por luchas de liderazgo y por su elitismo, ajeno a la realidad, como a la creciente oposición de los partidos marginados del sistema:
Los republicanos, escindidos en los radicales de Lerroux, y los reformistas de Melquíades Àlvarez, el PSOE de Pablo Iglesias y los nacionalismos catalán (Lliga Regionalista de Cambó y el Estat Catalá de Maciá), vasco (PNV de Sabino Arana), gallego, valenciano y andaluz. Estos males endémicos del sistema canovista se agudizaron en el contexto de la Primera Guerra Mundial (1914-1918), ante la que el gobierno conservador de Eduardo Dato establecíó la neutralidad de España. Aunque, en un primer momento, esta neutralidad fue beneficiosa, pues convirtió a España en suministradora de productos a los países beligerantes, la realidad de esta euforia económica dejaba entrever nefastas consecuencias como el aumento sin precedentes de los precios, el crecimiento especulativo de sectores concretos como el siderúrgico y el textil y el empobrecimiento de las clases trabajadores, cuyos bajos salarios contrastaban con la inflación. Todo ello, unido a la inestabilidad endémica que arrastraba el sistema, el descontento militar y social por el conflicto de Marruecos y la conflictividad social por la carestía existente provocaron una protesta antigubernamental generalizada: la crisis de 1917. Pese al fracaso final de esta convulsión social, sus manifestaciones se hicieron visibles en todos los ámbitos de la vida de un Siglo XX que empezaba a caminar: 1) Crisis militar. El ejército español se mostraba descontento por la reducción de su poder adquisitivo y la política de ascensos militares que primaba los méritos de guerra sobre la antigüedad en el cuerpo. Estas quejas se canalizaron mediante la creación de las Juntas Militares de Defensa y se manifestaron por medio del Manifiesto de las Juntas, una crítica al gobierno con intenciones regeneracionistas, que fue aceptada por Alfonso XIII, que, de nuevo, evidenció así su inclinación hacia la imposición del poder militar sobre el civil. 2) Crisis política. La crisis generalizada hizo que Dato disolviera las Cortes, lo que derivó en la convocatoria, por parte de la Lliga Regionalista de Cambó, de una Asamblea de Parlamentarios catalanes que exigía la convocatoria de Cortes Constituyentes que otorgase la autonomía catalana. A esta primera asamblea siguió otra de Parlamentarios catalanes, socialistas y republicanos a nivel nacional. Sin embargo, fue prohibida por el gobierno, lo que supuso el fracaso del movimiento asambleario debido a la falta de apoyos de las Juntas de Defensa y de monárquicos, la desuníón de la oposición y el contexto de huelga que atemorizó a la burguésía. 3) Crisis social. El contexto de carestía derivado de la Primera Guerra Mundial instó a los sindicatos de UGT y CNT a convocar una huelga general que, aunque preparada desde Marzo, se precipitó en Agosto sin estar aún madura para triunfar. De hecho, el balance de la huelga así lo confirma, ya que se secundó masivamente en zonas mineras e industriales de Madrid, Barcelona, Asturias, Vizcaya y Zaragoza, pero apenas se siguió en las zonas agrarias. Una huelga que finalizó con la ley marcial decretada por el Gobierno, la brutal represión del ejército y la condena a cadena perpetua de los miembros del comité de huelga. Pese a su fracaso, la huelga derivó en el auge del obrerismo espoleado por la Revolución Rusa, la dimisión de Dato y la formación de gobiernos de concentración (1917-1918), con la presencia de todas las tendencias políticas, incluidos los catalanistas, salvo republicanos y socialistas, como salvación de urgencia del maltrecho sistema. Sin embargo, los enfrentamientos entre los miembros del gobierno liberal de García Prieto (1917-1918) y el Gobierno Nacional de Maura condenaron a España a la vuelta al turno dinástico, era el principio del fin. De este modo, el rostro ya ajado de una Restauración descompuesta en sus ámbitos político, social y militar desde la crisis de 1917, volvíó a mostrarse por última vez para evidenciar ahora sí una quiebra definitiva y focalizada, de nuevo, en tres puntos de conflictividad: 1) Conflictividad política. La vuelta al turno dinástico degeneró en años de inestabilidad política, que incluyó la aparición del PCE (Partido Comunista de España, 1921), y suspensión de garantías constitucionales que resaltaron la injerencia del poder militar. 2) Conflictividad social. Visible en el “Trienio Bolchevique” (1918-1921) del campesinado andaluz y el anarquismo catalán, entre otros, de Durruti, en el contexto violento entre proletariado y patronal/autoridades (aplicación de la Ley de Fugas que autorizaba a los cuerpos armados a disparar ante cualquier intento de fuga) que derivó en el “pistolerismo”, que acabó con la vida de Dato. 3) Conflictividad bélica: la Guerra de Marruecos. Manifestada en el Desastre de Annual (1921), la humillación española ante el líder rifeño Abd el-Krim que, incluso, exigíó la apertura de una investigación que concluyó con el Expediente Picasso. Todo ello precipitó en 1923 el Golpe de Estado de Primo de Rivera que, con la aprobación de Alfonso XIII, implantó una dictadura hasta 1930.
