluir la Guerra Civil se precipitó la Segunda Guerra Mundial. El franquismo se encontraba ligado a uno de los bandos beligerantes, el de las potencias del Eje, puesto que su ayuda había sido vital para la victoria en la Guerra Civil, además el régimen manténía semejanzas ideológicas con el fascismo. Segunda Guerra Mundial (1939-1945) Al desencadenarse el conflicto mundial en Septiembre de 1939, España se declaró neutral. Franco sabía que el país no estaba para abordar una nueva guerra. Pero las potencias del Eje, presionaron para la intervención española en la guerra. En relación con estas posibilidades de integración, Franco mantuvo entrevistas fuera de España con los dos grandes dictadores: en Hendaya, con Hitler, y en Bordighera, con Mussolini. En el gobierno había un gran valedor de la entrada de España en la Guerra, el ministro de Asuntos Exteriores, Ramón Serrano Suñer. En la entrevista de Hendaya, Franco planteó a los dirigentes fascistas una serie de compensaciones económicas, territoriales (Gibraltar y el Marruecos francés) y armamentísticas a cambio de entrar en la guerra, el precio exigido por Franco era demasiado elevado en comparación con las ventajas que podía suponer la entrada de España. Finalmente, esta entrada no se produjo, pero España cambió su posición a no beligerante en 1941. Y España envió a la URSS, una división de voluntarios para combatir junto a los alemanes, la División Azul. Desde el comienzo de 1942 se va fraguando una crisis política dentro del franquismo que enfrentará a carlistas y falangistas, en la que los primeros recelaban de la adhesión falangista al régimen nazi. Esta crisis concluirá con la destitución de Serrano Suñer en Agosto de ese año. En Octubre de 1943, la guerra parecía volverse claramente desfavorable a las potencias del eje, España abandonó la no-beligerancia para volver a la neutralidad. La propaganda a favor de Alemania disminuyó drásticamente y las relaciones con Alemania se enfriaron, asegurando a los aliados la neutralidad y retirando la División Azul (1944). Ante el giro de los acontecimientos militares, Franco empezó a distanciarse de sus antiguos aliados y se prohibíó incluso definir como «fascista» al nuevo régimen. Aislamiento (1945-1946) Finalizada la Guerra Mundial con la victoria de los aliados y la derrota de Alemania e Italia, la propaganda franquista empezó a calificar su régimen como «democracia orgánica» y se intentó reforzar una nueva imagen del Estado como esencialmente católico. Igualmente se pretendíó presentar al exterior una organización política con la apariencia de un Estado de Derecho, para lo cual se promulgaron varias Leyes Fundamentales, como el Fuero de los Españoles (1945), la Ley de Referéndum Nacional (1945) y la Ley de Sucesión (1947). No obstante, las potencias aliadas sometieron al franquismo a una dura condena política que alcanzó su más contundente expresión en las recomendaciones de la Resolución de la ONU de 1946: la prohibición a España de pertenecer a los organismos internacionales relacionados con la ONU y la retirada de los embajadores en España. Entre los años 1945-1946 el franquismo quedo aislado, llegando incluso al cierre de las fronteras francesas de los Pirineos. En 1946, la ONU recomendó a todos los países la retirada de sus embajadores en España, solo permanecieron los de regíMenes muy amigos, el argentino, el portugués y el del Vaticano. El gobierno, contestó con una actitud de desprecio (manifestación de Plaza de Oriente), pero el boicot político y económico, reforzó el aislamiento de España. Guerra Fría y reconocimiento del régimen La situación internacional cambió por completo con la guerra fría o enfrentamiento entre el bloque occidental capitalista y el comunista. En este nuevo escenario, el hecho de que el régimen de Franco fuera heredero del fascismo quedó relegado a un segundo plano ante su carácter marcadamente anticomunista y el valor estratégico militar de la península Ibérica. En consecuencia, la ONU revocó en 1950 la resolución de bloqueo contra España y retornaron los embajadores. El régimen de Franco empezó a ser reconocido internacionalmente: en 1953 se firmó el Concordato con el Vaticano y se suscribíó el tratado de bases militares con Estados Unidos; dos años después, en 1955, España era admitida en la ONU y desde entonces se pudo integrar en otras organizaciones internacionales (Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Organización Europea de Cooperación Económica, etc.). Un hecho fundamental fue la visita oficial a España del presidente norteamericano Ike Eisenhower, en Diciembre de 1959, que Franco aprovechó como propaganda de su persona y de su régimen. Al mismo tiempo que España conseguía un reconocimiento exterior, el régimen ofrecía algunas tímidas muestras de liberalización, más aparentes que reales, como la Ley de Prensa e Imprenta de 1966, que eliminaba la censura previa, o la Ley de Libertad Religiosa de 1967. Sin