Políticas DE SEGURIDAD
– La seguridad pública se tornó una preocupación dominante en la sociedad, motivo por el cual se priorizo como asunto político.
– Seguridad y Política: Las políticas de seguridad constituyen políticas públicas debido a la violencia social y problemáticas delictivas que resultan de interés gubernamental y se incorporan a la agenda oficial. Aún así, no toda acción delictiva es de interés para las autoridades del gobierno, sólo aquellas que puedan repercutir en la constitución de la agenda oficial.
Para el gobierno, estos problemas son de carácter policial, por lo que deben ser atendidos exclusivamente por esta agencia estatal especializada en ello.
En Argentina las medidas de seguridad se caracterizan por ser autoritarias y por una ineficacia policial, judicial y penitenciaria.
– TV: El problema de la inseguridad y su sensación se vieron fuertemente asociados al espectáculo medíático. Los medios de comunicación mostraban los distintos sucesos ocurridos a las personas de sectores medios y altos de la sociedad.
De una forma exasperada y repetitiva, todo esto contribuyó a que todos los habitantes se sintieran inseguros ya que eran vulnerables a cualquier tipo de delito violento, incluso aquellos sectores que tenían bajas probabilidades de sufrirlos.
– Las tres tendencias: Aumento del delito: El crecimiento y la expansión de la delincuencia se vieron ligados a los problemas de desigualdad y marginalización de los sectores medios y bajos de la sociedad a partir de los ’90 en los cuales la pobreza era su principal carácterística.
Complejizacion del delito: Junto con el crecimiento del delito, también se originaron organizaciones delictivas. Éstas están asociadas a problemas más complejos, tales como el tráfico y venta de drogas ilegales, la trata de personas para explotación sexual, el robo y venta de autopartes y los «piratas del asfalto».
Aumento del sentimiento de inseguridad: Este sentimiento se vio agravado por la desconfianza en los organismos estatales como la policía. Éstos se veían implicados en casos de corrupción e incluso les prestaban protección a los delincuentes para que puedan llevar a cabo sus críMenes más complejos a cambio de un porcentaje de lo obtenido.
– Represión: Mediados de los ’90: Frente a los movimientos piqueteros, el gobierno tomó dos medidas. Primero, desarrollo una intervención asistencial que se encargaba de dar subsidios y ayuda alimentaria para combatir los problemas sociales como la desocupación. Y segundo, crearon una estrategia de control represivo del movimiento social, privilegiando la represión en el accionar piquetero.
En 2002 estalla el mayor problema, dos jóvenes militantes son asesinados durante un piquete a manos de la policía. Eduardo Duhalde, presidente en ese entonces, ante esta tragedia decide adelantar las elecciones presidenciales.
En 2003 asume Néstor Kirchner y abandona la estrategia represiva vigente en ese entonces. Optó por una estrategia más inclusiva a favor de los sectores populares. La intervención policial debía realizarse sólo cuando fuera necesaria, y sin el uso de armas de fuego, sólo con instrumentos antitumultos.
Con la llegada de Aníbal Fernández a la dirección de asuntos de seguridad en 2005, se inclínó por la intervención policial tal como sucedía antes de la llegada de Kirchner. En ese período ocurrieron numerosos hechos de represión.
En 2007, Cristina Fernández de Kirchner continuó con la estrategia de contención como mecanismo de control, lo cual produjo abuso de poder por parte de la policía, atacando a los sectores más vulnerables.
Políticas LABORALES
– Intro: La política laboral incluye el conjunto de las políticas que tienen como objeto el trabajo humano y las relaciones individuales y colectivas que de él se derivan.
Debido a su objeto, las políticas laborales son estrictamente sensibles a cambios según la ideología que las expresa.
– Productos o Factores Institucionalizados: a) El espacio que ocupan las relaciones colectivas de trabajo se encuentra en Argentina sujeto a la intervención del Estado, más allá de que en el país existe la libertad sindical.
