– El Gobierno Provisional y la Constitución de 1931
En las elecciones municipales del 12 de abril, los monárquicos obtuvieron mayoría gracias a los caciques. El Pacto de San Sebastián convirtió el Comité Revolucionario en el gobierno provisional de la república. Este gobierno, presidido por Alcalá Zamora, estaba formado por numerosos partidos políticos favorables a la república.
El gobierno provisional implementó reformas inmediatas:
- El debate territorial: Se planteó la cuestión económica, y el líder de Esquerra Republicana tomó la iniciativa de proclamar un Estado independiente.
- La miseria agraria: Se buscó suavizar la inestabilidad de la situación de los campesinos, obligando a los propietarios a tener cultivadas las tierras y a contratar braceros.
- La reforma educativa: Con el objetivo de erradicar el analfabetismo y promover una enseñanza laica, se crearon cerca de 7,000 escuelas y se contrató la misma cantidad de maestros.
- La reforma del ejército: Se redujo el número de oficiales y se cerró la Academia General Militar de Zaragoza.
- La cuestión del orden público: Se creó la Guardia de Asalto, a la que se le confió la seguridad de las ciudades.
El primer conflicto al que se enfrentó la república fue con la Iglesia católica. El gobierno ordenó la expulsión del cardenal Segura y se produjeron incendios en iglesias y conventos.
Se convocaron elecciones a Cortes Constituyentes con sufragio universal masculino. La coalición de republicanos y socialistas obtuvo una amplia mayoría (90% del Parlamento).
Las Cortes Constituyentes elaboraron y aprobaron la primera constitución republicana de la historia de España, estableciendo una república democrática y laica. Esta constitución reconocía el derecho de voto de las mujeres, el matrimonio civil, el divorcio y una educación primaria obligatoria y gratuita. Además, estableció una clara división de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial.
Según el texto constitucional, varias provincias podrían organizarse en regiones autónomas.
La constitución, aprobada el 9 de diciembre de 1931, nació sin el consenso de todas las fuerzas políticas. La derecha no republicana la rechazó, y ni los ponentes ni los críticos hicieron los esfuerzos necesarios para alcanzar un texto consensuado.
– El Bienio de Gobiernos de Azaña
Niceto Alcalá Zamora fue elegido presidente de la república con el apoyo de la coalición republicano-socialista. Alcalá Zamora encargó a Azaña la formación de gobierno, quien optó por una alianza entre los republicanos de izquierda y los socialistas.
La instauración de la república coincidió con la crisis mundial de 1929-1933, aunque sus efectos fueron menores en España que en otros países europeos. El sector más afectado fue el comercio exterior. La evolución negativa de la economía dificultó la realización de las reformas e intensificó los conflictos sociales.
El primer bienio republicano se caracterizó por la implementación de una política de reformas en todos los ámbitos:
El gobierno estaba decidido a establecer una clara separación entre Iglesia y Estado. Se desarrollaron leyes como la Ley de Divorcio y la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas. Las bases de la reforma educativa se centraron en hacer de la educación gratuita y laica un derecho universal, extendiendo también la cultura popular. La reforma del ejército redujo el número de oficiales y cerró la Academia General Militar de Zaragoza.
Largo Caballero continuó la política social y laboral con una serie de leyes:
- Ley de Contratos de Trabajo: Regulaba los convenios colectivos en temas como la jornada laboral o el trabajo de mujeres y niños.
- Ley de Jurados Mixtos: Constituidos por obreros y patronos, con facultades para establecer las condiciones de trabajo.
- Ley de Asociaciones Obreras: Regulaba los sindicatos.
En cuanto a los Estatutos de Autonomía, Cataluña fue la primera en iniciar el proceso, con la iniciativa de Esquerra Republicana. En 1931 se elaboró el Estatuto de Nuria, aprobado en plebiscito por el 99% de los votantes catalanes, gracias a la intervención de Azaña en su defensa.
En la reforma agraria, gran parte de la agricultura española seguía presentando atraso técnico, baja productividad y mano de obra abundante y barata. La Ley de Bases de la Reforma Agraria de 1932 fue moderada y aplicable a todo el territorio nacional. Sin embargo, la lentitud de su aplicación, el paro y la frustración de los jornaleros provocaron rebeliones anarquistas y enfrentamientos con las fuerzas de orden público.
La pauta del anarquismo la marcó la CNT, muy extendida en el movimiento obrero. El gobierno reaccionó con la Ley de Defensa de la República, que permitía suspender las garantías constitucionales y que fue utilizada con dureza en episodios como los de Castilblanco y Arnedo. Más sangrientos fueron los disturbios en la provincia de Cádiz, que culminaron en los sucesos de Casas Viejas.
Los carlistas formaron la Comunión Tradicionalista, y el general Sanjurjo fracasó en su intento de golpe de Estado, siendo condenado a muerte. La Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA) aglutinó a diversas derechas regionales sin pronunciarse sobre la forma de gobierno, atrayendo a labradores católicos y sectores de las clases medias.
El gobierno de Azaña sufrió el acoso de las organizaciones de empresarios y patronos. La crisis de la coalición de republicanos de izquierda y socialistas fue consecuencia de la postura del Partido Radical y las fisuras internas. El avance de los radicales y de la CEDA en las elecciones municipales llevó a Alcalá Zamora a precipitar la crisis, forzando la dimisión de Azaña y convocando nuevas elecciones para noviembre de 1933.