embargo, la promulgación en 1967 de la Ley Orgánica del Estado –la última de las Leyes Fundamentales, que culminó el proceso de institucionalización del régimen– confirmó el carácter autoritario del régimen, ya que otorgaba a Franco, como jefe de Estado vitalicio, un poder omnímodo y prácticamente ilimitado. Por último, en 1969 Franco decidíó por fin nombrar a Juan Carlos, hijo de don Juan de Borbón y nieto de Alfonso XIII, como su sucesor a título de rey. Se ofrecía así una imagen de normalidad, con la posibilidad del retorno a la monarquía tradicional tras la muerte del dictador, pero en realidad con este procedimiento Franco no restablecía la monarquía tradicional, sino que instauraba una nueva monarquía continuadora de su propio régimen, ya que obviaba al heredero legítimo al trono – don Juan de Borbón– y obligaba al sucesor designado por él a jurar fidelidad a las Leyes Fundamentales. La crisis final Tras el asesinato por ETA del presidente del gobierno, Carrero Blanco, en Diciembre de 1973, el nuevo gobierno de Arias Navarro parecía augurar una liberalización política del régimen, pero la promesa que despertó más expectativas, la Ley de Asociaciones Políticas (Diciembre de 1974), resultó ser tan restrictiva que solo permitía crear asociaciones dentro del estrecho margen ideológico del franquismo. Quedó de este modo demostrado que, mientras viviera Franco, el régimen sería incapaz de renovarse y, menos aún, de evolucionar hacia la democracia. El contexto internacional de esta última etapa no modificó el inmovilismo político del régimen, pero sí contribuyó a su descrédito y crisis final: En 1974 fueron derrocadas las dictaduras de Portugal y de Grecia, con lo que España quedó ya como la última dictadura que pervivía en Europa occidental. Las cinco sentencias de muerte firmadas por Franco en Septiembre de 1975, en virtud de una nueva Ley Antiterrorista, originaron numerosas peticiones de clemencia y gestiones de varios jefes de Estado y de gobierno, incluido el papa Pablo VI. Su ejecución final demostró al mundo la intransigencia del anciano dictador y levantó una oleada de protestas internacionales y conflictos diplomáticos, incluso con el Vaticano, que revivieron la amenaza de un nuevo aislamiento internacional del régimen. Pero solo la muerte de Franco, apenas dos meses después de las citadas ejecuciones, despejó parcialmente el camino hacia una posible democratización de España, demandada por la mayoría de la sociedad española y los países del entorno europeo.
B11–6 Explica la política económica del franquismo en sus diferentes etapas y la evolución económica del país Periodo de autarquía económica (1939-1959)
La economía española de los años cuarenta y cincuenta estuvo condicionada tanto por la situación interior como por las circunstancias exteriores: la larga Guerra Civil había dejado al país en una situación ruinosa, el estallido de la Segunda Guerra Mundial privó a España de la posibilidad de abastecerse de sus necesidades en el exterior y el bloqueo internacional a que fue sometida España tras la contienda mundial prolongó la situación de aislamiento económico. En consecuencia, la política económica se basó en la autarquía, impuesta tanto por la necesidad de autoabastecerse como por la decisión política del régimen, que la consideraba la mejor solución para la independencia del país. A ello contribuyó el disparatado optimismo oficial, que aspiraba a alcanzar la autosuficiencia del país en tan solo cuatro años. El objetivo inmediato era una rápida industrialización del país, dirigida desde el poder y apoyada en un rígido intervencionismo del Estado en todos los ámbitos de la economía. Se pondrá en funcionamiento el Instituto Nacional de Industria (INI), con la misión de crear las industrias necesarias para el desarrollo del país. Los sectores económicos importantes se convirtieron en monopolios estatales (RENFE) y se crearon, o nacionalizaron, empresas (SEAT, Iberia, etc.) para los diferentes sectores estratégicos. Pero el resultado fue desastroso: la producción industrial apenas aumentó en la década de los cuarenta, la producción agraria resultó insuficiente para alimentar a la población y hubo que establecer un sistema de racionamiento de alimentos que duraría hasta 1952; lo que dio lugar a la aparición de un mercado negro (estraperlo) y a multitud de corrupciones. La renta per cápita no recuperó los niveles de antes de la guerra hasta la década de los cincuenta. La firma del acuerdo para el uso conjunto de bases militares norteamericanas en la península y la libertad para que los barcos de guerra atracasen en los puertos españoles fue acompañada de una ayuda económica americana, que permitíó al gobierno evitar el problema de la bancarrota. En los años cincuenta, finalizado el aislamiento internacional, la economía española se fue abriendo poco a poco hacia el exterior. Sin embargo, las importaciones aumentaron a un ritmo muy superior al de las