Transformación Democrática de España: De la Dictadura a la Democracia


La Transición Española (1975-1982)

El Reinado de Juan Carlos I y la Reforma Política

En la década de 1970, España se encontraba en una encrucijada política. Tras la muerte de Franco, Juan Carlos I fue proclamado rey, heredando un país dividido entre quienes defendían la continuidad del régimen, los partidarios de una reforma gradual y la oposición democrática que buscaba una ruptura total con el pasado. El gobierno de Arias Navarro, continuista del franquismo, se mostró incapaz de responder a las demandas de cambio. La oposición, unida en la Coordinación Democrática, impulsó movilizaciones sociales que reclamaban libertades y amnistía. Ante la creciente presión, el rey forzó la dimisión de Arias Navarro y nombró a Adolfo Suárez como presidente del gobierno.

Suárez, un joven político proveniente del Movimiento Nacional, inició un diálogo con las fuerzas democráticas y propuso la Ley de Reforma Política, que reconocía derechos fundamentales y establecía un sistema electoral democrático. La aprobación de esta ley por las Cortes franquistas, que implicaba su propia disolución, fue un paso crucial en la transición. Tras un referéndum con un amplio apoyo popular, se legalizaron los partidos políticos, incluyendo el Partido Comunista de España (PCE), y se convocaron elecciones generales en 1977.

Las Primeras Elecciones Democráticas y la Constitución de 1978

Las elecciones de 1977 dieron la victoria a la Unión de Centro Democrático (UCD), liderada por Suárez. El PSOE, con Felipe González al frente, se consolidó como la principal fuerza de la oposición. El nuevo gobierno se centró en la elaboración de una Constitución democrática. Una comisión representativa de todos los partidos, con figuras como Fraga (Alianza Popular), Peces Barba (PSOE), y Solé Tura (PCE), redactó el texto constitucional.

La Constitución de 1978, aprobada por referéndum, definió a España como un Estado social y democrático de derecho, con una monarquía parlamentaria. Reconoció amplios derechos y libertades, incluyendo la libertad de mercado y la posibilidad de planificación económica. Estableció el derecho a la autonomía de las regiones, reconociendo las lenguas propias de cada comunidad autónoma, y creó el Tribunal Constitucional.

El Estado de las Autonomías

La Constitución abrió el camino para la creación del Estado de las Autonomías. En una primera fase, se concedieron autonomías provisionales a Cataluña, País Vasco y Galicia. Posteriormente, se establecieron dos procedimientos para la creación de comunidades autónomas: uno rápido para las “nacionalidades históricas” (artículo 151) y otro más lento para el resto (artículo 143). La mayoría de las comunidades optaron por el segundo procedimiento, a excepción de Cataluña, País Vasco, Galicia, Andalucía y Navarra. Entre 1979 y 1983 se aprobaron los estatutos de autonomía de la mayoría de las comunidades, culminando con Ceuta y Melilla en 1995.

La Crisis Económica y los Pactos de la Moncloa

La transición coincidió con una grave crisis económica, provocada por la subida del precio del petróleo. La inflación, el déficit comercial y el aumento del paro generaron una gran inestabilidad. Para afrontar esta situación, el gobierno y la oposición firmaron los Pactos de la Moncloa (1977). Estos acuerdos incluían medidas para controlar la inflación, reformar el sistema fiscal y repartir los costes de la crisis. Se implementó una reforma tributaria con la creación del Impuesto sobre el Patrimonio (IP) y del IRPF.

El Terrorismo y el Golpe de Estado del 23-F

La consolidación de la democracia se vio amenazada por el terrorismo y el golpismo militar. Grupos de extrema derecha y de extrema izquierda, como el GRAPO, llevaron a cabo acciones violentas. ETA intensificó sus atentados, principalmente contra militares y fuerzas de seguridad. El 23 de febrero de 1981, un grupo de guardias civiles, liderados por el Teniente Coronel Tejero, asaltó el Congreso durante la investidura de Calvo Sotelo. El golpe de Estado fracasó gracias a la firme actuación del rey Juan Carlos I, quien defendió el orden constitucional.

Los Gobiernos de Calvo Sotelo y Felipe González

Tras el 23-F, Calvo Sotelo fue investido presidente. Durante su mandato, se aprobó la Ley del Divorcio y se tomó la decisión de integrar a España en la OTAN. La UCD se fragmentó y Suárez abandonó el partido para fundar el CDS. En las elecciones de 1982, el PSOE obtuvo una amplia mayoría absoluta, con Felipe González como presidente. El gobierno socialista implementó un programa de reformas económicas y sociales, centrado en la lucha contra la crisis y el avance hacia el Estado del Bienestar. Se llevó a cabo una reconversión industrial, que provocó el cierre de empresas y un aumento del paro. En el ámbito social, se legalizó el aborto en determinados supuestos y se aprobaron leyes educativas como la LRU y la LODE. En 1986, España ingresó en la Comunidad Económica Europea. El gobierno socialista también tuvo que afrontar el terrorismo de ETA, casos de corrupción y una huelga general en 1988.

El Gobierno de Aznar

En las elecciones de 1996, el Partido Popular (PP), liderado por José María Aznar, obtuvo una victoria ajustada. Aznar formó gobierno con el apoyo de partidos nacionalistas. Su principal objetivo fue la consolidación económica y el cumplimiento de los criterios para la entrada de España en la Unión Económica y Monetaria. El secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco por ETA en 1997 marcó un punto de inflexión en la política vasca, con la formación del Pacto de Lizarra. En las elecciones del 2000, el PP logró la mayoría absoluta.

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