Los republicanos, escindidos en los radicales de Lerroux, y los reformistas de Melquíades Àlvarez, el PSOE de Pablo Iglesias y los nacionalismos catalán (Lliga Regionalista de Cambó y el Estat Catalá de Maciá), vasco (PNV de Sabino Arana), gallego, valenciano y andaluz. Estos males endémicos del sistema canovista se agudizaron en el contexto de la Primera Guerra Mundial (1914-1918), ante la que el gobierno conservador de Eduardo Dato establecíó la neutralidad de España. Aunque, en un primer momento, esta neutralidad fue beneficiosa, pues convirtió a España en suministradora de productos a los países beligerantes, la realidad de esta euforia económica dejaba entrever nefastas consecuencias como el aumento sin precedentes de los precios, el crecimiento especulativo de sectores concretos como el siderúrgico y el textil y el empobrecimiento de las clases trabajadores, cuyos bajos salarios contrastaban con la inflación. Todo ello, unido a la inestabilidad endémica que arrastraba el sistema, el descontento militar y social por el conflicto de Marruecos y la conflictividad social por la carestía existente provocaron una protesta antigubernamental generalizada: la crisis de 1917. Pese al fracaso final de esta convulsión social, sus manifestaciones se hicieron visibles en todos los ámbitos de la vida de un Siglo XX que empezaba a caminar: 1) Crisis militar. El ejército español se mostraba descontento por la reducción de su poder adquisitivo y la política de ascensos militares que primaba los méritos de guerra sobre la antigüedad en el cuerpo. Estas quejas se canalizaron mediante la creación de las Juntas Militares de Defensa y se manifestaron por medio del Manifiesto de las Juntas, una crítica al gobierno con intenciones regeneracionistas, que fue aceptada por Alfonso XIII, que, de nuevo, evidenció así su inclinación hacia la imposición del poder militar sobre el civil. 2) Crisis política. La crisis generalizada hizo que Dato disolviera las Cortes, lo que derivó en la convocatoria, por parte de la Lliga Regionalista de Cambó, de una Asamblea de Parlamentarios catalanes que exigía la convocatoria de Cortes Constituyentes que otorgase la autonomía catalana. A esta primera asamblea siguió otra de Parlamentarios catalanes, socialistas y republicanos a nivel nacional. Sin embargo, fue prohibida por el gobierno, lo que supuso el fracaso del movimiento asambleario debido a la falta de apoyos de las Juntas de Defensa y de monárquicos, la desuníón de la oposición y el contexto de huelga que atemorizó a la burguésía. 3) Crisis social. El contexto de carestía derivado de la Primera Guerra Mundial instó a los sindicatos de UGT y CNT a convocar una huelga general que, aunque preparada desde Marzo, se precipitó en Agosto sin estar aún madura para triunfar. De hecho, el balance de la huelga así lo confirma, ya que se secundó masivamente en zonas mineras e industriales de Madrid, Barcelona, Asturias, Vizcaya y Zaragoza, pero apenas se siguió en las zonas agrarias. Una huelga que finalizó con la ley marcial decretada por el Gobierno, la brutal represión del ejército y la condena a cadena perpetua de los miembros del comité de huelga. Pese a su fracaso, la huelga derivó en el auge del obrerismo espoleado por la Revolución Rusa, la dimisión de Dato y la formación de gobiernos de concentración (1917-1918), con la presencia de todas las tendencias políticas, incluidos los catalanistas, salvo republicanos y socialistas, como salvación de urgencia del maltrecho sistema. Sin embargo, los enfrentamientos entre los miembros del gobierno liberal de García Prieto (1917-1918) y el Gobierno Nacional de Maura condenaron a España a la vuelta al turno dinástico, era el principio del fin. De este modo, el rostro ya ajado de una Restauración descompuesta en sus ámbitos político, social y militar desde la crisis de 1917, volvíó a mostrarse por última vez para evidenciar ahora sí una quiebra definitiva y focalizada, de nuevo, en tres puntos de conflictividad: 1) Conflictividad política. La vuelta al turno dinástico degeneró en años de inestabilidad política, que incluyó la aparición del PCE (Partido Comunista de España, 1921), y suspensión de garantías constitucionales que resaltaron la injerencia del poder militar. 2) Conflictividad social. Visible en el “Trienio Bolchevique” (1918-1921) del campesinado andaluz y el anarquismo catalán, entre otros, de Durruti, en el contexto violento entre proletariado y patronal/autoridades (aplicación de la Ley de Fugas que autorizaba a los cuerpos armados a disparar ante cualquier intento de fuga) que derivó en el “pistolerismo”, que acabó con la vida de Dato. 3) Conflictividad bélica: la Guerra de Marruecos. Manifestada en el Desastre de Annual (1921), la humillación española ante el líder rifeño Abd el-Krim que, incluso, exigíó la apertura de una investigación que concluyó con el Expediente Picasso. Todo ello precipitó en 1923 el Golpe de Estado de Primo de Rivera que, con la aprobación de Alfonso XIII, implantó una dictadura hasta 1930.
CONCLUSIÓN:
“En conclusión, el reinado de Alfonso XIII evidenció que, finalmente, la inercia decimonónica del doctrinarismo político y el dominio de la oligarquía se impuso a los aires renovadores del Siglo XX, no en vano, la Restauración, pese a sus intentos de modernización, se mostró incapaz de acomodarse a los retos del nuevo siglo. Así, las posibilidades abiertas en 1902 para la renovación del régimen se fueron cerrando hasta su definitiva desaparición. Concluía, de este modo, la “vieja política” y, junto a ella, el sistema constitucional y parlamentario que la había caracterizado. El Golpe de Estado de Primo de Rivera abríó una etapa histórica diferente: había sonado la hora de la dictadura.