exportaciones, y el déficit comercial fue disminuyendo las reservas de divisas, que iban camino de agotarse al final de la década. En consecuencia, se hizo inaplazable un reajuste de la economía, ya que el camino seguido hasta entonces solo conducía al colapso final. El desarrollismo español (1959-1973) El nuevo gobierno formado en 1957 incorporó en determinados puestos clave a los llamados tecnócratas, que reorientaron la política económica del régimen, abandonando definitivamente la autarquía. Su proyecto más ambicioso fue el Plan de Estabilización de 1959, llevado a cabo con el asesoramiento de autoridades económicas de Fondo Monetario Internacional, del Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo y de la O.C.D.E. Estaba constituido por un conjunto de duras medidas de reajuste que liberalizaron la economía y despejaron el camino hacia el futuro desarrollo. Desde 1964 a 1975 se elaboraron tres Planes de Desarrollo cuatrienales, según el modelo francés de la planificación económica indicativa, pero el último de ellos se interrumpíó con la crisis del petróleo de 1973: • Los Planes pretendían iniciar un desarrollo acelerado, basado en la coincidencia de objetivos entre el Estado y las empresas privadas: estas, si aceptaban las condiciones del Plan, obténían ventajas fiscales, financieras y laborales; las empresas públicas, en cambio, debían someterse obligatoriamente a él. • Uno de los aspectos más destacables de estos Planes fue la creación de polos de desarrollo. Se eligieron ciertas zonas atrasadas, pero con posibilidades económicas, para alcanzar un desarrollo equilibrado y distribuir las fuentes de riqueza por todo el país; y se concedieron importantes ayudas y ventajas a las empresas que se establecieran en ellas. Así se crearon entre 1964 y 1972 doce polos de desarrollo: La Coruña, Vigo, Villagarcía de Arosa, Oviedo, Logroño, Zaragoza, Burgos, Valladolid, Huelva, Córdoba, Sevilla y Granada. Entre 1960 y 1973, la economía española experimentó un crecimiento acelerado y sin precedentes. Los indicadores macroeconómicos situaban a España incluso en un nivel de desarrollo próximo al de Europa occidental; y se emprendíó una modernización de todos los sectores económicos. La población activa agraria descendíó, mientras que crecía muy rápidamente la población dedicada al sector terciario. El consumo de energía se alteró, imponiéndose el petróleo frente al carbón. Se produjo una mecanización de los procesos productivos. Los productos sintéticos sustituyeron a los tradicionales y en las exportaciones destaca el aumento de los productos de bienes de equipo, de productos químicos y bienes de consumo, que superaron a las materias primas y productos agrarios. A pesar de ello la balanza comercial siguió siendo deficitaria, equilibrándose con el turismo. Se inició una prosperidad del litoral costero debido al turismo y también al desarrollo de nuevas técnicas agrarias y de ciertos enclaves industriales. Esta nueva distribución espacial originó movimientos migratorios muy fuertes desde las zonas agrarias interiores hacia la periferia industrial y turística. No obstante, se originaron grandes desequilibrios regionales, una parte importante de la población activa tuvo que emigrar al extranjero. El déficit comercial se pudo compensar con tres fuentes de ingresos esenciales, pero todas de origen externo, que colocaban a España en una situación de fuerte dependencia respecto a la economía europea: la inversión de capitales extranjeros en España, la recepción de remesas de los emigrantes y la entrada masiva de divisas introducidas por el turismo extranjero. La crisis económica internacional y sus efectos (1973-1975) La subida de los precios del petróleo a partir de 1973, unida a otros síntomas de crisis, marcó el final de la etapa de expansión económica que disfrutaba Europa desde los años cincuenta. La economía española también se vio afectada en un doble sentido: • La subida del precio del crudo repercutíó muy negativamente en la balanza de pagos, debido a la dependencia energética del exterior. • Además, el desarrollo económico español iniciado en los años sesenta seguía dependiendo fuertemente de la expansión económica internacional. Ante este nuevo reto las industrias españolas y la agricultura se encontraban con problemas estructurales muy graves. El primer problema era la reducida dimensión de las empresas y explotaciones. El segundo era el retraso tecnológico debido al proteccionismo y al intervencionismo estatal. La competitividad de las empresas descansaba en los bajos salarios. La política de subvenciones se centraba en la industria tradicional (siderurgia, astilleros, industria química pesada, automóvil…), descuidando la innovación y los nuevos sectores. Por consiguiente, con la crisis internacional la economía española entró en una aguda fase de depresión cuyos signos más evidentes eran el retorno de emigrantes y el galopante aumento del paro y la inflación.
