2.- TRIENIO LIBERAL. (1.820 – 1.823)
Las colonias americanas habían seguido los mismos avatares políticos de la metrópoli con la invasión de tropas francesas, formándose juntas para el gobierno. Juntas que evolucionaron hacia posturas emancipadoras siguiendo el ejemplo de Estados Unidos; iniciándose la guerra de independencia de las colonias americanas.
Aquí en la Península el 1 de enero de 1820, el teniente coronel Rafael Riego, destinado en Cabezas de San Juan (al sur de Sevilla), con un cuerpo de ejército que iba a ser embarcado para sofocar la sublevación de las colonias americanas, proclamó la Constitución de Cádiz.
Recorrió diversas localidades andaluzas sin encontrar apenas adhesión. A pesar del fracaso en la región, se fueron sumando al pronunciamiento algunas ciudades: La Coruña, Oviedo, Murcia, Zaragoza, Barcelona y, tardíamente, Madrid, a través de la formación de Juntas liberales y el control de los Ayuntamientos. El ejército encargado por el Gobierno para combatir a Riego no ofreció resistencia.
Fernando VII hubo de consentir.
Juró la Constitución a la fuerza, convirtiéndose en un monarca constitucional (7 – marzo – 1820).
En Madrid se formó una Junta Provisional de Gobierno, integrada por miembros de la alta jerarquía eclesiástica, la nobleza y el ejército, cuya autoridad fue reconocida por las Juntas formadas en el resto de España. La reimplantación de la Constitución de 1812 dio paso al reconocimiento de la libertad de reunión y asociación, que permitió la aparición de sociedades patrióticas. La Junta debía preparar la vuelta al régimen liberal y dar paso a un gobierno provisional (de presidiarios) integrado por los diputados de las Cortes de Cádiz que habían participado en la elaboración de la Constitución de 1812 y que Fernando VII los había encarcelado.
La asunción del poder por parte de los liberales y la discusión sobre las reformas provocó la ruptura del bloque liberal en dos grupos:
Los doceañistas o moderados, antiguos liberales influidos por el sistema inglés que consideraban la necesidad de dos cámaras, una más restrictiva o cámara alta con la que pretendían el acercamiento de las clases privilegiadas al liberalismo, y una cámara baja a través de sufragio censitario; recorte de libertades y derechos al pueblo. Y los exaltados, más radicales, seguidores de Riego, que querían la aplicación de la Constitución de 1812 sin cambios, una sola cámara, sufragio universal masculino, etc. etc.
A pesar de los obstáculos por parte de absolutistas y el propio Rey se aprobaron medidas dentro del liberalismo moderado:
– Desamortización de bienes de la Iglesia (con lo que se granjeó el gobierno su oposición), bienes de la Inquisición y de órdenes religiosas con la reducción del número de monasterios.
– Expulsión de los jesuitas.
– Reducción a la mitad del diezmo que pagaban los campesinos.
– Abolición del fuero eclesiástico, todos los ciudadanos bajo las mismas leyes.
– Supresión de la Inquisición.
– Supresión de la propiedad amortizada o vinculada, sustitución por propiedad privada.
– Libertad de contratación que permitía a los propietarios fijar las condiciones y el precio de los arrendamientos.
– Hacienda, reformas hacia la centralización y racionalización;
– Ejército, nueva organización, tropas de servicio continuo y Milicia Nacional.
– Libertad de imprenta;
– Carácter representativo de los ayuntamientos,
– Libertad de comercio, de industria, etc.
Al abrigo de la libertad de opinión nacieron numerosas tertulias y centros de debate que bajo forma de sociedades patrióticas promovían los primeros periódicos en defensa del orden constitucional y que esbozaban los futuros paridos políticos.
La aplicación de estas medidas liberalizadoras supuso la oposición de las clases privilegiadas (aristocracia e Iglesia), pero también parte de la población española que se vio perjudicada. Con la introducción en el campo de las primeras prácticas capitalistas se dificultó la posibilidad de subsistencia de la población campesina al permitir que la propiedad cambiara de manos alterando las tradicionales formas de explotación. Con el establecimiento de la libertad de contratación muchas familias campesinas fueron incapaces de hacer frente a los gastos quedando desalojadas de tierras que venía cultivando desde varias generaciones; el establecimiento de contribuciones en metálico sin desaparecer completamente los diezmos asfixiaba la economía de los campesinos.
A pesar de su cautela en introducir las reformas, los gobiernos moderados apenas pudieron gobernar hostigados por la reacción absolutista y contrarrevolucionaria.
La Constitución reconocía la prerrogativa del rey para nombrar y destituir al gobierno y el monarca elegía a personalidades conservadoras. El gobierno disolvió las Juntas y desarmó al ejército revolucionario, incluido el del propio Riego, pero el Rey intentaba boicotear cualquier tipo de reforma y sólo pensaba en la restauración de su poder absoluto. Se produjeron proclamas absolutistas en Valencia, Navarra, País Vasco y Cataluña. Uno de estos grupos sublevados logró dominar la localidad leridana de Seo de Urgel, donde se estableció una regencia para restaurar el poder del rey, esclavizado por la Constitución. Lograron resistir cuatro meses.
Las tensiones se van agravando; entre el Rey y las Cortes; entre los radicales y moderados que conforman las Cortes; el distanciamiento del pueblo perjudicado a corto plazo por las medidas económicas; oposición frontal de la Iglesia; descontento y oposición de las clases privilegiadas.
A finales de 1822 se hizo pública la intención de las potencias extranjeras de enviar un ejército a España para derrocar el régimen liberal. Hacía tiempo que habían sido reprimidos los levantamientos de Nápoles y Piamonte; sólo en Portugal y España pervivían regímenes liberales. El ejército enviado por Francia a las órdenes del duque de Angulema estaba formado por más de cien mil soldados, los llamados Cien Mil Hijos de San Luís, que doblaban los efectivos del ejército constitucional.
La invasión comenzó en abril de 1823; el gobierno, el rey y las Cortes se habían desplazado a Sevilla y después a Cádiz; pero las tropas francesas no encontraron oposición ni resistencia. La mayoría de los generales españoles se rindió sin combatir.
Prácticamente nadie defendió un régimen liberal que en 1823 tampoco tuvo apoyos populares. Fernando VII consiguió su liberación mediante la firma de un documento en el que concedía el perdón para los liberales. Apenas se vio libre se retractó y comenzó la persecución y ejecución sumaria de los liberales capturados, entre los que se encontraba Riego.