La Secularización del Estado y la Cuestión Religiosa
La República trató de limitar la influencia de la Iglesia en la sociedad y en la política española. Para ello, procedió con la secularización del Estado, declarándose la no confesionalidad oficial, la libertad de cultos y suprimiendo el presupuesto de la Iglesia. Asimismo, se legalizó el matrimonio civil y el divorcio, y se secularizaron los cementerios.
Se decretó, además, la disolución de aquellas órdenes religiosas que tuvieran como cuarto voto la obediencia al Papa frente a cualquier otra autoridad, para, entre otras cosas, garantizar la obediencia de todos los españoles al Estado. De este modo, la orden de los jesuitas, que tenía una gran influencia en la educación, quedó disuelta en España, y sus bienes fueron nacionalizados. Además, se prohibió la práctica de la enseñanza a las órdenes religiosas, quedando esta controlada por el Estado.
Todas estas medidas provocaron una polarización radical de la opinión pública. Del ámbito religioso surgieron importantes enemigos de la República. La mayor parte de la población de aquella época era católica, por lo que no le fue difícil a la jerarquía religiosa movilizar a importantes sectores en contra del gobierno. El gobierno, por su parte, decidió entonces expulsar de España a aquellos religiosos especialmente activos y molestos para los planes de modernización de España.
La Reforma Agraria y sus Consecuencias
La agricultura jugaba un papel importantísimo en la economía española de la época, tanto por su contribución a la renta nacional como por la mano de obra que empleaba. De los 8.5 millones de habitantes que tenía España, unos 4 millones trabajaban en la agricultura, siendo jornaleros unos dos millones de ellos. En el caso de Andalucía, más del 50% de la propiedad pertenecía a los grandes latifundistas.
La ley más ambiciosa con la que se pretendía encarar y dar soluciones a los graves problemas del campo fue la de Reforma Agraria de 1932, cuyos objetivos fueron fundamentalmente expropiar los grandes latifundios y asentar a los campesinos sin tierras. Las tierras de la nobleza podían ser expropiadas, en parte, sin pagarse indemnización; las tierras mal cultivadas, arrendadas sistemáticamente o no regadas, pudiendo serlo, podían ser expropiadas, pero pagándose una indemnización.
Esta ley, que contribuyó a acentuar la tensión social, tuvo un alcance muy limitado, debido a la complejidad técnica de su aplicación, la falta de presupuesto, la lentitud burocrática y la resistencia de los propietarios. La Ley de Reforma Agraria terminó alineando frente a la República tanto a los latifundistas, que contaban con gran fuerza económica y poder, como a sectores importantes del campesinado, que, frustrados ante la falta de resultados y defraudados con las posibilidades de cambio social ofrecidas por la República, se reorientaron hacia posiciones de carácter revolucionario.
El Movimiento Obrero y el Conflicto Social
Por un lado, estaban los moderados, llamados Treintistas, que prestaban un cierto apoyo a la República. Este sector defendía la revolución social, aunque consideraban necesario pasar por una fase preparatoria previa. Por otro lado, estaban los más radicales, organizados a través de la FAI.
Durante el período republicano, fomentaron las huelgas, la insurrección campesina y la creación de comunas libertarias. La Federación de Trabajadores de la Tierra, sindicato del campo asociado a la UGT, con más de 450.000 afiliados, también se radicalizó.
Fueron constantes las revueltas, normalmente consistentes en la toma del ayuntamiento del pueblo, la quema del registro de la propiedad, las colectivizaciones y la declaración del comunismo libertario. Los socialistas cada vez se separaban más de la República y alentaban el levantamiento campesino.
La coalición gubernamental republicano-socialista sufrió un fuerte desgaste. Azaña dimitió, disolvió las Cortes y convocó elecciones para noviembre de 1933.
El Bienio Conservador (1933-1935)
Las elecciones de noviembre de 1933 dieron la victoria a los partidos de centro-derecha. El nuevo ejecutivo procedió con el desmantelamiento de la obra reformista del anterior gobierno. Las principales fuerzas políticas fueron el Partido Radical de Alejandro Lerroux y la CEDA de Gil Robles.
El nuevo gobierno dirigido por Lerroux procedió con la paralización de las reformas. En el campo, se fijó la devolución de tierras a la nobleza y se dio total libertad de contratación, lo que provocó la caída de los jornales. El campesinado respondió con la huelga.
La reforma religiosa también fue frenada. La reforma militar, sin embargo, siguió adelante, al igual que la reforma de la educación, aunque eso sí, conociendo un recorte en el presupuesto disponible. Ante este giro, la CNT y la UGT respondieron radicalizando sus posturas.