B11–7 Describe las transformaciones que experimenta la sociedad española durante los años del franquismo, así como sus causas.
El trasvase de población del campo a la ciudad fue constante desde el final de la Guerra Civil, sobre todo en los años cincuenta y con destino a los focos industriales: Vizcaya, Barcelona, Valencia y Madrid. Pero fue en la década de los sesenta cuando el éxodo rural adquiríó una magnitud sin precedentes, debido a la atracción ejercida por la industria y los servicios, en pleno proceso de desarrollo durante estos años. Los inconvenientes de esta migración masiva y en poco tiempo fueron esencialmente dos: el despoblamiento del campo –mayor en la España interior– y el chabolismo en las grandes ciudades de absorción –Madrid, Barcelona, Bilbao–, que no estaban preparadas para acoger a tan repentino aluvión de inmigrantes. Por otra parte, el espectacular crecimiento de las grandes ciudades desde los años sesenta originó la aparición en sus áreas metropolitanas de «ciudades dormitorio», sin infraestructuras ni servicios básicos. El éxodo rural se reflejó también en la estructura ocupacional: el sector primario disminuyó hasta alcanzar el 40% de la población activa en 1960, lo que se tradujo en el aumento correspondiente de los sectores secundario y terciario. Y como consecuencia del crecimiento económico de los años sesenta, se alcanzaron las carácterísticas propias de un país en desarrollo: por primera vez, la población activa tanto del sector secundario como del terciario súperó a la del primario, que se reducía en más de diez puntos porcentuales entre 1960 y 1970. España pasó así de ser un país esencialmente agrario a ser un país industrializado, aunque todavía con notable retraso respecto a Europa Un rasgo carácterístico desde finales de los cincuenta fue la emigración exterior a Europa (a Francia, Alemania y Suiza, principalmente), que alcanzó cifras muy elevadas (más de un millón y medio de españoles hasta 1973). El modelo español de desarrollo no generaba empleo suficiente para la creciente población activa, mientras que Europa occidental se encontraba en esos años en pleno proceso de expansión económica y podía absorber más mano de obra de la disponible en sus países. En cuanto a la estructura social, hasta los años cincuenta España continuaba siendo un país atrasado y esencialmente agrario, en el que la importancia numérica y social de las clases medias era escasa, y la sociedad estaba polarizada en dos grandes grupos: una reducida y rica oligarquía agraria, industrial y financiera, por un lado; y la gran mayoría de la población rural y urbana, con un bajísimo nivel de renta, por otro. Esta situación cambió también a raíz del desarrollo económico de los años sesenta, cuando la estructura social se modernizó evolucionando hacia una sociedad con predominio numérico de las clases medias urbanas. Por último, el desarrollo económico de los años sesenta tuvo otras consecuencias sociales importantes: • El aspecto más importante es la aparición de las clases medias prácticamente inexistentes hasta este periodo. Estarán integradas por obreros cualificados (antiguos emigrantes rurales que se habían especializado), profesionales liberales y empleados de comercio, banca y de la administración. Esta nueva clase media va a reclamar mayor participación en el mundo laboral (el sindicato vertical entrará en crisis) y la política. • La población fue adoptando hábitos propios de una incipiente sociedad de consumo: mayor calidad de la alimentación y las viviendas, mejoras en la dotación de los hogares (teléfonos, frigoríficos, televisores, etc.) y aumento de la demanda de automóviles (el famoso SEAT 600). • Se produjeron también cambios profundos en la mentalidad de los españoles y se fueron imponiendo nuevos gustos, modas y costumbres procedentes de Europa, a lo cual contribuyó en gran medida el creciente número de turistas que llegaba a nuestro país, en especial a las zonas costeras, en las que el régimen consentía actitudes y prácticas