Además, de ser necesaria la intervención, ésta debe ocurrir en manos de un organismo independiente e imparcial, y los ministerios de trabajo no lo son.
b) En Argentina se puede encontrar un sindicalismo «estatalista» producto del anterior punto. La acción sindical es dependiente del Estado.
c) Bajo este contexto, el actor sindical se construye sobre la figura del sindicato regido por el Estado, acción que exalta las diferencias entre los dirigentes y los trabajadores. Éstos últimos claramente desfavorecidos.
d) Ese modelo sindical se posiciona como el elemento más «fuerte» del sistema argentino de relaciones laborales.
e) Otro elemento carácterístico de las relaciones laborales en Argentina es la relación entre las instituciones formales y la realidad. A pesar de la existencia de leyes y derechos, el país tiene una tendencia en no cumplicarlas y caer en la ilegalidad.
– Actores Públicos: – Poder Ejecutivo: Para el Poder Ejecutivo, las relaciones con los sindicatos y los empresarios tienen incidencia a la hora de concebir las políticas públicas. Este órgano del gobierno es el encargado de manejar al Ministerio de Trabajo. Todos los proyectos de ley que afectan los ingresos provienen del Poder Ejecutivo.
– Congreso: El Congreso tiende a ocupar un papel más asociativa, ya que participa junto con el Poder Ejecutivo sólo en caso de que éste último no cuente con una mayoría legislativa que le permita sancionar sus proyectos. Estos legisladores que participan en el Congreso tienen como principal carácterística ser de procedencia sindical.
– Justicia: Según el gobierno que esté en el poder, la Corte Suprema de justicia adopta un determinado desempeño. En los ’90, la Corte manejaba las convalidaciones de las opciones de política laboral del gobierno. En 2004 se conformó una corte independiente que tiene un rol importante en ámbitos laboral.
– Actores Privados: – Sindicatos: Su principal función es la de representar los incentivos colectivos. Éstos negocian en nombre de sus afiliados las condiciones de trabajo y los salarios. Son el nexo entre la comunicación de los empleados y el empleador, y actúan de forma libre sin injerencias del Estado.
– Empresarios: Ajustan sus estrategias según la acción sindical. Avanzan cuando los sindicatos están a la defensiva o viceversa. Establecen intercambios con los sindicatos para aligerar las negociaciones colectivas, y son actores poco predispuestos al debate.
– Diálogo Social: Comprende todo tipo de negociaciones y consultas entre el gobierno, los empleadores y los trabajadores sobre temas de interés común relativos a las políticas económicas y sociales. Para que este diálogo sea auténtico debe comprender con la existencia de organizaciones de trabajadores y empleadores con acceso a información, voluntad política y compromiso de todas las partes, respeto a la libertad sindical y las negociaciones colectivas, y por último, contar con apoyo institucional.
– Corporativismo estatal: Surge como contradicción del diálogo social. Proviene de la creación e imposición estatal y expresa las diversas formas de control del Estado sobre grupos que tienen autonomía en su monopolio.
– Corporativismo societal: A diferencia del estatal, este es compatible con el diálogo social. Es una relación de negocios y una forma de representar los intereses.
– Rasgos de la política laboral: – Menem: Los años ’90 se caracterizaron por la debilidad y dependencia económica, junto con la limitación de autonomía para crear políticas públicas.
Respecto al trabajo, los costos laborales caen, las personerías gremiales dependen estrictamente del gobierno, se restringe el derecho a huelga y se debilitan los convenios colectivos. El Estado se encargó de las obras sociales y el aparato informativo, crece el desempleo y la informalidad.
– Néstor y Cristina: Las gestiones se dan en contextos distintos pero con un mismo fin. Las políticas laborales recuperan el sistema de protección a los trabajadores, se fortalece el aparato sindical, de reestablecer los convenios colectivos, se recupera la indemnización, se promueven las negociaciones colectivas salariales, se establece un salario mínimo y aportes jubilatorios.