Transición Española: Gobierno de Suárez y Constitución de 1978


Transición a la Democracia

El gobierno de Adolfo Suárez

El rey nombró nuevo presidente del gobierno a Adolfo Suárez, en sustitución de Arias Navarro. En esta decisión tuvo un importante papel el presidente de las Cortes, Torcuato Fernández Miranda. Esto sorprendió a la oposición y a los reformistas, quienes consideraban que era un error debido a la participación de Suárez en el régimen anterior y lo veían como un inmovilista. Suárez actuó con realismo y asumió que la sociedad deseaba alcanzar libertades, acelerando las reformas. Intentó atraer a la oposición democrática, neutralizar a los sectores más inmovilistas y ganarse la opinión pública.

Suárez tomó la iniciativa y despenalizó las asociaciones políticas y reguló el derecho de huelga. Aprobó una amnistía parcial en 1976 que, al ser insuficiente, tuvo que ampliarse en 1977 mediante un pacto político con la oposición, silenciando y dejando impune la represión de la dictadura franquista.

En 1976, Coordinación Democrática, junto con otras plataformas de Cataluña, territorios vascos y otros grupos minoritarios de tendencia liberal y socialdemócrata, formaron la Plataforma de Organismos Democráticos, de la que surgió la Comisión de los Nueve, encargada de negociar con el gobierno. Este proyecto no logró el éxito esperado porque algunos partidos y agrupaciones prefirieron negociar directamente con el gobierno.

Los sindicatos aprovecharon el ambiente reivindicativo para reforzar sus posiciones. Crearon la Coordinadora de Organizaciones Sindicales y convocaron una huelga general a favor de sus reivindicaciones económicas. Las elecciones sindicales de 1978 dieron la victoria a Comisiones Obreras.

La convocatoria de numerosas y diversas manifestaciones mostró la fortaleza y protagonismo de la sociedad civil, que reclamaba reformas políticas y sociales, así como mejoras económicas y laborales. Las movilizaciones a favor de la amnistía para los presos políticos, las libertades y la autonomía fueron un factor de presión política y laboral tan importante que obligó al gobierno a acelerar el proceso reformista.

En las tierras vascas, mientras el PNV se organizaba para encabezar el camino hacia el Estatuto de Autonomía y una rama de ETA insistía en su negativa a abandonar las armas, las fuerzas nacionalistas continuaban con sus movilizaciones, pese a las diferentes posiciones entre ellas.

Este proceso creó tensiones con los sectores más inmovilistas. El vicepresidente primero para asuntos militares se enfrentó al resto del gobierno y dimitió esperando una reacción militar favorable a su postura, que no se produjo. Fue sustituido por Manuel Gutiérrez Mellado, lo cual fue clave en la aceptación militar del proceso democrático. Las reformas desde la legalidad franquista avanzaban entre fuertes tensiones, diferencias y acuerdos.

Las nuevas Cortes y la Constitución

Las elecciones de junio no tuvieron un carácter constituyente. Los diputados tomaron como primera tarea la elaboración de una constitución sin exclusiones. Destruido el régimen anterior, se iniciaba un periodo legislativo y constituyente.

La Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso fue la encargada de elaborar una constitución consensuada por siete de sus miembros, los ponentes comisionados para su redacción. El Congreso y el Senado aprobaron el texto constitucional el 31 de octubre de 1978.

El 6 de diciembre de 1978, la constitución se sometió a referéndum tras una intensa campaña favorable al sí. Tras ser sancionada por el rey, se disolvieron las Cortes y se convocaron elecciones legislativas.

La constitución recogía en sus 169 artículos las características esenciales de las democracias occidentales y del constitucionalismo español, con el fin de establecer una sociedad democrática avanzada. Defendía a España como un Estado social y democrático de Derecho que promueve valores como la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. La libertad se convertía en el valor de valores. Proclamaba que la soberanía nacional reside en el pueblo español, cuya forma política es la monarquía parlamentaria. Se establecía la indisoluble unidad de la Nación española, al mismo tiempo que reconocía y protegía el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran.

  • Garantizaba en sus distintos artículos los derechos humanos y las libertades, así como la igualdad de todos los españoles ante la ley.
  • Abolía la pena de muerte.
  • Establecía un Estado aconfesional.
  • Garantizaba la libertad de enseñanza, de mercado, religiosa, y los derechos a la vida, a la propiedad privada, a la huelga y a la educación, entre otros puntos.
  • Fijaba la mayoría de edad en los 18 años.

Las libertades y los derechos quedaban protegidos por el Defensor del Pueblo, el Tribunal Constitucional y el poder judicial.

El texto establecía la separación e independencia de los tres poderes fundamentales del Estado:

  • El poder legislativo residía en las Cortes, formadas por dos cámaras (Congreso y Senado), elegidas por sufragio universal directo y secreto.
  • El poder ejecutivo recaía en el gobierno, que dirige la política interior y exterior. Las cámaras controlan al ejecutivo a través de la investidura y las mociones de censura.
  • El poder judicial estaba en manos de jueces y magistrados independientes que administran la justicia a través de las leyes.

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