normales en Europa, pero que contrastaban con la moral conservadora de la España oficial; asimismo, los emigrantes españoles en Europa, cuando regresaban a España –por vacaciones o de forma definitiva–, traían consigo una nueva mentalidad y transmitían su fascinación por el superior nivel de vida europeo. El resultado de todo ello fue el surgimiento, en especial entre la juventud urbana, de una nueva mentalidad opuesta a la conservadora y autoritaria de los años cuarenta y cincuenta. Esa nueva mentalidad, que tenía en Europa su inspiración y su modelo, se resumía en un afán de libertad moral, cultural y política, que empujaba cada vez con más fuerza hacia la democracia. La crisis internacional de 1973 paralizó el flujo migratorio hacia Europa, pues muchos de los emigrantes se vieron obligados a retornar, con el consiguiente aumento del paro en España. Además, la inflación de los precios siguió estando descontrolada, haciendo que se agudizase la actividad de las recién surgidas asociaciones obreras y sindicatos que actuaban en la clandestinidad (Comisiones Obreras, fundado en 1962) que demandaron mejoras laborales y salariales. La conflictividad social iba en aumento ya que la mayoría de los beneficios del crecimiento económico se concentraban en unas capas sociales muy reducidas. La muerte del general Franco en 1975 dejaba al país en una situación de desequilibrio comercial exterior muy grave; los países del entorno estaban reestructurando sus economías y no existía la válvula de escape de la emigración a Europa y su consecuencia más inmediata fue el aumento del paro. Los gobiernos llevaron a cabo políticas de incremento del gasto público y potenciar la demanda interna. Se elevaron los salarios en un 20% y se llevó a cabo una política monetaria laxa y la peseta se devaluó. Originó un aumento de las importaciones de productos de consumo. La incertidumbre del futuro político frenó la inversión de capital extranjero y nacional.
B11–8 Especifica los diferentes grupos de oposición política al régimen franquista y comenta su evolución en el tiempo.
Una de las carácterísticas más importantes de la lucha contra el franquismo fue el debilitamiento de la oposición exterior que sólo en los últimos años, y ante la inminencia de la próxima muerte de Franco, cobra algo de fuerza. Por el contrario, en el interior se fue diversificando y haciéndose socialmente más amplia, fenómeno paralelo a la disminución de la feroz represión de la etapa anterior. Los intentos de restauración monárquica en los comienzos del franquismo (años cuarenta) La familia real española había apoyado la sublevación militar que originó la Guerra Civil. Es más, el propio don Juan de Borbón, hijo de Alfonso XIII, se había ofrecido como voluntario en varias ocasiones para participar en la guerra, pero fue rechazado por Franco. El giro a favor de los aliados que dio la Segunda Guerra Mundial a partir de 1942 hizo pensar a don Juan que el final del franquismo estaba cerca y que podría contar con el apoyo de los conservadores británicos para restaurar la monarquía en España. Este objetivo determinó sus actuaciones y las de sus seguidores en los años siguientes: • En 1943, un grupo de procuradores en Cortes y otro de tenientes generales solicitaron a Franco el restablecimiento de la monarquía. La propuesta fue rechazada y no hubo más presiones en ese sentido. • En 1945, poco antes de finalizar la contienda mundial en Europa, don Juan publicó el Manifiesto de Lausana, en el que pedía a Franco su dimisión y, una vez más, la restauración de la monarquía. Sin embargo, pocos años después cambió de estrategia y en 1948 se entrevistó personalmente con Franco. En este encuentro don Juan dio su consentimiento para que su hijo, el príncipe Juan Carlos, realizara sus estudios en España bajo la tutela del dictador. La oposición popular en el interior en los años cuarenta y cincuenta La oposición popular en el interior se manifestó a través de tres cauces: la guerrilla, las huelgas y las actuaciones de partidos políticos y organizaciones clandestinas antifranquistas. Entre 1944 –año en que fue liberado el sur de Francia de la ocupación nazi– y 1949 se organizó en las zonas montañosas un movimiento de resistencia guerrillero –el maquis– integrado por anarquistas, comunistas y socialistas, muchos de los cuales habían participado en la resistencia francesa frente a la ocupación alemana durante la Segunda Guerra Mundial. Su objetivo era aplicar esa misma estrategia para desgastar y derrocar al régimen franquista. Pero la Guardia Civil y el ejército limitaron su capacidad de actuación a determinadas zonas rurales. Por ello, desde 1948 se vio que no tenía ningún sentido mantener una guerrilla que carecía ya de todo apoyo, tanto exterior –la hostilidad internacional hacia Franco estaba remitiendo– como interior –la población no estaba en condiciones de emprender una guerra de liberación–. Por otra parte, en los grandes núcleos industriales de Cataluña y el País Vasco se produjeron con cierta frecuencia las huelgas, a pesar de estar prohibidas, sobre todo por las duras condiciones de vida y los bajos salarios de la clase trabajadora. Muchos de los promotores de estas huelgas aspiraban a que se desembocara en un levantamiento general del país contra el régimen de Franco. Pero en ninguna ocasión se produjo nada parecido, y la represión fue dura, con numerosos despidos y detenciones. Un hecho que tuvo especial resonancia fue la protesta universitaria de 1956 en Madrid, que condujo al cierre de la Universidad y la declaración del estado de excepción en todo el país. Por último, los partidos y sindicatos republicanos habían quedado prácticamente desarticulados por la represión franquista de la posguerra, por lo que su actuación se limitó en la mayoría de los casos a buscar apoyos internacionales desde el exilio. Solo el Partido Comunista emprendíó una importante labor de reorganización en el interior del país, que explica su claro protagonismo como oposición popular clandestina durante toda la vida del régimen de Franco. La creciente oposición al franquismo de los años sesenta y setenta Como consecuencia de los profundos cambios experimentados por la sociedad española, que en proporción creciente aspiraba a las mismas libertades que se disfrutaban en Europa, desde los años sesenta se fueron ampliando los frentes de oposición al régimen: • Las protestas obreras fueron en aumento desde 1960. A sus reivindicaciones básicas de carácter estrictamente profesional –salarios, condiciones de trabajo, etc.– incorporaban cada vez con más frecuencia reivindicaciones de tipo político, como el derecho de huelga, de manifestación o de libre sindicación. Las zonas más industrializadas: Asturias, País Vasco, Madrid y Barcelona y su cinturón industrial fueron los principales escenarios de la conflictividad obrera (manifestaciones, huelgas…). En 1962 surge el sindicato clandestino Comisiones Obreras (CC.OO.) como organización alternativa al sindicato oficial. Su táctica fue entrar en las organizaciones del régimen y aprovechar los cauces oficiales para organizar a los trabajadores. A finales del franquismo era el sindicato más importante. Otras organizaciones tradicionales como la UGT o la CNT no consiguieron levantar cabeza en estos momentos. • Un sector de la Iglesia se incorporó a la oposición al régimen, influenciado por el espíritu renovador del Concilio Vaticano II (1962-1965), que supuso un cambio de planteamientos políticos y sociales, en especial en las nuevas generaciones del clero y la población católica. Una parte de la jerarquía eclesiástica española se fue distanciando del régimen, y numerosos miembros de organizaciones católicas –y no pocos sacerdotes– colaboraron o militaron en los clandestinos partidos y sindicatos de la oposición. También aparecieron organizaciones católicas claro contenido social como las Hermandades Obreras de Acción Católica (HOAC) o la Juventud Obrera Cristiana (JOC). • La agitación universitaria, con la reivindicación explícita de las libertades democráticas, fue constante. Las protestas de 1965 alcanzaron una gran magnitud y fueron expulsados de sus cátedras en Madrid los profesores Tierno Galván, García Calvo y Aranguren. • Los grupos y partidos políticos ilegales proliferaron en el interior del país y, desde la clandestinidad, desarrollaron una labor sistemática de oposición al régimen. Entre ellos, habría que destacar los siguientes grupos principales: – El Partido Comunista de España (PCE), que hasta bien avanzada la década de los sesenta era el único partido antifranquista con verdadera implantación social en el interior del país. Encabezó la lucha por la restauración de la democracia y defendíó la necesidad de una reconciliación nacional. Su Secretario en el exilio fue Santiago Carrillo. – El Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que era muy minoritario dentro de España, pero empezó a salir a la luz en las postrimerías del franquismo, sobre todo a partir del Congreso celebrado en 1974 en Suresnes (Francia), en el que se renovó su dirección, que pasó del exilio al interior del país, con Felipe González como nuevo secretario general. – Los nuevos partidos de extrema izquierda, que canalizaron el descontento de la juventud más radical, identificada con las nuevas experiencias revolucionarias del Mayo del 68 francés o de Mao Ze Dong en China. Alguno de ellos derivó incluso hacia el terrorismo, como el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP). – En el centro-derecha la oposición al régimen estaba integrada por varias tendencias, cubriendo un amplio espectro ideológico: liberales, socialdemócratas, demócratas cristianos, monárquico; cuya fuerza provénía no de sus escasos militantes, sino del prestigio de sus dirigentes. – Los partidos nacionalistas, como los históricos Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), y las nuevas formaciones, de las cuales dos tendrían un gran protagonismo posterior: Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), de carácter moderado, y ETA (Euskadi ta Askatasuna, «Euskadi y Libertad»), que en su origen fue un grupo de reflexión política dentro del PNV, pero que en 1959 se separó de él y años después se orientó hacia el terrorismo como táctica de lucha. En este contexto, más de cien políticos españoles de todas las tendencias opositoras al régimen franquista, tanto del interior como del exilio, con la excepción del Partido Comunista de España (PCE) participaron en 1962 en el “Congreso del Movimiento Europeo” en la ciudad alemana de Múnich (Congreso de Múnich). Estos grupos pidieron a la entonces Comunidad Económica Europea que no aceptara a España como miembro mientras no hubiera un sistema democrático homologable con los países de la citada organización. El régimen consideró esta reuníón como una conspiración y lo denominó el “Contubernio de Múnich”. Muchos de los participantes en ese encuentro fueron arrestados al volver a España. En Julio de 1974: se constituye en París la Junta Democrática, integrada por el PCE, Comisiones Obreras, Partido Socialista Popular (dirigido por Tierno Galván), Carlistas, políticos vinculados a Don Juan, entre otros. Reclama una total “ruptura” con la legalidad de la dictadura y la brusca desaparición del sistema franquista. Casi un año después, en Junio de 1975, el PSOE (cuyo secretario era ya Felipe González) animó a la formación de la Plataforma de Convergencia Democrática, a imitación de la iniciativa Comunista. A la Plataforma se adhieren los democristianos y liberales, algunos carlistas y partidos de extrema izquierda. Optaron por la vía de la “reforma” o “ruptura pactada”, es decir, la transformación de la dictadura en democracia partiendo de su propia legalidad, e incluso contando con la voluntad de las fuerzas aperturistas. De nuevo se manifiestan las discrepancias entre comunistas y socialistas, pero ambas tendencias coinciden en la necesidad de acabar con la dictadura, la no colaboración en la política del presidente Arias Navarro y la necesidad de una reforma constitucional.
B11–4 Especifica las causas de la crisis final del franquismo desde 1973
La inestabilidad política A partir de 1970 el envejecimiento de Franco suscitó el debate sobre la continuidad de la Dictadura. El aparato del estado franquista se intentó reforzar ante la opinión pública presentándose con acciones ejemplarizantes como el Consejo de guerra de Burgos (1970), con la petición de 9 penas de muerte para 16 militantes de ETA, que hizo estallar un alud de protestas internacionales. El 20 de Diciembre de 1973 un atentado de ETA acababa con la vida del almirante Luis Carrero Blanco, que había sido nombrado presidente del gobierno seis meses antes. Sin duda, era un golpe durísimo al mismo corazón del franquismo, ya que, aparte de Franco, Carrero era el único capaz de mantener unidas a las diferentes familias ideológicas del régimen, por lo que con él desaparecía la última posibilidad de pervivencia del franquismo después de Franco. Desde entonces, el régimen entró en una pendiente de crisis imparable. El nuevo presidente de Gobierno, Carlos Arias Navarro, en su discurso programático del 12 de Febrero de 1974, anunció su voluntad de emprender una cierta liberalización del régimen, con medidas como la regulación del derecho de asociación política. El denominado «espíritu del 12 de Febrero» provocó un gran revuelo y la división del propio bloque franquista en dos grupos rivales: los «aperturistas» –partidarios de una tímida reforma desde dentro– y el «búnker» –el sector más inmovilista e intransigente–. Pero en el verano de 1974 dos acontecimientos aumentaron la incertidumbre del régimen: Franco fue hospitalizado a causa de una flebitis y su estado de salud no permitía augurarle ya una larga vida; y se fraguó el primer intento serio de aglutinar a la oposición antifranquista con la constitución de la Junta Democrática, que integraba a un conjunto de fuerzas de izquierdas –la principal el PCE, pero sin el PSOE, que no quiso adherirse– y a personalidades de la derecha para establecer un sistema democrático en España. Cuando el gobierno de Arias Navarro promulgó la anunciada Ley de Asociaciones Políticas (Diciembre de 1974), resultó ser tan restrictiva que quedó de manifiesto la incapacidad de renovación del régimen. El clima de inestabilidad política y la protesta ciudadana (manifestaciones callejeras, huelgas, declaraciones, etc.) fueron en aumento, con una represión cada vez más desproporcionada. Finalmente, ante la escalada de atentados del FRAP y de la ETA, el régimen quiso hacer una demostración de fuerza promulgando una nueva Ley Antiterrorista (26 de Agosto de 1975), en virtud de la cual Franco firmó en Septiembre de 1975 –apenas dos meses antes de fallecer– cinco penas de muerte que provocaron la repulsa internacional contra el régimen. Las dificultades exteriores Al mismo tiempo que aumentaban las protestas y la inestabilidad política en el interior, se agravaban las dificultades exteriores para el régimen. En Abril de 1974 caía la dictadura de Portugal («Revolución de los claveles») y poco después (Julio de 1974) la dictadura de los coroneles en Grecia, con lo que España era la última dictadura que pervivía en Europa occidental. La firma de las cinco sentencias de muerte en Septiembre de 1975 originó numerosas peticiones de clemencia y gestiones de varios jefes de Estado y de gobierno, incluido el papa Pablo VI. Y la ejecución final de las penas levantó una oleada de protestas internacionales y conflictos diplomáticos, incluso con el Vaticano, que revivieron la amenaza de un nuevo aislamiento internacional del régimen. Por último, la cuestión del Sáhará agudizó aún más la crisis de la política exterior española. El gobierno había anunciado su intención de convocar un referéndum entre la población saharaui para que decidiera sobre su futuro político. Sin embargo, el rey Hassan II de Marruecos, aprovechando las difíciles circunstancias que atravesaba España, con Franco muy enfermo desde finales de Octubre de 1975, organizó en Noviembre una marcha de 200.000 voluntarios sobre el Sáhará, la Marcha Verde, con la intención de presionar a España para que le fuera entregada la zona. El gobierno español accedíó finalmente a retirarse del territorio mediante el Acuerdo de Madrid –firmado entre España, Marruecos y Mauritania el 14 de Noviembre de 1975, una semana antes de la muerte de Franco–, que permitía el reparto del Sáhará español entre Marruecos y Mauritania y olvidaba el compromiso de referéndum adquirido con el pueblo saharaui. Los efectos de la crisis económica internacional de 1973 La subida de los precios del petróleo a partir de 1973, unida a otros síntomas de crisis, marcó el final de la etapa de expansión económica que disfrutaba Europa desde los años cincuenta. La economía española también se vio afectada en un doble sentido: la subida del precio del crudo repercutíó muy negativamente, debido a la dependencia energética del exterior; y el desarrollo económico iniciado en los años sesenta se interrumpíó, pues dependía de la expansión económica internacional (inversiones de capital extranjero, ingresos por el turismo exterior y flujo de emigrantes a Europa). Por consiguiente, con la crisis internacional la economía española entró en una aguda fase de depresión cuyos signos más evidentes eran el retorno de emigrantes y el galopante aumento del paro y la inflación. Aunque el resto de los países de la OCDE reaccionaron con políticas que trataron de reducir el consumo de energía por habitante, en España –debido a la situación política de descomposición del régimen ante la enfermedad de Franco y el asesinato de Carrero Blanco- se prefirió no trasladar el coste del aumento del petróleo a los consumidores. Esta actitud política provocó que la crisis fuese mucho más agudizada y prolongada en España que en el resto de Europa.